Opinión

Lo sucedido en Venezuela es el certificado de defunción del liderazgo de Lula en Sudamérica. Su complicidad ideológica con Maduro → Leer más

Oficialmente el Banco Central del Uruguay (BCU), en su Evaluación del “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas” –llevado adelante en 2024, luego que Cabildo Abierto impulsara un proyecto de Referéndum que no prosperó– publicó que 204.326 personas accedieron a los beneficios propuestos. Ello no quiere decir que ese número de personas hayan solucionado sus problemas, ni que el tema se haya resuelto del todo, ni mucho menos.

En una serie de artículos en su blog Razones y personas –luego publicados por La Diaria–, Elisa Failache viene haciendo un seguimiento de la problemática de endeudamiento de las familias uruguayas. Allí refiere que el endeudamiento “es un tema que atraviesa a buena parte de los y las uruguayas” y menciona que en diciembre de 2023, según datos de la Central de riesgos del BCU, procesados por investigadores de UdelaR, “unas 2.100.000 personas tenían alguna deuda con el sistema financiero, y 800.000 (aproximadamente el 40%) estaban en situación de impago”.

No obstante, plantea que parte del mercado de créditos formal “no reporta información al BCU y que tampoco se tiene información sobre el sector informal”, por lo que es asumible que hay un problema “mayor de lo que los números disponibles indican”.

Claro, no todas esas personas que allí se mencionan tienen problemas de deuda, de hecho, si restamos al total de la población la cantidad de niños y adolescentes, estaríamos en un número extremo. Tener una deuda, a efectos formales, es estar pagando algo en cuotas en la tarjeta de crédito. Es una deuda, pero no necesariamente hay un problema con esa deuda, puede ser algo manejable. La misma experta señala en su último artículo que una encuesta realizada en el marco del proyecto Endeudamiento ¡Uy! que el 40% de los consultados veía el tomar un crédito como un riesgo para su economía, mientras que para el 28% “es una necesidad”. Sumado a ello, la misma encuesta mostró que el 58% de los hogares de nivel socioeconómico bajo está bastante o muy preocupado por el endeudamiento de su hogar, y que mientras el 27% se endeudó para hacer inversiones en su casa o auto, el 17% lo hizo por razones de salud, el 26% para afrontar gastos cotidianos y el 30% para pagar deudas previas, la famosa “bicicleta”.

A través de la web www.soluciondeuda.com.uy —ahora fuera de servicio—, en el marco del “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas”, se podía consultar la situación personal. En total esa página recibió 545.456 consultas de personas al respecto de su condición personal y de si aplicaban para el programa. De hecho 278.409 aplicaban y cumplían con las condiciones. Fueron reestructuradas y/o canceladas, 282.182 deudas de 204.326 personas –muchas personas tenían más de una deuda–, que encontraron “una solución a su situación crediticia gracias a una serie de condiciones excepcionales”. Allí había segmentos, el primero era la remisión de las deudas de capital menores a los $5.000, luego se ofrecía una reestructuración de deudas de capital de entre $5.000 y hasta $100.000 por institución, sin exigirse el pago de multas e intereses, a tasa 0% y hasta en 48 cuotas mensuales. Así, según los datos publicados en ese momento, la deuda de 117.617 personas fue cancelada automáticamente, mientras que 95.406 personas reestructuraron. El 70% de los acuerdos de reestructura se firmaron por un plazo menor a un año, por lo que a esta altura, si los deudores cumplieron en tiempo y forma sus compromisos, las deudas en cuestión deberían haberse solucionado.

Como parte del balance el BCU asumía el compromiso de continuar “estudiando proactivamente el comportamiento de los participantes” del programa con el propósito de “obtener insumos para el diseño de nuevas políticas de mejora del mercado de crédito”. Si ese seguimiento se hizo, por lo menos no se hizo pública la información obtenida. También se comprometía el BCU a continuar trabajando en “el desarrollo y alcance de la educación financiera como una herramienta fundamental para mejorar las decisiones de quien toma créditos”, con el objetivo de concientizar “sobre la importancia de su comportamiento en el mercado crediticio y de la relevancia de su Categoría en la Central de Riesgos” y aludió al convenio firmado con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para colocar la educación financiera en su currícula. Aspecto este último en el que hemos sido insistentes desde estas páginas al entender que desde la denominada Inclusión financiera se ha generado una suerte de desprotección de las personas, una relación obligatoria frente al sistema financiero, que dispone de información detallada sobre las personas que perciben su salario por entidades bancarias o financieras que se intercambian información y saben qué pueden ofrecer a quien y a qué riesgo, mientras que el cliente solo recibe mensajes con ofertas para hacerse de plata apenas respondiendo un SMS o ingresando a la App de la institución.

Solo por mencionar un ejemplo de por qué es necesario insistir en que las personas puedan acceder a una instrucción básica sobre finanzas. Hay un proyecto de ley a estudio en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados titulada “Protección de deudores de bajos recursos”, presentada por varios legisladores, que procura establecer una serie de condiciones para atender ese desbalance en la relación entre las personas y el sistema financiero. En su artículo 10º prevé la publicación tanto por el BCU como por la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, de comparativos de las tasas de interés implícitas y otros aspectos relevantes en los créditos. Pero claro, para quienes no dominan terminología y siglas, y desconocen las implicancias de un punto más o menos en el cálculo del interés, es prácticamente letra muerta. Por supuesto que el proyecto de ley es más amplio y más complejo que esto, que solamente se extrajo a efectos de ejemplificar, como fue referido. Quien desee revisar su contenido puede hacerlo por medio del siguiente link https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/documentos/repartido/50/314/0/EXT.

La “extracción” que concretaron fuerzas militares de Estados Unidos en una operación relámpago y quirúrgica, nada menos que en el principal cuartel de Caracas, para llevarse al dictador Nicolás Maduro, ha dividido las aguas en todo el mundo, especialmente en América Latina. Como suele ocurrir en estos casos, los análisis, comentarios, cuestionamientos o apoyos tienen, en la mayoría de las ocasiones, más que ver con la postura ideológica o los intereses de quienes los emiten que con una evaluación objetiva de los hechos. Difícilmente pueda encontrarse un comentario neutral o desprovisto de contaminación ideológica, relativizaciones o argumentos que omiten deliberadamente la parte que no conviene.

Por lo pronto, y analizado de manera prescindente de todo lo que rodea el caso, estamos claramente ante una violación del derecho internacional y del principio de no intervención. Sin embargo, no es un dato menor que la supuesta “víctima” sea nada menos que el tirano Nicolás Maduro, quien durante años no solo vulneró el derecho internacional, sino también los derechos humanos de sus compatriotas; que se burló de la voluntad popular, que fue aplastado por un aluvión de votos en las urnas en las elecciones del año pasado y, aun así, se atornilló al poder. Nada le importó quedar una vez más en evidencia ante el mundo por la forma grosera y burda de la maniobra, sin haber mostrado jamás las actas de las elecciones que intentó fraguar y no pudo. Estamos, entonces, ante un dictador que fue sacado del trono ilegítimo al que se aferró con uñas y dientes; un gobernante que se manchó las manos de sangre, se burló de la voluntad ciudadana, ejerció el liderazgo del narcotráfico desde el Estado y se mofó del derecho y de quienes reclamaban libertad y justicia. No merece la mínima consideración por este cúmulo de delitos. Pero –y hay un “pero” nada despreciable– quien ejecutó el operativo fue Estados Unidos, y además bajo el mando de Donald Trump, actuando por su propia cuenta y riesgo, sin mayores pruritos, en nombre de los intereses de su país, o más precisamente, de su gobierno.

No puede extrañar, por lo tanto, que para los demócratas de verdad –no para aquellos que se proclaman demócratas solo cuando les conviene, como muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras por el “secuestro” de Maduro con el fin de llevarlo ante la Justicia norteamericana– esta incursión genere profundas contradicciones en el plano de los sentimientos, aunque no así en lo que respecta al respeto irrestricto del derecho internacional y la convivencia entre las naciones, por encima de cualquier ideología.

Vayamos a la realidad, que es la que manda, más allá de lo que quisiéramos o de lo que debería ser. Solo un observador desprevenido o ignorante de lo que sucede en el mundo podía esperar que el gobernante narco que detentaba el poder en Venezuela se allanara voluntariamente a ceder el gobierno al legítimo ganador de las elecciones del año pasado. Tampoco podía esperarse tal actitud de los integrantes del círculo de poder que lo sostuvo durante todos estos años, incluidos –y sobre todo– los mandos de las Fuerzas Armadas, pilar fundamental de la dictadura, pese a las “gestiones” bajo cuerda que les prometían eventuales amnistías si aceptaban el exilio.

Maduro no iba a irse por su propia voluntad, no solo por las mieles del poder y la impunidad que creía garantizarse, sino también porque su soberbia lo llevaba a asumirse por encima del bien y del mal. Así lo demostraba su “baile” festivo y supuestamente despreocupado desde los estrados en los que lanzaba diatribas contra una parte del pueblo venezolano, mientras sus incondicionales ideológicos celebraban sandeces y delirios.

Es cierto: diga lo que se diga, el mundo está un poco mejor con un dictador menos en el poder, en cualquier país. Sin embargo, en Venezuela el régimen chavista sigue vigente, oprimiendo a su pueblo y sostenido por estructuras corruptas que ha construido a lo largo de casi un cuarto de siglo, con tribunales e instituciones integradas por incondicionales incrustados en el poder. Pero de una u otra forma, hay cosas que comienzan a cambiar, y por ejemplo el gobierno de Venezuela ya anunció que liberará cientos de presos políticos, cuando hasta ahora los seguidores de Maduro negaban que existieran detenidos de este tipo.

El factor Trump añade una dosis aún mayor de imprevisibilidad al desenlace, más o menos cercano, de esta novela caribeña que mantiene al mundo en vilo. Fiel a su estilo, el mandatario ni siquiera se ha cuidado de las apariencias y ha dejado en claro que fue por Maduro y por mucho más, empezando por el petróleo. Al mismo tiempo, ha condicionado con presiones y amenazas a los jerarcas chavistas, que llamativamente han dejado de bravuconear en los últimos días, y empezaron a hablar en serio, aunque intentando mostrar una autonomía que nadie cree.

Como dato relevante, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que Washington controlará “indefinidamente” las ventas de petróleo venezolano. Esto ocurrió un día después de que Donald Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.

“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero el petróleo almacenado que hoy está represado y luego, de manera indefinida, la producción futura que salga al mercado”, afirmó Wright en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami.

Wright estimó que la producción petrolera venezolana podría aumentar en el mediano plazo en unos 700.000 barriles diarios y sostuvo que el control de las ventas de crudo es una “palanca clave” para impulsar el cambio político en ese país.

En medio de las negociaciones entre Donald Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante la transición tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente norteamericano ya había anunciado que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Esta es solo una pequeña parte del guión de una película que, sin dudas, se extenderá como una serie de varias temporadas de Netflix y que plantea una ecuación con innumerables incógnitas. Lamentablemente, no se trata de ficción, sino de la vida real. Hubiera sido mucho mejor que Maduro solo existiera en la mente febril de algún escritor, y que el mandatario norteamericano limitara sus berrinches a un mundo de fantasía. Pero esta es la realidad, nos guste o no.

Y, sobre todo, Nicolás Maduro está preso y sometido a la Justicia. Ese es un motivo poderoso para celebrar en el mundo libre, porque un tirano menos siempre significa menos sufrimiento e injusticia para una parte de la humanidad.

En las últimas horas, a través de una comunicación oficial, el Ministerio de Salud Pública (MSP) instó a las embarazadas a vacunarse contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) durante la campaña 2026, que comenzó este miércoles y se extenderá hasta el 30 de setiembre. Las autoridades explicaron que es necesario proteger a los lactantes menores de seis meses, que enfrentarán su primera temporada de alta circulación del VRS durante el otoño y el invierno, e indicaron que la vacunación está recomendada “para la prevención de la enfermedad por VRS en lactantes, a través de la inmunización de embarazadas entre las 32 semanas y las 36 semanas y 6 días de gestación, y en cada embarazo”.

La vacuna es gratuita y está disponible en todos los vacunatorios públicos y privados del país, pudiendo acceder a ella independientemente del prestador de salud. El objetivo para 2026 es avanzar hacia una cobertura igual o superior al 90 %, según informaron las autoridades ministeriales.

Hasta aquí, la referencia a una convocatoria que podría parecer de rutina, como tantas otras que se difunden varias veces al año cuando se acerca el invierno y resulta imprescindible contar con una cobertura adecuada contra la gripe y otras enfermedades que suelen afectar el aparato respiratorio. Patologías que, además, pueden extenderse a otras partes del organismo, especialmente en personas con comorbilidades y pertenecientes a grupos de riesgo. Es, por lo tanto, una oportunidad para cerrar la puerta de entrada a enfermedades que suelen manifestarse con particular virulencia en esta época del año.

Pero en este caso estamos refiriéndonos a un grupo etario particularmente vulnerable: los recién nacidos. Nada menos que en un país que presenta una alta tasa de envejecimiento poblacional, con baja natalidad y que, en el mejor de los casos, mantiene su población estancada.

Precisamente, según el MSP, las vacunas recomendadas de forma rutinaria durante el embarazo son las siguientes: la vacuna contra la gripe (influenza), que se administra durante la temporada gripal —de marzo a agosto— en cualquier momento del embarazo, con una sola dosis; la triple bacteriana acelular (dpaT – tos convulsa), que se administra preferentemente entre las semanas 27 y 36, aunque puede aplicarse a partir de la semana 20 si existe riesgo de parto prematuro; la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincicial (RSVpreF), indicada entre las semanas 32 y 36, en todos los embarazos y con una dosis única; y la vacuna contra el SARS-CoV-2 (Covid-19), que puede administrarse en cualquier momento del embarazo y en cada nuevo embarazo, independientemente de dosis previas. En cuanto a difteria y tétanos, el MSP indica que, si no se cuenta con esquema primario o este está incompleto, se debe recibir la vacuna, “sustituyendo una dosis de dT por dpaT, preferentemente entre las semanas 26 y 36”.

Con carácter general, puede señalarse que las vacunas se utilizan con el objetivo de conferir inmunidad contra determinados microorganismos, estimulando los mecanismos de defensa del organismo y promoviendo la producción de anticuerpos frente a enfermedades específicas.

De esta manera, si en algún momento la persona entra en contacto con ese microorganismo, el cuerpo ya se encuentra preparado para combatirlo. Resulta realmente impactante el cambio que ha experimentado la humanidad en su capacidad de hacer frente a antiguos flagelos, tanto a nivel individual como colectivo, gracias a la administración de vacunas. Estas han sido el resultado de décadas e incluso siglos de trabajo científico, llevado adelante por hombres y mujeres que, muchas veces a riesgo de sus propias vidas, lograron desarrollar protecciones contra enfermedades que en otras épocas diezmaron poblaciones enteras y provocaron verdaderas plagas a escala global.

Desde aquellas primeras observaciones vinculadas al manejo del ganado lechero y las posteriores investigaciones que permitieron comprender la transmisión de la viruela y su inmunización, se sucedieron múltiples avances destinados a contener diversas enfermedades. En tiempos más recientes han surgido variantes como las vacunas biosintéticas, que contienen sustancias artificiales similares a fragmentos del virus o la bacteria; la vacuna contra la hepatitis B es un ejemplo de este tipo.

Existen también vacunas de virus vivos atenuados, empleadas para combatir enfermedades como el sarampión, las paperas, la rubéola o la varicela; vacunas inactivadas, en las que se utilizan proteínas o fragmentos del virus o la bacteria, como en el caso de la tosferina; y vacunas toxoides, elaboradas a partir de toxinas producidas por bacterias o virus, que permiten al organismo volverse inmune a los efectos dañinos de la infección, aunque no a la infección en sí. Las vacunas antidiftérica y antitetánica son ejemplos claros de este último grupo.

¿Significa esto que quien se vacuna no se va a enfermar nunca? No. Este razonamiento extremo es el que suelen esgrimir los movimientos antivacunas, citando casos aislados de personas que se enfermaron o presentaron complicaciones luego de vacunarse. Se trata de un argumento falaz y atrapaincautos, ya que incluso si esos casos fueran ciertos, pueden representar uno entre cien mil, mientras que se omite deliberadamente que son millones las personas que no se enferman gracias a la vacunación individual y al efecto rebaño, que reduce la circulación de los virus.

Gracias al uso sostenido de las vacunas, muchas enfermedades que antes se consideraban comunes y potencialmente mortales se han transformado hoy en enfermedades raras o poco frecuentes.

Se estima que cada año entre dos y tres millones de personas se salvan gracias a la vacunación. Durante la infancia, además, las vacunas ayudan a proteger contra enfermedades que podrían causar daños graves o incluso la muerte, especialmente en quienes tienen un sistema inmunológico débil o en desarrollo.
Las enfermedades no han desaparecido. Aunque sean raras en algunos lugares, muchas patologías prevenibles siguen existiendo en el mundo, por lo que la vacunación continúa siendo necesaria hasta lograr su erradicación global.

Por todo ello, resulta oportuno traer a colación la campaña del MSP recientemente iniciada para embarazadas, como un paso más en la buena dirección. En realidad, la única capaz de protegernos colectivamente y de evitar lamentos posteriores, cuando ya hay poco o nada que hacer frente a lo irremediable, pero que pudo haberse evitado adoptando, a tiempo, la decisión correcta.

Unasev y el Ministerio del Interior llevan adelante desde este mes una “profundización” de los controles a motos. Así lo anunció la Unidad Nacional de Seguridad Vial como parte de un plan que tiene dos frentes: por un lado la acción por mejorar la seguridad vial y por otro mejorar la seguridad ciudadana frente al delito, ante la constatación del empleo de este tipo de vehículos para quebrantar la ley.
Este anuncio se produjo tras una reunión que mantuvieron en los últimos días del año pasado el subdirector de la Policía Nacional, comisario general Alfredo Clavijo, y el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, instancias en la que abordaron aspectos vinculados al tránsito, la siniestralidad vial y el uso ilícito de motocicletas.

Esto no es de ahora; el problema de las motos es una preocupación de larga data, desde que por su abaratamiento los birrodados de origen chino empezaron a poblar en forma desmedida las calles del país, convirtiéndose en un dolor de cabeza (incluso literalmente, cuando empezó la moda de ponerles ruidosos escapes para llamar la atención).

La incautación de motos se mostró como una medida poco efectiva para contener el problema y generó otros, como la acumulación de vehículos abandonados en dependencias tanto de las intendencias departamentales como del propio Ministerio del Interior. Era más barato sacar otra moto en cuotas que hacer frente a las deudas, multas y reparaciones de la que se había incautado. Esa concentración de chatarras de motos generó además problemas ambientales, por volverse esos depósitos improvisados espacios propicios para la proliferación de plagas que luego se dispersaban por todo el vecindario, a la vez que contenían materiales contaminantes, como los lubricantes que quedan en los depósitos de los motores y las baterías, por ejemplo.

Clavijo explicó que el operativo será llevado adelante por las Jefaturas Departamentales de Policía y la Dirección Nacional de Policía Caminera, con un refuerzo especial de los controles en rutas nacionales. “Va a haber una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos en todo el país”, señaló. Agregó que estos controles se ocuparán de comprobar todo lo establecido por la normativa vigente: libreta de propiedad del vehículo, licencia de conducir, uso de casco, chaleco reflectivo, seguro obligatorio y las condiciones en las que deben circular las motos. Recordó que desde el Ministerio del Interior se ha reiterado el llamado a la regularización de la documentación y de los vehículos, advirtiendo que los controles se intensificarían. El que avisa no traiciona.

El subdirector policial remarcaba justamente este doble riesgo de las motos al decir que, desde la seguridad vial, al estar involucradas en siniestros de tránsito graves y fatales; y por otro, desde la seguridad ciudadana, debido a su utilización para cometer delitos, las motos son un problema por partida doble. Indicó que durante 2024 casi el 40% de las rapiñas se cometieron en moto y que en aproximadamente el 25% de los homicidios en los que se pudo recabar evidencia se constató el uso de este medio de transporte, una tendencia que, según indicó, ha ido en aumento en los últimos años. Aseguró Clavijo que los operativos de control se mantendrán hasta que los indicadores estadísticos reflejen una disminución, tanto de la siniestralidad vial como de los hechos delictivos asociados al uso de motocicletas.

A su vez, Metediera apuntó que estas acciones forman parte de una serie de acciones que se desarrollan desde el inicio de la gestión y planteó que los datos preliminares de 2025 muestran “cifras preocupantes” en materia de siniestros de tránsito, con 30 personas fallecidas más que en el mismo período del año anterior. El jerarca enfatizó en el uso de la fiscalización como herramienta para mejorar y aclaró que los controles “no serán indiscriminados, sino focalizados en aquellas personas que incumplen la normativa y ponen en riesgo la seguridad vial y ciudadana”.

Y es que justamente este que menciona el presidente de Unasev es un punto en el que se deberá ser cuidadoso durante todo este proceso, para no caer en estigmatizaciones injustas respecto a quienes tienen la moto como vehículo para sus desplazamientos diarios y que cumplen la normativa en la medida de sus posibilidades. Porque tampoco es que se trate de convertir a cualquiera que ande en moto en un potencial rapiñero o en un siniestro de tránsito andante y que al poner mucho énfasis en controlar las motos se olvide o se haga la vista gorda con otros usuarios de las vías de tránsito.
Las motos son un problema, sí, pero no son el único problema, y que haya conductores imprudentes y delincuentes que elijan estos vehículos para sus actividades no da carta blanca para hacer la vida más complicada a aquel que la emplea correctamente como medio de transporte.

Recordemos que tiempo atrás el ministro del Interior, Carlos Negro, planteó al Congreso de Intendentes un plan de acción para fortalecer el control de la circulación irregular de motos y propuso como medida para afrontar la falta de identificación visible o la adulteración de la matrícula y controlarlas, la instrumentación de un tag electrónico, del modo del que emplean los pases de los peajes, que permita acceder a datos de empadronamiento del vehículo e identificación de su titular.

Siempre se dice en este tipo de situaciones que quien en nada raro anda no tendrá inconveniente en que lo sometan a controles. Sin embargo, así planteado, genéricamente, da la impresión que de buenas a primeras es una forma más de ceder privacidad en pos de seguridad y que en la misma bolsa que quienes cometen imprudencias y delinquen, terminan cayendo los usuarios responsables y —tristemente— a veces son solamente ellos quienes terminan cayendo.

De acuerdo al resultado de la Encuesta de Evaluación y Perspectivas Empresariales realizada este año por la revista Búsqueda, los desafíos más importantes que se presentan en este 2026 al sector apuntan a lograr condiciones para una mejora en la competitividad y reducir los costos de producción que condicionan el desenvolvimiento de las actividades en producción de bienes y servicios.

El punto es que este planteo no es nada nuevo ni mucho menos, sino que forma parte del arrastre de muchos años en que gradualmente, pero con una tendencia irreversible, los empresarios padecen de la constante erosión de rentabilidad por efectos de factores que se han sostenido prácticamente sin solución de continuidad, pese a situaciones coyunturales muy esporádicas que no han movido la aguja.
De acuerdo a esta encuesta, la inquietud por los elevados costos productivos volvió a reflejarse cuando los ejecutivos contestaron sobre las medidas prioritarias que debería adoptar el gobierno, como temas prioritarios, pero sin olvidar otros aspectos como los vinculados a la seguridad pública, la inversión o la inserción internacional. Por ejemplo un elemento omnipresente en los planteos empresariales tiene que ver con el dólar, es decir el tipo de cambio con un peso sobrevaluado que potencia los muy altos costos internos y por lo tanto no solo deja a empresas uruguayas fuera de los mercados internacionales, sino que muchas otras se encuentran con serias dificultades para competir con su producción con los bienes y servicios importados. El descontento manifestado por los empresarios en la encuesta se da en prácticamente todos los sectores productivos, con la misma proporción de respuestas de parte de las firmas industriales, del agro y de los servicios.

A su vez, la preocupación por bajar los costos de producción y de funcionamiento, fue el segundo problema con mayor cantidad de menciones, pero en este caso surgió con más preponderancia entre los fabricantes y las empresas de servicios.

A estos factores de macroeconomía se agregó por los empresarios el relacionado con el mercado interno, reflejado en el término “baja demanda”, lo que fue complementado con menciones a las dificultades por un bajo crecimiento de la economía, la inestabilidad mundial y los precios internacionales sin olvidar la incertidumbre por la imposición de aranceles por el gobierno de Donald Trump.

En cuanto a las medidas requeridas, los empresarios mencionaron en primer lugar el “bajar el costo del Estado”, así como reducir el déficit fiscal, reclamo por mejorar la seguridad pública, además de combatir la delincuencia y el narcotráfico, incentivos a la inversión, sin olvidar las recurrentes menciones a mejorar la infraestructura, agilizar los trámites, desregular, flexibilizar las relaciones laborales, bajar las tarifas públicas y promover el empleo.

Las previsiones, a su vez, tienen algunos puntos de encuentro pero diferencias en cuanto a las perspectivas de evolución de la economía este año, en general más pesimistas que las cifras expuestas por el gobierno. Así, mientras las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Economía y Finanzas presentadas al Parlamento contemplan un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,2 por ciento, por debajo del 2,6 por ciento de 2025, en tanto la mayoría de los empresarios encuestados tienen un pronóstico menos optimista: el 14 por ciento cree que la economía uruguaya crecerá este año hasta un 1 por ciento, mientras que el 50 por ciento lo estima entre el 1 y el 2 por ciento.

Pero a la vez hay un 14 por ciento que prevé un estancamiento productivo o crecimiento nulo, y un 5 por ciento que considera que habrá una retracción en la economía. Por otra parte hay un grupo de empresarios que indicaron como estimación para 2026 un rango de aumento del PBI de entre el 2 y el 3 por ciento, en línea con la proyección del gobierno, el que llega al 17 por ciento del total.
Por sectores, los comerciantes son los más pesimistas, con un 20 por ciento –incluso prevén estancamiento y contracción–, mientras que le siguen en pesimismo los industriales y los ejecutivos de los servicios, en tanto predomina en general la expectativa de que el empleo se mantendrá más o menos estable.

Un aspecto mencionado con énfasis es que en 2025 el valor del dólar experimentó una caída del 11 por ciento, mientras que por otro lado la inflación creció apenas por encima del 4 por ciento, lo que da una brecha muy significativa a la hora de medir los costos internos en dólares y lo que ello significa en la comparativa internacional a la hora de la concreción de importaciones y exportaciones.

En resumen, en el caso del tipo de cambio, no se prevé mayores variaciones, pero tampoco en lo que respecta a medidas desde el gobierno para incorporar variables positivas en el marco de este escenario que involucra el tramado de la economía en Uruguay, porque precisamente no hay mayor margen de maniobra, como tampoco lo tenía el gobierno que le precedió e incluso el anterior, que era regido por la coalición de izquierdas.

Es decir, el alto déficit fiscal, la falta de competitividad, los elevados costos internos, que incluyen los servicios estatales, la energía, la tributación, el costo laboral, la burocracia, el tamaño del Estado, son factores excluyentes si se quiere cambiar la pisada en este estancamiento, pero un gobierno tras otro, sin margen de maniobra, solo le han dado continuidad a este panorama, más allá de alguna sacudida desde el exterior. Y el punto es que más allá de algún retoque, de algún énfasis aquí o allá, de alguna medida simbólica o voluntarista en el buen sentido, lo que se haga difícilmente pueda pasar de una señal hacia la tribuna, pero sin ser evaluada seriamente por los operadores directamente metidos en la cosa, como los empresarios, porque han asumido que lo que pueda hacerse en el corto plazo es muy limitado y no se podrá ir al fondo de la cosa, salvo seguir apostando a que transcurra el tiempo con la esperanza de que las cosas mejoren, aunque todo esté atado y resulte harto difícil tocar una pieza, sin que la armazón cruja por algún lado, y resulte peor el remedio que la enfermedad.

Venezuela es el único país de América Latina que cuenta con el sistema de misiles antiaéreos S-300, de tecnología rusa, adquirido por el expresidente Hugo Chávez en 2013, lo que ubica al país caribeño por encima de México, Brasil o Argentina en materia de defensa aérea.
Este dispositivo posee una de las tecnologías más avanzadas del mundo y puede interceptar múltiples amenazas de manera simultánea. Forma parte de un sistema escalonado de defensa de largo alcance y permite a las Fuerzas Armadas venezolanas proteger áreas estratégicas mediante capas integradas a distintas distancias.

Con el tiempo necesario para la reflexión, surgen algunas dudas y también algunas certezas sobre la incursión militar de tropas de élite estadounidenses que capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para llevarlos a juicio en Nueva York.
Las crónicas internacionales —y más aún el relato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump— no explican cómo pudo haber sido vulnerado con tanta facilidad el entorno supuestamente inexpugnable del mandatario caribeño.

Mientras tanto, a estas horas se habla del principio de no injerencia, de traición, de complot y, apenas, de una entrega voluntaria.
El Fuerte Tiuna, el complejo militar donde ocurrió la captura de Maduro y la mayor parte de los ataques, es un búnker con túneles, alta tecnología y seguridad cubana, también conocido como Casa de los Pinos. En sus dos apariciones públicas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez no brindó información sobre la existencia de víctimas. Sin embargo, la Fuerza Armada Venezolana denunció el asesinato “a sangre fría” del equipo de seguridad de Maduro, sin precisar el número de muertos ni datos sobre los heridos.
Los venezolanos amanecieron con la duda de quién los gobierna. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a CBS que Estados Unidos continuará trabajando con los actuales funcionarios chavistas “si toman las decisiones adecuadas”. En los hechos, Rodríguez quedó como presidenta interina por decisión del máximo tribunal del país, bajo control del chavismo.

En este marco, parecía inevitable la pregunta sobre la premio Nobel de la Paz, Corina Machado. Sin embargo, según Trump, “le sería muy difícil estar al frente” del gobierno porque “no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país”. Este desaire resultó, además, sorpresivo.

Rodríguez era vicepresidenta desde 2018. Supervisaba buena parte de la economía dependiente del petróleo y estaba a cargo del servicio de inteligencia. Incluso altos funcionarios estadounidenses reconocieron estar impresionados por el nivel de gestión que ejercía sobre la industria petrolera.
Durante la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, desde donde siguió en directo la captura de Maduro sin solicitar la autorización del Congreso para el despliegue militar, Trump volvió a insistir en el control de los recursos petroleros de Venezuela. No es una novedad su interés por los energéticos, si se pretende realizar un análisis mínimo.

Lo que sí resulta novedoso es el destino del crudo venezolano. El 90 %, o más, del petróleo del país se exporta a China, especialmente desde la imposición de sanciones estadounidenses, que empujaron al gobierno de Maduro a depender de los mercados asiáticos. En ese contexto, PDVSA necesitaba compradores que China garantizó, dado que también requiere ese crudo para sus refinerías.
En mayo de 2024, China Concord Resources Corp., con sede en Hong Kong, inició operaciones en dos campos del Lago de Maracaibo tras firmar un acuerdo por 20 años. Comprometió inversiones por más de 1.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura, reactivar pozos y perforar nuevos. Para finales de 2026 se prevé alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios, bajo la supervisión de 60 técnicos chinos y con una plataforma importada desde China. Este es el aspecto que aún falta dilucidar de cara al futuro, más allá del relato ya conocido sobre la incursión militar en Venezuela para capturar a Maduro.

Trump también afirmó que Estados Unidos administrará Venezuela “hasta que se pueda llevar a cabo una transición segura” y adelantó que empresas estadounidenses participarán en la reconstrucción de la infraestructura local, que —según dijo— se encuentra “deteriorada”.
Anunció inversiones por miles de millones de dólares para reparar instalaciones petroleras. Sin embargo, no mencionó el envío de nuevas tropas para encauzar esa transición y se limitó a remarcar el interés de Estados Unidos en proteger y mejorar los activos energéticos.
En cualquier caso, resta saber hasta qué punto las multinacionales estadounidenses están dispuestas a mantener inversiones en un país con un gobierno temporal y con fuertes dudas sobre el funcionamiento de las normas legales y, sobre todo, financieras.
Chevron, por ejemplo, informó en un comunicado que continúa operando en Venezuela con una licencia especial otorgada por Estados Unidos. ConocoPhillips, otra multinacional presente en el mercado petrolero venezolano, consideró “prematuro especular sobre cualquier actividad comercial o incursiones futuras”.

En paralelo, el precio internacional del petróleo continúa en descenso, un factor que desalienta nuevas inversiones. Estas preocupaciones ya fueron planteadas a funcionarios del gobierno estadounidense.
Pero volviendo a Rodríguez y a las razones del interés en su continuidad: durante estos años, la presidenta provisoria desarrolló vínculos sólidos con sectores republicanos ligados a la industria petrolera y a Wall Street, que se oponen a un cambio de régimen encabezado directamente por Estados Unidos.
Por eso, persisten más dudas que certezas. Elementos que, a simple vista, parecen lo que no son.

A pesar de que el ministro del Interior, Carlos Negro, siga hablándole a un país que no existe, la gente no es tonta y sabe que la inseguridad y los delincuentes son quienes gobiernan en Uruguay. Tamaña realidad no es fruto de una exageración sino de un cuidadoso, eficaz, dilatado, eficiente y exitoso proceso que desde hace años viene priorizando los derechos de quienes violan la ley por sobre los derechos de quienes la cumplen y que, además, pagan sus impuestos religiosamente para financiar no sólo la hotelería gratis de las cáceles uruguayas sino también los sueldos de los políticos a quienes poco les importa el accionar de los delincuentes, salvo cuando ellos son los directamente afectados.

Hace algunos días, ante el asesinato de 8 personas en el lapso de 72 horas, el ministro Negro puso cara de “yo no fui” y declaró, en una rueda de prensa en Lavalleja, que esa violencia “es una manifestación más de las épocas violentas que vivimos” y que “estamos en fechas que tradicionalmente concentran” este tipo de “episodios”. Como siempre ha sucedido desde que ocupa un cargo tan importante para la población, el ministro Negro jamás se hace cargo de las falencias de su gestión y trata a todos los uruguayos de “nabos”, naturalizando una violencia que le debería resultar inaceptable y que pone en “blanco sobre negro” su incapacidad para gestionar el Ministerio del Interior.

Como si eso fuera poco, en el mes de noviembre del 2025 y ante la incautación de 400 kilos de pasta base en nuestro departamento, Negro declaró que ello generaría “desabastecimiento” en bocas de venta de droga, algo que el jerarca consideró una “buena noticia para la salud pública”. ¿Acaso quiere que creamos que ese cargamento era el único que entró a Uruguay? ¿Trata de hacernos creer que desde noviembre del año pasado hasta ahora no se consumió pasta base en el Uruguay? ¿Acaso el ministro Negro no camina por la calle y ve la gente que consume a plena luz del día o recorre la ciudad en su auto oficial de alta gama cuyo costo “bancamos” todos los uruguayos? Su falta de empatía con los miles de madres que sufren verdaderas tragedias humanas por la adicción de sus hijos es sólo una muestra de lo poco que le importa todo lo que tiene que ver con el lado humano de las personas más afectadas por ese flagelo que se extiende sin parar y destroza familias de todas las condiciones sociales.

Como en un largo y penoso collar de perlas, el ministro Negro no está solo y cuenta con jueces y fiscales que han sido tradicionalmente permisivos y que priorizan la libertad de los delincuentes por encima de todas las cosas. En efecto, como consecuencia de un mantra que la izquierda uruguaya ha repetido desde tiempo inmemoriales y según el cual “los delincuentes atacan a una sociedad que los atacó primero”, colocando en la sociedad de consumo la supuesta causa de sus aberrantes actos, los fiscales logran acuerdos abreviados muy convenientes para los delincuentes, los cuales le permiten salir rápidamente de la cárcel, si es que llegan a entrar en ella en algún momento. De esta forma, la cárcel se transforma en una verdadera “puerta giratoria” similar a la que impulsó el exministro del Interior José Díaz cuando liberó entre 700 y 1.000 presos de las cárceles uruguayas. Llamativamente nunca se conocieron datos oficiales sobre cuántos de esos presos liberados reincidieron en el delito y tampoco nadie se hizo responsable por haberlos liberado: los robos, rapiñas, asesinatos y demás delitos que pudieron haber cometido quedaron nuevamente amparados por la impunidad de una fuerza política como el Frente Amplio, a la cual le tiembla la mano (y le tiembla mucho) a la hora de ejercer la autoridad que la Constitución Nacional y las leyes en general ponen bajo su cargo.

La incompetencia del ministro Negro le impide controlar los propios establecimientos carcelarios, desde donde los presos planifican operaciones delictivas o manejan sus cárteles de droga con teléfonos celulares como si estuvieran sentados tranquilamente en el patio de su casa.

No es creíble que en el año 2026 no sea tecnológicamente posible bloquear las señales de celulares tal como se hace en diversos eventos o reuniones. ¿Por qué no se toma una medida de estas características? ¿Quién está protegiendo a esos delincuentes? ¿Cuáles son los funcionarios policiales corruptos que permiten estas prácticas que cuestan vidas todos los días? ¿El ministro Negro está al tanto de estas prácticas? En caso afirmativo… ¿por qué no toma medidas ejemplarizantes y efectivas? Por cierto que no se trata de un tema menor y, en todo caso, el que permite esta práctica la está apoyando de manera expresa o tácita. “Los teléfonos celulares no son la única forma de fuga de información dentro de los establecimientos” trató de justificarse Negro. “Hay otras formas de dar órdenes o directivas desde la cárcel hacia afuera”. Cuando uno ve al ministro del Interior en la prensa ve un jerarca desbordado, vacilante, superado y que no da la talla. No se trata de algo causal: ejercer el cargo de ministro del Interior necesita de mucha fortaleza y carácter y no se puede estar siempre “jugando para la tribuna” y quedando bien con todo el mundo. Recordemos que en febrero de 2025, antes de asumir, Negro reconoció que “la guerra contra el narcotráfico está perdida”, una muestra que aceptó el cargo sin confianza en sí mismo ni en su gestión. Es más: en esa ocasión Negro llegó a afirmar negar que “a mayor nivel de tráfico de drogas, mayor es el nivel de homicidios”, dejando en claro que el combate al narcotráfico no incluye en las muertes violentas, algo que deja sin respaldo la teoría de los “ajustes de cuenta” con la cual, desde la gestión del exministro Eduardo Bonomi, el Frente Amplio viene tratando de justificar las muertes que diariamente se producen en Uruguay.

A pesar de que el ministro Negro no lo quiera ver, en Uruguay hay realidades que rompen los ojos: no hay control policial ni seguridad en las calles y tampoco lo hay en las cárceles, donde los reclusos son “amos y señores” de todo lo que pasa en ellas. Desde esas mismas instalaciones carcelarias controlan sus negocios, ordenan asesinatos, reciben dinero y hacen pagos, sin que nadie sepa nada de nada. Se trata de un control que no puede ser obtenido ni mantenido sin una fuerte corrupción policial, pero también en este tema Negro ha tomado la opción de mirar para otro lado y no darse por aludido. Al final de cuentas, el saldo es bastante desolador para los uruguayos comunes y corrientes que quedamos expuestos a la violencia cotidiana y a quienes sólo nos queda colocar alambres de púas, cámaras y rejas en un país donde al ministro del Interior, que debería actuar con determinación, coraje y eficacia se le nota que el cargo le queda grande y que lo tapó el agua.

La gente no entiende muy bien lo del Fonasa y quizás eso es lo que se quiere; en su momento los bolsillos serán más elocuentes. Es la receta astorista de cocimiento a fuego lento de la rana –los uruguayos– y que ahora aplica Oddone loco de contento con su cargo. Y lo hace bien, tal cual lo debe haber imaginado Mujica: ¡un baqueano el Pepe! Un mensaje con cara de distraído hacia los de afuera: no pasa nada, más de lo mismo, y en lo interno más copamiento de un Estado agrandado con burocracia militante al servicio del “partido” y más impuestos: porque eso hay que pagarlo, cuesta plata y a los únicos que se les ocurre sacársela es a los uruguayos de a pie, a los que trabajan y a los que han laburado toda la vida –sin un día de licencia gremial–, a los que no tienen los esquives de “los muy ricos” que adornan las pancartas del Pit Cnt. ¿Que no hay mucho para raspar? ¿Qué no? Mira Cuba, hoy casi sin luz y sin agua. Y no se trata de un eslogan o de algo lejano: está ahí. Fíjate los argentinos: que los jubilados de aquí les pregunten a los de allá como era antes y como les va ahora y que nuestros desocupados les pregunten a los de allá como les fue, finalmente, con los famosos “planes” (seguro de paro condicionado).

Para lo del Fonasa no necesitaron ni la colaboración de los opositores, o de algún voto “acercado”: con disimulo, entre las fiestas y el calorcito del verano, se ataca directamente un beneficio clave –del que tanto se han jactado– como es el cuidado de la salud de la gente, castigando, en particular, como el tiempo lo dirá, a los que hoy más lo necesitan: a los viejos. A éstos, que lo han pagado con creces y ahora molestan; resta, si pueden y está entre los objetivos, que les quiten los ahorros que aún conservan en las AFAP. Ocurrió en Argentina, y no hace tanto.

Que todo esto deja mal parado al propio presidente, quien en uno de sus momentos más firmes y claros prometió ¡no aumento de los impuestos! ¡No más nuevos impuestos! Quizás ni tanto: aquello se trató de un recurso electoral –debidamente preparado y ensayado se supone–, así como lo fue la designación de Oddone.

Se dice que el gobierno no tiene rumbo, pero ¿es tan así?
Parece claro que apunta a agrandar y copar el Estado y a la vez a hacer oposición: la hace desde el Pit Cnt y otras organizaciones y “sellos” con pancartas cada vez con más venas abiertas y reclamos utópicos y con movilizaciones y paros, y la hace el propio gobierno atacando y tratando de destruir –efectivamente– lo hecho por el gobierno anterior. ¿Que no tiene plan de gobierno? No. Su plan, lo dicho, es hacer oposición y como un eventual plan de obras la difusa promesa de uno, dos, cien Antel Arenas; algo así como aquello que decía el Che.

Hay momentos más oportunos que otros para recordar circunstancias históricas, para apelar a reflexiones sensatas y profundas que nos vuelven a la senda de los principios y nos reconforta que así sea. Nos recuerda que no todo está perdido. Del mismo modo, los pequeños inmensos gestos de dignidad democrática de los ciudadan@s de a pie, nos devuelvan a la idea de que la democracia, esta democracia vital e imperfecta, es un fenómeno esencialmente universal y dignificador de la convivencia social. En esta era de la concentración del poder real y del económico, de la dictadura del odio, que sigue en ascenso, hay que exponer verdades y desnudar intenciones, reivindicar la estatura moral de la mejor condición humana, la de construir una sociedad más justa, más placentera en términos de derechos y de calidad de convivencia y de vida.

La dignidad de la resistencia

Nada de esto tiene que ver con Nicolás Maduro ni con Venezuela, sobre la cual sabemos bastante y casi todos o todos tenemos opinión; en muchos casos cuidada opinión y en muchos otros como una suerte de reflejo condicionado a partir de campañas donde se mezclan verdades con ficciones. Esto, en cambio, tiene que ver con Trump y su visión del mundo, en particular de América Latina.

En particular, este documento del 4/12 es más directo que lo “usual”. Y en esa frontalidad, algo inhabitual en medio de tantas mentiras, se dicen algunas verdades que hay que tomar en serio. Desde el vamos, expone objetivos precisos, sin metáforas, de apropiación de riquezas en todo el continente americano apelando a diversas vías: desde las denominadas diplomáticas, las militares y ello, sin olvidar, la intervención en procesos políticos de cada país. Tampoco oculta y lo afirma expresamente, que su objetivo central se concentrará en América.

Lo más significativo, si se puede decir así, es que ya su rol no es una “policía del mundo”, sino que se asume un rol de “capataz del continente”. Hay quienes asumen por esta vía que EE. UU. asume su debilidad global y concentra su atención en zonas contiguas a su territorialidad.

El documento en cuestión adelanta lo que vendrá: “Tras años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental”.

El 24 de diciembre el diario El Nacional, en una columna de opinión con la firma de Leonardo Di Bonaventura-Altuve, afirmaba que “desde agosto, Estados Unidos ha acumulado el mayor despliegue militar en la región desde la Crisis de los Misiles en Cuba en 1962. Trump ha instrumentalizado estas fuerzas de diversas formas: desde ataques letales con drones contra presuntos narcotraficantes en el Caribe, hasta la aprobación de operaciones de la CIA en Venezuela dirigidas contra la dictadura de Nicolás Maduro, y más recientemente, la orden de un “bloqueo naval” contra buques sancionados. En las elecciones legislativas de octubre en Argentina, Trump condicionó un masivo paquete de ayuda financiera a la victoria del partido del presidente Milei. De manera aún más flagrante, Trump intervino directamente en los comicios presidenciales de Honduras al exhortar a los hondureños a votar por el candidato conservador de la oposición, Nasry Asfura”.

Pero lo que sigue merece aún más destaque: “Lo que resulta verdaderamente notable, sin embargo, no es lo que se ve o escucha, sino lo que las naciones de América Latina y el Caribe no han dicho ni hecho”.
La OEA, a través de su secretario general, Albert Ramdim, no ha hablado desde entonces, y ha ensayado una evasiva: “no comentará sobre asuntos que son de naturaleza bilateral”. La Celac tampoco logró acordar una declaración.

La región parece que ha agotado la rebeldía. Tengamos claro, que no estamos hablando de un presidente constitucionalista sino de uno que ganó una elección con sentencia firme de 34 delitos de falsificación de facturas, cheques y registros contables, pero sin cárcel, ni libertad condicional ni una multa. Salvo la marca histórica de ser el “primer presidente delincuente”, como lo bautizó el 10 de enero de 2025 el corresponsal en Washington del diario El País de Madrid.

El juez Juan Merchan, al comunicar la sentencia, pronunció estas palabras que eximen de todo comentario: “en este momento, impongo esa sentencia por los 34 cargos. Señor, le deseo buena suerte en su segundo mandato”.

Alzar la voz

En nuestro país, las expresiones contrarias al imperialismo no fueron exclusivas de la izquierda. Destacados dirigentes del nacionalismo argumentaron en defensa del principio de no intervención. El más contundente ejemplo, lo encontramos en los debates contra las bases militares en 1943, contra el Tratado de Rio de Janeiro de 1947. Luis Alberto de Herrera, con su “Allá ellos los amarillos y los rubios del Norte”. También la metáfora del propio Herrera “Los coreanos del Norte son los Artiguistas del Asia”. Ambas afirmaciones en su argumentario de resistencia al Tratado Militar con EE. UU.

Releer a Paine

“Los derechos del hombre” de Thomas Paine fue una respuesta directa a “Reflexiones sobre la Revolución Francesa” de Edmund Burke, defensor de la monarquía y el orden heredado. Paine defensor radical de la Revolución Francesa y de los principios universales de libertad e igualdad.

Dice una cosa importante Paine que cobra valor en esta coyuntura, al acudir en defensa de los principios: “La fuerza y el poder del despotismo consisten enteramente en el miedo a resistirlo”.

Es momento de decir lo que la hora demanda, sin exabruptos y sin metáforas. Comprendo el valor de la prudencia, entre otras cosas porque permite mejorar la apuesta sin riesgo a precipitarse. Pero para que sea prudencia de prudente, hoy hay que decir algo más.

Ha dado bastante de qué hablar el informe basado en la respuesta de la Intendencia de Paysandú a la solicitud de acceso a la información pública realizada por EL TELEGRAFO sobre los gastos en los complejos termales y los ingresos que percibe la comuna por su explotación. La información aportada desde la Comuna es la expuesta y en eso no hay contraste; después sí, pueden hacerse valoraciones diferentes en base a las interpretaciones, pero sobre todo en función de lo que se entienda respecto a los roles de los gobiernos departamentales y al Estado, en el sentido amplio.

Sucintamente repasemos que los datos proporcionados permitían comparar los resultados de los dos centros termales juntos en el año 2023. La información anterior, argumentó la Intendencia, se perdió durante el hackeo sufrido, la información posterior, la correspondiente al 2024 tenía diferencias entre rubros en uno de los centros, por lo que no era pertinente la comparación.

Así las cosas, en el año 2023 los gastos de la Intendencia en el funcionamiento de los dos centros termales combinados totalizaron los 58.966.406, mientras que los ingresos acumulados fueron menos de la mitad: 25.838.820. Eso deja para el referido ejercicio 2023 un saldo negativo de 33.127.586 pesos, es decir, 828.190 dólares.

Los gastos más importantes son en todo lo atinente a los salarios, beneficios y aportes por los funcionarios, mientras que también hay un componente importante en gastos de energía, principalmente en electricidad, combustible y leña, que destaca en el caso de Almirón. También hay gastos importantes en servicios de vigilancia y custodia.

Lamentablemente la información aportada desde la Comuna no presenta discriminado el origen de los ingresos, por lo que se desconoce qué parte corresponde a entradas, qué monto a contribución inmobiliaria y cuánto provino del cobro del canon de los comercios que prestan servicios en el lugar, de los remates de los lotes subastados en 2023 o de eventuales multas que se aplicaran por diferentes motivos. Pero en todo caso, la respuesta a la pregunta formulada por Ley de Acceso a la Información Pública, solicitando “ingresos detallados por todo concepto, detallando cantidad de entradas vendidas, valores en pesos uruguayos, alquileres, etcétera”, por año y por termas, se limita a ese valor, sin detalles de ningún tipo. Y remarcamos: “por todo concepto”.

Por lo tanto, esos son los datos de la realidad. Las termas no son un negocio para el presupuesto de la Intendencia Departamental en la medida en que los egresos superan a los ingresos y en eso no puede haber dos lecturas, a estar por los datos remitidos ante la solicitud de información.

Otra lectura diferente fue la que planteó Leopoldo Rodríguez, vocero de la organización que nuclea a los operadores turísticos de Termas de Almirón, quien afirmó que las termas son “un negocio redondo para Paysandú”. Es la forma de ver de alguien que tiene su negocio en el lugar. Él plantea, citando datos que propone el Ministerio de Turismo en su observatorio que los ingresos que generan las termas no son solamente los que recauda la Intendencia Departamental directamente, sino que además quienes llegan al lugar realizan otros gastos en los comercios y las empresas de la zona que movilizan la economía. Y no cabe duda de ello, tal vez podamos poner una sombra de duda de si es menos o es más de lo que sostiene el Ministerio de Turismo, o en los valores estimativos de gasto por turista por día en cada terma –menciona $4.000, lo que nos parece bastante exagerado–, pero por cierto que quienes visitan los centros termales alquilan alojamiento o pagan para estar en el campamento, consumen algo en los paradores –cuando hay–, restoranes, cargan combustible en la zona, compran medicamentos en la farmacia, pan en la panadería, carne en la carnicería, y así. Y nadie desconoce el impacto que supone desde el punto de vista del empleo que generan, tal como dice Rodríguez, si no existiesen las termas no existirían muchos de los comercios en Guichón; de hecho ni siquiera existiría Termas de Guiaviyú, un pueblo que nació de la explotación turística del recurso —del agua caliente—. En ese sentido, ciertamente es un negocio “redondo” para Paysandú, una inversión más que un gasto, algo que compartimos completamente.

Pero son dos cuentas diferentes, una es la inversión que realiza la Intendencia que gestiona recursos de todos los sanduceros, de aquellos que van un fin de semana cada tanto, de quienes tienen emprendimientos en las termas y de quienes no han puesto ni medio pie en el agua caliente. La definición de asignar recursos a las mejoras –como se ha hecho– y al mantenimiento de las termas es potestad de cada intendente. Hay quienes lo han hecho de una manera y quienes lo han hecho de otra. Somos de la idea de que para estar en un rubro como el turístico, hay que ser competitivo y siempre estar invirtiendo en ello, así como en difusión. Si se va a apostar al turismo, hay que competir con las reglas del sector, ni más ni menos. Después, si esa inversión la realizan los operadores privados, a costo propio, aplausos para ellos, pero mientras quien ponga el dinero sea la Intendencia, es decir, quien gestiona los dineros del departamento, siempre estaremos celosos de ver a qué se destinada cada cosa.

En tanto, el ciudadano “de a pie”, ese que sostiene con sus impuestos el funcionamiento y la propia existencia de las termas, es por lo tanto un “socio” en esta empresa y debe conocer la realidad de los números, de la misma forma que debe saber cuánto se gasta o invierte por ejemplo en la Semana de la Cerveza, el Encuentro con el Patriarca, el Carnaval y tantas cosas más, que si bien producen un gran derrame económico, también significan cuantiosos recursos municipales, que por supuesto se restan a otras obligaciones de la Intendencia. Incluso se debe saber que eso a veces tanto se critica porque no tiene esto o aquello, o que tal servicio no alcanza la calidad que se pretende, aún así, tan básico como parece, es muy caro de mantener, más allá de las millonarias inversiones que se suman año a año.
Y esto no parece ser un problema de color político de quien ejerce la administración departamental, porque las termas siempre fueron una piedra en el zapato para las intendencias, y siempre dieron pérdidas muy significativas.

Ahora bien, con esos números sobre la mesa, sabiendo qué implica estar en este rubro, hay que tener mucha cautela a la hora de pensar en proyectos de inversión como los que se han venido planteando para Corrales de Abasto. ¿Está la Intendencia, y más que la Intendencia el propio departamento, en condiciones de hacer frente a la gestión de un tercer centro turístico de la envergadura de los centros termales ya existentes, o incluso más grande aun, como se ha hablado de algunos proyectos? ¿Puede hacer frente además a la millonaria inversión inicial que requeriría? Porque las promesas son muchas, pero parece ser que en lo que es centros turísticos, “la casa siempre pierde”.

Por lo tanto si así fuera, y para estar a cubierto, el modelo de negocio debería ser por lo menos muy diferente a este que hoy tenemos.

Mes a mes, en EL TELEGRAFO, nuestro suplemento Pasividades nos permite, de alguna manera, tomar el pulso de la realidad social que viven los pasivos en nuestro departamento, a través, sobre todo, de las inquietudes y vivencias que recogen las entrevistas a personas de la tercera edad de nuestro medio. Pero también —y no menos importante— a partir de las actividades que desarrollan durante todo el año los respectivos centros que los nuclean, en un sinfín de áreas.
En la edición del miércoles 28, además, nuestros lectores tuvieron la oportunidad de conocer las conclusiones y visiones que se pusieron de manifiesto en el Congreso Interamericano de Psicogerontología, realizado en Chile, donde especialistas en la materia expusieron y debatieron realidades que, si bien pueden parecer diferentes entre los distintos países, comparten un denominador común: la carencia de recursos para atender la demanda en las respectivas áreas de un grupo etario que representa un porcentaje cada vez mayor de la población, como consecuencia de una mayor expectativa de vida y la caída de los nacimientos. Pero también porque una mejor calidad de vida implica que, en la tercera edad, se extiendan los períodos en los que es posible —y necesario— encarar actividades que contribuyen a la inserción y el protagonismo en las distintas etapas de la ancianidad.
Así, la psicogerontóloga Andrea González, quien participó en este congreso, reflexionó en entrevista con Pasividades acerca de los desafíos de una sociedad que envejece, la necesidad de romper prejuicios y el valor de construir vejeces diversas, activas y con autonomía.
En la parte técnica de este encuentro internacional participaron profesionales como psicólogos, médicos, abogados, fisioterapeutas y sexólogos, quienes abordaron esta problemática desde el foco de sus respectivas especialidades, sin poder —naturalmente— sustraer cada área del enfoque integral. Porque el punto de partida es, fundamentalmente, la salud física y mental, base de todas las demás posibilidades, a lo que se suma, en muchos casos casi de forma excluyente, la realidad socioeconómica de cada persona o pareja, un factor omnipresente ante las demandas adicionales que conlleva la vejez.
Señala en este sentido la profesional sanducera que uno de los ejes centrales fue la psicogerontología crítica, una perspectiva que aborda los procesos de envejecimiento desde los derechos humanos y cuestiona los estereotipos tradicionales asociados a la vejez, destacando que se trabaja desde un lugar que garantice los derechos de las personas mayores, entendiendo que, a la vez, se trata de una construcción social en permanente cambio.
Trajo a colación, además, la importante participación de los Centros de Día en la atención a la tercera edad, en el marco de un trabajo interdisciplinario y en red, que incluye disciplinas como educación física, psicología y educación social, y que articula asimismo con instituciones del territorio como la Intendencia, Ajupe, el Mides y los servicios de salud.
Señaló también que, pese a los avances logrados en todos estos años, lo que se hace —aun siendo de gran importancia— resulta insuficiente para el presente, y que la perspectiva a futuro es todavía más problemática, dado que la tendencia al envejecimiento poblacional es irreversible, no solo en Uruguay sino en todo el mundo, aunque con diferente velocidad según los países.
Tiene razón la profesional cuando advierte que uno de los grandes desafíos no es solo institucional, sino también cultural, y que está relacionado con la inserción del pasivo en la sociedad, a quien a menudo se subestima en sus posibilidades y capacidades. Explica que “el prejuicio es pensar que dejan de ser parte del sistema productivo y pierden autonomía”, cuando en realidad “hoy vemos personas de 65 años con una vida muy activa”, algo prácticamente impensable pocas décadas atrás.
A la vez, destaca que “la vejez no es una sola; hay tantas vejeces como personas. No podemos pensar propuestas homogéneas, porque no a todos nos gusta lo mismo ni queremos vivir esta etapa de la misma manera”, y subraya que la clave está en respetar la autonomía y el derecho a decidir, incluso en aspectos sensibles como los cuidados y el final de la vida.
Desde Pasividades observamos también cómo las asociaciones de pasivos son una pieza clave de la participación individual desde una forma asociativa en estas distintas “vejeces”. Porque, a pesar de la diversidad, se asumen responsabilidades comunes y se generan ámbitos para desarrollar actividades sociales y de diversa índole, que constituyen la savia que potencia una vejez activa, lo que redunda positivamente en el estado general de las personas mayores y contribuye a mantenerlas, por más tiempo, al margen de los consultorios de salud.
Las reflexiones que surgen de este compendio —necesariamente parcial y limitado— de la problemática de nuestros abuelos indican que el abordaje debe hacerse desde una visión integral de la persona, desterrando prejuicios y asumiendo, a la vez, que todo ciudadano, sin importar la edad, más temprano que tarde será parte de este envejecimiento poblacional que plantea tantos desafíos, sobre todo en el plano previsional, pero también en el de la integración social.
Recordamos datos proporcionados por la presidenta del Observatorio de Vejez, Envejecimiento y Seguridad Social, Jimena Pardo, que indican que en nuestro país son 892 las personas mayores de 100 años con pasividades del organismo, de las cuales el 83,3 % son mujeres y el 16,7 % varones. La mirada de la jerarca pone el énfasis en el aspecto previsional y señala que las expectativas de vida promedio a partir de los 65 años se han incrementado significativamente: de 15 a 20 años en el caso de las mujeres y de 12 a 16 años en los hombres.
Pero, como señalábamos, está de por medio la realidad social asociada a la ecuación económica, y es mucho lo que se puede hacer desde la comunidad —cada uno desde el lugar que le toque, y con apoyo institucional cuando lo haya— para que crezcan las “vejeces” con mejor calidad de vida. Ese es, en definitiva, el verdadero desafío que se nos plantea en esta etapa de nuestra historia.

Cuando esta noche hagamos sonar las copas al son de las campanadas estaremos celebrando algo más que el inicio de un nuevo calendario, de una renovación, el reinicio del ciclo, estaremos manifestando la esperanza porque lo que se venga sea mejor que lo que dejamos atrás. Porque esta fecha tiene eso de por un lado pasar raya de lo transitado y por otro ir viendo hacia adelante.
Seamos conscientes o no de ello, buena parte de ese futuro venturoso que auguramos depende de nosotros, y no, no nos estamos poniendo místicos, apelando a eso de atraer las buenas energías —que nunca está de más, dicho sea—.

Cuando estalle la medianoche habremos transcurrido ya la primera cuarta parte de este Siglo XXI que llegó lleno de promesas, tal vez las mismas que se renuevan cíclicamente. Ha sido en el mundo un año signado por la guerra y por mensajes agresivos, que alientan la conflictividad entre las naciones y entre las personas, en el que una vez más hemos comprobado que los discursos de odio siguen tan campantes entre nosotros, igual que los de los nacionalismos extremos y mal entendidos, que comparten espacio con intereses comerciales. Qué poco aprendemos los seres humanos que además de no poder superar viejos problemas, nos inventamos nuevos que nos enfrentan. Cuando celebremos la llegada del nuevo año seguramente no tengamos tiempo de hacerlo, ni posiblemente sean las mejores circunstancias, porque lo ideal es aprovechar el momento de estar en familia, tal vez compartiendo con amigos o, si toca, atendiendo las obligaciones, o reflexionado sobre las circunstancias que lo impiden, pero en esa retrospectiva seguramente hemos de encontrar decisiones que no fueron del todo acertadas, otras que salieron bien aunque inicialmente no parecían tan claras.

Hay quienes aprovechan estas fechas para plantearse sus propósitos o metas a cumplir en el año nuevo, objetivos que suelen estar ligados al desarrollo personal, o a conquistas materiales, que no está mal, por supuesto, pero que en estos tiempos donde los mensajes tienden a reforzar el individualismo, no es mala cosa que haya además una mirada colectiva, un entender que hay decisiones que ayudan a la convivencia aunque tal vez no armónica, por lo menos con la tolerancia que requiere. Paysandú ha tenido mucho de eso a lo largo de su historia, de personalidades que tienen la lucidez de elevar la mirada y entender los caminos más convenientes. Claro, la misma historia no está exenta de otro tipo de miradas.

Si salimos a hacer una encuesta sobre qué decisiones son las convenientes para que Paysandú sea un lugar mejor, posiblemente encontremos varios puntos de contacto pero también vamos a tener un montón de contradicciones, el desafío es lograr que aun con esas contradicciones seamos capaces de convivir y salir adelante. Es esto que se expresa en cosas tan básicas como el uso de los espacios públicos, que se divide entre quienes van a disfrutar y descansar, y quienes prefieren estar con la música elevada y disfrutando de la fiesta. Es difícil, pero debería haber lugar para todos, es cuestión de organizarse; como aquellos vecinos que aprovechan el domingo para hacer asado mientras que los del otro lado de la medianera ven frustrada su intención de lavar ropa.

Ojalá los problemas de convivencia que tenemos en el mundo de hoy fuesen por el volumen de la música o porque se puedan compatibilizar los horarios de asado/lavado. Tristemente, hoy las tensiones por la disputa del poder global nos han hecho retroceder varias décadas, a tiempos en los que existía el temor de que en cualquier momento alguien apretase el botón rojo y surcaran el cielo los misiles nucleares que terminaran con la otra potencia, que a su vez tendría tiempo antes de recibir el impacto de responder con toda su artillería. En ese período histórico que conocemos como la Guerra Fría, el mundo quedó dividido en dos mitades, cuyo enfrentamiento lo salpicó todo hasta en los confines del mundo, ocasionando mucho dolor. Porque en algunos lugares ese conflicto no fue tan frío. Aunque con puntos de contacto, la situación no es la misma hoy. Existe una polarización apreciable en las discusiones de los intercambios a través de foros y redes sociales. El formato es muy distinto, ya no son dos vecinos que se encuentran en un café o en una ronda a discutir en torno a sus puntos de vista, hoy son agresivos ataques espontáneos entre personas que no se detienen a escuchar ni debatir argumentos, solamente se agreden. Entonces, hoy o mañana, cuando encontremos ese tiempo de reflexión entre lo que dejamos atrás y los desafíos que nos planteemos, no sería mala cosa detenerse un instante a pensar en qué medida hay cosas que podemos hacer para bajar los “decibeles” a la confrontación general, que parece ser hoy la norma. Pero no es el único desafío que tenemos, todos, como humanidad. Hemos entrado en una vorágine difícil de entender en la que parece que debemos estar constantemente activos, generando “contenido”, interactuando, moviendo una máquina que no comprendemos bien y que algo tiene que ver con ese clima de uniforme rispidez. No sería mala cosa, entonces, ponernos entre los objetivos tratar de darnos un poco de espacio respecto de esa exposición constante, salirse un poco de la “manija” y hallar ámbitos de intercambio “presenciales”, como se le dice ahora a cuando una persona se encuentra con otra a conversar. Por supuesto que, como es de orden, deseamos que sea un año próspero y que lo compartan en familia, pero también, con mundial y todo, que el 2026 sea bastante menos loco e iracundo que este que se está terminando de ir.
¡Salud!