Opinión

Durante los pasados 28 y 29 de enero, Panamá se convirtió en una pequeña Davos, al reunir más de 6.500 autoridades, empresarios, académicos, inversionistas y tomadores de decisión de 70 países en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el epicentro del debate económico y político de la región, organizado por CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, con el Gobierno de Panamá.

En ese ámbito participó la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial uruguaya, Tamara Paseyro, quien formó parte del panel titulado “Vivienda Social como Motor de Desarrollo: Articulación Sectores Público, Privado y Financiero”, un espacio de intercambio en que se abordó el rol de la vivienda como catalizador de desarrollo integral, generación de empleo, fortalecimiento comunitario, mejora de la salud y la educación, y dinamización de las economías locales, según resumió el propio ministerio. En ese ámbito se trabajó sobre modelos innovadores de financiamiento —subsidios, instrumentos de microfinanzas, hipotecas sociales—, mecanismos de articulación público-privada, diseño urbano sostenible, tecnologías constructivas eficientes y programas de mejoramiento barrial, con el objetivo de analizar cómo escalar soluciones habitacionales financieramente viables, socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles.

Resulta sumamente interesante la intervención que realizó la ministra, considerando que en Uruguay la temática de la vivienda siempre está entre las principales preocupaciones de los uruguayos, a veces, como desde un buen tiempo ya, desplazada por la inseguridad, otras veces por el empleo y la economía y en situaciones muy extremas por alguna pandemia o una crisis hídrica, pero casi nunca baja de las primeras cinco o seis preocupaciones.

La ministra Paseyro habló de “lecciones aprendidas” por la política habitacional uruguaya desde una mirada integral del hábitat. Planteó que debemos considerarla como una “política pivot dentro de un conjunto de políticas sociales y urbanas” y lo atribuyó a tres razones principales. La primera de las cuales es que la vivienda “articula múltiples dimensiones”. Es que, a su modo de ver, cuando se alude a la vivienda, además de hablar “de la propia materialidad de la vivienda”, también se habla “del suelo, de las infraestructuras, de los servicios públicos y de la convivencia”, aseguró. La segunda razón es que la vivienda “condiciona la eficacia de otras políticas sociales”, en la medida que una solución de vivienda adecuada “permite que las políticas de salud, de educación, de cuidados y de seguridad trabajen en sintonía y tengan el impacto que todos queremos”. La tercera razón esgrimida por la ministra oriental es el “fuerte efecto multiplicador de derechos y capacidades que tiene la inversión en vivienda, tanto en lo social como en lo económico”. Afirmó que la inversión en vivienda “tiene un impacto en el gasto hoy, pero tiene una reducción de costos futuros, si pensamos en lo que está asociado a la exclusión y a la segregación”, y definió a la vivienda como “un derecho que habilita otros derechos”.

Siguiendo con esa línea de pensamiento, la secretaria de estado avanzó sobre la problemática de la infancia, un asunto en que el actual gobierno ha hecho énfasis desde la campaña que llevó al gobierno al presidente Yamandú Orsi. Para Paseyro la vivienda tiene un impacto importante sobre el bienestar de la infancia. “El 32% de niños menores de seis años vive bajo la línea de pobreza, y eso nos convoca al trabajo y a pensar alternativas en conjunto. El gobierno solo no puede y necesita de otros actores”, afirmó. Enfatizó en lo relevante de la articulación entre los sectores público y privado, el Estado, organizaciones civiles y la comunidad, como destinataria de las políticas públicas. Pero todo este aprendizaje se da de frente con un problema que atañe directamente a la solución de los problemas habitaciones, que es el acceso a las tierras donde construir. “Es una problemática en todos los países. Cuesta conseguir suelo apto, con todos los servicios, bien localizado, para poder implementar estos programas”, resumió, antes de abogar por “un Estado activo en la gestión del suelo, en coordinación entre el gobierno nacional, las intendencias y el tercer nivel de gobierno. La política habitacional y el ordenamiento territorial tienen que trabajar juntos para lograr el impacto que queremos”. Para ser una lección aprendida, todavía sigue siendo un gran pendiente, incluso desde antes, pero por lo menos en lo que va de este siglo. La cartera de tierras sigue siendo un enorme pendiente, que realza decisiones como la que tomó la Intendencia de Paysandú de dar un paso en la adquisición de los terrenos que pertenecían a la desaparecida Paylana, que sigue habitando en la memoria de todos los sanduceros.

Pero hay más lecciones mencionadas por Paseyro, por la de entender la vivienda como un proceso dinámico antes que como una solución definitiva. “La vivienda tiene que ir acompañando los cambios demográficos de la población. Ha habido un crecimiento de hogares monoparentales, hogares cada vez más pequeños, la independencia de los jóvenes, el envejecimiento de una parte de la población y, al mismo tiempo, la persistencia de hogares numerosos y asentamientos con graves carencias”, mencionó.
En este sentido es notorio que el mercado, aunque con apoyo en instrumentos de políticas públicas, ha sido mucho más ágil en encontrar las respuestas que la población estaba demandando. El problema es que el mercado encuentra soluciones para quienes tienen las condiciones para pagarlas, y hasta podría decirse que hay una oferta generosa, tanto que el negocio inmobiliario es visto también como una posibilidad de inversión. Por otra parte queda otro sector de la población que no encuentra o no alcanza a estas soluciones que el mercado propone y que ha venido quedando fuera, recurriendo a soluciones transitorias o precarias, que se vuelven más aun cuando la cosa se pone seria. Aplicando el mismo razonamiento que siguió la ministra, podemos asociar este problema a otros que también aparecen en las listas de preocupaciones nacionales. En buena medida estas soluciones precarias, que hace medio siglo recibieron el irónico mote de cantegriles —que formalmente se denominan asentamientos irregulares—, los vemos ahora en las pantallas, relatados por tiktokers extranjeros que vienen a pasearse entre la inseguridad, cual si estuviesen en una favela carioca o en una villa miseria del Conurbano de Buenos Aires.

Tras una liberación por cuentagotas, el chavismo anunció el viernes una amnistía general para los presos políticos encarcelados en Venezuela, y según la “presidenta” encargada Delcy Rodríguez en un acto en el Tribunal Superior de Justicia, “quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política desde 1999. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”.

Es una noticia que debe ser recibida con esperanza en el mundo democrático, si no fuera que proviene nada menos que de la persona que lidera el actualmente devaluado y ¿reconvertido? Chavismo, sometido a las presiones sistemáticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump luego que éste hiciera capturar al “intocable” dictador Nicolás Maduro, quien está a la espera de una resolución de la Justicia en el país norteamericano.

Es que todo lo que refiera a Venezuela debe ser tomado con pinzas, porque según Delcy Rodríguez esta amnistía era también una decisión ya hablada con Nicolás Maduro, y por cierto que la mandataria provisional es una experta en el doble juego de decir una cosa por otra, porque hasta no hace mucho, antes de la incursión militar estadounidense en suelo venzolano para capturar al exdictador, se deshacía en loas hacia la revolución, hacia el chavismo y cada intervención suya signada por un collar de críticas e insultos hacia el “imperialismo” y países que no apoyaban el régimen de Maduro.

Esta “voltereta” de supuesta cooperación y hasta amigable relación con Trump, plantea la interrogante de hasta dónde es genuina y si solo lo hace para salvar la ropa y tratar así de evitar una debacle definitiva del régimen. Una novela de misterios sin develar, porque hay de por medio sobre todo intereses particulares, económicos y político ideológicos, entre otros condimentos.

Se indica que la medida de gracia podría abarcar a cientos de prisioneros políticos que siguen encarcelados desde los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y a quienes tiene procesos judiciales abiertos, aunque por nuestros lares el comunismo vernáculo y el Pit Cnt reafirmaban una y otra vez que no se trataba de detenidos políticos, que no había en Venezuela.

Este anuncio llega casi un mes después del inicio de las liberaciones, que se han producido con cuentagotas después de que fuerzas de asalto estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en la madrugada del pasado 3 de enero. En este tiempo se ha liberado a más de 800 presos, según el chavismo (302, según los defensores de los encarcelados).

Rodríguez hizo otro anuncio sorprendente, según algunos de los presentes en un acto que estuvo vetado a los periodistas. El Helicoide, la temida prisión que representa la represión del régimen, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para los funcionarios policiales y sus familiares.

La mandataria ha dado carácter de urgencia a la redacción de una propuesta de ley encargada a la Comisión para Revolución del Poder Judicial, presidida por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y al Programa de Convivencia y Paz creado hace unos días con dirigentes del chavismo y algunas personalidades de la sociedad civil. El proyecto será aprobado en la Asamblea Nacional en los próximos días.

“Que esta ley sirva para reparar las heridas de la confrontación política, de la violencia y el extremismo”, señaló la presidenta encargada. “Es un anuncio que hemos discutido en el alto mando político de la revolución y también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios”, detalló la mandataria en su discurso que horas después fue transmitido en cadena nacional. La mandataria también pidió iniciar una consulta nacional para un nuevo sistema de justicia y reconoció el retardo judicial y la corrupción.

Esta disposición al perdón y apuesta a la convivencia pacífica no condice en nada con lo que hacía y decía el chavismo hasta poco antes de la “incursión” de las huestes de Trump, incluso con Maduro bailando en los estrados y mofándose del “imperialismo”, por lo que es de rigor si realmente esta era la idea de la revolución bolivariana o es simplemente una forma de acomodar el cuerpo para que las cosas no pasen a mayores con la embestida del gobierno de Trump, y así aparece el chavismo en un todo de “acuerdo” sobre la explotación del petróleo y la “redemocratización” del régimen. Y la amnistía, además, tiene sus bemoles, dado que los liberados han salido de la cárcel, pero siguen sometidos a medidas cautelares como la prohibición de salir del país, hacer declaraciones o incluso acceder a determinados empleos. Son además carne de cañón de extorsiones si vuelven a ser interceptados en algún control policial. La futura ley, según advirtió la presidenta encargada, excluirá de la medida de gracia a condenados por delitos de homicidio, drogas y delitos comunes.

Es que el chavismo lleva años usando a los presos políticos como moneda de cambio. Un aparato represivo orquestado entre los cuerpos policiales y el sistema de justicia que ha arrojado miles de detenidos en los últimos años.

El proceso se ha desarrollado de forma opaca, sin información oficial que permita saber quiénes serán los beneficiados. Los familiares han exigido sin éxito la publicación de las listas. En algunos casos, las concesiones ni siquiera han supuesto la excarcelación, sino únicamente el acceso a visitas para detenidos que llevaban meses incomunicados.

Las oenegés defensoras han confirmado que algo más de 300 personas han sido excarceladas en el último mes, pero aún quedarían entre 600 y 700 presos políticos, según distintas fuentes. A esa cifra se suman más de 9.000 personas sometidas a medidas judiciales y un número indeterminado de exiliados por persecución política.

El personaje que supuestamente se encarga de llevar a cabo la “transición” del régimen anterior al nuevo, en una forma que todavía se presenta como indescifrable es precisamente Delcy Rodríguez quien que apenas tiene un mes como dictadora – mandataria de Venezuela, pero su poder lleva años forjándose, según los analistas internacionales. Rodríguez prestó juramento el 5 de enero después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Desde entonces, ha cambiado a buena parte de los responsables de ministerios y de puestos cercanos a ella como el Despacho de la Presidencia o el responsable de la Guardia de Honor Presidencial; ha bajado de la primera línea política a fichas de Maduro; se ha reunido con el director de la CIA, Jon Ratcliffe, en Caracas y firmó un acuerdo por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano, por imposición de Trump.

Al mismo tiempo que ha avanzado en esta dirección, en sus malabares ha intentado quedar bien con Dios y con el diablo, porque también ha denunciado “el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica” (Maduro y su esposa), pero es aventurado determinar el rumbo que tomará –el que podrá tomar, en realidad– teniendo en cuenta las dinámicas internas tanto de Venezuela como del propio chavismo, así como la naturaleza cambiante de Trump.
¿Será la abanderada de un chavismo 3.0 reconvertido, mientras dure en el poder Donald Trump? ¿Podrá resistir el pase de facturas internas, de acuerdo a cómo evolucione la situación? ¿Podrá seguir con su doble juego, del amago por acá pero voy por allá? ¿Se potenciará como cultora del como te digo una cosa, te digo la otra, al estilo de José Mujica?

Y encima está su hermano Jorge Rodríguez, quien logró construir vínculos en el chavismo y manejó campañas a Chávez, y que además siempre aparece detrás de su hermana, tras bambalinas. Muchas especulaciones, tantas como incógnitas del régimen que quiere sobrevivir, pese a que el dictador está preso en Estados Unidos. Y cuando deje de tener incidencia el factor Trump, la cosa se entreverará mucho más, para bien o para mal.

Pero eso sí: será siempre muy difícil enderezar el árbol, cuando el tronco ha crecido torcido y se ha llegado al grado de deterioro que padece Venezuela, donde hay manos muy largas e intereses geopolíticos de actores de todos los signos.

El Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática reporta en su página web que durante el año pasado se detectaron 42.768 incidentes de seguridad de la información. La modalidad de ciberataque más utilizada fue el phishing, presente en el 73% de los incidentes constatados en 2025, vinculados principalmente al robo de datos bancarios y personales. En muchos casos, estos ataques suplantan la identidad de bancos, organismos del Estado u otras empresas.

Los delincuentes utilizan correos electrónicos, mensajes de texto o WhatsApp, y provocan pánico mediante avisos de cuentas bloqueadas o premios falsos, estrategias muy frecuentes para obtener información sensible.

Al comparar estos datos con los delitos relevados en 2024, se observa un aumento cercano al 200%. Este crecimiento no es exclusivo de Uruguay: se trata de un fenómeno global que se expande y se perfecciona constantemente.

El 73% de los incidentes corresponde a recolección de información o robo de datos, seguido por ataques a la seguridad de la información, que representan el 17% de los casos. Estas acciones comprometen las cuentas de los usuarios en sistemas estatales. Los meses con mayor cantidad de incidentes fueron mayo, noviembre y diciembre, este último con un pico de 6.400.

Cada usuario es responsable de su cuenta y, en ocasiones, la curiosidad por abrir un mensaje sospechoso impide dimensionar las consecuencias futuras. Del otro lado, una persona u organización, desde cualquier parte del mundo, aprovecha ese descuido para extraer datos.

De este modo se sustrae dinero de cuentas bancarias o información sensible que luego se comercializa en un mercado ilícito cada vez más grande y en expansión. Así, en cuestión de minutos, pueden cambiarse vidas o situaciones económicas familiares.

Este delito internacional mueve enormes sumas de dinero, incluso más que el narcotráfico, al punto de ser considerado la tercera economía del mundo.

Las modalidades de engaño son diversas y apelan a reacciones simples como el miedo, la credulidad o la curiosidad. Son emociones explotadas en supuestas oportunidades para ganar dinero o en pedidos urgentes vinculados a familiares enfermos o con problemas legales. Incluso, en muchos casos, la estafa se presenta con el logo de la institución bancaria donde la víctima tiene sus ahorros, alegando falsos errores técnicos. Mientras la protección contra los ciberdelitos se masifica, los delincuentes también perfeccionan sus técnicas. Por ello, son necesarias campañas educativas en medios tradicionales, plataformas digitales y redes sociales, que reiteren —tantas veces como sea necesario— que la ciudadanía está expuesta diariamente a ataques cada vez más sofisticados.

Actualmente, Uruguay es miembro observador del Convenio sobre Delitos Cibernéticos, o Convenio de Budapest, cuya adhesión plena permitiría un mayor acceso a la cooperación internacional en la materia.
La sofisticación de los mecanismos de engaño avanzó rápidamente con el uso de inteligencia artificial, desde la reproducción de logos institucionales hasta detalles específicos de ciudades o hábitos de vida de las víctimas. Esto exige una mayor alerta. Las vulnerabilidades son estructurales y requieren una combinación de medidas técnicas y educativas, especialmente en una población cada vez más habituada a la economía digital y al uso intensivo de dispositivos para pagos, cobros y otras transacciones.

Hace unos meses, un decreto presidencial obligó a los organismos estatales a implementar sistemas de autenticación para acceder a sus servicios. Los datos sensibles circulan con mayor frecuencia por Internet y son obtenidos mediante phishing, vulnerabilidades de sistemas no actualizados, malware o ransomware.
El decreto introdujo la versión 5.0 del Marco Nacional de Ciberseguridad, que exige, además de usuario y contraseña, un código adicional o un dispositivo de verificación, con el objetivo de reducir riesgos. Este marco obligatorio dificultará la labor de los ciberatacantes; sin embargo, la capacidad de respuesta y la escasez de profesionales especializados continúan siendo debilidades del sistema en Uruguay.

Hace cuatro meses, el Banco Hipotecario del Uruguay sufrió un ataque de este tipo y aún no es posible abrir cuentas de ahorro, sin que exista una fecha concreta para la restitución del servicio. Tampoco se permite el ingreso de dinero a través de redes de cobranza externa, ya que el enlace técnico con el banco continúa interrumpido, ni está habilitada la operativa mediante su sitio web.

El ataque, atribuido a Crypto24, provocó la caída del sitio web, la interrupción de pagos electrónicos y la publicación de 700 gigabytes de información bancaria, compuesta por datos internos y confidenciales. Entre ellos se encuentran comprobantes de pago de miles de clientes, expedientes judiciales y propuestas de conciliación presentadas en litigios. Este caso es considerado uno de los incidentes más graves por la alta sensibilidad de la información expuesta.

Otro episodio, quizás el más insólito, ocurrió a mediados del año pasado en la base de datos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), organismo responsable de la política digital. En este caso se filtraron nombres, números de cédula de identidad y datos de vacunación de 1.645.000 uruguayos, prácticamente la mitad de la población del país.

A esto se suma la filtración de datos en otros 18 organismos públicos, con distintos niveles de gravedad.
Estos hechos demuestran que no somos una isla frente a los ciberataques. A nivel global, se estima que ocurre un ciberataque cada 39 segundos. Solo en Estados Unidos se registran unos 2.300 diarios, y las cifras continúan en aumento. En Uruguay, 2025 cerró con un ciberataque cada 13 minutos.

El 95% de las brechas de seguridad se atribuye a errores humanos. Uruguay cuenta con internautas con habilidades mínimas en ciberseguridad y, aunque el tema parezca lejano, basta observar las estadísticas para comprender que, efectivamente, “a cualquiera le puede pasar”.

En los últimos días se ha producido una intensa polémica entre el Intendente Departamental de Paysandú (IDP), Nicolás Olivera y el senador nacionalista Sebastián Da Silva a raíz de los valores establecidos para las patentes de rodados cobradas por el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) para el año 2026.

De acuerdo con Montevideo Portal, “el 2026 comenzó con el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) nuevamente en el centro de la polémica: muchas personas reclamaron tras la publicación de los nuevos valores de las patentes de rodados, con críticas al cálculo de los precios de mercado, sobre todo para aquellos vehículos usados. A este tema se le sumó el anuncio de que, a partir de marzo, el abono de las multas por infracciones de tránsito volverá a hacerse en conjunto con el pago de la patente. La decisión implica un giro respecto al criterio vigente hasta ahora, ya que la patente no podrá pagarse con multas impagas. A raíz de esta situación, el referido portal destacó que “el senador nacionalista Sebastián Da Silva realizó un descargo en su perfil de X, en el que dio “consejos” a los lectores sobre cómo afrontar esta situación.

En primer lugar, el legislador consideró que la carga económica que implica el Sucive “es más determinante en el bolsillo” que la Dirección General Impositiva (DGI)”. Da Silva destacó que el Sucive “cobra lo que quiere, cotiza el dólar a lo que quiere y toma medidas ilegales para obligarte a pagar las multas de radares con la patente. La rebelión del contribuyente empieza ahora. Debés saber que, por ahora, esta es la última vez que no podés separar un pago de patente con las multas”, escribió”. El senador Da Silva comentó: “No pagues las multas porque, para limpiar su culpa, en marzo te van a rebajar las multas al 50%”. “Parece joda que un senador esté dando estos consejos, pero es la única forma de pararse firme al avasallamiento estatal”, finalizó”.

Frente a este comentario, “el diputado frenteamplista Federico Preve salió al cruce en dicha red social. En primer lugar, dijo que las infracciones “son por incumplir las normas” que protegen de los siniestros de tránsito y, por tanto, “respeto para con los demás”. “Senador, su alegato a dejar de cumplir con las responsabilidades es absolutamente irresponsable e irrespetuoso de la vida y la discapacidad que genera el tránsito en la vida de los demás. Tristísima afirmación. Como corresponde: pague y respete”, criticó.
Las voces contra Da Silva incluyeron al exintendente de Colonia y actual edil por el Partido Nacional Walter Zimmer, quien declaró a La Diaria que “Los valores se han ido disparando respecto al valor real de los vehículos y también respecto a los ingresos promedio de la población. La tecnología, que en teoría debería abaratar costos, está castigando al que accede a un vehículo nuevo o relativamente nuevo, obligándolo a pagar mucho más que lo que corresponde”, añadió. Para Zimmer, “el problema central del sistema se encuentra en los criterios de valuación.

El sistema funciona, lo que está mal son algunos valores. Hay que sentarse a discutir el porcentaje de la patente sobre el valor del vehículo, diferenciar categorías: autos de alta gama, autos familiares, autos de trabajo. Y, además, con el paso de los años, adecuar el precio real del vehículo, porque hoy un auto de cinco o seis años está pagando una patente que no tiene relación con lo que vale en el mercado”, expresó”. Según Zimmer, el Congreso de Intendentes cumple un rol “central” en esta discusión. “El Sucive no es un ente autárquico que hace lo que quiere. Fue creado por el Congreso de Intendentes en 2011 y empezó a funcionar en 2012. Todo se maneja por acuerdos. El Sucive recauda y luego vuelca lo recaudado a cada intendencia, quedándose con un porcentaje mínimo para sostener el sistema. No trabaja por fuera del Congreso”.

Asimismo, el dirigente coloniense dijo que el gobierno central debería intervenir para que los precios de las multas de tránsito no superen los valores de las patentes. Más allá de esos cuestionamientos, Zimmer sostuvo que “es inadmisible” que “un representante electo llame a no pagar”, con relación al planteo realizado por el senador nacionalista Sebastián da Silva. “Las cosas se arreglan dialogando, no desde la confrontación. Esto no se soluciona con rebeldías fiscales, se soluciona sentándose a conversar en los ámbitos correspondientes”, subrayó.

Zimmer advirtió sobre los riesgos de que “se rompa el Sucive y cada intendencia empiece a fijar precios”. “Eso sería desconocer todo lo aprendido y volver a un escenario que ya demostró ser injusto y caótico”.
En este contexto, el intendente sanducero Nicolás Olivera le sugirió a Da Silva que mire “menos Zaira Nara”, luego de que se hicieran virales imágenes del legislador observando una imagen de la modelo argentina en el marco del llamado de Da Silva a no pagar las multas al Sucive. En declaraciones a radio Sarandí de Montevideo, expresó: “Hablo por mí. Yo no seguiría las recomendaciones del senador Sebastián Da Silva. No es bueno dando recomendaciones, ya lo sabemos”. Según el portal Infobae, el comentario de Olivera “hacía referencia a que Da Silva recomendó invertir en el fondo Conexión Ganadera, que recibía el ahorro de clientes para comprar ganado y a cambio ofrecía una renta fija, y que terminó esfumando el dinero de más de 4.000 personas”.

Más allá de este chisporroteo mediático entre figuras del Partido Nacional, hay una verdad que rompe los ojos: si bien el Suvice es un sistema eficiente, la forma en la cual se fijan los valores de las patentes que deben ser abonadas por los propietarios son claramente excesivas, abusivas y con ribetes confiscatorios. Todo eso se basa en la filosofía de los gobernantes uruguayos de cualquier partido de que “tener auto es un lujo” y de que “el que tiene un auto, tiene plata” y por eso toman carrera para preparar el mazazo contra los contribuyentes bajo la premisa de que “si tiene auto, tiene plata”. Esa mirada tan mezquina como prejuiciosa priva a las comunidades locales del movimiento económico que existiría si hubiera más autos, porque la existencia de más vehículos implicaría más trabajo en talleres mecánicos y de chapa y pintura, así como más venta de combustible, repuestos y neumáticos. O sea: más tarde o más temprano el Sucive debe ser modificado para adecuar el valor de las patentes valor de mercado de los vehículos y no a la ridiculez que se cobra hoy en día.

A pesar de ello, el llamado de Da Silva a no pagar multas es un camino equivocado y su recomendación es indigna de un senador. Los legisladores tienen por cometido funcional elaborar las leyes, no llamar a su violación colectiva. Si los que hacen las leyes llaman a incumplirlas se causa un grave perjuicio al Poder Legislativo y a todo el sistema democrático. Es más: si los que hacen las leyes convocan a su violación… ¿qué dejan para los ciudadanos de a pie que tienen que agachar el lomo y pagar lo que se les exige? En cualquier caso hay que tener en cuenta que la instigación a no pagar las mulas del Sucive podría convertirse mañana en una instigación a no pagar impuestos y en ese caso… ¿quién le pagaría al senador Da Silva su generoso sueldo como legislador?

“A los muchachos del Central se les fue de las manos”. “Oddone a la desesperada, pero no basta con cambiar el idioma con discurso astorista”. “No se puede ser friedmanista ortodoxo en el campo monetario y aplicar un keynesianismo mano abierta con el gasto, salarios y con los sueldos y la cantidad de funcionarios y a la vez aplicar ‘manu militari’ con tarifas y precios de los servicios monopólicos estatales y aumentar la carga fiscal añadiendo impuestos a los que quieren ‘maquillar’ con ‘palabras lindas y cariñosas’”.

Más o menos así se resumen las ideas y percepciones sobre inflación y dólar que se manejan a nivel de gente común, atenta e interesada; no las de expertos y analistas que lógicamente se cuidan, o de los que están con un bando o el otro, léase progresismo oficialista u oposición republicana.

Resalta el esfuerzo del gobierno en “señalar” un “relato de la oposición” y de cambiar el idioma, con palabras claves, para el relato propio. En eso Astori era un capo: siendo oposición decía que la gente común no cree ni le importan las estadísticas, porcentajes o curvas raras, sino que cree y le importa lo que le entra en los bolsillos y que no le alcanza. Sensacional lo de “no alcanza”: ¿quién, en donde sea y como sea, no quiera ganar más?

Además lo de las estadísticas es así: al señor al que los chorros revolcaron por el suelo y robaron su cadena de oro, no le convence el ministerio del Interior con sus números de que hay menos delitos.
Lo del cambio de palabras es interesante: por ejemplo ya no se habla casi de “atraso cambiario”, el que hasta no hace mucho llenaba la boca de propios y ajenos. Ahora es “desalineamiento” del tipo de cambio o “desacompasamiento del dólar”. ¡Notable! Deflación tampoco: por ahí se rodea con un “sobrecumplimiento” de la meta o la pauta. Y nada que ver con desempleo (en el sector público es siempre cero y además crece “ocupación”), carestía, detracciones disfrazadas, caída de la economía y bolsillos menguantes. Lo de las tarifas no se busca explicar mucho, como pasa con la ineficiente y costosa burocracia. El tema impuestos se traduce en “reordenamiento” tributario, sobre todo para los nuevos impuestos y mínimos imponibles o como cambio de “metodología” y se habla de “convergencia” fiscal para justificar aumentos de las cargas existentes o “legalizadas” por súper decretos: pasó con el Fonasa, que le ha costado a Oddone perder la confianza de destacados legisladores de la oposición.

Pero en materia del impuesto como tal, ahora van más allá y quieren desatanizarlo: Oddone, Pereira, Abdala, algún instituto allegado, han salido a simpatizar con los impuestos –no solo el del 1% de la pancarta– y hasta a acusar a la oposición y su relato de querer “enchastrar” al “impuesto” como algo “horrible”, incluso a aquellos a los que Orsi miró con cara de malo y prometió erradicar.

En eso se está. Más los que repiten que el Estado no interfiere; fija tasas de interés –muy desalineadas y se endeuda mucho y caro–, y la cantidad del dinero con criterio parcial sin mirar equilibrio global de la economía. Eso sí, se la hacen muy fácil a operadores financieros y aparentemente también a las empresas del Estado monopólicas y grandes recaudadoras de pesos.
Y el dólar cae.
Dos más dos es cuatro, así como lo es que cuando el caballo que estaba a punto de aprender a vivir sin comer se murió de hambre. Insisto.

Fue Ronald Lauder la persona que le susurró al oído a Donald Trump acerca de una audaz y oportuna inversión, de escala y de futuro. Nada más ni nada menos que “pasarle un dato” al presidente para encender su codicia: la audacia de una expansión al Ártico con el que se abrían a un mundo novedoso y certero.

La historia es un poco más larga de lo que parece en primera instancia. Para quienes creen que Donald Trump es de memoria corta, se equivocan. Si de una oportunidad de negocios se trata, la guarda por lo menos unos 7 u 8 años e incluso un poco más.

Hay quienes aseguran que esa es una virtud destacada entre quienes desarrollan una actividad como la intermediación en el sector inmobiliario. Básicamente es unir dos puntas, una de quien busca comprar y otra de quien busca comprador. Dicho de otra forma, vincula oferta con demanda. Por ello, recordar oportunidades, rostros y posibilidades, es una necesidad básica del negocio.

En Estados Unidos, la actividad del promotor inmobiliario se define como la del real estate developer: la persona o entidad que concibe, financia, coordina y ejecuta proyectos de desarrollo inmobiliario, asumiendo el riesgo empresarial desde la adquisición del suelo hasta la venta, alquiler u operación del inmueble terminado.

Pero no necesariamente el promotor es el desarrollador. Entre el real estate developer y no developer (aceptemos por buena esta traducción coloquial) hay diferencias estructurales y funcionales.
El real estate developer es el creador del proyecto inmobiliario, es quien concibe el proyecto, asume el riesgo empresarial, gestiona el marco regulatorio y sus restricciones, estructura el capital, coordina a todos los actores partes (arquitectos, ingenieros, constructores, abogados, bancos), finalmente, es quien decide la estrategia de la salida al mercado.

En cambio, el “no developer” es el comercializador del producto ya creado. Usualmente, su rol empieza cuando el activo existe o también, cuando está definido. Serán responsabilidades suyas la promoción y venta; la intermediación entre comprador y propietario. En la monetización del acuerdo, percibirá una comisión por operación cerrada. Pero no asume riesgo estructural del proyecto.
No obstante, existen otras posibilidades que dependen de las fortalezas y debilidades de las asociaciones que entre partes logren alcanzar. Los antecedentes de la Organización Trump dejan en claro cuál es su posicionamiento; es algo más que un real estate broker, un comercializador de un producto ya creado, sino que su participación parte de una premisa; el desarrollo inmobiliario se ajustará a una cultura de producto propia e identitaria de la Organización Trump.

La experiencia Trump en Punta del Este

La Trump Tower Punta del Este, una torre de lujo de 26 plantas, es un ejemplo paradigmático de separación entre developer y marca/ventas: Donald Trump no fue promotor ni desarrollador. Su rol fue exclusivamente el de licenciante de marca y apoyo comercial, mientras que el riesgo, el capital y la ejecución recayeron en desarrolladores “locales”, aunque en sentido estricto, argentinos, cuyos socios principales son Felipe Yaryura y Moisés Yellati.

El proyecto debió sortear dificultades que los inversores debieron superar. Se anunció en noviembre de 2012, la construcción arrancó en febrero 2014, pero la obra estuvo parada hasta que se terminó e inauguró en octubre de 2022. La torre lleva el nombre de Donald Trump y fue supervisada por su hijo, Eric Trump. Se trató de un acuerdo de licencia que autorizaba el uso del apellido en la identidad del edificio, Torre Trump, y un conjunto de condiciones y obligaciones relacionadas a la identidad corporativa, y especialmente el tratamiento corporativo de la comercialización.

Sin embargo, en junio de 2019, el New York Times, con las firmas de Jesse Drucker y Manuela Andreoni, reflejan las complicaciones de aquellos meses al tiempo que destacaron que “la Trump Organization no ha sido acusada de irregularidades en el proyecto Punta del Este”.

Volviendo a Groenlandia

Recuerda John Bolton, por entonces asesor de seguridad nacional en 2018, que el presidente Trump, primer mandato, le “dijo que un empresario destacado acababa de sugerir que Estados Unidos comprara Groenlandia”. Hace unas semanas, el propio Bolton reveló el momento al diario inglés The Guardian.
Bolton se refirió a Lauder como un amigo de toda la vida del presidente que acabaría adquiriendo intereses comerciales en el territorio danés. Dos amigos neoyorquinos con más de sesenta años de amistad. Días después de ese impulso presidencial, Bolton recibió a Ronald Lauder para conocer de primera mano la propuesta. A partir de ese momento, Bolton encargó a un equipo técnico de la Casa Blanca analizar la cuestión, al mismo tiempo que formularon escenarios posibles para elevar la influencia estadounidense en el amplio y frío territorio ártico bajo control dinamarqués.

Aunque nada dice acerca de lo que sucedió después, Bolton ha venido a revelar un modo de conducta de Trump: “fragmentos de información que escucha de sus amigos los toma como verdad y no puedes quitarte su opinión”.

En aquella ocasión, las cosas no prosperaron, pero unos ocho años después, “otro” Trump, en una actitud aún de mayor despotismo y desafiante, rescató la idea y ahora está empecinado en comprar Groenlandia, o eventualmente conquistarla por la fuerza. El estilo Trump podrá ser efectivo en el real estate, pero en el de las relaciones internacionales “lo que toca, rompe”. Migración y diplomacia, dos materias en las que no logra ningún éxito relevante.

Bolton es un republicano que ha trabajado para todos los presidentes republicanos desde Ronald Reagan hasta Trump, con quien colaboró durante 17 meses del primer mandato. En un reportaje a Bolton publicado el pasado 20 de enero por la alemana Der Spiegel, se incluye la siguiente pregunta y su respuesta: Der Spiegel: La Casa Blanca publicó recientemente una nueva estrategia de seguridad que presenta a Europa como el verdadero adversario de Estados Unidos, y no como Rusia o China.
Bolton: Dudo que Trump haya leído ese documento. Simplemente no piensa en esos términos. Realmente parece que fue escrito para una administración de JD Vance. Da más coherencia a lo que ha ocurrido en el último año de la que existe en realidad. Es una retaguardia estratégica. Quiero decir, he sido un crítico bastante acérrimo de la Unión Europea durante mucho tiempo. Pero sigue estando aliado de Estados Unidos”.
Un dato, una invasión o una compra imperial. Un documento agresivo que desconoce. Ya lo había advertido Antoine de Saint Exupéry, “lo esencial es invisible a los ojos”.

Vivir bien es producto de un trabajo diario, de buscar un rumbo cierto, de preparar los cimientos sobre los cuales edificar nuestro bienestar e identificar lo verdaderamente importante, lograr el equilibrio emocional.

Características esenciales para una vida con sentido: encontrar nuestros fundamentos, diseñar un propósito, decidir con libertad interior y alimentar el alma.

La apertura a lo trascendente es un recurso de personalidad riquísimo; ayuda a darle sentido a la vida, a la adversidad y al dolor y es fuente de sostén y refugio en las situaciones más límites.

Conocernos a nosotros mismos, definir nuestro propio camino, es ser libre y dueño de sí mismo.
La felicidad no está en el tener, sino en el ser: tener una dirección, un objetivo, una coherencia interior (autenticidad), pero evitando las utopías, siendo realista, aceptando hechos y circunstancias de distintos signos y matices.

No hay felicidad sin amor; siempre es expectativa de lo bueno, de aquello que está por llegar.
La felicidad está poco en el pasado, bastante en el presente y mucho en el futuro.
Cerrar las heridas del pasado, aprender a tener una visión positiva de la vida (ilusión), tener una voluntad firme (a veces contracorriente, claro indicador de una personalidad madura) y tener buen equilibrio entre corazón y cabeza, son algunas pautas.

Tener un proyecto de vida coherente y realista donde estén presentes el amor, el trabajo, la cultura y la amistad, poner los medios para hacer felices a otros, capacidad para apreciar las pequeñas alegrías y placeres de la vida diaria, valorar lo que uno tiene y ha conseguido, saber dar a las cosas que nos pasan su importancia real y no “pedirle peras al olmo” son algunas claves a seguir.

Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

Entonces ambos órganos Ejecutivo y Legislativo departamental, tienen el deber por mandato constitucional y legal de responder y de ejecutar los actos necesarios para la solución de este tema.
Aquí está en juego la salud de la gente del departamento con una afectación inmediata de los pobladores cercanos y una afectación también de todos los sanduceros en el mediano o largo plazo, pues la contaminación es del aire, del suelo y de las aguas. La magnitud del fuego y del humo hace que este último llegue a Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina, frente a Casa Blanca, lo que determina la existencia de daño transfronterizo y el riesgo de tener que responder por el mismo, de modo tal que también es muy importante la solución para prevenir y precaver acciones judiciales contra el estado municipal por parte de Argentina.

Por el contrario las autoridades brillan por su ausencia, solo hemos visto unas pocas salidas a la prensa para intentar justificar el desastre existente descargando responsabilidades en empresas ajenas y en terceros que no tienen competencia alguna en el tema, justificación que de ninguna manera logran, pues los que conocemos y sufrimos la situación sabemos que mienten en forma descarada.

También los ediles brillan por su ausencia y son treinta y una (31) personas que no se interesan ni se responsabilizan por lo que está pasando.
A modo de recordar quiénes son esos ediles seguidamente mencionaremos sus nombres y a qué partido político pertenecen, para recordar a quienes teniendo que preocuparse por la salud de los sanduceros no reclamaron, ni dijeron una palabra, soslayaron el tema por acción y por omisión y ahondaron el mismo no dando solución a este importante tema de salud, protegido constitucionalmente.

Por lo tanto se insta a que respeten su investidura y cumplan proactivamente sus deberes públicos a los siguientes ediles:
Partido Nacional: (Lista 51): Valeria Alonso, José Farinha, Javier Pizzorno, Mario Culñev, Sabrina Buono, Alfredo Artía y Alejandro Colacce.
(Lista 22): María Dolores Álvarez, Aparicio Larrañaga, Gerardo Cabrera, Claudio Zanoniani, Jorge Pedrosa, María Castillo, Ricardo Suárez de Lima.
(Lista 71 y 40): Marcelo Tortorella; (Lista 50): Federico Innella; (Lista 404): Emiliano Márquez; (Lista 18): Juan Melgar; (Lista 515151): Mariel Silva y (Lista 207): Washington Masondo.

Frente Amplio: (Lista 609): Ana Curti, Roberto Ciré y Dayana Vega; (Lista 77): Emerson Arbelo (Listas 711, 1711, 3711): Rosana Pereira; (Listas 780, 916 y 3128): Pablo Moreira; (Lista 1001): Natalia Martínez; (Lista 90): Francisco Gentile; (Listas 863 y 90): Silvia Fernández; (Listas 2040, 7010 y 6060): Lilian Intrieri.
Partido Colorado: (Lista 70): David Helguera.
(Siguen 246 firmas de vecinos y personas preocupadas)

Sin embargo, hoy me dicen que dejo de ser “eventual” para pasar a la “Fundación a Ganar”. ¿Y qué significa eso en la práctica?: baja salarial (50%); cero reconocimiento de antigüedad; borrón y cuenta nueva, como si todos estos años no hubieran existido.
Si bien el vínculo contractual en ese momento y hasta el 19 de enero del presente año, fue denominado “eventual”, la continuidad en el tiempo, la naturaleza de las tareas realizadas y la responsabilidad asumida, evidencian una relación laboral sostenida, que excede ampliamente el concepto de eventualidad, “Principio de Primacía de la Realidad”. En cuanto a ese principio, fui funcionaria no reconocida: con responsabilidades, exigencias, horarios, presentaciones oficiales y representación institucional permanente.

Eso no es eventualidad. Eso es precarización laboral encubierta. Hoy me encuentro frente a una decisión dolorosa… ¡y no saben cuánto! Debo firmar para no quedar sin trabajo, aun sabiendo que se me quitan derechos, historia y dignidad laboral. No firmo porque estoy de acuerdo… ¡No!, ¿quién podría estarlo?
Quiero dejar en claro que esta carta no busca privilegios ni enfrentamiento. Busca conciencia y justicia. Busca que la comunidad sepa, que detrás de cada acto cultural, de cada presentación, de cada aplauso, hay trabajadores y trabajadoras que sostuvimos la cultura pública durante años, sin el reconocimiento contractual y la estabilidad laboral que corresponde… La cultura pública se construye con personas, con trabajo sostenido y con trayectoria que forman parte del patrimonio cultural del departamento. Señores… ¡La cultura no es un gasto! La cultura no se improvisa, la cultura es identidad y memoria. La cultura es trabajo. Solo pido algo básico, merecido y creo más que justo: que se reconozca nuestra trayectoria, que no se nos trate como descartables, que tantos años de compromiso no se borren con una firma.
Para terminar y ante todo, quiero hacer llegar un especial agradecimiento para nuestro público, que siempre nos apoya, nos aplaude de pie en todas las presentaciones, y eso es lo único que en este momento me llena el alma.

Liliana Recondo

En junio próximo se van a cumplir 15 años desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaraban el acceso a Internet como un derecho humano. Esto ocurrió puntualmente el 9 de junio de 2011, cuando, junto con ese reconocimiento, la entidad instaba a los gobiernos de todo el mundo a garantizar el acceso a sus ciudadanos.

Ríos de bytes han corrido de un lado a otro del planeta y con destino al espacio desde entonces, las mejores y las peores cosas se han hecho con el soporte de la conexión a internet. Sobrevivimos a una pandemia en ancas de esta tecnología, sin ir más lejos, pero también se han orquestado las atrocidades más aborrecibles por los canales digitales. Permitió abrir nuevos canales comerciales, abriendo la posibilidad a nuevos públicos de participar de los negocios, pero también los ha abierto para que plataformas globales pongan contra las cuerdas al comercio local de toda la vida.

Hace bastante tiempo que internet está instalada en nuestras vidas y –salvo que ocurra algún tipo de cataclismo–, hace rato que se puede afirmar que llegó para quedarse.

¿Pero qué fue en concreto lo que vio entonces la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para promover tal declaración? El relator Frank La Rue emitió una declaración en la que condenó a los países que filtren o bloqueen contenidos en Internet, ya que se consideró que los individuos deben ejercer su derecho a opinar, a expresarse y a disentir. Internet es una herramienta que impulsa el progreso social. “Asegurar el acceso universal del internet debe ser una prioridad de todos”, mencionaba el relator.

ero más que garantizar el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones (Internet), hacerlo al contenido (web), se consideraba entonces como una extensión del derecho al conocimiento. ONU además pidió que los países cuenten “con un marco legal regulatorio para tipificar y sancionar los delitos en Internet”, punto que fue el más cuestionado de la declaración, pues si bien se defiende a ultranza el derecho de información, quedaban dudas sobre cómo actuar en caso de protesta o desobediencia civil, que en este tiempo no han dejado de ocurrir, como en toda la historia del Mundo, con reacciones no muy diferentes a las que había antes, y con cortes de internet y redes sociales a las primeras de cambio. Y ocurrió en gobiernos de todo signo.

Pero en aquel momento ONU no tenía sobre la mesa el diario del lunes, el que indica cuál ha sido la evolución de la internet al cabo de estos años y el uso que le damos, y no contaba con que la aparición de la inteligencia artificial sería capaz de poner en jaque nuestra propia percepción de lo que es real y la ficción realista que se ha mostrado capaz de generar. Hoy, frente a esta realidad, tal vez sea tiempo de hacer hincapié en ese “temita” del marco legal regulatorio.

En una jugosa entrevista con el programa Agenda Abierta, de Radio Sarandí, la Dra. Agustina Pérez Comenale hizo una actualización sobre cómo viene el debate en el mundo sobre la conectividad, la inteligencia artificial y el manejo de datos, detrás del planteo de considerar a la internet como un servicio esencial. Este es un enfoque diferente (aunque con puntos de contacto) al del derecho humano fundamental que ya está consagrado.

En la conversación la profesional planteó casos concretos de legislaciones que ponen la mira en la regulación de los datos personales que las empresas y los Estados obtienen de las personas cuando estas usan los diferentes recursos, herramientas, redes, en fin, todo a lo que se puede acceder en la red global. Se ha dicho innumerables veces aquello de que cuando un servicio es gratuito, es porque el producto es el usuario, y vaya si será aplicable en este mundo donde lo que se disputa y se premia es la captura de la atención, del tiempo/pantalla de los usuarios. “Seguimos muchos de los lineamientos de la Unión Europea pero también en lo que es a nivel región ya desde hace unos años, y antes de la normativa de la Unión Europea, se empezaron a practicar y a ejercer directrices y algunos temas vinculados tanto a los datos con a inteligencia artificial”, y un exceso en la regulación puede derivar tanto en una sobrecarga que frene la innovación, pero también afectar la libertad de expresión. La aplicación de inteligencia artificial hoy es trasversal a todas las industrias prácticamente y una sobrerregulación puede impactar en aspectos como la competitividad.

Sin embargo hay que ponderar entre estos beneficios indiscutibles y los riesgos a los que nos exponemos. “Cuando hablamos de datos personales a veces lo pensamos de manera muy estrecha y es nuestro número, nuestra cédula de identidad, nuestro domicilio. Pero hay que también tener en cuenta que muchas veces esa cantidad de datos llevan a perfilados y esos perfilados llevan a datos o información que se traslada a otras plataformas y que hay noticias que han alarmado un poco a algunas partes de la población”, dijo la experta. Mencionó el caso de las plataformas que se emplean en el tránsito, caso Waze o Maps. “Muchas veces pasa que algunos de esos datos son abiertos y por determinados servidores o algoritmos de procesamiento podemos deducir por ejemplo dónde trabaja una persona, dónde vive, entre otros datos, y se ha mostrado cómo se pueden llegar a utilizar, por ejemplo, para espionaje. Y no estoy hablando de espionaje a nivel gubernamental, estoy hablando más en el ámbito hasta privado”, planteó.

De hecho hay una relativamente vieja teoría conspiratoria que habla de la implantación de chips en los cuerpos de las personas a través de las vacunas para poder obtener este tipo de datos. Y de verdad que no tiene el menor sentido, cuando esos datos los estamos proporcionando voluntariamente en la medida en que estamos permanentemente conectados desde un aparato que no parecemos capaces de dejar de revisar cada pocos minutos y de tenerlo a un brazo de distancia así se esté cargando nuestra batería.

Como respuesta a reclamos de sectores productivos clave de nuestro país, sobre todo los de los vinculados al agro, –pero por regla general todos aquellos que integran el cuadro exportador del Uruguay– el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Gabriel Oddone, anunció medidas que en su conjunto tienen como primer objetivo subir la cotización del dólar para atender este agudo desfasaje –atraso cambiario, para decirlo claramente– que hace que conjugado con los altos costos internos, la divisa norteamericana rinda poco a la hora de la conversión a pesos.

Previamente, el Banco Central del Uruguay (BCU) bajó en 100 puntos básicos la Tasa de Política Monetaria (TPM), que pasó de 7,5% a 6,5% anual, y su presidente, Guillermo Tolosa, señaló que la institución está lista para realizar intervenciones en el mercado cambiario, si entiende que ello es necesario.
Las decisiones se adoptaron precisamente en un contexto de caída fuerte de la cotización del dólar, con un interbancario que cotizó en $ 37.454, el menor valor desde el 31 de julio de 2023. Esa evolución del tipo de cambio generó alarma en sectores dedicados a la exportación que advirtieron por el deterioro de la competitividad de la producción nacional y reclamaron que el gobierno tomara medidas para mitigar ese impacto negativo.

Pero naturalmente, la explicación que dio un comunicado del BCU al respecto daba cuenta de que no se trata de una medida que apuntara al valor del dólar, sino que la baja de la TPM se dispuso “ante la proyección de desalineamiento de la inflación respecto de la meta y con el objetivo de que las condiciones monetarias contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5% anual”. Ocurre que en economía no hay componentes que se puedan considerar aislados, y sobre todo en nuestro país es imposible desligar el valor del dólar de la inflación, tanto por su relación directa como por las expectativas que se generan, y el factor cultural que hace que en nuestro país, para resolver sobre moneda constante, se tome el valor del dólar como referente y no la moneda nacional, por más estable que ésta parezca en el período del que se trate.

Horas más tarde el ministro Oddone anunció medidas que sí tienen que ver con el dólar y la competitividad de nuestros productos, por cuanto la idea del secretario de Estado con los correctivos es el de incidir en la suba del tipo de cambio, además de otras iniciativas, algunas de tipo administrativo y otras que requieren aprobación en el Parlamento, y que serán anunciadas en su momento.

Debe tenerse presente que en Uruguay, el dólar en 2025 cayó 11% y en lo que va de 2026 cerca del 4%, –antes del anuncio ministerial– pero esta caída sucede a las que se han ido produciendo a lo largo de varios años y que ha hecho que la inflación en dólares en Uruguay de la última década fuera muy superior a la inflación internacional, lo que se refleja en indicadores del tipo de cambio real (TCR) que dan cuenta de la falta de competitividad de Uruguay y de que es un país caro en dólares. Gracias a eso, comprar en Amazon o Temu nos resulta muy accesible, mientras que producir en Uruguay es imposible.
Las referencias de TCR en Uruguay en relación al promedio histórico indican que se ha reducido frente al dólar en un 25% y frente al euro en un 35%, así como un 45 por ciento frente al real. Estamos hablando de términos reales, que es lo que realmente incide en la comparativa de situaciones en el mediano y largo plazo.

En buen romance, ello habla de encarecimiento del país en la comparativa internacional y por ende se trata de una caída en la competitividad para el sector exportador, como así también para los sectores nacionales que compiten con bienes y servicios que se ofrecen desde el exterior.

Haciendo referencia a estos aspectos, el economista Pablo Rosselli, en el programa En Perspectiva, de Radiomundo, evaluó que “las intervenciones en el mercado de cambios son una herramienta posible. Sabemos que tienen efectos acotados y limitados en el tiempo. En Uruguay, en el pasado, se abusó muchísimo de esa herramienta, con un enfoque de política monetaria que terminó sacrificando el objetivo de inflación”.

Trajo a colación que “el ministro Oddone señaló que el gobierno anticipará la compra de dólares para cubrir sus necesidades de dólares con operaciones de compra a futuro. También señaló que se le está sugiriendo a las empresas públicas que aprovechen el bajo valor del dólar para adquirir divisas, lo que aparece como un complemento a lo resuelto por el Banco Central, sobre todo operar sobre las expectativas de tipo de cambio y pueden tener algún efecto”. Explicó en este sentido que las empresas públicas compran usualmente dólares para su operación porque facturan pesos y parte de sus costos son en dólares, como Ancap y UTE, “pero al final si miramos al Estado en su conjunto tiene déficit, no hay de donde generar una mayor demanda genuina de dólares”.

En el caso de los exportadores, la responsable de asesoría económica de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), María Laura Rodríguez, dijo a El País que evidentemente hay necesidad “de que se tomen este tipo de medidas para evitar un desalineamiento mayor del tipo de cambio”, y destacó que “esta situación, que se agravó en enero, ya se viene arrastrando desde hace tiempo”.

En tanto en los economistas, más allá de la tendencia que se dé en la cotización del dólar en el corto plazo, hay consenso en el sentido de que estamos ante un paliativo ante el tenor del desfasaje en el tipo de cambio y sus consecuencias, pero nada que permita decir que se ha empezado en generar algo sustentable para cambiar este estado de cosas. Sobre todo, porque como hemos señalado en más de una oportunidad, el valor del dólar no es un parámetro aislado que refiere solo a las exportaciones e importaciones, sino que tiene incidencia fundamental en otros parámetros como la inflación, y consecuentemente en el conjunto de la economía.
Lo resume muy bien el economista José Antonio Licandro cuando expresa a El País que “se queda muy corto”, porque se dejan de lado varios costos para el sector exportador, que es el motor de la economía. Mencionó además que se soslaya “lo que se está haciendo con las tarifas energéticas monopólicas, habiendo incrementado sobre el precio de paridad de importación $1,50 para ayudar a Ancap, así como los ajustes tarifarios de UTE por encima de la inflación, lo que hace que estos costos también presionen sobre los exportadores”.

A ello se agrega que la discusión no debería tanto estar centrada en el valor del dólar, “sino en la falta de flexibilidad de los costos domésticos (el impacto de la inflación en las pautas salariales, el aumento de tarifas, rigideces en no transables, entre otros factores)”, porque como decíamos, no se pueden aislar parámetros en la economía, donde todo tiene que ver con todo.

Y como sosteníamos en reciente comentario en esta página editorial, teniendo en cuenta la rigidez y el escaso margen de maniobra en nuestra economía, que es un paquete atado con un hilo muy fino, no se puede “toquetear” un parámetro –sobre todo el tipo de cambio– sin generar repercusiones diversas en todo el tramado.

Tras decisiones como las de las últimas horas debe esperarse por lo tanto que tras un pequeño impacto inicial, difícilmente pueda siquiera atisbarse un cambio de rumbo, porque el reacomodamiento no se hará esperar, tras un correctivo artificial que deja intactas las deficiencias estructurales del país.

En los últimos días el Ministerio de Desarrollo Social publicó un balance de actuación en el actual período de gobierno que resumió en el título del artículo en su portal como “44 semanas de gestión, 44 hitos de la transformación”.

En la presentación, a cargo del ministro Gonzalo Civila, se destacó que el Ministerio de Desarrollo Social presentó “aumentos e incorporaciones en las prestaciones sociales de la Tarjeta Uruguay Social” para este año, compartió los referidos hitos de la transformación, en una recopilación que tituló “Más Comunidad”.
Algunos de estos hitos que forman parte de la presentación son “El Plan Invierno más grande de la historia”, con la expansión de capacidades y extensión del servicio a las 24 horas. “Más alojamiento y atención”, con la asistencia “a más de 13 mil personas sin hogar en alguno de nuestros dispositivos”, lo que supuso un aumento del 20% respecto a 2024 y cerca de 1.500 personas que accedieron por primera vez. Hubo 8.266 plazas con alojamiento disponibles para personas sin hogar, lo que supuso un aumento del 50% respecto a 2024. Se sumó además “Respuesta permanente en todo el país”, con 1.696 personas que utilizaron los refugios del Plan Invierno en el Interior.

También se destaca el mayor “control y evaluación” para dar respuestas a la problemática de situación de calle, con monitoreo informático y respuesta “las 24 horas a gestantes en calle”, garantizando respuesta habitacional 24 horas al 100% de casos. Destaca además como hitos “El desarrollo desde la comunidad” y el “Trabajo en red y comunidad”, con la implementación del Programa “Comunidad a la Calle”, con el que se crearon dispositivos como los centros “Puertas Abiertas”, de recepción y acompañamiento a personas en situación de calle, y se lanzó la “Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle”, con la que más de 2.000 personas participaron en casi 40 encuentros para construir una estrategia nacional, integral y quinquenal, “inédita en Uruguay, con foco en prevención y salida de la situación de calle”.

El listado completo de hitos lo pueden encontrar en el código QR en esta página.

Lo del “fracaso” a que refiere el título no alude, por supuesto, a que no esté haciendo nada el Ministerio de Desarrollo Social para enfrentar estos graves problemas sociales que son, por otra parte, fácilmente constatables en las calles de las principales ciudades con una simple recorrida. El fracaso es que, justamente, 20 años después de la creación de esta Secretaría de Estado, todavía siga siendo necesario hacer todo este esfuerzo; el fracaso de las políticas se evidencia en que dos décadas después, con viento a favor la mayoría de los años, socialmente, en el país se nos cayó la estantería.

En 2005, cuando se creó el Mides, el Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay se situó en aproximadamente 18.986 millones de dólares, el PBI nominal fue en 2025 de 84.990 millones, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El crecimiento en la economía del país ha sido tremendo desde aquel fatídico 2002 que muchos siguen sin poder borrar de la memoria.

En el año 2006 se calculaba que, solo en la capital, había 320 personas durmiendo en la calle. Para el año 2011 ya eran 353; en 2016 sumaban 556 y el último dato, del año 2023, daba como resultado 1.375. En mayo del 2019 la estimación del Mides, a partir de un censo, hablaba de 2.038 personas en situación de calle, de las cuales 1.043 se encontraban a la intemperie y 955 en refugios de la propia cartera.

Actualmente se estima que solo en Montevideo hay aproximadamente 5.000 personas sin hogar. Estos datos fueron recabados por los arquitectos Gonzalo Bustillo y Leticia Moreno para su investigación “Vivienda primera. Aportes para la innovación política en el acceso a la vivienda social para las personas sin hogar en Uruguay”.

En mayo de 2005 se lanzó el Panes, el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, el programa estrella del novel ministerio. Consistió en un conjunto de políticas sociales dirigidas a hogares de muy bajos ingresos, su población objetivo fue el primer quintil de personas bajo la línea de pobreza, que en ese momento era el 8% de la población. Eran épocas en las que las secuelas de la peor crisis de la historia se hacían sentir entre una población que hasta ese momento no había recibido una asistencia, es cierto. Luego vinieron otros instrumentos como las asignaciones familiares ampliadas, Rutas de Salida, Trabajo por Uruguay, programas específicos para atención a poblaciones como la juventud, la tercera edad, las minorías étnicas, disidencias de género; el ministerio creció mucho y se diversificó. De acuerdo con los datos que el mismo Mides presentó en diciembre del año pasado, “el 13,2% de los hogares, o sea 132 de cada 1.000, sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, por lo que tuvieron que reducir la cantidad o calidad de los alimentos por falta de dinero. A su vez, 143 de cada 1.000 personas vivían en esos hogares. La inseguridad alimentaria grave se encuentra en 1,9% de los hogares, o sea que 19 de cada 1.000 hogares pasaron todo un día sin comer; 20 de cada 1.000 de las personas se vieron afectadas por esto”.

Tal vez no sea culpa del Mides que en el mismo país en el que creció el PBI casi 4,7 veces la población en situación de calle haya crecido en la medida que lo hizo y que sigamos teniendo los problemas de inseguridad alimentaria referidos. Seguramente hay otros factores que incidan, que no sería posible sin estas cifras negativas lograr ese crecimiento. Sea como fuere, no se puede celebrar como un “hito” de un Ministerio que se llama de Desarrollo Social —que no “de asistencialismo social”— el haber tenido que incrementar las camas para recibir personas durante el invierno, más bien que lo digno de celebrar hubiese sido lo contrario, el haber tenido que cerrar los refugios porque permanecían vacíos. Y aunque seguramente un montón de gente la hubiese pasado peor si no existiese, veinte años después, la propia permanencia del Mides y los datos de que se jacta, son la prueba de su fracaso.

Hay discursos, creencias, que se repiten sin mucha reflexión y no hacen justicia a la realidad; por ejemplo está instalada popularmente la idea de que en nuestro país los cambios son más lentos que en el resto del mundo, que las tecnologías de punta demoran más en llegar, que no hay investigación y desarrollo, que en el interior del país solo hay vacas y algunos que las alimentan, las cuidan y las faenan, llegado el momento. Pero no es así de forma alguna. En muchos aspectos Uruguay ha sido avanzada. En transformaciones sociales, en reconocimiento de derechos, en preservación de la salud y, cómo no, en la generación de energía a partir de fuentes renovables.

El pasado lunes, como ocurre cada 26 de enero, se celebró el Día Internacional de la Energía Limpia. La fecha convoca a la reflexión sobre el rol estratégico de la energía en el desarrollo sostenible. Es también para el país, y así lo destacó en su mensaje alusivo a la fecha el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la oportunidad de reafirmar los compromisos asumidos en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en particular “a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que promueve el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas”. El mensaje también renueva el compromiso de “seguir posicionando a Uruguay como un referente internacional en materia de energías renovables, en el marco de una política energética de Estado que consolide los logros alcanzados, anticipe nuevos escenarios tecnológicos y profundice una transición energética que contribuya al desarrollo sostenible del Uruguay”.

Esto que está ocurriendo aquí en Paysandú, así como en otros proyectos que se desarrollan en simultáneo en el país son parte de eso, del desarrollo sostenible del Uruguay. Eso sí, lo que nunca ha sido es fácil. Las grandes obras del país siempre han debido atravesar discusiones, oposiciones, controversias, protestas, rechazos. No es casualidad que proyectos con muchos años terminaron concretándose bajo gobiernos de facto.

Sin embargo esta última transformación, la de las energías renovables fue fruto de un acuerdo suscrito entre los diferentes partidos políticos, en el transcurso del más largo período democrático de la historia del país, que es el que transcurrimos actualmente. Un mensaje para el mundo, y para nosotros mismos. Somos capaces de discutir y encontrar acuerdos para hacer los cambios que el momento requiere, más allá de diferencias ideológicas y de conceptos.

Según datos presentados por el área de Planificación, Balance y Estadística (PEB) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), durante 2025 el país alcanzó una matriz de generación eléctrica con un 98% de origen renovable, “lo que es prueba de la consolidación de un modelo energético bajo en emisiones y con altos niveles de seguridad de abastecimiento”, destaca. Agrega que la producción de electricidad entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) fue de 13.040 GWh en 2025, “un valor 10% menor al registrado en 2024, lo que se asoció principalmente con la variabilidad hidrológica”. En este escenario la hidroelectricidad lideró la matriz de generación con una participación del 46%, seguida por la generación eólica (34%), con un menor aporte aparecen la biomasa (14%) y la solar (4%), mientras que la generación eléctrica a partir de fuentes fósiles representó apenas el 2% del total anual. Además de los argumentos ecológicos también debemos enfatizar en el punto de que Uruguay no produce petróleo, lo tiene que importar, y sacando esa fuente, el resto es energía generada de forma soberana. Pero además en el mismo período el país exportó el 8% de la electricidad generada.

Pero el mismo lunes 26 fue además el Día Mundial de la Educación Ambiental y vaya si es relevante que estos cambios que se están procesando tengan continuidad inculcando la idea de que un mundo mejor es posible en la medida que todos pongamos de nuestra parte lo que esté al alcance detrás de ese objetivo. Una persona, en un pequeño país, en un rincón alejado del mundo no puede tal vez por sí solo hacer un gran cambio, pero ese esfuerzo cuando se convierte en ejemplo puede ser el punto de apoyo para la palanca que mueva el mundo. Queda mucho por hacer, hay objetivos ambiciosos, pero sobre todo hay estrategias que se están desplegando, que a veces quedan “escondidas” detrás de los grandes títulos de las discusiones rimbombantes de nuestros dirigentes y sus disputas personales, que también las hay, por supuesto, forman parte de la idea de democracia. Parte de esta estrategia es, por ejemplo, el plan que está llevando adelante el Banco de la República para financiar proyectos sostenibles. El lanzamiento de esta iniciativa tuvo lugar el año pasado y se extiende hasta fines de febrero. Hasta ahora la institución ha recibido más de 60 proyectos sostenibles por un monto total de 120 millones de dólares.

Se trata de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental de Uruguay. Los proyectos deben alinearse con alguna de las siguientes áreas clave de sostenibilidad: Ambientales, Energías renovables, Eficiencia energética, Prevención, reducción y control de contaminación, Gestión sostenible de los recursos naturales, Movilidad sostenible, Productos y procesos adaptados a la economía circular, Protección y mejora de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y Adaptación y resiliencia al cambio climático. Los proyectos seleccionados accederán a bonificaciones escalonadas en la tasa de interés (del 1% al 3%), por descuentos en los componentes de prima por riesgo y plazo, así como en el porcentaje máximo de financiamiento por conceder. Para las actividades agropecuarias y las de industria, comercio y servicios, se financiará entre un 90% y un 80%, con bonificaciones en la tasa de entre 65% y 35% de la prima de riesgo y plazo. No es el único instrumento, hay más, en ANDE, en ANII, por ejemplo, pero cabía mencionarlo por novedoso.

Lo otro que ha hecho bien el país es preocuparse por la formación de las personas que tendrán a su cargo la ejecución de estos cambios. Así como se ha transformado la matriz energética han ocurrido cambios en la Universidad de la República, que ha atravesado en proceso de descentralización del que Paysandú ha sido testigo privilegiado, pero también lo ha hecho la UTU, y nació la UTEC, una universidad específicamente dedicada al desarrollo tecnológico y cuyo perfil la ha mostrado como la Universidad del Interior.
Queda mucho por hacer, se vienen desafíos importantes en esta y otras materias, pero en esta área en específico, el país está bien posicionado y tiene con qué dar argumentos y sobre todo puede mostrar un currículum que avala una forma de hacer las cosas. Eso no es nada poco.

“Uruguay sigue siendo un país caro para invertir y para vivir”, expresa entre otros conceptos la proclama dada a conocer recientemente por el Movimiento Un Solo Uruguay, en el que la organización nacida del Interior advierte sobre la pérdida sostenida de competitividad, el aumento del costo país y la urgencia de pasar del diagnóstico a las soluciones. El documento reclama eficiencia del Estado, reglas claras y un compromiso nacional que ponga en el centro al trabajo, la educación y el futuro del país.

Por supuesto, al escenario que plantea el movimiento es resultado de un proceso que se viene dando sin solución de continuidad desde hace mucho tiempo, con gobiernos de todos los partidos, los que a su vez han ido heredando y dejando situaciones y ninguno se ha atrevido, para no pagar costos políticos, a adoptar las medidas antipáticas que se necesitan, de corte estructural, para cambiar este estado de cosas, que sigue agravando el panorama y las consecuentes respuestas a medida que pasa el tiempo.

En este sentido expresa asimismo el documento que “hace ocho años nos unió la realidad. Hoy, esa realidad nos exige dejar de diagnosticar y empezar a resolver”. El documento del USU insiste en que el problema estructural no pasa por la falta de voluntad política o social, sino por una tendencia sostenida que erosiona la capacidad productiva. “El problema central no es la falta de voluntad, sino la pérdida sistemática de competitividad”, afirma la proclama, al tiempo que subraya que “Uruguay sigue siendo un país caro para invertir y para vivir”.

Señala en este contexto el impacto de los costos internos sobre la producción y la vida cotidiana, habida cuenta de que “seguimos pagando tarifas que no reflejan eficiencia, sino necesidades de caja del Estado”, una situación que termina trasladándose a toda la economía. Producir en Uruguay, advierte el movimiento, “cuesta más que en cualquier país vecino, y eso nos saca de los mercados”.

La proclama además describe una economía donde los costos crecen de forma constante mientras los ingresos dependen de variables externas. “Vivimos en una economía indexada, donde casi todo sube al ritmo del Estado, mientras el productor, el comerciante y el exportador quedan atrapados entre precios internacionales que no controlan y costos internos que no paran de crecer”.

Esa brecha entre costos internos y valor de la producción, agrega, “está asfixiando la rentabilidad de la exportación y del comercio local”, con consecuencias que se repiten: empresas que cierran, empleos que se pierden y un país que queda rehén de enfrentamientos que “no conducen a soluciones”.

El documento también refiere a los efectos de conflictos mal gestionados y posturas inflexibles que han generado impactos visibles. “Se ha tirado leche, se ha dejado de faenar, se han paralizado puertos y se ha desconectado al país del mundo”, siempre con el resultado de pérdida de trabajo y deterioro productivo. En la misma línea, en un reciente artículo de Rurales de EL TELEGRAFO, la Asociación Rural del Uruguay alerta por el atraso cambiario tras la caída del dólar a 36,10 pesos –interbancario– y espera que el Ministerio de Economía y Finanzas anuncie medidas en estos días para recuperar competitividad en el agro.

Así, el presidente de la gremial, Rafael Ferber, expresó su preocupación por el debilitamiento del dólar frente al peso y también advirtió que el atraso cambiario compromete la competitividad del agro y pone en riesgo la rentabilidad de varios rubros exportadores. Consideró en este sentido que “la verdad es que es un desastre que no podamos capitalizar los buenos momentos que podamos tener en distintos rubros y se nos vaya todo por el tipo de cambio”, a la vez que trajo a colación que “pasan los gobiernos, cuando la oposición marca el problema y el oficialismo no lo puede resolver”.

Dijo sin embargo que esta vez puede ser diferente porque el tema está en la agenda del equipo económico de gobierno, de lo que se informó a través de un contacto telefónico con el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien le pidió plazo para evaluar alternativas.

“Me dijo que se está estudiando la situación a ver qué medidas se pueden tomar, obviamente dentro de las lógicas. No esperemos nada del otro mundo, pero sí a corto plazo. Me pidió plazo para que haya algún anuncio al respecto”.

Es decir, nada que no haya evaluado y prometido el ministro de Economía de cada gobierno de turno, pero una cosa es la buena soluntad y la disposición y otra realmente encaminar las cosas para que se mueva la aguja, y este es el punto: la distorsión ha llegado a un punto tal en el tipo de cambio que cualquier medida que tenga impacto y que no sea por lo menos gradual traería a la vez consecuencias muy negativas, con ganadores y perdedores desde un primer momento, pero con un país convulsionado por tiempo indefinido, desde que todos los valores están situados con el dólar como referencia directa e indirecta, incluyendo parámetros clave como la inflación, ajustes salariales, valores de servicios y energía, dentro de un largo etcétera que ha ido evolucionando de acuerdo a las circunstancias con el paso de los años y los parches que se han ensayado sin consecuencia significativa de tipo estructural, que es el gran problema a resolver.

Es que pese a lo que ha señalado en más de una oportunidad el presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, en el sentido de que los uruguayos deberíamos dejar de tener el dólar como referencia y por ejemplo, reducir sustancialmente el ahorro en dólares y las operaciones en esta moneda, es muy difícil, por no decir imposible, cambiar este factor cultural en el país, porque además no es antojadizo, sino que responde a una realidad prácticamente de siempre. Por ahora, el dólar planchado favorece las importaciones y complica a los exportadores, mantiene la inflación acotada, pero al mismo tiempo tenemos los combustibles y la electricidad más cara de la región, de las de nuestros directos competidores, como así también salarios altos en dólares y costos internos en dólares, que en la comparativa internacional hacen que seamos muy caros, aunque esto favorezca por ejemplo salir de turismo o comprar bienes y servicios en el exterior.

Todo ello en desmedro del trabajo nacional y la sustentabilidad de los emprendimientos y las fuentes de trabajo, incluso de las que dependen de aquellos rubros donde comparativamente tenemos ventajas para producir, porque los costos internos corroen gran parte de estas ventajas. Descontamos que tanto el actual ministro, como los de los gobiernos anteriores, han estado preocupados y ocupados en cambiar este estado de cosas. Pero una cosa es querer y otra es poder hacerlo sin consecuencias desde el punto de vista del costo político y del precario “equilibrio” en nuestra economía. Es algo así como estar jugando al jenga y sacar una de las piezas de abajo en la urgencia, sin querer afectar a la torre trabajosamente mantenida erguida. Con suerte, y de tener éxito, solo lograríamos hacerla temblar, pero siempre expuestos al derrumbe. Por algo por ahora toda medida ha sido cosmética, y nadie ha intentado –por suerte– alguna “genialidad” en este tembladeral en el que nos hemos metido solos con el paso de los años, y del que será harto difícil salir, como ha quedado demostrado. Lo único seguro es que la salida no podrá lograrse –tal vez sí iniciarse– en un solo período de gobierno, ante la magnitud del desafío.

El último censo del Instituto Nacional de Estadística, realizado en 2023, señalaba que más de 3.500 personas se encuentran en situación de calle y que, de ese total, unas 1.300 residen en Montevideo. Sin embargo, en todo el país son 8.600 las personas que utilizan los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social.

Con este panorama, el Poder Ejecutivo elabora la primera Estrategia Integral para el Abordaje de la Situación de Calle y busca enfocarse en un problema que, en los últimos años, ha deteriorado la convivencia en distintos barrios.

La Ley de Faltas (Ley Nº 19.120), aprobada y promulgada en 2013, establece —entre otros aspectos— la preservación de los espacios públicos. Por ejemplo, sanciona conductas como tirar basura en la vía pública, romper o vandalizar contenedores de residuos y realizar necesidades fisiológicas en la calle.
Esta ley, ampliamente discutida y votada durante el gobierno de José Mujica, tampoco permite dormir en la vía pública. La persona que lo haga y haya sido intimada en dos oportunidades para desistir de su actitud deberá cumplir trabajo comunitario. Además, la norma faculta al Ministerio de Desarrollo Social a recabar su identidad y ofrecer una alternativa adecuada. La ley comenzó a aplicarse el jueves de la semana pasada en Montevideo, de forma conjunta entre los ministerios de Desarrollo Social y del Interior.
Y, a fuerza de ser sinceros, su puesta en práctica responde a los múltiples reclamos de comerciantes y vecinos de los barrios más céntricos de la capital, a quienes les resulta cada vez más difícil trabajar, estacionar sus vehículos o incluso ingresar a sus casas sin enfrentar conflictos de convivencia con personas en situación de calle.

La alta concentración en zonas como Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Palermo llegó a un punto crítico que incluso ha costado la vida de personas que pernoctan a la intemperie, además de generar altercados frecuentes y lesiones derivadas de la disputa por espacios que son públicos.
El operativo, dirigido por la Jefatura de Policía de Montevideo, cuenta con el apoyo de la Guardia Republicana y la Dirección Nacional de Bomberos. Los equipos están conformados por un ómnibus, personal de custodia, un camión para la recolección de residuos y una camioneta que transporta personal técnico.

Este despliegue es el resultado de haber dejado pasar demasiados años, amparándose en argumentos como el “derecho” al uso del espacio público y en una mirada permisiva cada vez que se advertía sobre las consecuencias del consumo de sustancias. Cualquier sustancia, no solo drogas.
Con el paso de las décadas, los conflictos se profundizaron al mismo ritmo que las quejas. La evidencia es clara: mirar para el costado tiene consecuencias que luego hay que paliar —no solucionar, sino mitigar— un problema mucho más grave que el de “simplemente” vivir a la intemperie.

Las personas serán trasladadas a un centro de atención ubicado en el barrio Casavalle y, de acuerdo con lo indicado desde la Jefatura de Policía capitalina, el procedimiento se realizará de manera “metódica”. Es decir, no tiene una fecha de finalización prevista.

La pregunta que queda flotando apunta a la calidad de la contención que se les brinda. Porque convengamos en que no están privadas de libertad: pueden salir en cualquier momento de esos dispositivos. Y entonces surge la siguiente pregunta inevitable: ¿a dónde van?
En su mayoría, y según distintos relevamientos, se trata de personas que han salido de la cárcel. Si bien la denominación formal es Instituto Nacional de Rehabilitación, es sabido que no egresan rehabilitadas. Con vínculos familiares rotos, sin referentes cercanos ni una vivienda donde alojarse, resulta lógico que la calle los espere.
Tanto los vecinos que se quejan como las propias personas en situación de calle que demandan atención requieren un abordaje a largo plazo. Y ese abordaje debe incluir recursos económicos, humanos, logísticos, técnicos y de infraestructura que hoy el país no tiene, al menos por ahora.

De hecho, las últimas administraciones han terminado apoyándose en organizaciones de la sociedad civil que —con los años y la experiencia— hacen lo que pueden con los recursos que consiguen, cuando en realidad se trata de una responsabilidad del Estado.

Así, un problema que siempre existió ahora se visibiliza como tal y se buscan soluciones.
El 25 de agosto de 2024, el gobierno anterior comenzó a aplicar la Ley de Internación Compulsiva o Involuntaria, que preveía la posibilidad de recurrir a la Policía si la persona se resistía.
Ese mismo año se modificó un artículo de la Ley Nº 18.787, de 2011, también aprobada durante el gobierno de Mujica, que habilitaba la internación “aun sin consentimiento” cuando la persona en situación de calle se encontrara en grave riesgo de enfermedad o muerte, o pudiera provocarse daño a sí misma o a terceros.

El oficialismo de entonces valoró la norma como una nueva “herramienta”, mientras que la oposición votó dividida. “Es un intento muy equivocado de resolver un problema social con una mirada represiva” y “no solo no la comparto, sino que ha quedado demostrado que no funciona”, afirmaba el entonces diputado socialista Gonzalo Civila en una entrevista con El País. Allí señalaba, además, la necesidad de “no tratar a las personas que están en la calle como si fueran delincuentes. Ese es un punto importante”.

En los primeros días de aplicación de la Ley de Faltas, resuelta la semana pasada por el presidente Yamandú Orsi junto a Civila —actual ministro de Desarrollo Social— y Carlos Negro, al frente del Ministerio del Interior, unas setenta personas fueron retiradas de los espacios públicos donde se encontraban.

En los próximos días, según adelantó Civila, se terminará de elaborar una estrategia que se desplegará en todo el país, con el traslado de personas a distintos centros del Mides. Claro que, como señaló el ministro, “construir la voluntad de las personas es un desafío”.

La estadía en el centro de Casavalle, al igual que en cualquier otro del país, es de carácter voluntario. Eso implica que las personas pueden decidir retirarse en cualquier momento.
Y esa es, probablemente, la parte más compleja del abordaje de la situación de calle y del éxito de cualquier estrategia que se pretenda implementar.