Opinión

No puede hablarse de una “invasión” de Estados Unidos a Venezuela, sino que se trató de una “extracción” para un requerido por la Justicia norteamericana como narcotraficante criminal. En realidad una invasión es la que está ejecutando Rusia en Ucrania y la pérdida de soberanía la protagonizan Venezuela y el gobierno chavista, al contar en su territorio con militares cubanos e iraníes, así como supuestas inversiones chinas y de Rusia en áreas estratégicas.

No expreso esto para pelearme con nadie, y mucho menos con amigos, a quienes conozco y respeto. Siempre tuvimos buena relación y la seguimos teniendo, aunque después de lo que me pasó no nos hayamos vuelto a ver. Justamente por eso hablo desde el respeto, no desde el enojo. Respecto a lo que pasó en Venezuela y a todo este discurso que defiende a Maduro, a Fidel Castro, a Rusia o a China, yo me pregunto algo muy simple: si esos países son tan buenos y están tan bien manejados, ¿por qué nadie se va a vivir ahí? Yo, por lo menos, no conozco a nadie de Paysandú que se haya ido a China a vivir. No conozco a nadie que se haya ido a Cuba y se haya quedado. Y de Venezuela, ni hablar: todos salen corriendo. Lo que sí veo es gente acá, desde la comodidad, con banderas de Cuba, gorritos, consignas lindas y discursos románticos. Mucho “Cuba libre”, mucha pose, pero a la hora de hacer las valijas, todos apuntan para el mismo lado: España, Estados Unidos, países que justamente no son esos que defienden con tanto entusiasmo. Yo no veo multitudes queriendo ir a vivir a países de izquierda. Veo lo contrario: veo gente escapando del hambre, de la falta de libertad y de la miseria. Y eso no es un relato, es la realidad. Defender desde afuera es fácil; vivirlo, nadie quiere. También estoy en desacuerdo con la postura que ha tenido el gobierno de Yamandú Orsi y el propio presidente en sus declaraciones a propósito de este tema.

David Doti

OSE debería ser la empresa nacional más importante del país ¿por qué? Porque debería ser un servicio esencial y gratuito, porque el agua es vida y sus funciones son para quitar la sed, purificar el organismo, cumplir con la higiene personal, cocinar y algún otro asunto directo de primera necesidad para el ser humano.

¿Dónde está el problema de que OSE no cumpla con lo obligatorio aunque digan que los valores de pureza del agua están dentro de los valores permitidos? (no óptimos). Cada vez se venden más purificadores de agua y los filtros se cambian con una carga de contaminación muy alta. OSE, Directorio, técnicos, funcionarios y obreros, ¿están preparados para llevar adelante tan valioso servicio para la salud y sociedad humana? ¿Prevé OSE la presión necesaria del agua para que llegue correctamente a todos los hogares? Cada vez hay más edificios de apartamentos, cada vez hay más lavaderos de ropa, cada vez hay más lavaderos de autos, cada vez hay más piscinas, cada vez más jardines y quintas que regar, cada vez hay más irresponsables que lavan veredas, etcétera.

Hay viviendas de construcciones de más de 2 pisos y con baños en los ambientes superiores que no pueden usar los calefones por falta de la presión y funcionan inadecuadamente. Las calderas de gas líquido en algunos casos, deben adicionarles tanques con agua para que funcione el agua caliente porque no hay presión. No hay presión del agua porque creemos que si se la dieran ¿se romperían los caños viejos? ¿Por qué si un servicio es ineficiente aumenta el valor del costo? Primero debe ser “eficiente” para así poder aumentar su costo y no al revés. El gobierno que “sabe todo” debería capacitar a sus técnicos y personal en conocimientos para que realmente sepan lo que se debe hacer: servir adecuadamente a los usuarios y no lucrar solamente, controlando el cumplimiento estricto del trabajo que realizan. No vendernos espejitos de colores a cambio de oro. ¿Deberíamos recurrir a un hada madrina para encontrar la solución?

Usuario de OSE

El algoritmo de Euclides es un método eficiente para calcular el máximo común divisor (MCD) de dos números enteros mediante divisiones sucesivas. Se basa en el principio de que el MCD de dos números no cambia si el número mayor se reemplaza por el residuo de dividirlo por el número menor. Este método fue descrito por el matemático griego Euclides en su obra Elementos y es uno de los algoritmos más antiguos utilizados en matemáticas.

No solo se utiliza el algoritmo de Euclides (ca. 325–ca. 265 a. C.) para este cálculo. Tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo, en la simplificación de fracciones, en la teoría de números y, de manera no menor, en la criptografía, para algoritmos de cifrado y seguridad de datos. Este algoritmo es fundamental tanto en matemáticas como en computación.

Pero el término “algoritmo” no es nuevo. Proviene del latín algorithmus y del apellido del matemático persa Al-Juarismi, latinizado como Algorithmi. Uno de los algoritmos más antiguos de la matemática se atribuye a Euclides, a quien ya referimos en el párrafo anterior.

Todos le señalan…

Hace ya mucho tiempo que se señala que el problema es “el algoritmo”. Bueno, lo primero es que el algoritmo es una invención humana. Por lo tanto, si hubiera un error de diseño, un propósito inmoral en su formulación o si todo el algoritmo fuera un plan frustrado, el problema recae en quienes lo formulan y lo desarrollan.

En informática, se llama algoritmo a una “secuencia de instrucciones u operaciones específicas que permiten controlar determinados procesos”. Dicho de otro modo, se trata de conjuntos finitos y ordenados de pasos que nos guían para dilucidar un problema o alcanzar una decisión. Aunque para la mayoría sea una incógnita o un concepto más bien intuitivo, todo parece obedecer hoy al mandato de los algoritmos. Casi como un aporte a la invisibilización de los responsables reales y operativos, los algoritmos se han vuelto omnipresentes gracias a la automatización digital. Se trata de desarrollos sofisticados que controlan el funcionamiento de las redes sociales y de los buscadores de internet, entre otras prestaciones de software, para ofrecer al usuario una “experiencia personalizada”.
En informática, estos algoritmos son los responsables de regular el funcionamiento de las redes sociales y de los buscadores de internet. Pero son desarrollos empresariales e ideológicos, que no son azarosos ni mucho menos neutros.

En el desarrollo de software, los algoritmos describen los pasos de un proceso que luego se programan para que el computador los ejecute. Dicho en otras palabras, los algoritmos definen la lógica de funcionamiento que posteriormente se traduce en código ejecutable.
Una aproximación conceptual más propia de los expertos sostiene que “un programa informático puede considerarse como una serie compleja de algoritmos ordenados y codificados mediante un lenguaje de programación para su posterior ejecución en un sistema informático”.

Clasificación de los algoritmos

Un primer criterio descriptivo, basado en la función que cumplen, permite clasificarlos con mayor claridad:
De búsqueda
De ordenamiento
Predictivos
Probabilísticos
De optimización
Llegamos así a la zona más caliente: la de los algoritmos de redes sociales y de distribución de contenidos. Estos algoritmos no son sistemas neutrales ni abstractos, sino dispositivos diseñados por empresas concretas, con intereses económicos y posiciones políticas definidas, que influyen activamente —y en algunos casos de manera agresiva— en la experiencia ideológica de los usuarios, como ocurre en plataformas como X.
Para ser más claros y directos: la autoría de los algoritmos de distribución de contenido corresponde a empresas específicas cuyos intereses y posicionamientos políticos se inscriben en el diseño mismo de estos sistemas, convirtiéndolos en herramientas de intervención ideológica más que en mecanismos neutrales de organización de la información.

Ejemplos hay, y variados…

Plataformas como X han sido señaladas por priorizar contenidos alineados con determinadas posiciones políticas o ideológicas, aumentando su visibilidad mediante recomendaciones, tendencias o interacciones destacadas, mientras relegan o invisibilizan voces críticas.
También se observa la aplicación selectiva de políticas de moderación, donde ciertos discursos de odio, desinformación y acoso permanecen activos si provienen de actores alineados con la orientación política dominante de la plataforma, mientras otros contenidos son sancionados.
Existen, además, estructuras que premian la confrontación, el racismo, el odio y la simplificación ideológica, empujando a los usuarios a consumir contenidos que refuerzan determinadas visiones del mundo.

A esto se suman prácticas como la administración de las tendencias y el shadow banning, es decir, la supresión silenciosa de contenidos. Son múltiples los mecanismos, como la selección de temas “en tendencia”, que responde a decisiones editoriales algorítmicas destinadas a favorecer o excluir determinados marcos narrativos. También la reducción del alcance de ciertas cuentas o temas sin explicación explícita afecta los derechos de activistas, periodistas críticos y movimientos sociales incómodos para la línea político-empresarial de la plataforma.

En suma, se trata de una burla democrática grave y sigilosa: la penalización algorítmica de medios pequeños, comunitarios o alternativos frente a grandes conglomerados mediáticos con mayor capacidad de inversión publicitaria y alineamiento político con el poder concentrado.

¿Somos libres así?

No, obviamente que no. Se trata de una forma de autocracia que administra la opinión social sobre los temas en los que desea incidir, de acuerdo con intereses económicos y políticos, instalando asuntos que apelan a “rescatar” los peores valores.
En un entorno en el que algoritmos opacos fueron diseñados para actuar como los sheriffs de una aldea invisible, la libertad deja de ser plena y se transforma en condicionada. No se prohíbe hablar: se limita. No se censura: se “jerarquiza ideológicamente”. No se impide informarse: se encierra al usuario en laberintos previamente filtrados.

Desde esta perspectiva, se trata de una libertad administrada, donde las condiciones materiales de acceso a la información y de circulación del discurso están severamente controladas por actores privados invisibilizados, con intereses propios.
La pregunta ya no es solo si somos libres, sino qué tipo de libertad es posible cuando los espacios centrales del debate público están gobernados por lógicas empresariales y algoritmos ideológicamente cargados. La libertad formal persiste; la libertad sustantiva, en cambio, se encuentra seriamente erosionada.

Los algoritmos no solo organizan y priorizan información, sino que participan activamente en la producción de sentido, poder y hegemonía en el ecosistema digital contemporáneo, cada vez más contaminado y arbitrario.
Ha desaparecido el profundo concepto del interés general: el de organizar la vida social de modo que el poder, la libertad y la igualdad de oportunidades frente a los recursos y la información estén orientados al bienestar colectivo y no subordinados a lógicas arbitrarias y excluyentes.
Así de antidemocrática es la manipulación digital en la era del algoritmo que nos ha tocado en suerte.

No me afecta para nada; no tengo previsto irme a vivir y mucho menos a morir a EE. UU. Pero pregunto: ¿nuestra Cancillería no imaginaba que algo así podía pasar? Este sí es su primer logro, porque con lo del Mercosur – UE y la Transpacífico nada que ver, venían de atrás, de gobiernos liberales y democráticos. Mérito (todo) de esta Cancillería. De este gobierno. Como lo han sido el embajador en Etiopía y los avances contra Israel y pro Palestinos y Hamás.

El aviso es muy claro, solo un “toquecito”, pero para advertir que están atentos. No importan los 75 países de la lista: importan solo tres: Brasil, Colombia y Uruguay. No están ni Chile ni Honduras que cambian de gobierno de aquí a marzo y dejan de ser “progresistas”, ni tampoco México, otro pequeño detalle.
Entonces aparece el diálogo y la figura del presidente campechano y amigo al comando. Diálogo que no fue con lo de Cardama –fea aquella conferencia de prensa, ¿no?–, ni tampoco con lo de María Dolores, o lo de ASSE más su Fonasa, y algunos otros temitas; como el de “las embajadoras” que dejó muy mal, especialmente a los blancos; salvo que hubiera sido conversado previamente con Volonté.

Se procurará, entonces, una política de Estado, más que multipartidaria. Pero no con la actual Cancillería, se supone. Tendrá que ser un canciller nuevo y de los otros; de la coalición republicana, de su confianza. Como ocurrió con Iglesias en el ’85: no un político activo, pero sí un hombre muy ligado a Wilson, cuya presencia reforzó la credibilidad para un gobierno de unidad y nacional. Por supuesto tendrá que definirse muy bien cuál es el tipo de relación con Itamaratí.

Todos saben que Mujica indicó seguir a Lula y que nuestra política exterior está marcada por Brasil y un Lula con demasiados traspiés. A su vez algo se deberá decidir en la interna del gobierno: una cierta coordinación. No puede el presidente Orsi y algunos pocos más de su entorno, ir por una lado y por el otro los principales partidos de gobierno, léase el MPP y el Partido Comunista y sus activas colaterales (Pit Cnt, organizaciones sociales, “las bases”) y un resto aún más radical. Sus ministros están allí, es difícil separar las cosas y además hacérselo creer a los de afuera.

Para la oposición es una gran prueba y una chance de mejorar imagen y performance, las que no se perfilan con interpelaciones, de las que nadie se entera salvo que las votaciones son a favor del ministro del gobierno.

Para el caso de la política exterior, si se integra, debe ser marcando territorio, con su ministro propio, y si por el contrario quedan fuera, debe ocuparse de lleno y con firmeza a cumplir su función de control, vigilancia y fiscalización, de proteger a las minorías, garantizar respeto de derechos de todo tipo y defender la Constitución en serio y si es preciso proponer soluciones alternativas o complementarias.
Es lo que los ciudadanos esperan de la oposición, es lo que sus votantes quieren. No que negocien o sean “constructivos” o facilitadores lo que se ve como un mero disfraz para ser funcional al gobierno e ir tirando por 5 años más; y siempre en el Presupuesto. Continuar en “piloto automático”, como lo definió hace unos días un argentino, profesional reconocido, no un “charla barata”. Un país en piloto automático que se mantiene pero que no se sale de ahí ni se sabe hacia dónde vuela. A Orsi y el FA le conviene, pero a la oposición, ni le conviene ni le puede convenir.

En las últimas horas se ha sumado una perla más al lamentable collar de despilfarro de dineros públicos, en este caso a través de una resolución ilegal del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), cuyos directores en mayoría votaron una partida mensual de 20 Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), aproximadamente 131.500 pesos uruguayos, para cada uno de los directores pese a que la ley en vigencia establece que dichos cargos deben ser honorarios. Esta lamentable iniciativa fue elevada por el actual director e integrante del Directorio electo, Fernando Rodríguez Sanguinetti y se aprobó con cuatro votos a favor y dos en contra. Los votos afirmativos fueron de Fernando Rodríguez Sanguinetti (con altas posibilidades de ser el próximo presidente de la CJPPU), el médico Robert Long (ya que Odel Abisab, electo por los jubilados, estaba de licencia) y los dos representantes designados por el Poder Ejecutivo (PE), la economista María Noel Sanguinetti Vezzoso y el Dr. (Abogado) Gustavo Rodríguez Azcué. Quienes se opusieron a la propuesta fueron el presidente y la vicepresidenta salientes, Hugo Daniel Alza y Virginia Romero.

Una fuente de la CJPPU dijo a La Diaria que “llama profundamente la atención” el voto afirmativo de los delegados del PE y también el hecho de que, de los cuatro votos positivos que obtuvo la propuesta, tres integrarán el nuevo directorio en el futuro.

La CJPPU fue creada en el año 1954 por la Ley N°13/08/1954, estableciendo con ello un marco previsional para los profesionales universitarios que trabajaban en forma independiente o autónoma. Desde ese año la remuneración de los directores de la Caja fue regulada de diversas formas. En el caso de la Ley N°17.738 de 07/01/04 se estableció, en su artículo 15, que “las retribuciones nominales mensuales de los miembros del Directorio para el período siguiente, serán fijadas con una antelación de noventa días a la realización del acto electoral. (…) Dichas retribuciones se ajustaban por la variación del Índice Medio de Salarios, en las mismas oportunidades que las retribuciones de los funcionarios, estando vigente con carácter general que las retribuciones por todo concepto de los integrantes de los órganos directivos de las Personas Públicas No Estatales (PPNE) no podrán superar, en ningún caso, la de un Subsecretario de Estado.

Atendiendo a la situación financiera de la CJPPU y en virtud de la Ley N°20.130 de 02/05/23 los cargos del directorio de esa institución dejaron de ser remunerados y pasaron a ser honorarios. En efecto, el referido artículo 289 establece claramente que el desempeño de los cargos de integrantes del Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios serán honorarios. Esta disposición entrará en vigencia a partir de la toma de posesión de cargos de las nuevas autoridades electas en las próximas elecciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios”. O sea: no queda duda que el Directorio electo en las elecciones celebradas el 10 de diciembre de 2025 y que aún no ha asumido tiene cargos de carácter honorario Obviamente a los “señores directores” no les gustan los cargos honorarios y trataron de “arreglar la changa” a costa de los bolsillos de todos los uruguayos. Como ha sucedido desde la llegada de Hernandarias hasta el presente, en este país, sin importar que partido gobierne, “los nabos de siempre” terminamos pagando la cuenta, aunque nunca nos dejen entrar a la fiesta.

Cuando la noticia de la votación de la partida mensual para los directores de la CJPPU llego a las redes sociales y a los portales de noticias, las respuestas de rechazo no se hicieron esperar. De acuerdo con La Diaria, el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone expresó: “Estamos sorprendidos, no estamos de acuerdo y estamos trabajando en el tema” y señaló que se encuentran “viendo cómo es el mecanismo de revisión” para revertir lo que se votó. Según el portal de noticias Observa, Oddone detalló que tampoco el presidente Yamandú Orsi ni el ministro de Trabajo, Juan Castillo, estaban al tanto del tema. El ministro de Economía y Finanzas enfatizó en que “una cosa es discutir viáticos para compensar una actividad y otra la resolución adoptada por la mayoría del directorio”. Este último medio informó que “El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, escribió que ‘si es cierto que se votaron una partida y los dos delegados del Ejecutivo no se opusieron, deben ser removidos’. Por su parte el exministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, calificó el hecho de ‘flagrante ilegalidad’ en unas de sus publicaciones en redes”.

Como informa el medio antes mencionado, tanto los directores de la CJPPU Virginia Romero como Alvaro Alza solicitaron que se eleve al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, copia del acta y los antecedentes respectivos. A raíz de lo anterior, el trámite pasará a estar en manos del MTSS, quien deberá resolver la legalidad de lo que se votó. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 60 días para pronunciarse. Según ese medio de prensa, hay un informe del área Jurídica del organismo elaborado el jueves 8 de enero que es “claro y contundente” con la ilegalidad de lo votado, además de que se leyó durante la sesión. Un fragmento al que accedió este medio indica que “no resultaría ajustado a derecho fijar ninguna remuneración que contravenga lo dispuesto por la Ley 20.130 en cuanto al carácter honorario del desempeño del cargo de Director”. Es importante que la idea del cobro de partidas mensuales por parte de los directores de la CJPPU estuvo incluida en el texto original enviado por el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Yamandú Orsi pero luego fue retirada porque la oposición puso como condición su eliminación.

Ahora vendrá la hora en la cual lloverán informes jurídicos de destacados profesionales defendiendo una u otra posición porque como dice la famosa frase “siempre existen dos bibliotecas”, pero en este caso –como en tantos otros que la discusión se saldó con el voto de la mayoría oficialista, a contrapelo de cualquier norma– no vale tal conclusión. Lo que hicieron los directores de la CJPPU Fernando Rodríguez Sanguinetti, Robert Long, María Noel Sanguinetti Vezzoso y Gustavo Rodríguez Azcué es claramente contrario al artículo 289 de la Ley N°20.130 y por ende ilegal. Estos directores, con su voto afirmativo, son responsables tanto institucionalmente como desde el punto de vista personal por esa resolución. Aún cuando estos directores puedan contratar los servicios de algún letrado amanuense diligente y servil cuya pluma trate de justificar tamaña aberración jurídica, lo cierto es que se trata de una resolución que, más allá de lo jurídico, sigue siendo completamente contraria a la ética y a la moral.

Ante este panorama, corresponde al Poder Ejecutivo tomar las más enérgicas y ejemplarizantes resoluciones, contra quienes votaron afirmativo y especialmente contra sus propios representantes en el directorio. Se trata nada más y nada menos que de un tema de respeto. Respeto al dinero que los uruguayos aportamos a la CJPPU así como a otras cajas paraestatales y porque estas cuatro personas se están riendo a carcajadas de todos los uruguayos.

El usuario de X (antes Twitter, y todavía para los nostálgicos del pajarito azul) @andresweiss_ publicó lo que denominó “Una historia en 3 actos para entender cómo se propagan los bulos hoy en día”. El primero de los actos fue un fan (aficionado, hincha, seguidor, etcétera) que hace un diseño de una camiseta de Alemania, negra, de alternativa. Valiéndose seguramente de alguna herramienta de inteligencia artificial no solamente logra un diseño armónicamente estético sino además un resultado realista y le incluye en el centro del pecho la fecha y el rival por primera ronda del mundial que se avecina: Germany-England, 30 junio 2026, New York.

En el segundo acto del relato de Weiss, la gente, el público, cree que se trata de un diseño real, de una imagen de una camiseta verdadera de la selección de Alemania y no de una simple imagen diseñada por alguien a quien se le ocurrió cómo podría lucir bien la camiseta de la selección. Como el resultado fue exitoso se empezó a propagar la mentira. En el tercer y último acto, páginas de camisetas falsas empiezan a producirlas y venderlas como si se tratara de réplicas de una camiseta real, porque a 16 euros nadie pensaría que estaba comprando una camiseta de verdad de una de las marcas más prestigiosas del mundo del deporte. Es difícil determinar quién es el verdadero perjudicado, si el diseñador original, el comprador final o la marca de indumentaria, porque cada uno, a su modo se aprovechó de la situación.
En los primeros días del año el Ministerio de Industria, Energía y Minería publicó una advertencia acerca del uso indebido de la imagen de la ministra Fernanda Cardona para tratar de efectuar una estafa cibernética. La raíz de la advertencia es un video en el que manipula la imagen de la secretaria de estado a través de una herramienta de inteligencia artificial, buscando estafar a la ciudadanía, haciéndole creer que puede invertir en un programa de UTE, inexistente, por otra parte. Adjunto al audiovisual figura un enlace que dirige a una publicación bajo el título New product for the world of technology. A través de la inteligencia artificial se replica la voz de la ministra para hacer pensar que ella, de forma totalmente falsa, invita a la ciudadanía a invertir en un programa inexistente, que en la publicación se denomina Programa de inversión ciudadana UTE 2026.

“Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) insistimos en advertir que se trata de una estafa y que cada palabra que pronuncia la ministra es falsa, ya que su voz fue manipulada a través de inteligencia artificial. El programa de inversión que se presenta no existe. A través de este video apócrifo solo se busca estafar a la ciudadanía utilizando la imagen de la secretaria de Estado”, informó la cartera. Además advirtió a la población sobre la existencia de este tipo de estafas “y reiteramos la importancia seguir los canales oficiales de comunicación para conocer las herramientas y programas existentes en la órbita de nuestro ministerio”.

También exhortó a denunciar todo tipo de información sospechosa ante la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior. No es la primera vez que ocurre algo parecido. Anteriormente se utilizó la imagen del ministro del Interior, Carlos Negro, y la del propio presidente de la República, Yamandú Orsi. Claro, la calidad de la falsificación ha ido mejorando cada vez, acercándose a resultados más realistas, por más que es inverosímil que en nuestro país las autoridades salgan a promocionar inversiones y a prometer retornos exagerados. Es un momento extraño del mundo este en que estamos viviendo. La penetración que ha logrado todo la digital en nuestra cotidianidad sin dudas que nos facilita mucho la vida, aunque por otros lados nos expone a nuevos riesgos, algunos que todavía no tenemos del todo claro cómo operan, pero que tienen que ver con manipulaciones a gran escala de la opinión pública, algo de lo que no hemos hablado lo suficiente, simplemente asumimos que un episodio como el de Cambridge Analytica ocurrió y quedó atrás, aunque es la punta de una madeja que no hemos desentrañado, aunque hay hasta películas documentales al respecto.

Pero volviendo a lo nuestro, la Agesic (Agencia para el gobierno electrónico y la sociedad de la información) publicó antes del verano una serie de consejos para mantenerse a salvo de sufrir este tipo de estafas o exponerse a situaciones de abuso o acoso a través de las redes sociales, principalmente. La lista es larga y no es el propósito de esta página repasarla, en todo caso pueden acceder por medio del código QR, pero sería bueno enfatizar en un concepto que encabeza el listado de estos consejos: “No todo lo que ves en Internet es real, es importante chequear las fuentes de información y evitar compartir contenidos falsos que generan desinformación”.

Mucha agua ha corrido bajo los puentes, a partir de que hace 25 años se iniciaran las negociaciones para la concreción del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), cuya firma se ha anunciado finalmente para este sábado 17 de enero en Asunción del Paraguay. Cuando se va a concretar por fin el objetivo buscado ansiosamente por los países de la región hace ya un cuarto de siglo, deberían entonces echarse campanas a vuelo por los bloques y países involucrados, pese a que como es sabido, en todo acuerdo de esta naturaleza siempre hay ganadores y perdedores, de acuerdo al país y sector de que se trate, por lo menos a prioiri, porque después sobre la marcha las cosas pueden cambiar en el fragor del intercambio, las denuncias y los elementos distorsionantes que suelen aparecer.

En síntesis, la asociación estratégica implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes, con un Producto Bruto Interno Bruto (PBI) conjunto equivalente a una cuarta parte del PBI mundial y una corriente comercial total que asciende a aproximadamente 100.000 millones de dólares, expresa el Mercosur en su sitio web.

La idea, desde los países sudamericanos signatarios, es que los vínculos económicos y comerciales se verán fortalecidos con el aumento de las exportaciones a la Unión Europea, así como la creación de un ambiente propicio para la atracción de inversiones, que impactará positivamente en el desarrollo socioeconómico de los países integrantes de ambos bloques. La salvedad, es que hay una heterogeneidad notoria, y este es precisamente el punto que ha trancado por tanto tiempo que se acordaran los puntos más controvertidos en estas negociaciones, sobre todo porque los productores de países europeos como Francia y Polonia, entre otros, consideran que serán grandes perdedores frente a los productos similares que ingresarán a menores precios desde los países sudamericanos, porque hay ventajas comparativas naturales en el Mercosur, aunque los granjeros europeos disfracen su protesta de reclamos medioambientales.

No obstante, a mediados de diciembre del año pasado el Parlamento Europeo aprobó por mayoría absoluta la inclusión de cláusulas de salvaguarda para el sector agrícola. La iniciativa dispone la revisión del acuerdo en caso de que las importaciones en “productos sensibles” aumenten un 5% en promedio en un período de tres años.

Asimismo, la Comisión Europea podría investigar “cuando existan pruebas creíbles de que las importaciones que se benefician de preferencias arancelarias no cumplen requisitos equivalentes en materia de medio ambiente, bienestar animal, salud, seguridad alimentaria o protección laboral a los que se aplican a los productores de la UE”, según informó el Parlamento Europeo. De acuerdo al informe “Consolidación del acceso comercial de Uruguay al continente europeo”, en 2024 Uruguay exportó a la UE bienes por 1.786 millones de dólares y representó 14% del total de las exportaciones, siendo el tercer destino por detrás de China y Brasil.

Los productos de desgravación inmediata por parte de la UE son los productos pecuarios, menudencias bovinas y ovinas, grasas y despojos comestibles de origen bovino, manzanas, peras, ciruelas y cerezas frescas, legumbres, frutos secos, cueros, bebidas –excepto vino–, harina de soja, maíz, autopartes, fertilizantes y fungicidas.

Por otra parte, los bienes que entrarán en el esquema de desgravación a cuatro, siete o diez años son productos como hortalizas, carne equina, plantas y tubérculos alimenticios, cítricos, arroz, alimentos para mascotas, vinos, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, hilados y tejidos de lana, concentrados de bebidas y madera contrachapada.

El informe detalla la situación que recaerá en los productos de “especial interés exportador” que quedarán comprendidos dentro de las cuotas. La carne bovina tendrá una cuota de 99.000 toneladas anuales a distribuir entre todos los países del Mercosur, a la que se aplicará un arancel de 7,5%, lo que representa una reducción respecto de las tasas actuales, que oscilan entre 44 y 62%. Asimismo, se eliminará el arancel de 20% dispuesto por la vigente “cuota Hilton”, que permitía el ingreso de 10.000 toneladas anuales de carne de alta calidad. Según el documento, en 2024 el país abonó por este arancel entre diez y 15 millones de dólares.

La cuota dispuesta para la carne bovina representa apenas el 0,6% de la producción total del Mercosur, que alcanzó 15,5 millones de toneladas en 2023, lo que relativiza el impacto real del cupo en el mercado europeo. Asimismo, Uruguay en 2025 produjo 523.000 toneladas de carne, de las cuales unas 72.000 fueron exportadas con destino a la UE, según datos del Instituto Nacional de Carnes. Esto representa 18% de las importaciones de carne de la UE, que desde hace años ha visto mermada su producción local, al pasar de producir ocho millones de toneladas anuales en 2011 a apenas 6,42 millones de toneladas en 2025, su nivel más bajo en 25 años.

El arroz es de especial interés para Uruguay, ya que es el principal exportador del Mercosur a la Unión Europea. La cuota libre de arancel se ubicará en 60.000 toneladas anuales para todo el bloque, equivalente a apenas 1,4% del consumo anual de la UE, y se implementará paulatinamente en cinco años.
Asimismo, algunos productos lácteos verán eliminados sus aranceles en un plazo de diez años, con cuotas recíprocas para ambos bloques de 10.000 toneladas para la leche en polvo, 5.000 toneladas de fórmula infantil y 30.000 toneladas para quesos.

Por último, la miel, que en la actualidad paga un arancel de 17,3% al ingreso a la UE, le será concedida una cuota exonerada de 45.000 toneladas anuales, un 10% del consumo de la UE, que se implementará gradualmente en un plazo de cinco años. Hablando de ganadores y perdedores, de salvaguardias y compensaciones por pérdidas que sufrirán determinados sectores, en nuestro país, desde que se oficializó la disposición de la Unión Europea a firmar el acuerdo, el sector cárnico es optimista en el sentido de que podrá beneficiarse con un aumento de las exportaciones, en tanto en el sector lácteo las cosas no son tan favorables. La realidad seguramente irá por un camino mucho más sinuoso que el optimista que transmite el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Mario Lutbekin, al reflexionar que “se le abre otro panorama completamente distinto al país, otra oportunidad gigantesca como nunca antes, para un gran crecimiento exportador y que eso signifique fuentes de trabajo e inversión”.

Es bienvenido un acuerdo aunque no regirá de un momento para el otro, sino que pasarán muchos meses, años, antes de que se complete el proceso en los ámbitos de cada bloque para su entrada en vigencia. Pero hay que tener en cuenta que estamos ante un camino de ida y vuelta, de toma y daca, que no va ser lineal y que va a favorecer al consumidor, ante una mayor oferta y reducción de aranceles, pero que en la globalidad beneficiosa del intercambio habrá quienes pagarán un duro precio. La expectativa, la apuesta más bien, es que estas asimetrías puedan irse corrigiendo sobre la marcha y sobre todo, que puedan hacerse en tiempo y forma, antes de que el daño pueda resultar irreparable en los sectores más expuestos.

En un artículo que publicamos esta semana en EL TELEGRAFO dábamos cuenta de la preocupación planteada por el sector de los expendedores de combustible a raíz del fuerte incremento en las ventas de los vehículos eléctricos y el impacto que esto va a tener en su negocio. No con ánimo de plantear algún tipo de defensa, que ya tendrán ellos sus canales para hacerlo —y además aseguran que están en un plano de buen diálogo con el Gobierno— pero sí con la intención de considerar sus argumentos como un insumo en el razonamiento, recordemos que ha enfatizado el expresidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Añón, que el año pasado uno de cada cuatro autos que se vendieron fue eléctrico, que en este año están previendo que alcancen a la mitad del total, y que en las estaciones de la costa de Montevideo, las de las zonas más pudientes, donde se han vendido más vehículos eléctricos, la merma en el expendio de combustibles líquidos ha alcanzado hasta al 20% en algunos puntos. Esto, aseguran, hace pensar que en un plazo mucho más cercano de lo que inicialmente se preveía, su rentabilidad estará en riesgo y deberán hacer cambios. En función de ello es que plantean abrir una discusión sobre el actual régimen de subsidios a la movilidad eléctrica.

En el mismo artículo se citaban declaraciones del gerente de Unvenu, Federico de Castro, quien transmitía las dificultades para simplemente transformar las estaciones de servicio en “electrolineras” —como se les llama en otros lugares— o complementar lo que deja de ingresar por la venta de naftas con lo de los “surtidores eléctricos”, en la medida que en los países con mayor desarrollo en la movilidad eléctrica, la experiencia indica que la carga es esencialmente hogareña y los puntos de carga públicos son complementarios, se recurre a ellos en casos de urgencia.

Un informe en el sitio español especializado en la cultura automotriz Motorpasión da cuenta de la situación en ese país al respecto, en el que se plantea que mientras muchos informes infieren a la falta de cargadores rápidos “especialmente fuera de los grandes corredores de tráfico y en las zonas con menos población”, la realidad indica que la infraestructura de carga en toda Europa está subutilizada. “Hay más de 1,1 millones de puntos de carga para 15 millones de vehículos enchufables (9,3 millones de coches 100% eléctricos), pero su tasa de utilización apenas alcanza entre el 2% y el 8%”. Esto equivale a entre 30 minutos y 2 horas de ocupación al día. “Una miseria en términos económicos que desalienta a los operadores”, opina. Agrega que empresas que operan en ese mercado sostienen que “el verdadero problema no es la falta de cargadores, sino la escasez de vehículos eléctricos por punto de recarga. Es decir, según ellos, no hay más cargadores porque no hay más coches eléctricos”. En otras palabras, la movilidad eléctrica no requiere de la misma cantidad de puntos de carga que los automóviles tradicionales. Motorpasión cita a Philipp Senoner, CEO de Alpitronic, uno de los líderes europeos de las recargas, quien explicaba en una entrevista con Electrive.net “que el verdadero quid de la cuestión ya no es saber si se necesitan más puntos de recarga para fomentar el crecimiento de los vehículos eléctricos, sino más bien constatar que hay muy pocos coches eléctricos por punto de recarga”.

La principal causa a la que atribuyen el bajo aprovechamiento es que el 89% de las recargas se realizan en domicilios particulares. También mencionan problemas de visibilidad y acceso a los puntos públicos, hay averías técnicas frecuentes, los vehículos que ocupan plazas tras completar la carga, y tiempos excesivos de recarga en híbridos enchufables y algunos eléctricos.

Claramente no es por ahí, como dicen los jóvenes, y si –como sostienen los estacioneros– el negocio de la venta de nafta tiene fecha de vencimiento, no será el despacho de electricidad el que los sostenga. Por más que para el creciente parque electrificado sea tan buena noticia saber que dispone de más puntos de carga, como buena noticia es para quien conduce un auto de combustión interna descubrir una estación de servicio que le queda de paso.

Es cierto que muchas de estas características que tiene el mercado de los automóviles eléctricos y el impacto del cambio tecnológico lo venimos descubriendo sino a la par, por lo menos a bastante corto plazo de distancia en relación con el resto del mundo, y que aunque hay muchos estudios al respecto, la verdad de la milanesa es la que dicta la realidad, que se encapricha en llevar la contra a los analistas especializados una vez tras otra. Así y todo, es muy inquietante ver en tiempo real como decisiones gubernamentales, aun amparadas en acuerdos interpartidarios —como ocurre con todo esto de la transición tecnológica— pueden ocasionar que en cuestión de muy pocos años un sector importante de la economía deje de ser rentable.

Un exceso de beneficios —que es lo que dan a entender los estacioneros que ha ocurrido— puede desequilibrar completamente un mercado y volcar peligrosamente la balanza. Hoy, con el mercado de los vehículos eléctricos ya consolidado —nadie puede dudarlo con la quinta parte de las ventas totales— y pretendiendo corregirlo, se puede caer en un nuevo error si se cambian las reglas de juego abruptamente.

Por más que todo esto se pueda leer como un nuevo indicio de que a todos les puede llegar su Uber, y por más que ya no estemos en pandemia, sigue siendo conveniente manejar con prudencia ciertas perillas.

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados tiene en este momento —en realidad, no ahora mismo, porque se encuentra en receso veraniego— no uno, sino dos proyectos de ley relacionados con la prevención de los ahogamientos. Ambos fueron presentados el año pasado y poseen características diferentes: mientras uno promueve la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Acuática, el otro es más específico y traza las líneas generales de un Programa Nacional de Prevención del Ahogamiento Infantil.

En muchos puntos, estos dos proyectos son complementarios y, con voluntad y espíritu colaborativo, serían fácilmente unificables. Pero veremos; no sería la primera vez que nos sorprendamos. Como por el momento se trata de dos iniciativas, así las referiremos, aunque no es la idea de este espacio desglosar en detalle las propuestas legislativas, en especial aquellas que todavía están a consideración de una comisión parlamentaria, cuya tarea es mejorar el proyecto inicial. Es decir, estas iniciativas seguramente sufrirán modificaciones.

De todos modos, cabe señalar que el primero de los proyectos mencionados, antes que nada, declara el ahogamiento como un problema de salud pública y plasma algunas definiciones al respecto, como que se entenderá, a efectos de la ley, “la seguridad acuática como el conjunto de todas aquellas acciones destinadas a prevenir el ahogamiento, cualquiera sea el escenario, las condiciones, la época, el grado o la edad de la persona en que el riesgo se produzca”. En ese contexto, encomienda al Ministerio de Salud Pública “la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Acuática adecuado a la realidad nacional. El mismo tiene por fin procurar el abordaje integral del grave problema de salud que representan los ahogamientos en nuestro país”.

El proyecto establece, además, que este plan “promoverá programas de educación y capacitación en acciones de seguridad acuática, con énfasis en los centros de enseñanza y en el personal de rescate y de salud”, y contendrá “las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria basadas en la mejor evidencia científica disponible, contemplando siempre la realidad nacional”.

En cuanto al otro proyecto, que —como referíamos— tiene una orientación más específica hacia el público infantil, se manda a “la Secretaría Nacional del Deporte de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, la Administración Nacional de Educación Pública y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay” la elaboración de un programa nacional de prevención del ahogamiento infantil, dirigido especialmente a la franja comprendida entre 0 y 6 años.

Entre las disposiciones que se proponen para este programa se menciona que “deberá comprender aspectos de divulgación, espacios de reflexión y jornadas informativas sobre el tema, a nivel de los sistemas formales de salud y enseñanza, y de los proyectos socioeducativos de educación no formal”, entre otros. Pero también se indica que tanto las piscinas públicas como las privadas “de uso colectivo, enterradas o elevadas, en lugares abiertos o cerrados, en lo posible, deberán contar con barreras o cercas de seguridad y alarmas de inmersión, en su caso, en los términos que establezca la reglamentación”.
Del mismo modo, se señala que “los propietarios o tenedores de piscinas domésticas de uso privado procurarán iguales medidas a las previstas en el inciso anterior”, en especial cuando habiten menores de edad en el hogar “o cuando no existan barreras perimetrales de contención que impidan el acceso de terceros a la propiedad”.

El primero de los proyectos es muy amplio en su enfoque y el segundo es bastante específico en cuanto a su objetivo de acción frente a un tema por demás sensible, no solo en nuestro país, sino también en Uruguay, y especialmente en algunos segmentos etarios concretos.

En la propia fundamentación de los proyectos se incluyen datos que dan cuenta de la relevancia de la problemática. “Según datos de la OMS, casi 400.000 personas fallecen por año por esta causa, siendo la mayoría de las muertes en personas menores de 25 años, por lo que las edades más comprometidas son la infancia, la adolescencia y los adultos jóvenes. Según datos proporcionados por el MSP, entre los años 2012 y 2017 fallecieron 396 personas por ahogamiento. En los últimos cinco años, en Uruguay fallecieron 189 personas por ahogamiento, un tercio de ellas menores de 19 años, siendo la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en los menores de 5 años y en los menores de 10 años”, plantea el primero de los proyectos en su fundamentación. “El 30 % de los ahogamientos que ocurren en nuestro territorio corresponde a jóvenes entre 14 y 24 años. En todos los casos prevalece la cifra de varones sobre la de mujeres, con una relación aproximada de 4 a 1”.

Agrega además datos proporcionados por la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (MISA), que funciona en la órbita del MSP desde enero de 2018. Ese año ocurrieron 178 eventos adversos (rescates, ahogamientos y fallecimientos), de los cuales el 62 % tuvo lugar en playas, ríos y arroyos, y el 4,5 % en piscinas (8 eventos), siendo los principales departamentos Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado. Asimismo, el 45 % de los eventos fatales ocurrieron en ausencia de supervisión, ya sea por parte de un adulto —en el caso de niños y adolescentes— o de personal calificado (lugares sin guardavidas o fuera de su horario).

También se menciona que el ahogamiento por inmersión es la principal causa de muerte accidental entre los niños de 0 a 6 años. A nivel mundial, las tasas más altas de ahogamiento se registran entre los niños de 1 a 4 años, seguidas por las de los niños de 5 a 9 años. El segundo de los proyectos, en su fundamentación, señala que “sin perjuicio de los fallecimientos, que constituyen la consecuencia extrema, deben tenerse en cuenta las secuelas que estas situaciones también producen, y que suelen ser graves, permanentes e invalidantes. Las mismas comienzan a generarse, desde la fase más leve a la más grave, al cabo de los 21 segundos de sumersión. La aparición de severas secuelas neurológicas es inevitable tras algunos minutos”.

Quizás una ley, un programa o un plan nacional no solucionen por sí solos una problemática que es compleja; es justo reconocerlo. Pero qué buena señal sería que todo el sistema político encontrara los acuerdos necesarios para que, una vez finalizado el receso, se pueda avanzar en un proyecto unificado y que no pase un verano más sin tener activa alguna de estas herramientas.

A partir de la “extracción” del dictador Nicolás Maduro, y la sucesión de los hechos posteriores que se han ido registrando –más los que vendrán, seguramente– se ha mencionado como un dato casi marginal la participación cubana en Venezuela, hasta que por el episodio apuntado se “descubrió” –reconocido por el propio gobierno de Miguel Díaz Canel– que el dictador que ahora compare ante la Justicia de Estados Unidos, estaba rodeado por un séquito de élite, constituido por guardaespaldas cubanos, una especie de “guardia pretoriana” de la isla caribeña, compuesta por 32 de los denominados “avispas negras”.

Si bien estos militares “premium” cayeron en el operativo relámpago y sorpresivo de las fuerzas militares estadounidenses, y su misión era defender al tirano de operativos como el que se concretó exitosamente, hay analistas militares internacionales que han acotado que la sorpresa y la eficacia del operativo fue tal, que impidió a estos militares cubanos cumplir un objetivo siguiente en caso de que no pudieran evitar la extracción, y era el de eliminar al propio líder chavista para que no cayera vivo en poder de los norteamericanos debido a la enorme cantidad de datos y secretos que ligan a Cuba –y varios países de Latinoamérica– con la tiranía venezolano, incluyendo naturalmente a los aliados como Rusia, Irán, China, Corea del Norte, entre otros.

El gobierno cubano tuvo que reconocer la presencia de sus militares, lo que da la pauta de que la “intervención” militar no solo fue de parte de los militares enviados por Donald Trump, sino que hay cubanos en lugares estratégicos, como así también efectivos y personeros de los regímenes de las naciones mencionadas, lo que confirma que Venezuela es una base estratégica de un eje internacional que opera en la región, donde trata de tener creciente influencia.

Cuba y Venezuela, por afinidad ideológica, mantienen desde 2000 un convenio integral de cooperación que permite a miles de médicos cubanos, profesionales de la educación, el deporte y otras esferas, desenvolverse en Venezuela.

Díaz Canel dijo que los cubanos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país”, y subrayó que murieron tras “férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado del bombardeo a las instalaciones” durante la captura de Maduro y su esposa.

Pero volvamos a Cuba, que es la gran derrotada en este proceso que pone a Maduro ante los tribunales en el país del norte, porque todo indica que se quedará sin el petróleo venezolano, el que le salía casi gratis –unos 30.000 barriles diarios, la mitad del consumo en la isla– y que intercambiaba por algunos servicios, caso de los militares de élite adjuntos al exhombre fuerte venezolano y prestaciones de asistencia médica, entre otros.

El punto es que estos hechos coinciden con la mayor crisis que ha padecido históricamente el régimen creado y potenciado por Fidel Castro, y según coinciden todos los analistas –y se puede ver en las infinitas publicaciones hechas por ciudadanos cubanos en redes sociales, donde muestran un país en ruinas–, Cuba está atravesando el peor momento económico en los 67 años de historia de su revolución comunista.

Si bien es conocido que a lo largo de las décadas la isla ha tenido emigración masiva, escasez de alimentos y malestar social, nunca antes los cubanos han experimentado un colapso tan grave y generalizado desde el punto de vista social.

Así y todo, Cuba se beneficiaba hasta hace pocos días de la relación con Maduro y dependía del petróleo que enviaba, mientras por otro lado la población padece constantes apagones por la crisis de generación, de diez y hasta quince horas por día. En los últimos años, los cubanos se han quejado porque las asignaciones mensuales de arroz, porotos y otros alimentos básicos que recibían de las tarjetas de racionamiento del gobierno solo duraban diez días, pero ahora, las tarjetas son prácticamente inútiles porque rara vez hay comida disponible en las tiendas de racionamiento del gobierno.

A la vez, es casi imposible encontrar medicamentos sin tener que apelar a familiares en el extranjero que los envíen, y el escenario ha ido en creciente deterioro desde mediados de la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética y el resto de los países del denominado “socialismo real”.

El gobierno cubano ha atribuido constantemente sus dificultades económicas a un embargo comercial estadounidense que, según afirma, limita su capacidad para operar en el mercado mundial y obtener los ingresos que tanto necesita, pero la realidad indica que el problema radica en su propia incapacidad interna, por el régimen socialista de propiedad colectiva estatal, de no poder autoabastecerse hasta de los alimentos más esenciales, incluso de aquellos en los que tiene enormes ventajas comparativas por suelo y clima para producir.

El propio presidente Miguel Díaz Canel ha reconocido días pasados que se está librando en ese país “una batalla concreta por la estabilidad en la vida cotidiana, para que los salarios sean suficientes, para que haya comida en la mesa, para que terminen los apagones, para que se reactive el transporte, para que las escuelas, los hospitales y los servicios básicos funcionen con la calidad que merecemos”.

Es que el final del año pasado, el producto interno bruto del país había caído más de un 4%, según dijo el propio mandatario, con el agregado de que la inflación se estaba disparando y las entregas de alimentos racionados no se estaban cumpliendo.

Y además de este panorama desolador en Cuba, el futuro inmediato no promete nada mejor, sino al contrario: si se corta radicalmente el flujo de petróleo venezolano, que pasa a manos de Trump, el impacto sería devastador, con mayor escasez de combustible para transporte, alimentos y servicios básicos, aumento de la inflación y deterioro de bienes esenciales, además de colapso de servicios públicos.

Ello es posible porque las importaciones de crudo están en caída, la infraestructura energética es obsoleta, los equipos no se mantienen ni reponen, y el sector productivo resulta insuficiente para el autoabastecimiento y menos aún para generar divisas que permitan comprar petróleo en el mercado internacional, por lo que estamos ante una convergencia de crisis energética, económica y social, que tiene efecto-causa agravada en la pérdida del socio ideológico que era Nicolás Maduro. Incluso Turquía retiró la central eléctrica flotante más potente con que contaba el país por falta de pago, y solo queda una en funcionamiento de ocho que llegó a tener.

Es decir, que el régimen cubano ya caminaba con muletas, pero ahora trastabilla peligrosamente porque no está Maduro para darle una mano y no puede siquiera seguir transmitiendo una imagen engañosa ni a sus propios incondicionales ideológicos, que con poco entusiasmo todavía siguen agitando banderitas cubanas para engañar incautos, presentándolo como el paraíso –al que ellos no van, naturalmente, sino que van a refugiarse, a estudiar o buscar trabajo al “imperio” que rige Trump–.

Es que como bien expresa la histórica frase atribuida a Abraham Lincoln, “se puede engañar a algunos todo el tiempo, a todos algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo”: la porfiada realidad termina por imponerse.

En Uruguay, desde el año 2020 se registran más muertes que nacimientos. El fenómeno lleva casi diez años y es una tendencia que se profundizará críticamente hacia 2070.
Anualmente se reafirma esa realidad. De hecho, en 2025 hubo 28.903 nacidos vivos, fueron 29.899 en 2024, 31.385 en 2023, 32.301 en 2022, 34.601 en 2021 y 35.874 en 2020. El descenso es inexorable, anunciado desde hace tiempo por los expertos estadísticos y documentado en los sucesivos informes del Instituto Nacional de Estadística.

Esta realidad se visibiliza en ámbitos como la salud, pero impacta también en la educación y la seguridad social.

El último censo, efectuado en 2023, mostró ese descenso continuo en el reemplazo poblacional y en la tasa global de fecundidad. Mientras que el umbral de reemplazo es de 2,1 hijos –el mínimo para mantener estable la población–, en Uruguay la tasa de hijos por mujer se ubica en 1,2. Esa diferencia, casi la mitad, no alcanza para mantener el nivel poblacional.

En esta estadística hay otro trasfondo: ha descendido la cantidad de embarazos adolescentes, incluso entre mujeres hasta 24 años. Además, en la decisión de tener un único hijo inciden factores culturales, asociados al esfuerzo y dedicación a la crianza, así como factores económicos y sociales.
Lo que ocurre en el país también se registra a nivel global. Antes sucedió en Europa y se notó en la postergación de los embarazos y en la decisión de formar una familia en edades más avanzadas.
El fenómeno tendrá impacto en la seguridad social: habrá menos aportantes, menos trabajadores que financien el sistema de salud y una población más envejecida que requerirá atención desde diversos ámbitos.

El sistema de salud, cuidados, pensiones y jubilaciones se verá tensionado y quedará en evidencia que una reforma de la seguridad social –no solo jubilatoria– no alcanzará a cubrir las necesidades de cobertura.
Los estadísticos advierten que algunas propuestas no lograrán el objetivo final de promover la natalidad. Por ejemplo, el pago de bonos por hijos, experiencia que tampoco funcionó en otros países.

Los demógrafos Ignacio Pardo y Gabriela Pedetti consideran que la evidencia es clara: el incremento de dinero que reciben las familias no se sostiene en el tiempo. El exdirector del INE, Diego Aboal, explicó que esa política de incentivo “como mucho” puede mover la tasa desde 1,2 hasta 1,5, pero no se acerca al 2,1 ideal para que la población no decaiga.

Lo que da resultado tiene un costo económico y requiere compromiso de sostenibilidad en el tiempo. Ambos factores son difíciles de conciliar en el país, porque siempre faltan recursos. Además, implica políticas de cuidados y de conciliación entre la vida familiar y laboral.

Durante la pasada campaña electoral, hubo candidatos que expusieron las dificultades de un sistema de cuidados inviable, como el existente en Uruguay, que no resuelve los problemas de quienes lo necesitan. Incluso, el Estado no debe estar a cargo de todos los problemas, porque surgen ineficiencias e inequidades.

Algunas propuestas se enfocan en centros CAIF a tiempo completo, porque cuatro horas no alcanzan y no todas las redes familiares o comunitarias apoyan o contienen. Esta realidad se observa en un escenario donde el 85% de los niños va a la educación pública, y tres cuartas partes concurren cuatro horas diarias, la mitad de lo que ofrecen algunos colegios privados.

Los demógrafos han propuesto la extensión de la licencia por paternidad. En Uruguay, desde el 1° de enero de 2025, se amplió a 20 días tanto para trabajadores públicos como privados.

Entre las iniciativas parlamentarias, el diputado nacionalista Álvaro Dastugue propone beneficios fiscales y sociales, como la exoneración del IVA en bienes y servicios esenciales para la primera infancia. Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry apunta a la inmigración, con beneficios y residencias para quienes decidan vivir en Uruguay.

El escenario es acotado, porque los migrantes no cuentan con políticas de contención y padecen las mismas dificultades económicas que otros grupos vulnerables: empleo precario, altos costos de vivienda y tarifas públicas elevadas. Esto profundiza dramas asociados al desarraigo, desempleo, informalidad y pobreza. Europa sirve como espejo, donde la integración de poblaciones es cada vez más compleja.
El censo revela que entre el 3% y el 4% de los nacimientos anuales provienen de mujeres migrantes. El cambio de enfoque puede ser trascendental: transformar las políticas pronatalistas o de fijación de población migrante hacia una mirada que mejore la realidad de la niñez actual, donde uno de cada tres niños nace en hogares pobres sin cubrir necesidades básicas.

Desde el discurso, se afirma que la niñez es una prioridad, pero medidas como la ampliación de transferencias monetarias no alcanzarán si no se amplían las capacidades de respuesta a otras necesidades. El desafío futuro es permitir que los niños logren trabajos productivos, incrementen el crecimiento del país y aporten a la sostenibilidad fiscal.

Es volver, con plena actualidad, a parafrasear a la educadora Reina Reyes, cuando en 1970 preguntaba: “¿Para qué futuro educamos?”

Creada en el año 1948, la Organización de Naciones Unidas (ONU) atraviesa una de sus crisis de credibilidad más severas, multicausales y persistentes a lo largo del tiempo.

En efecto, en palabras del especialista Jesús A. Núñez Villaverde, “hablar de crisis de la ONU se ha convertido ya hace tiempo en un lugar común, hasta el punto de que cada referencia al inminente colapso del orden internacional basado en normas cabría interpretarlo como un clavo más en el ataúd del legítimo representante de la comunidad internacional. Desgraciadamente, por voluntad directa de sus Estados miembros ha ido quedando crecientemente marginada y sin capacidad real para cumplir la principal de sus tareas: evitar la guerra. Así, se repiten hasta la extenuación las críticas contra el escaso poder de su secretario general, el magro balance de la diplomacia preventiva y de las operaciones de paz desplegadas en todos los rincones del planeta o la rémora que supone un Consejo de Seguridad lastrado por una composición y un proceso de toma de decisiones que no se ajustan a la relación de fuerzas del mundo actual”. Sin perjuicio de todo ello y de la crisis financiera que enfrenta la institución fruto de la caída de la contribución realizada por los países miembros (caída que refleja la falta de confianza de los mismos en la ONU), lo cierto es que se trata de una organización cuya imagen y credibilidad se encuentran muy dañadas. Durante décadas, la ONU ha demostrado con total éxito su inoperancia y falta de capacidad para lograr evitar o el amenos atemperar los conflictos armados que siguieron a la Segunda Guerra Mundial: la guerra de Corea, el conflicto armado en Vietnam, las masacres de la antigua Yugoslavia o de Ruanda, así como la invasión de Rusia a Ucrania, absolutamente todo lo que ha sucedido en Medio Oriente desde el ’45 a la fecha, entre tantos otros enfrentamientos en los cuales el multilateralismo de la ONU ha sido impotente para preservar la paz, motivo central para lo cual ha sido creada. A pesar de ello, la ONU ha sido totalmente exitosa a la hora de elaborar y difundir la agenda “woke” a través de organizaciones que dedican millones de dólares en todo el mundo para promover el feminismo, los derechos LGTBI y otras iniciativas de contenido y finalidad similares. Como sucede en todo el mundo (Uruguay incluido) esas agendas globales incluyen la contratación de exfiguras de gobierno o políticos como consultores contratados a través de programas como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del cual muchos de ellos se embolsan miles de dólares en consultorías. Es por eso que cuando ocupan cargo de gobierno o se desempeñan en bancas parlamentarias defienden con tanto entusiasmo las posturas de las ONU. Favor con favor se paga. Igualmente de inútil e intranscendente ha resultado el papel de la ONU en la invasión de Ucrania a la cual hicimos referencia, ya que siempre se ha cuidado de no molestar a Vladímir Putin con sus declaraciones y de tampoco incomodar a los países árabes cuya agenda a través de las décadas siempre ha sido claramente contraria a la existencia del Estado de Israel. La tibieza de la ONU ante la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hezbollah el 7 de octubre de 2023 deja en claro que la ONU está flechada desde hace mucho y que el proceso de independencia de muchos países africanos en la década de los años ‘60 ha inclinado la balanza hacia el lado de quienes han optado por el terrorismo internacional como forma de actuación pública. Estos países son mayoría en la Asamblea General de la ONU, órgano cuyas decisiones no tienen carácter obligatorio y por ende a nadie le interesan realmente. Se trata de “castigos morales” que no logran preocupar a quienes están dirigidas, porque no tienen moral alguna, precisamente.

De acuerdo con un artículo publicado por el portal de noticias de la cadena BBC, “Fawaz Gerges, profesor de Relaciones Internacionales de la London School of Economics, dice que la invasión rusa de Ucrania hace dos años y ahora la guerra de Gaza han demostrado que el Consejo de Seguridad de la ONU “está paralizado y es disfuncional” y que la Asamblea General de las Naciones Unidas es “más una institución simbólica que una agencia ejecutiva”.
Considera que el estancamiento en el Consejo de Seguridad de la ONU es una consecuencia del regreso de las rivalidades entre grandes potencias que enfrentan a China y Rusia, por un lado, contra Estados Unidos y Europa, por el otro. “La ONU, incluidas sus diversas agencias, está en coma”, afirma. “Este es un momento peor que la Guerra Fría”. Todo ello deja en claro una sola cosa: más allá de las posiciones e interpretaciones de cada uno, lo cierto es que la ONU es una vergüenza como institución multilateral y un fracaso en relación con sus propios objetivos. El caso de Venezuela ha sido un ejemplo más de la inoperancia no sólo de la ONU, sino también del Mercosur, cuyos gobiernos de izquierda del momento hicieron entrar a prepo a Venezuela en esa organización internacional violando los derechos de otro Estado Parte (Paraguay) en una jugada de las que le gustaban al expresidente José Mujica porque ponían “lo político por encima de lo jurídico”. Finalmente, y como se trataba de una realidad que “rompía los ojos” recién en el año 2017 Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil constataron “la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela” y por ello suspendieron a ese país del Mercosur. Toda esa violación democrática del chavismo venezolano ya era conocida cuando se solicitó su ingreso, pero se tenía que devolver el favor a Maduro –que puso mucha plata y recursos en los países y gobiernos afines, en forma directa y de turbios negocios– y a la memoria del propio Chávez porque es aclaro que todas esas valijas repletas de dinero que llegaron desde Caracas a Uruguay no fueron un simple regalo, sino que fueron una forma de financiar las campañas políticas de los partidos políticos “compañeros” en esta parte de América del Sur. Resulta irónico como los frenteamplistas uruguayos que durante años negaron la existencia de presos políticos en Venezuela muestren ahora, como un gesto de buena voluntad, la liberación de presos que según ellos nunca existieron. El cinismo de la izquierda uruguaya en su máxima expresión.

El propio presidente de la República Yamandú Orsi, en su reciente visita a la localidad de Nuevo Berlín sostuvo que el sistema internacional atraviesa una crisis profunda. “Hay que darse cuenta de que el mundo cambió y que los líderes del mundo son otros. Tenemos que acostumbrarnos”, afirmó. “Los organismos internacionales están pulverizados. El derecho internacional está pulverizado”, añadió, tras recordar su reciente participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Hagan un repaso de esos discursos y nos damos cuenta de que es otro mundo”. Y tiene mucho de cierto. Sólo le faltó un mea culpa de la izquierda tanto latinoamericana como mundial, que hizo mucho para que se llegara a esta situación. Las palabras del presidente uruguayo tienen mucho de la situación actual, pero también del futuro que se nos viene a pasos agigantados y para el cual debemos estar preparados. En un mundo en el cual el multilateralismo pierde cada día más fuerza y muchos de los problemas internacionales se terminan gestionando en el “pico a pico” de las relaciones bilaterales. Es verdad que el mundo ya no será lo que parecía ser, pero tampoco lo será la ONU, fruto de su propia incapacidad, su pésima gobernanza, su incontenible pérdida de prestigio y su estructura pensada para otras épocas. En ese mar de incertidumbres y desafíos, Uruguay debe ajustar sus velas para esos nuevos vientos y posicionarse como el país pequeño pero respetado que es.

En los próximos días el Mercosur y la Unión Europea formalizarán el tan ansiado, demorado y esperado acuerdo entre los dos grandes bloques. La firma será en Asunción ya que Paraguay ocupa en este semestre la presidencia pro tempore del Mercosur. Según el canciller Mario Lubetkin, dada la importancia del acto, es de esperar que en los próximos días los presidentes vayan confirmando si ellos mismos serán quienes encabecen sus respectivas delegaciones.

La fecha prevista aún sujeta a revisión, sería el viernes 16 o el sábado 17. La delegación de nuestro gobierno, además de contar con la participación de Lubetkin, estará liderada por el presidente Yamandú Orsi.

A partir de las firmas, los países miembros de uno y otro bloque internalizaran, formalmente, el debate de ratificación parlamentaria. Eso significa incorporar a la agenda de la Comisión Permanente el ingreso del tema o bien pausar hasta que ambas cámaras, tras acabar el período del receso, retomen actividad. Es decir, a partir del 1º de marzo.

La Comisión Permanente está integrada por cuatro senadores y siete diputados. El cupo de senadores comienza con Bettiana Díaz que la preside, Daniel Borbonet, Juan Pedro Bordaberry y Sebastián Da Silva. Y los diputados Pablo Abdala, Sebastián Andujar, Margarita Libschitz, Ana Olivera (que anunció su retiro a partir del próximo 1º de marzo y será sustituida por Natalia Díaz), Gabriel Otero, Federico Preve y Walter Verri la completan.

Largo anhelo

Si bien la concreción de este acuerdo tuvo muchas postergaciones, sin ir más lejos, la última fue el pasado 20 de diciembre cuando estaba agendado que en Foz de Iguazú se procedería a dar cierre a las negociaciones y firmar el inicio del proceso de formalización. Pero debido a cuestiones de política interna de la Unión Europea se postergó y para sortear esas últimas dificultades se agregaron unas salvaguardas a efectos de proteger al sector agrícola y evitar otros contratiempos.

Dos años atrás, Francia, Austria, Irlanda, Polonia, también Bélgica se negaron a dar su aval al proceso negociador. Se fundamentó ante la exigencia de asegurar la protección de la agricultura europea frente a tres asuntos de sensibilidad política, con entonación económica y laboral. A saber; las importaciones de carne bovina y aviar del Mercosur; las diferencias en estándares ambientales y sanitarios; y por último, la presión política de sindicatos del sector era un riesgo ante un año preelectoral europeo que varios gobernantes no estaban dispuestos a asumir. Así, sin mayorías necesarias más o menos aseguradas la Comisión Europea optó por defraudar a sus potenciales socios, es decir, nosotros, acabando así otro naufragio.

Lo cierto es que en el 2024 se sumaron varios asuntos que llegaban aportando cierta incertidumbre: las elecciones al parlamento europeo, el avance de los partidos euroescépticos y proteccionistas, y una conflictividad importante en el sector agropecuario.

No todo fue malo en diciembre del 2024 aunque no se formalizara. Algo subestimado pero positivo fue que el acuerdo estaba aunque quedara a espera de un momento más propicio. El peso político del sector agrícola y una debilidad electoral de partidos en el gobierno fueron las razones de fondo.

Una ratificación algo compleja

Son dos procesos muy diferentes. Mientras para el Mercosur, el acuerdo comercial entraría en vigor en cada país miembro tras la ratificación parlamentaria correspondiente. Pero es más complejo para la UE. Allí el proceso es más complejo. En efecto, por el complejo de competencias entre las instituciones europeas y nacionales, la aprobación es en dos niveles. La parte del acuerdo que trata sobre temas estrictamente comerciales, como la rebaja de aranceles y modificaciones de ciertas barreras no arancelarias, se exige una ratificación del Consejo de la UE lograda con al menos 15 de los 27 estados miembros; es decir, el 65 % de la población de la UE, y del Parlamento Europeo.

Adicionalmente, cada estado miembro deberá aprobar las partes del acuerdo que afectan a competencias nacionales en áreas como la política fiscal, laboral, medioambiental y de inversión extranjera. Dicha ratificación la deben dar sus parlamentos, para así asegurar el cumplimiento de sus leyes y regulaciones
En principio, sirve y mucho

Para Uruguay, el acuerdo significará una reducción de aranceles en carne, lácteos, arroz y celulosa; una mejora en el acceso a servicios y compras públicas europeas. También significará un refuerzo institucional para inversión extranjera. Adicionalmente, tendría costos de ajuste bajos dado que su industria es pequeña y abierta.

Los estudios de impacto muestran que Uruguay sería el país del Mercosur que en términos relativos potenciaría su bienestar y el salario real precisamente por nuestra condición exportadora.

Según el ministro Gabriel Oddone, proyecciones del MEF estiman que se generarían aumentos del PBI del 1,5%, las exportaciones de bienes un 4% y también mejoras del empleo y el salario real.

El momento es ahora

Con parsimonia, en el momento de mayor complejidad de la política internacional, este acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, dan un nuevo aire tanto a uno como a otro bloque. No es un buen momento de proyección de Europa, atravesada por los riesgos de una tentación autoritaria y regresiva de aquella esperanza civilizatoria como lo fue la revolución francesa, que sentó para la democracia moderna los valores de igualdad, libertad y fraternidad hoy tan atacados.

A partir de completar la ratificación parlamentaria, el acuerdo UE-Mercosur significará un mercado integrado de más de 770 millones de personas, alcanzando un PBI total superior a los 18 billones de euros.

En contrapartida, la UE obtendría acceso preferencial a mercados que representan un 95% del PBI de la región, expandiendo así su presencia en comparación con otros actores globales.
Su posicionamiento económico y político cobraría, por esta vía, una nueva dimensión. Podría reconvertir su proyección abandonando, quizás, el estigma de potencia desorientada para recobrar ánimo y revalorizar su posición.

La Iglesia regula el ámbito sacramental del matrimonio, mientras que el Estado lo hace en lo civil; el respeto mutuo entre ambos y hacia quienes no comparten la fe, es clave para una convivencia justa.
Estado y sociedad deberían ayudar a todos los que quieran iniciar ese camino. La familia es un lugar donde los vulnerables se pueden sentir cuidados, especialmente en lo que atañe a la solidaridad intergeneracional: la educación de los niños y la atención de los enfermos y ancianos.

La familia es un marco de permanencia y estabilidad, institución fundamental para la sociedad y de función comunitaria. El matrimonio tiene sentido: la Iglesia lo considera como un vehículo de la gracia de Dios y por eso es un sacramento, una asistencia especial de Dios para vivir la vocación matrimonial y social. La unión sexual de un varón y una mujer (por el bien de cada uno de ellos y el de sus hijos e hijas) se encuentra en el centro de la familia.

De acuerdo con el modo individualista de entender la familia, ésta puede convertirse en un lugar de paso al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo, o donde uno va a reclamar derechos, mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble de los deseos y las circunstancias. En el fondo, hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse.

La familia constituye una gran riqueza social intrínseca (cuida, acompaña y sana), que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada, para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a los ciudadanos; la familia es la base y la que aporta tanto al bien común de todos, es el lugar donde resguardar la vulnerabilidad en el marco de unas relaciones personales que estén más allá de la mera utilidad funcional.

La familia vincula a sus miembros en dos direcciones: generativo (referido a hijas e hijos) e intergeneracional (referido a abuelas y abuelos).

C.I: 2.980.386-5

Sin desperdicio la entrevista de Pablo D. Mestre al empresario Gerardo Zambrano, publicada en “Rurales” de El País el pasado 4 de enero. Si tiene la chance no se la pierda, es una lectura recomendable, aunque no precisamente para alivianar el verano; lo que dice el entrevistado, que no se guarda nada, da para cavilar mucho, sobre todo teniendo en cuenta que hay un largo año por delante. Y después tres más. Rescatamos algunos, entre todos los temas que abordó, para hacer boca.

Sobre “María Dolores ” –a la que él “vendió dos veces”– dice que fue “un capricho”. Ve como “un tema difícil” el de la coalición republicana y baraja sus porqués. Del MGAP dice no ver “para nada una gestión de este Ministerio que valga la pena destacar”. No lo trata muy bien al ministro Fratti. Peor trata al titular de Trabajo: “Una persona como Juan Castillo, del Partido Comunista, sindicalista, que sea el ministro de Trabajo, parece un chiste de mal gusto, es increíble”. Y da su explicación.

Cuando se le pregunta cómo la ve para el 2026 no infunde optimismo: “Veo las dificultades que pueden tener de aquí en más la producción y la exportación por los costos internos, por la burocracia, los costos del Estado y por el tipo de cambio realmente malo que estamos enfrentando. El déficit fiscal sigue arriba de 4% del PBI y las únicas medidas son aumentos de impuestos, todos malos y los ‘cuasi impuestos’ como la suba de tarifas muy por encima del aumento de costos, o la suba anunciada del aporte al Fonasa”… “Por su parte, el impuesto a las diferencias de capital sólo lo pagarán los pequeños y medianos ahorristas uruguayos, porque el resto tendrá ‘tax holliday’, y con ello ‘matamos’ el progreso de la clase media”.
No obstante todo esto, él confía en algo por la buena suerte del FA, “que en general ha sido un partido de gobierno con suerte” y en este aspecto resalta el empuje de la ganadería, a lo que sumaría el rubro turismo. Admite empero que los gobiernos frentistas se “la patinaron”.

Zambrano a la vez tiene confianza en el presidente Yamandú Orsi.
“Uno pretende que el presidente sea líder, y hasta el momento lo es”, dice y resalta su gestión “como amortiguador de tensiones”. En un Frente Amplio, al que ve partido en dos y muy enfrentado, el reconocido empresario estima que Orsi, junto al secretario de la Presidencia Sánchez y el ministro Oddone, constituyen un freno y una buena resistencia a “las presiones de los sectores más radicales del Frente Amplio con propuestas nefastas” con las que tienen que lidiar.

Dijo como una especie de recomendación que al presidente hay que “cuidarlo” y recordó que si Orsi no está “estaría la vicepresidente Carolina Cosse, o la senadora Blanca Rodríguez o Fernando Pereira”. Interesante ¿no? Da para cavilar.