Opinión

“Los tuyos, los míos y los nuestros” es una película norteamericana de la cual se hizo una primera versión en el año 1968 y una segunda en el año 2005, esta última protagonizada por Dennis Quaid y René Russo. El argumento del filme trata sobre un almirante guardacostas viudo (Quaid) y una diseñadora de bolsas viuda (Russo) quienes se enamoran y se casan. Ella tiene 10 hijos y el 9, por lo que tal situación se presta para todo tipo de enredos, tal como sucede en la política.

En los últimos días la actividad legislativa de nuestro país ha sido escenario, una vez más, de una política en la cual las posiciones de los partidos cambian como si tratara del juego de la “mosqueta” y lo que ayer era malo hoy es bueno y viceversa. Nos referimos a votación, por parte del Senado, de la venia solicitada por el Poder Ejecutivo para designar a Carolina Ache como embajadora en Portugal. De acuerdo con el semanario Búsqueda, “la decisión solo contó con los 17 votos del Frente Amplio, aunque incluso en el oficialismo había dudas sobre la pertinencia de la decisión, y el rechazo cerrado de blancos y colorados”. La aprobación de la venia se logró “tras una discusión áspera y extensa”.

Le pedimos a nuestros lectores que hagan un poco de memoria sobre el episodio por el cual se le otorgó un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset a fines del año 2021. Tal como lo consigna el portal del informativo televisivo Subrayado, “durante la sesión del cuerpo legislativo el senador colorado Andrés Ojeda (secretario general del Partido Colorado) leyó en sala varias declaraciones de dirigentes y legisladores del Frente Amplio críticas con Ache, en el período pasado, y dijo que seguramente ahora la nombran embajadora como una suerte de devolución de favores, ya que en el 2023 la exvicecanciller denunció ante la Justicia presiones del gobierno por el caso Marset, lo que derivó en la renuncia del entonces canciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior Luis Alberto Heber y el subsecretario Guillermo Maciel”. El Frente Amplio, en cambio, señaló en sala que Ache decidió enfrentar las presiones del gobierno de entonces, y denunció ante la Justicia la intención de borrar los mensajes de WhatsApp en los que se advertía de lo peligroso que era Marset, y la decisión de destruir un documento público que sería investigado por la Justicia. En la denuncia, Ache presentó una grabación que hizo de una conversación telefónica con Bustillo, en la que el entonces canciller le sugería perder o destruir su celular.

Esa conversación grabada por Ache, sin el consentimiento de Bustillo, fue argumento para que los senadores blancos señalaran falta de ética y confianza política en la ahora designada embajadora”.
El portal de noticias El Explorador, por su parte, ha efectuado un ilustrativo resumen de las expresiones contrarias a la venia finalmente otorgada: “La senadora nacionalista Graciela Bianchi tomó la palabra con más cuestionamientos hacia la designación. Calificó la situación como ‘bochornosa’ y manifestó que le llamaba ‘profundamente la atención que el presidente Yamandú Orsi la consienta’. Para Bianchi, ‘los embajadores son la cara visible de un país y el servicio exterior es un servicio que es como toda organización, se conocen todos’. La legisladora expresó que el accionar de Ache la hacía sentir ‘vergüenza como uruguaya’. ‘Te graba sin que te avise.

Me parece repugnante’, dijo, en alusión a las grabaciones privadas que la exsubsecretaria realizó al entonces canciller Francisco Bustillo, hecho que derivó en la renuncia del ministro. Bianchi recordó que la exjerarca ‘aún tiene una causa abierta en la Justicia. ¿O todo el mundo se olvidó?’, preguntó en sala. Por su parte, Pedro Bordaberry del Partido Colorado, sostuvo que ‘es un error nombrarla en estos momentos embajadora’. Aclaró que Ache ‘no pidió nada a cambio de ser embajadora’ y que ‘pongo las manos en el fuego por ella’, aunque reconoció que la decisión ‘suena feo’ y ‘a movida política’. Agregó que la designación se dio ‘sin consultar ni siquiera a su partido político’ y que, en el contexto actual, ‘no solamente porque no es de carrera, sino porque estamos en la mitad de un lío y se generan suspicacias. Hay una investigación en curso, que falla de un lado, una de la Justicia’. Desde el Partido Nacional, el senador José Luis Falero también consideró la decisión ‘inconveniente’ e ‘innecesaria’. En tanto, Gustavo Zubía cuestionó al oficialismo por haber cambiado su postura respecto a Ache: ‘El problema central es: ¿cambiaron el criterio sobre la doctora Ache? Si no lo cambió surgen incoherencias morales’, planteó”.

A pesar de que los senadores frenteamplistas votaron en bloque la venia de Ache, no todos estaban convencidos de hacerlo debido al sorpresivo cambio del Frente Amplio sobre la conducta desarrollada por la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. El único que habló sobre el tema fue el senador socialista Gustavo González, quien aclaró que votó a favor de enviar a Ache a Portugal, una medida con la que no está de acuerdo, solo por disciplina partidaria. “He dado mi posición ante los compañeros. La mayoría de mis compañeros entendió que había que votar y por eso voté. Mi argumento fundamental es que para mí un embajador es una persona que debe ser de absoluta confianza política del Poder Ejecutivo. Y para mí no puede ser hoy el caso de Carolina Ache”, dijo González al momento de fundamentar su voto. El senador frenteamplista Óscar Andrade, por ejemplo, también manifestó sus reparos a la designación de Ache, y refiriéndose al caso Marset expresó: “me cuesta entender cuáles son los argumentos para personas que de alguna manera estuvieron involucradas en ese proceso tomarlos en cuenta para responsabilidades de representación”, expresó Andrade.

La designación de Ache como embajadora en Paraguay resulta llamativa no sólo porque antes fue objeto de críticas muy duras por parte del Frente Amplio y de sus referentes políticos (los mismos que ahora votaron su venia como embajadora) sino porque la ex subsecretaria envió varias señales de apoyo a la candidatura de Yamandú Orsi para el balotaje (por ejemplo su anuncio de que no votaría al candidato coalicionista Alvaro Delgado o el respaldo a Orsi por concurrir a la reunión de los países integrantes de los BRICS). Visto desde este punto de vista, puede resonar la famosa frase según la cual “favor con favor se paga”, pero eso es una costumbre tan habitual en la política que no debería llamar la atención a nadie. Así es como funcionan los políticos en Uruguay y en cualquier país del mundo, tal vez por eso mismo se trata de una actividad y de un grupo de personas con un índice de rechazo social cada vez más alto.
El episodio de la votación de Ache deja un sabor amargo para la democracia uruguaya en general y para la ciudadanía en particular porque demuestra, una vez más, que “como te digo una cosa te digo la otra” y que a la persona que ayer la apoyaba hoy la defenestro y viceversa. Solo importan los puestos y los sueldos que se puedan obtener, jamás las ideas y mucho menos las conductas personales. De esa forma, y como expresa el famoso tango Cambalache, quedamos “en un mismo lodo todos manoseados”: los míos, los tuyos y los nuestros.

En mayo de 2018, Agustín Canzani publicaba en Nueva Sociedad una reflexión que vale la pena recordar: “El principal partido de la izquierda progresista uruguaya se encuentra en un proceso de tensiones y debates internos. El espíritu del Frente Amplio, la fuerza gobernante en el país, ha sido siempre el de la resolución de las divergencias a través de los consensos. Concebido como una gran familia en la que conviven diferentes grupos que representan tradiciones e ideologías políticas distintas, el Frente Amplio tiene ahora el desafío de promover una nueva mirada progresista para Uruguay. En ese proceso debería evitar convertirse en aquello que nunca ha querido ser: una izquierda radical de mera vocación testimonial y pasaje anecdótico por el poder, o una socialdemocracia descafeinada que pierde su base social”. Tan significativo como desafiante era el título de esa columna: “El Frente Amplio en la encrucijada. Debates, tensiones y matices en la izquierda uruguaya”. Canzani pone el acento en la dinámica de gobernanza del FA. Lo resume así: “En la historia del FA el consenso ha sido posible sobre dos bases: la grandeza de las mayorías y la lealtad de las minorías… integradas al diálogo y la negociación, y atendidas en algún aspecto de sus posturas, aun siendo menos importantes cuantitativamente, responden apoyando la posición tomada”. Pero los tiempos pueden ser insensatos, demorados, y esa armonía puede consumir la energía que requiere dinamizar la gestión de gobierno. Desde una actitud humilde, el FA, como proyecto político, está basado en el “bloque social de los cambios”, social y teóricamente variado y diverso, que avanza sobre la base de consensos. Sin embargo, el problema se profundiza cuando el contexto económico se vuelve más restrictivo, acotando las posibilidades de avance en determinadas políticas públicas e imponiendo límites a herramientas clave para dar continuidad a un modelo redistributivo. El incremento del déficit fiscal también restringe el aumento del gasto y compromete algunas modalidades de gestión pública. Los cambios en los procesos de integración regional, sumados a una nueva realidad proteccionista y belicista, desafían el corsé de la política exterior, condicionado por el debilitamiento del multilateralismo. La necesidad de un rumbo más elaborado y sofisticado puede abrir nuevas opciones frente a la rigidez de dos bloques nacionales claramente definidos. Algunos efectos no deseados de ciertas reformas requieren pensar en una “segunda generación”, con el consiguiente desgaste político que ello implica.

Cuestiones tercas…

Cómo seguir, hace un lustro y ahora, sigue siendo la misma pregunta, aunque en un contexto de mayor inestabilidad y rigidez. El FA ha hecho un recorrido que lo devolvió al gobierno nacional, pero ese trayecto dejó asuntos pendientes. Hay desafíos que deberán resolverse al mismo tiempo que se desarrolla el gobierno. Ello requiere liderar y encauzar las inquietudes y los debates. Una condición no escrita es asumir esa labor con audacia y sensatez, con valentía y realismo. El FA necesita reconocerse en ese debate y en esas políticas, evitando caer en lo que nunca fue: ni una izquierda testimonial y anecdótica, ni una socialdemocracia edulcorada que renuncie a su identidad de origen y acción. Y tanto a más como a menos, esta no sería aún una encrucijada, pero sí un riesgo. Lo único viable es definir transformaciones sustentadas en las fuerzas sociales del cambio, con rigurosidad técnica y viabilidad política. Uruguay y el Frente Amplio se caracterizan por su vitalidad democrática, su fortaleza institucional y su capacidad de alternancia, arraigada y sólida. Más aún, si se los compara con la región y el mundo.

Sin concesiones

Óscar Bottinelli, una de las referencias del análisis político en nuestro país, ha puesto énfasis en las cuestiones emergentes del resultado electoral de 2025. La primera de ellas es el equilibrio de bloques, que no deja lugar a otra alternativa y que presenta aspectos positivos, como la posibilidad de transitar negociaciones, alcanzar acuerdos y, como conclusión, fomentar la moderación. Esto también podría leerse como una ralentización de las políticas de transformación que están en el espíritu fundacional del FA, pero no como una renuncia a ellas. Del último ciclo electoral se acentúa un factor clave: una “paridad” muy compleja, con una segmentación diferente marcada por la metropolitanización de la izquierda, resultado de no haber logrado quebrar la resistencia en el interior del país. Los retrocesos en territorios ganados y perdidos requieren revisión, para que la izquierda transforme la frustración en política eficaz. No es válido justificar el revés en la propia dificultad, pues ese es un dato apriorístico de la realidad. Tampoco lo es consolarse con lo que se fue y ya no se es.

Este punto es significativo. Desde el gobierno nacional, el FA impulsó políticas que contribuyeron a profundos cambios positivos en la construcción de una institucionalidad con creciente descentralización, pero las estructuras departamentales del FA no han sabido o no han podido transformar eso en capital político. A saber: la creación de los municipios (2010), que significó un cambio histórico en la estructura del gobierno local; el fortalecimiento de las intendencias, mediante sustanciosas transferencias presupuestales, tanto automáticas como por convenios de gestión; y la consolidación del Congreso de Intendentes como espacio de coordinación intergubernamental, con mayor incidencia en la definición de políticas nacionales con impacto territorial. En concreto: aumento del Fondo de Desarrollo del Interior, sistema de transferencias condicionadas y políticas sectoriales con enfoque territorial. Así, el Frente Amplio no solo generó un tercer nivel de gobierno (los municipios), sino que aumentó las transferencias de recursos y competencias hacia intendencias y localidades. Sin embargo, la autonomía real de los gobiernos locales dependió de otros factores, como la capacidad de los gobernantes y la debilidad institucional frente al peso del nivel central. Todo ello fue muy positivo, pero los resultados de las elecciones municipales fueron pobres. El FA retuvo Montevideo, Canelones y Río Negro, pero perdió Salto. Como señala Bottinelli, el Frente gobierna territorios donde vive el 57 % de la población, pero el resultado dejó sabor a poco. Y esto, a partir de un “error muy grande de diagnóstico” por parte de la conducción frenteamplista.

Atentos al presente

Al coincidir con esta mirada, resulta claro que es necesario afinar la lectura de los procesos sociales y territoriales, para que, a partir de nuevos enfoques, no se repitan derrotas. Es preciso corregir aspectos de la gobernanza de la coalición y proyectar un reordenamiento territorial de los recursos políticos de la fuerza a nivel nacional. En este primer año, intenso y desafiante, el gobierno se ha ido afianzando, pero, naturalmente, muchas de sus dudas y opacidades han dejado situaciones que deben analizarse. No necesariamente se trata de errores, pero tampoco se transformaron en aciertos ni en respuestas naturales frente a las complejidades del acto de gobernar. Es cierto que navegar hacia puertos sin muelles es una tarea ímproba. Requiere paciencia y la capacidad de proyectar escenarios posibles para que pocas cosas sorprendan. Y, sobre todo, recordar que cada decisión política debe estar arropada por estrategias de información que le otorguen solidez y fundamentos.

Estoy, como muchos uruguayos, muy preocupado al ver cómo este gobierno no está trabajando por el bien del país. La verdad, no ha hecho nada más que pensar en agrandar el Estado y generar más gastos que cubrir, algo muy irresponsable en todo sentido. El déficit fiscal que tenemos es muy elevado, y no se puede seguir gastando más: hay que reducir el costo del Estado lo antes posible y terminar con los privilegios, especialmente los de políticos y directores de entes.
No se puede “tirar manteca al techo” en momentos tan difíciles. Y no solo en Uruguay: la crisis es mundial, varios países se están ajustando el cinturón porque los números son complicados.
Pero aquí tenemos al señor Díaz, que hace unos días vino a querer convencer a los ciudadanos de abrir otro ministerio. Asombra ver a gente en el gobierno que solo piensa en crear cargos para mantenerse en el poder, y lo increíble es que ningún periodista presente le preguntó de dónde se sacarían los recursos para pagar ese nuevo “curro”.
La justicia sabemos cómo funciona en este país: no hay ningún político preso por corrupción en los últimos años, pese a todo lo que se ha descubierto y denunciado. Son cientos de millones de dólares perdidos, desde el remate de Pluna hasta los 10 millones de dólares que el personaje de Mujica otorgó a un desconocido que ni uruguayo era. Cayó preso el gerente del banco, pero quien generó todo, que era presidente, a él no le paso nada, murió sin ser juzgado.
Después vino el caso de la vicepresidenta y el Antel Arena, con un derroche millonario, empresas que trabajaron sin licitación y más de 40 millones de dólares de diferencia. Tampoco pasó nada. Y quien era el fiscal de entonces es este mismo señor Díaz, hoy en el gobierno.
Hay responsabilidades de todos los partidos. Por eso es una vergüenza que la política haya logrado entrar en el sistema judicial, haciéndolo más injusto para cualquier ciudadano común que cometa un delito. Mientras tanto, un político que gestiona mal un ente del Estado no sufre consecuencias: se investiga, se archiva y nada más. Eso no es justicia, es injusticia, señores políticos. La gente no es tonta: piensa.
También preocupa la situación laboral. Desde que comenzó este gobierno se han perdido miles de puestos de trabajo, y todavía hay amenazas de cierre de comercios y empresas antes de fin de año. Pero al gobierno no se le mueve ni un pelo.
La desconfianza es peligrosa: las empresas se van o dejan de invertir, pierden la fe en el sistema político uruguayo. Miren lo que está pasando ahora: todo lo que presenta el gobierno se aprueba gracias a la mayoría del Frente Amplio y a dos votos de Cabildo Abierto, de legisladores que nadie conoce ni votó, pero que se volvieron el “caballito de batalla” para conseguir votos en todo. Mientras tanto, el resto de la coalición mira sin poder hacer nada.
Es muy jodido el tema de las mayorías parlamentarias. Debería requerir más respaldo, porque de lo contrario los legisladores terminan votando lo que pide el oficialismo, y adiós pueblo. ¿Para qué se votan diputados y senadores si después no pueden hacer nada? Tienen las manos atadas.
La verdad, es lamentable y muy hipócrita. ¿Por qué no se cambia este sistema de votos? Así serían más responsables al aprobar leyes que repercuten en todos los uruguayos.
Tampoco hay dinero para la salud, la educación y la seguridad. Este gobierno lo prometió en campaña, pero hoy no cumple. La seguridad es lo peor: todos los días hay muertos y robos, y el ministro todavía está pensando cómo solucionar un tema tan importante para todos.
Lo único positivo en estos días ha sido la protesta de algunos militantes del Frente Amplio. Es importante ese gesto de reconocer que se está gobernando muy mal. Este país está en el horno y todos lo estamos sufriendo. Los gastos crecen y no se hace nada en beneficio de la gente. Hay mucho desempleo, pobreza y un trabajo que desaparece, mientras los inversores se retiran y los ahorristas pierden confianza.
Se ve a un gobierno inseguro, que ahora habla de levantar el secreto bancario y de apropiarse de propiedades vacías. Eso es meterse en lo privado de las personas, una idea que viene del sistema comunista, que tanto daño ha hecho en otros países y que ahora se quiere implementar aquí.
Así, nos hacen pensar en un futuro muy complicado e inseguro.
Daniel Acosta

La ONU anunció que reducirá “drásticamente” el presupuesto para 2026 y que encara una “carrera hacia la bancarrota”. Así, justamente, se titula un artículo en la página de la Organización de las Naciones Unidas, firmada por Manuel Elias, en la que se cita al secretario general de la ONU, António Guterres, quien afirmó que la organización seguirá este derrotero a menos que los Estados miembros paguen sus cuotas íntegramente y a tiempo. Este comentario lo hizo en la víspera, al presentar “un presupuesto ordinario, drásticamente reducido de 3.238 millones de dólares para 2026”. Tal propuesta, revisada, supone una reducción muy importante de recursos en comparación con la solicitud original para el próximo año, que era de 3.715 millones de dólares y se sitúa un 15,1% por debajo de la asignación aprobada para 2025.

Relata el artículo que “en una intervención ante la Quinta Comisión de la Asamblea General, encargada de las finanzas y la administración de la ONU, Guterres describió un panorama sumamente precario, con elevados atrasos, contribuciones retrasadas y la ‘devolución de créditos’ que amenazan con eliminar la liquidez y socavar las principales operaciones”.
El presupuesto para 2026 también reduce el personal con el que se contará respecto a la propuesta original, que financiaba 13.809 puestos (10.667 puestos regulares más 3.142 puestos de Misiones Políticas Especiales) a 11.594 puestos, lo que representa un recorte del 18,8% en comparación con 2025.
Siempre en función de esta nota, las reducciones se centran en los departamentos y funciones administrativas de mayor tamaño, a la vez que protegen los programas que prestan servicios directos a los Estados miembros, en particular a los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral, los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la promoción del desarrollo de África. El presupuesto ordinario, que se financiado con las contribuciones (aportes) obligatorias de los Estados miembros, cubre los programas y operaciones principales de la Secretaría de las Naciones Unidas. Además de este, ONU cuenta con un presupuesto específicamente destinado a las operaciones de mantenimiento de la paz, que se rige por un ciclo que va del 1º de julio al 30 de junio, mientras que el presupuesto ordinario se rige por el año civil, es decir, de enero a diciembre.

Guterres previno que la actual crisis de liquidez tiene graves consecuencias más allá del próximo año. Expuso que “los elevados atrasos a finales del año pasado, que ascendían a 760 millones de dólares, sumado a la obligación de devolver 300 millones de dólares en créditos a los Estados miembros a principios de 2026, eliminan casi el 10% del presupuesto de los fondos disponibles”. Así las cosas, “Cualquier retraso en la recaudación a principios de año nos obligará a reducir aún más el gasto, y luego, potencialmente, a enfrentarnos a la perspectiva de devolver 600 millones de dólares en 2027, o alrededor del 20% del presupuesto”, precisó.
Eso, a la postre, “significa una carrera hacia la quiebra”, afirmó, reiterando la urgente necesidad de disminuir los atrasos y suspender la devolución de los créditos. Anteriores medidas que se adoptaron para limitar el gasto solo dieron un respiro temporal.
La ONU comenzó el año con un déficit de 135 millones de dólares y, a finales de setiembre, había recaudado solo el 66,2% de las cuotas anuales, frente al 78,1% registrado en el mismo periodo de 2024. A esa fecha, solo 136 de los 193 Estados Miembros habían pagado sus cuotas en su totalidad. Varios contribuyentes, como Estados Unidos, China, Rusia y México, aún no habían completado sus pagos.

El presupuesto por programas, revisado para 2026, refleja tanto la realidad fiscal como la Iniciativa ONU80, un amplio esfuerzo de reforma para que la Secretaría sea más ágil, resiliente y rentable. Estas mejoras propuestas incluyen “la consolidación de la nómina en un único equipo global, la reubicación de funciones a lugares de destino con costos más bajos y la creación de plataformas administrativas comunes en Nueva York y Bangkok”.
Desde la organización se asegura que, a pesar de los recortes, las prioridades clave se mantienen: “37 Misiones Políticas Especiales continuarán sus operaciones, el Sistema de Coordinadores Residentes recibirá un financiamiento de 53 millones de dólares y el Fondo para la Consolidación de la Paz, de 50 millones”.
Como se anunció, habrá desplazamientos de funciones para abaratar costos, y se espera que en la próxima sesión de la asamblea general se presente un informe con recomendaciones al plenario, del que se espera la aprobación final del presupuesto de ONU para finales de diciembre.

Este escenario es de todo, menos fruto de una casualidad. Hace rato ya que las señales respecto al deterioro de la confianza en el multilateralismo aparecen por todos lados y este es un síntoma más. No es novedad ninguna, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado más de una muestra anteriormente de que no le cae bien ONU y todo lo que la rodea, en su reciente visita dejó mensajes directos en relación a la falta de apoyo a sus acciones pacificadoras en los conflictos de Medio Oriente y Ucrania, así como cuestionó el acompañamiento de la organización a los solicitantes de asilo que esperaban entrar en Estados Unidos: “Se supone que la ONU debe detener las invasiones, no crearlas ni financiarlas”, citó BBC Mundo al mandatario estadounidense. Aunque claro, lo que más trascendió de esa instancia fueron las críticas por una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter averiado.

No es casual que la sede central de la ONU esté en Nueva York, es que Estados Unidos en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, lideró el proceso de entendimiento, que con mayores o menores dificultades demostró ser un ámbito efectivo para que los seres humanos no hayamos destruido el mundo con las bombas atómicas que siguieron proliferando, no obstante.
Estas señales y mensajes de Trump, que comenzaron en su primera presidencia, parecen haber encontrado eco y el mayor riesgo lo afrontan los más pobres de los países más pobres, destinatarios principales de acciones como la lucha contra el hambre, las enfermedades y la guerra. Claro que no van a empezar por allí lo recortes, como se expuso, pero forma parte de un todo, y ese todo parece anticipar un mundo en el que la tónica sea “sálvese quien pueda”, y no es difícil adivinar quiénes podrán (y quiénes no).

Un análisis del economista Jorge Caumont, en el suplememento Economía y Mercado de diario El País, es ilustrativo sobre el desfasaje que existe, a lo largo ya de varios años, entre parámetros de la economía del Uruguay, y que dan cuenta de que hay áreas que no cierran, que no convergen para hacer que estemos ante una ecuación de equilibrio, y que por lo tanto que hay temas pendientes y factores distorsionantes que hay que tener en cuenta a la hora de las decisiones y el rumbo a seguir.

El economista da cuenta de que “desde hace varios años observo que el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, y que los salarios nominales suben, marcándose así un desajuste significativo entre ambas variables. Se trata a mi juicio de conceptos cuya relación observada durante cierto lapso, sin que ocurra de manera similar en otros socios comerciales, da una idea de la evolución de la competitividad de la producción transable uruguaya con el exterior”.

Agrega que ello afecta además “la producción que localmente sustituye importaciones, y la producción que se exporta. Desde el comienzo de 2020 hasta hoy, los salarios han subido 53,3 por ciento, y el valor del dólar lo hizo en 7,2 por ciento, lo que implica que los salarios han aumentado en el lapso indicado, 43 por ciento en dólares”. Considera que “además, en igual período y de acuerdo con el incremento del índice general de precios al consumo (IPC), que ha sido del 46 por ciento, los precios en dólares en nuestro país han aumentado un 36 por ciento”, en tanto que esa combinación de la diferente evolución de las variables mencionadas “se da con la inflación en tendencia bajista, que la ha llevado en los últimos doce meses hasta setiembre al 4,25 por ciento, un buen registro por debajo de la meta del 4,5 por ciento que desde hace tiempo fijó la autoridad monetaria y que ahora la espera modificar”.

Esta lectura de datos igualmente da para sacar algunas conclusiones, que responden a una situación que se ha venido observando a lo largo de varios años y que no solamente implica al gobierno actual y al anterior, sino que da la pauta de que en materia de economía, por encima de matices entre las respectivas administraciones, tal como viene la mano, hay muy poco margen de maniobra para zafar de este esquema rígido entre tipo de cambio, inflación, salarios, competitividad y nivel de actividad.
El eje está dado por elementos “duros de matar”: el valor del dólar y su efecto de “sicosis” en los operadores de la economía y el ciudadano común: cuando el dólar insinúa una tendencia alcista, por algún tiempo más o menos sostenido, cunde el síndrome del “sálvese quien pueda” y se fijan precios al alza, en tanto cuando la cosa es a la inversa, como ahora, hay cierta tranquilidad en la plaza pero rara vez la cotización que se da en moneda nacional baja en igual medida que la evolución de la divisa.

Pero a la vez, también se ha reajustado al alza la equivalencia en dólares de los salarios y pasividades, en todo este período, y la consecuencia beneficiosa es que esta estabilidad favorece el consumo, porque a una inflación “planchada” se le agrega un reajuste del 36 por ciento en la equivalencia en dólares, y por lo tanto hay un plus de valor adquisitivo para el promedio de los productos importados.

Ocurre que hay perdedores en esta ecuación: primero, la competitividad y por ende el sector exportador, y no tanto el de los productos primarios, por aquello de las ventajas comparativas para producir, sino aquellos que aspiran a dotar a su producto de algún valor agregado, y se encuentran con que el costo país, sobre todos los salarios altos en dólares así como la carga impositiva, disparan la ecuación y no pueden competir en los potenciales mercados compradores. En la misma situación se encuentran aquellos que trabajan en sectores que venden en el mercado interno pero que compiten con los productos importados más baratos por efectos del tipo de cambio y el costo país.

Falta mencionar otro perdedor, entre tantos, y es lo que tiene que ver con el empleo, porque cuando resulta más barato importar que hacerlo acá, se pierden puestos de trabajo –bien lo sufrimos en Paysandú cuando resulta tan barato ir a comprar a Colón– pero además porque la economía es un laberinto de vasos comunicantes y cuando se pierden fuentes de trabajo, no hay otras que las sustituyan, a la vez que hay empresarios que se pasan total o parcialmente al sector informal, al igual que quienes de él dependen. Por lo tanto, se reducen las horas trabajadas y la economía comienza a debilitarse porque los capitales de riesgo se retraen o se esfuman y solo queda el Estado, que se nutre de recaudar en el sector privado de la economía. Ya hemos tenido sobre todo en los últimos meses la desaparición de fuentes de trabajo, que en el caso de multinacionales se trasladan hacia otro país porque la ecuación no les da, entre los salarios altos en dólares, las cargas tributarias y los servicios caros que están en ese nivel porque el Estado necesita recaudar para sostener su burocracia y financiar gastos de funcionamiento e inversiones.

Y aquí vienen al caso reflexiones aportadas al semanario La Mañana por el Ec. Martín Alesina, investigador de Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social) en el sentido de que en el presupuesto se han incluido elementos que determinan un incremento del 10 por ciento en el gasto en términos reales en este quinquenio, a la vez que subrayó que “Uruguay necesita ser más competitivo. Uruguay es caro y va a seguir siéndolo, –al menos en el corto y mediano plazo– y lo que hay que hacer es buscar medidas para alivianar los costos”, pero se preguntó cómo lograr una tasa de crecimiento aceptable “con una inversión tan baja”.

El objetivo planteado ideal de la inversión “es del 20 por ciento y cuando vemos los números no llega al 17 por ciento”, en tanto acotó que “los problemas de competitividad siguen estando”, mientras que las medidas que se han anunciado hasta ahora “no logran mover la aguja de la competitividad”.

En este sentido reflexionó que “la gran reforma estructural que hay que hacer es la revisión a fondo del gasto público”, para aliviar el peso del Estado e incidir en los costos que se aplica a los sectores reales de la economía por las estructuras que no se han tocado. Consideró que ya el sector exportador ha asumido que en este gobierno no se va a modificar el valor del dólar, por lo que “entienden que ahora el reclamo más apropiado es el de los costos de producción, costos de la energía, costos laborales, costos de trámites, costos de generar nuevas inversiones”. Porque, de seguir así la situación, “Uruguay va a seguir siendo muy poco competitivo y va ser más difícil generar más inversión”.

Estas reflexiones son absolutamente válidas, y van en línea con lo que hemos venido reclamando desde esta página editorial, ya desde hace varios años. Y no se ha hecho porque siguen primando los inmediatismos, las dificultades que implican las reforma estructurales, porque se choca con los lobbies de los sectores –sobre todo del Estado– que no aceptan que siquiera se roce algunos de sus privilegios, y porque además todo lo que se hace desde el gobierno, desde el sistema político se mide en costos electorales, y no hay ninguno que quiera pagar esos costos en las elecciones siguientes. Como dijera el expresidente José Mujica: “No me la llevan”, y tampoco pudo cumplir Tabaré Vázquez con “la madre de todas las reformas” del Estado. Tan duro como irritante, pero cierto e incontrastable. Es la realidad en la que se debate nuestro país desde hace largo tiempo, y que nos mantiene dentro del corral de ramas de la mediocridad y la resignación, aunque no se diga.

Cuando se habla de brechas de género, pocas veces se aborda la situación de las mujeres rurales. Por eso, suele quedar pendiente dimensionar el importante rol que desempeñan y, a la vez, la desigualdad que enfrentan quienes viven en el campo uruguayo.

En Uruguay, las mujeres rurales están presentes en la producción familiar, en la educación rural, en las ferias locales, en las redes de salud comunitaria y en organizaciones de sus pueblos y parajes. Su papel es fundamental para la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y el mantenimiento del tejido social de las comunidades donde residen. Sin embargo, las estadísticas revelan una persistente brecha de género que limita su visibilidad y participación plena.

Aproximadamente el 70 % de las mujeres rurales no cuenta con ingresos propios, lo que refleja una dependencia económica de otros miembros del hogar. Esta situación limita su autonomía y el acceso a derechos fundamentales como la jubilación, el crédito o la formación profesional. Además, la titularidad de la tierra continúa siendo mayoritariamente masculina, y el trabajo no remunerado sigue siendo una constante. Esto excluye a muchas mujeres rurales de la seguridad social. También tienen menos oportunidades de capacitarse en áreas productivas y enfrentan mayores obstáculos para acceder a financiamiento, incluso cuando son propietarias de la tierra.

Se configura así una paradoja persistente en América Latina: las mujeres son pilares de la vida comunitaria, pero permanecen invisibilizadas en las políticas públicas, en las estadísticas oficiales y en los espacios de decisión. Y Uruguay no es la excepción.

El 15 de octubre se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Este año, es posible destacar algunos avances concretos que comienzan a incorporar sus realidades y necesidades en el diseño de políticas públicas. En ese sentido, cabe señalar el reciente lanzamiento de la primera Política de Género Agro y su Plan de Acción 2025-2029, que busca consolidar la equidad en los sectores rural y pesquero, con énfasis en el acceso a la tierra, la formación, la participación institucional y la autonomía económica. Asimismo, la Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes destacó el papel fundamental de las mujeres rurales en la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, la protección ambiental y los cuidados comunitarios.

“Desde los gobiernos departamentales y municipales, tenemos la responsabilidad de construir territorios más equitativos, donde ser mujer y vivir en lo rural no implique barreras, sino oportunidades. Acceso a la tierra, a la salud, a la educación, a la conectividad, a la representación política y a una vida libre de violencias son derechos que deben estar garantizados para todas (…) Este 15 de octubre reafirmamos nuestro compromiso con una mirada descentralizada, interseccional y de género, que integre la voz de las mujeres rurales en todas las políticas públicas”, señala la declaración de dicha comisión.

Pensar la ruralidad desde una perspectiva de género implica reconocer que no hay desarrollo territorial posible sin equidad. La voz de las mujeres rurales debe ser escuchada en la planificación territorial, la gestión de los recursos naturales, la economía social y la educación rural. Por su rol en las comunidades y sus múltiples aportes, pueden y deben ser actores clave hoy y en el futuro, en un campo cada vez más despoblado.

Si nos preguntamos en qué áreas claves pueden contribuir de forma significativa, algunas respuestas son claras: la agroecología y la soberanía alimentaria, el cuidado comunitario y la salud rural, la economía social y la creación de emprendimientos con valor agregado. Hoy muchas mujeres rurales son protagonistas en la producción de alimentos a pequeña escala, el manejo sustentable de la tierra y la preservación de semillas nativas. Son prácticas y saberes que resultan decisivos para impulsar modelos agroecológicos que reduzcan el uso de agrotóxicos, fortalezcan las economías locales y promuevan la seguridad alimentaria.

El cuidado ha sido históricamente una tarea asumida por mujeres, y en el ámbito rural esto no es distinto. Cuidan a niñas, niños, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o adultas mayores. Su aporte al bienestar comunitario es incuestionable, pero podría potenciarse si contaran con respaldo institucional, lo que permitiría a muchas de ellas liderar redes de salud y prevención comunitaria.

También son protagonistas en las actividades socioculturales de las pequeñas comunidades: participan en comisiones vecinales, organizan actividades culturales, apoyan a las escuelas e incluso crean espacios de cultura y educación no formal, como bibliotecas. Desde hace tiempo, la mujer rural uruguaya ha ampliado su radio de acción más allá del predio familiar. Participa en la producción artesanal, la transformación de alimentos, la forestación y en pequeños y medianos emprendimientos de diversos tipos. Estas actividades generan ingresos para sus hogares y fomentan el empleo local. Acceder a más formación como emprendedoras, al crédito y a redes de comercialización no solo beneficiaría a estas mujeres y sus familias, sino que podría dinamizar la economía del interior profundo, diversificando la matriz productiva rural, fortaleciendo su autonomía económica y el comercio local.

Sin embargo, todavía son pocas las mujeres rurales que ocupan cargos de decisión en concejos municipales, alcaldías, cooperativas, gremios u organizaciones comunitarias. Es imprescindible que lleguen también a esos espacios, porque su perspectiva sobre el territorio, los cuidados y la sostenibilidad puede enriquecer notablemente las políticas públicas locales, haciéndolas más inclusivas y equitativas.
Estas contribuciones no solo son posibles, sino que es urgente tenerlas en cuenta. Para ello, es necesario redistribuir recursos que permitan aterrizar las políticas nacionales en el territorio, democratizar el acceso a la tierra, garantizar servicios básicos y reconocer el valor del trabajo que las mujeres rurales realizan, muchas veces en silencio. Porque su invisibilidad no es solo una omisión estadística: es una forma de exclusión e inequidad que se reproduce en las decisiones y en los presupuestos.

El portal de noticias BBC Mundo entrevistó al economista francés Philippe Aghion, de 69 años, uno de los tres galardonados con el premio conocido como “Nobel de Economía”, junto a Peter Howitt y Joel Mokyr. La distinción otorgada a la dupla Aghion-Howitt, según la Real Academia de las Ciencias de Suecia, reconoce su “teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”, un concepto que Aghion considera “indispensable para crecer”.

Aunque el término fue desarrollado originalmente por el economista Joseph Schumpeter en 1942, se explica de forma sencilla como un proceso en el que la innovación desmantela estructuras económicas tradicionales, dando paso a otras nuevas. Este principio resulta plenamente aplicable a los tiempos actuales, marcados por un crecimiento económico sin precedentes, impulsado por una innovación tecnológica constante. Según Aghion, el crecimiento económico sostenido se produce cuando las nuevas tecnologías reemplazan a las antiguas, como parte del proceso conocido como destrucción creativa.

El investigador plantea que, durante gran parte de la historia de la humanidad, el nivel de vida no varió significativamente de una generación a otra, a pesar de algunos descubrimientos esporádicos. “El crecimiento siempre se detuvo con el paso del tiempo”, señala la institución sueca. Sin embargo, todo cambió con la Revolución Industrial, hace poco más de dos siglos.

Desde entonces, la innovación tecnológica y científica ha generado un ciclo continuo de progreso, dejando atrás la lógica de avances aislados. Esto ha dado lugar a un crecimiento sostenido y relativamente estable.

La Academia destaca que las investigaciones de Aghion y Howitt los llevaron a construir un modelo matemático que explica cómo algunas empresas invierten en mejores procesos de producción y productos de mayor calidad, mientras otras son superadas por la competencia. El crecimiento surge de la destrucción creativa. Este proceso es creativo porque se basa en la innovación, pero también es destructivo porque los productos antiguos se vuelven obsoletos y pierden su valor comercial, explicaron.

Según la Academia, los economistas premiados lograron explicar por qué fue posible este desarrollo y qué se necesita para sostenerlo.

Su planteo se basa en que la innovación, en cualquiera de sus formas, fomenta la competencia e impulsa la creación de tecnologías disruptivas. De ahí que la incorporación de nuevos talentos sea crucial para el crecimiento.

“Por supuesto que los nuevos talentos son desafiantes”, afirma Aghion. “Son competidores, rivales de los actores y empresas existentes. Si tienen éxito, pueden reemplazarlos”. En la práctica, reconoce que la irrupción de estos nuevos actores puede generar pérdidas temporales de empleo, aunque también crea nuevas oportunidades y trabajos en industrias emergentes.
Como ejemplo, menciona que la creación y expansión de internet dio origen a industrias completamente nuevas, como el comercio electrónico, y ahora a la inteligencia artificial, que atraviesa un proceso de desarrollo acelerado y promete generar empleos e industrias inéditas.
En la entrevista con el medio británico, Aghion recordó la burbuja tecnológica de hace 25 años, también conocida como la crisis de las puntocom, que afectó a numerosas empresas basadas en internet. A su juicio, ese período terminó siendo un motor de innovación. “La burbuja tecnológica fue una revolución importante”, aseguró. Y aunque reconoce que hoy también pueden existir burbujas, considera que no representan un gran problema si no están basadas en un sobreendeudamiento.

Pero dejemos a Aghion y sus colegas disfrutar de su premio y pasemos a un informe publicado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza lo que considera los cinco motores de la transformación financiera en América Latina y el Caribe. Se trata de avances que han potenciado el comercio y las finanzas digitales en la región y están dinamizando las economías.

El informe, firmado por Terence Gallagher, señala que la proporción de adultos con una cuenta bancaria o digital en la región creció del 50 % en 2017 a cerca del 70 % en 2024, según el Global Findex 2025.

Los motores identificados en el informe incluyen sistemas de pago instantáneos e interoperables, auge de la inversión fintech, finanzas abiertas y portabilidad de datos, inteligencia artificial responsable, y confianza y cambio de comportamiento.

El BID destaca que nuevas iniciativas, tanto del sector público como del privado, están facilitando transferencias de bajo valor en tiempo real, mediante infraestructura pública y una mayor interoperabilidad entre cuentas bancarias, billeteras digitales, códigos QR y distintos actores, sin importar la plataforma utilizada por el comprador o el comercio. Además, cada vez más países están adoptando sistemas de pago rápidos para transacciones menores y regulaciones que favorecen la interoperabilidad.

Algo de esto ha sido promovido por el Banco Central del Uruguay en sus informes sobre el mercado de pagos minoristas. En particular, en nuestro país no han despegado aún los pagos con códigos QR, que sí se han masificado en Argentina y Brasil, este último, modelo regional en la materia, pero los números tanto de transferencias como del uso de tarjetas de débito continúan creciendo con cada nueva actualización de datos.

El informe del BID también subraya que desde 2017 el sector fintech de América Latina ha experimentado un auge en la inversión de capital de riesgo, que alcanzó su pico en 2021 con 14.000 millones de dólares. Tras una fuerte corrección en 2022 y 2023, en 2024 se ha producido una recuperación gracias al retorno de la confianza de los inversionistas. Solo en el primer semestre de este año se concretaron acuerdos por 1.200 millones de dólares, un 20 % más que en el mismo período anterior. Además, el surgimiento de gigantes fintech locales refleja la madurez del sector.

Claro que aún hay quienes añoran el efectivo, ese contante y sonante tan eficaz, pero lo cierto es que cada vez más parece cosa del pasado. Un pasado que, como bien diría Aghion, ha sido creativamente destruido.

Acallados los festejos inherentes al resultado de la contienda electoral, y la consecuente asunción del gobierno el 1º de marzo de 2025, se puede decir que recién a partir de la aprobación del Presupuesto Quinquenal en el Parlamento, ha llegado la hora de la verdad para este gobierno, porque de lo que se trata ahora es de plasmar en la ley madre la forma de financiar los compromisos asumidos ante la ciudadanía en la campaña electoral.

Es el nudo gordiano de toda gestión, precisamente, el contar y a la vez distribuir criteriosamente los recursos para poder llevar a cabo los enunciados generales propuestos en la plataforma de gobierno ante la ciudadanía, en un país en el que históricamente se cuenta con recursos insuficientes, y de lo que se trata es de conjugar los recursos generados con las necesidades de las respectivas dependencias que han hecho llegar al Poder Ejecutivo sus requerimientos de dinero para poder cumplir cabalmente con sus políticas.

Una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas envió el mensaje primario que contiene la ley presupuestal del quinquenio surgieron desde todos los ámbitos reclamos y reparos de los sectores que se sintieron perjudicados por el recorte de dinero, tanto desde el punto de vista de los ministerios como de otras dependencias públicas y privadas que requieren dotaciones presupuestales del Estado, e incluso desde diversos departamentos los legisladores que los representan han formulado reparos a esta distribución, que en muchos casos va en desmedro de las expectativas que se habían generado en las respectivas comunidades.

Nada nuevo bajo el sol, porque por regla general siempre el Presupuesto es un claro ejemplo del síndrome de la sábana corta, que no da para tapar al mismo tiempo la cabeza y los pies, y ante las demandas tras la presentación oficial, se da paso a negociaciones y gestiones de representantes de los involucrados ante el Parlamento para tratar de obtener más recursos que lo previsto inicialmente en la ley. Y como no hay magia posible en estas circunstancias, de lo que se trata es de una reasignación y redistribución, solo que la ecuación es rígida inevitablemente por las leyes de la economía y las matemáticas. Para una misma torta, es decir los recursos que capta el Estado, esta redistribución significa sacarle a unos para darle algo a otros, en base a prioridades pero también, aunque no se lo diga expresamente muchas veces, como consecuencia de la acción de los grupos que hacen “lobby” en el Parlamento y pueden generar mayor presión a la hora del tironeo por más dinero, como ha ocurrido históricamente durante los sucesivos gobiernos.

Tras estas negociaciones –no serán las únicas– en conferencia de prensa dirigentes del Frente Amplio anunciaron términos de la reasignación de dinero en el presupuesto, por valor de unos 500 millones de pesos, más de la mitad de los cuales tiene como destino la UdelaR, a la que no se había aumentado las partidas en el proyecto original.

Al respecto, el diputado del Frente Amplio Mariano Tucci dijo que la votación del presupuesto en general “fue histórica, de 84 en 99, en un gobierno sin mayoría” en la Cámara de Diputados.

A su vez “esta reasignación va en línea con las prioridades que definió el Frente Amplio y el gobierno”, dijo Ana Olivera, coordinadora de la bancada oficialista, quien destacó que de ese total, 290 millones de pesos se volcarán a la UdelaR, de los cuales 60 millones van para el Hospital de Clínicas.

A su vez, la Universidad Tecnológica (UTEC) tendrá una reasignación extra de recursos por 80 millones de pesos, en tanto Olivera también destacó 3 millones de pesos para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), la llamada junta anticorrupción, y dinero extra para el Ministerio de Educación y Cultura, en su plan de alfabetización en las cárceles. Para la Fiscalía General de la Nación irán 40 millones de pesos destinados a la equiparación salarial de los fiscales con los jueces, lo que se hará en el curso de los cinco años de gobierno. También mencionó las políticas para combatir la violencia de género, y dijo que si bien habían planteado presupuesto extra para la compra de tobilleras electrónicas, el Ministerio del Interior les adelantó que en noviembre llegará una partida especial de estos mecanismos de control a distancia.

A su vez, para el diputado Tucci, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, “no debe pasar desapercibida la votación histórica de 84 votos en 99, en un gobierno que no tiene mayoría en Diputados. Es mérito de la bancada de gobierno y de la colaboración de las bancadas de los otros partidos”, al acotar que votarán la propuesta de los dos diputados de Cabildo Abierto para asignar más recursos a sanidad militar y para aumentar el salario de los soldados. Precisamente los dos diputados de Cabildo Abierto votaron el viernes la creación de nuevos impuestos, y con ello el FA obtuvo la mayoría necesaria de 50 en 99.

Sí, es cierto, en el marco de las gestiones por los recursos, en un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias propias, es fundamental la negociación con legisladores de otros partidos, y en este caso, ante la necesidad de contar con dos diputados más para aprobar el proyecto, el Frente Amplio encontró los votos en Cabildo Abierto, en un ámbito de intercambio de “gentilezas”: la dotación presupuestal para recursos con destino al personal de las Fuerzas Armadas, a cambio del apoyo en otros puntos ríspidos de la ley en la que no se contaba con el apoyo de los legisladores de la Coalición Republicana. Tampoco nada nuevo bajo el sol: es un yo te doy lo que pides si tú me das los votos, en una conciliación de intereses político-estratégicos, sobre todo cuando un pequeño partido tiene la llave de las mayorías en el Parlamento, haciendo valor oro esta diferencia a la hora de la votación.

Pero es oro para unos y otros. Por ejemplo, en las últimas horas el Frente Amplio logró aprobar en el marco del Presupuesto Quinquenal, con los votos de Cabildo Abierto, la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico, que funcionará en la esfera del de Presidencia y será dirigida por el exfiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, en lo que se considera como contar con un cuerpo permanente de abogados para dar seguimiento a los procesos arbitrales que enfrenta el país, según la argumentación oficial.

Como en tantos temas, en este tema hay dos bibliotecas: para la oposición es una concentración más de poder en la Presidencia de la República, bajo el argumento de la defensa de los juicios del Estado. A la vez, para el oficialismo “es de suma importancia para defender a nuestro país”.

El punto es que más allá de la importancia real del tema y las prioridades, con posturas encontradas, de los enunciados sobre políticas de austeridad y equilibrio, restricciones fiscales, etcétera, en cada presupuesto se siguen creando dependencias dentro del Estado, con la correspondiente necesidad de infraestructura de recursos humanos y materiales. Además, muchas veces superponiendo competencias con otras dependencias ya existentes, malgastando recursos y pasando a segundo plano legítimas reivindicaciones y planteos de recursos muy reclamados para sectores postergados.

Que en el mejor de los casos deberán esperar a las rendiciones de cuentas, pero siempre corriendo el albur de quedar con las manos vacíos a la hora de la verdad. Como decíamos, nada nuevo bajo el sol.

Durante el Día Mundial de la Salud Mental, el Ministerio de Salud Pública anunció que, en el plazo de un mes, comenzarán las acciones concretas de un programa nacional que contará con la participación de unas 1.500 personas dedicadas a la atención integral.

Las autoridades presentaron los resultados sistematizados de una encuesta de Cifra, la cual revela una percepción clara por parte de la población: un tercio se siente bastante informado, mientras que más de un quinto declara no tener ningún tipo de información. Además, tres de cada diez adultos presentan síntomas, pero menos de la mitad consulta a un profesional.
Casi la mitad de la población experimenta alguna sensación de soledad, especialmente los menores de 30 años. Entre quienes se medican, la mayoría son mujeres. En cuanto a los tiempos de espera para acceder a una consulta, la mitad de los usuarios de ASSE reporta haber esperado más tiempo del deseado.

La Ley de Salud Mental, aprobada en 2017, aún no ha sido implementada conforme a lo establecido por la iniciativa parlamentaria. No se han consolidado equipos en el primer nivel de atención, ni equipos de referencia comunitaria. Mucho menos se ha avanzado en el proceso de desinstitucionalización.

Como consecuencia, la alta demanda no tiene respuesta. En situaciones como esta, el tiempo de espera para una consulta puede jugar en contra del paciente.

Es decir, las estadísticas confirman una realidad ampliamente conocida: Uruguay continúa con altos índices de suicidios, intentos de autoeliminación y una elevada medicación entre quienes consultan por trastornos de ansiedad, soledad o insomnio.

El cambio de paradigma en la atención de la salud mental no surtirá efecto si no se implementa desde los niveles más altos hacia abajo. La formación de médicos en el primer nivel de atención será fundamental para detectar a tiempo ciertos trastornos y mejorar así la atención de los usuarios.

Actualmente, las consultas suelen ser breves, los recursos humanos son insuficientes y se recurre con frecuencia a la derivación —generalmente acompañada de medicación— como la vía más rápida para abordar un problema que, claramente, no es simple.

Sin embargo, todo debería comenzar antes, con educación y prevención en niños y adolescentes, a través de espacios vinculados al deporte y la recreación. Estos ámbitos permiten ofrecer estrategias comunitarias para el cuidado de la salud mental, responsabilidad que también recae en la sociedad.

Mientras se mantenga el modelo centrado en la atención hospitalaria, el cambio será mínimo. La prioridad debería estar en los equipos de salud comunitarios, la rehabilitación y los hogares de medio camino.

El estigma en torno a las enfermedades mentales persiste desde hace siglos y aún no ha sido superado. Esto genera un costo social que sigue pagando toda la población, debido a que tampoco se ha transformado la forma en que se comunica sobre el tema.

En este contexto, vale preguntarse: ¿por qué no aplicar el concepto de cuidados paliativos a la salud mental? El modelo asistencial actual no es sostenible, pues provoca un impacto negativo en los usuarios, entre otras razones, por las largas esperas y las consultas postergadas.
Incluso el Colegio Médico del Uruguay ha advertido sobre las consecuencias en la salud mental de los propios profesionales, promoviendo programas y capacitaciones para mejorar su ejercicio.

El pluriempleo, el agotamiento emocional y el deterioro general de la salud generan efectos adversos en un colectivo que también se ve afectado por esta crisis. Algunos especialistas van más allá, al señalar que el mundo atraviesa una “pandemia” de quebrantos en la salud mental, con diversas manifestaciones. El problema es la escasa percepción comunitaria del fenómeno, hasta que toca de cerca.

Según la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, existen aproximadamente 770 especialistas registrados en todo el país (datos de 2022), aunque solo 373 están habilitados legalmente para ejercer. De ese total, 264 se concentran en Montevideo.

Aunque el número de psiquiatras es considerado suficiente por la Sociedad Médica, la distribución territorial desigual genera serias dificultades de acceso a la atención en el Interior. Para ilustrarlo con cifras: en Montevideo hay 25 psiquiatras cada 100.000 habitantes; en el litoral oeste y este, solo 6 o 7 por cada 100.000.

Por ello, aunque se mejore la infraestructura y se incremente el presupuesto, la cantidad actual de especialistas no bastará para cubrir todos los cargos. Desde hace tiempo, se plantea la necesidad de capacitar a médicos generales, enfermeros y psicólogos en la atención básica, antes de recurrir a la derivación o a la medicación.

Lo que resulta evidente es la imposibilidad de cumplir con aspectos prioritarios de la ley, como la desinstitucionalización de los usuarios y el cierre de los centros monovalentes. Simplemente no existen alternativas viables, y la sociedad no está preparada para integrar a personas con trastornos severos.

De ahí surge la necesidad de fomentar una construcción colectiva en torno a una solución que, inevitablemente, será a largo plazo. Mientras tanto, hay otros aspectos y patrones de conducta que conviene visibilizar, prevenir y abordar desde las organizaciones de la sociedad civil y el Estado.

Las conductas agresivas presentes en distintos ámbitos perpetúan formas de convivencia que dificultan la transformación del paradigma. A diario, se viven y se reproducen situaciones generadoras de violencia que se convierten en problemas estructurales, difíciles de resolver únicamente con buenas intenciones.

Hay un viejo refrán según el cual “todo puede empeorar”. El incremento de las filas de automóviles sanduceros esperando para cruzar a Colón en las últimas semanas —e incluso meses— demuestra claramente la veracidad de esa frase y evidencia que se avecina una nueva etapa de crisis para el comercio de nuestra ciudad.

Todos los días se puede observar a un importante número de sanduceros que cruzan a realizar compras, cargar nafta o simplemente comer del otro lado del puente porque, según muchos de ellos, “en Colón te atienden mejor” y “la comida es más variada”. Mientras tanto, de este lado del río, la actividad económica sigue estancada, con emprendimientos que luchan día tras día contra un Estado voraz e insaciable, que no deja de recaudar y asfixia a quienes intentan desarrollar cualquier tipo de actividad comercial o industrial.

El Estado uruguayo, esa “máquina de impedir” —como ha sido calificado con frecuencia— parece tener un problema para cada solución, enredado en un entramado interminable de certificados notariales, copias de documentos, timbres, tasas, sellados, partidas de nacimiento, certificados de todo tipo y otros trámites que solo suman costos y demoras inaceptables.

Ante esta situación, tanto el gobierno nacional presidido por Yamandú Orsi como el de Luis Lacalle Pou han hecho poco, nada, tarde o mal. A modo de ejemplo, la CARU no solo mantiene la exoneración del peaje durante los domingos —probablemente el día de mayor afluencia hacia Colón—, sino que además lo redujo de 200 a 150 pesos uruguayos. Es cierto que 50 pesos no hacen la diferencia, pero la señal política ha sido muy negativa.
En la misma línea, el gobierno nacional redujo el descuento a la nafta pagada con tarjeta de crédito, incluso mediante un cambio inconsulto y arbitrario de último momento. Ni el actual gobierno ni el anterior han tenido una política clara en materia de fronteras, y han terminado fomentando los viajes a Colón, como sucedió con la tarjeta “BROU Recompensa”. En este contexto, queda claro que el gobierno nacional no está promoviendo el turismo, sino el bagayo puro y duro: compras de cercanía con un alto impacto negativo para los comercios locales.

En su momento, ediles sanduceros, junto al diputado Fermín Farinha, se reunieron con comerciantes de Paysandú y Salto, nucleados en sus respectivos centros comerciales, para apoyar el reclamo —aprobado oportunamente por unanimidad en la Junta Departamental de Paysandú— de reinstalar los beneficios de la tarjeta Recompensa en el litoral del país. Estos beneficios impulsaron las ventas, el empleo y el consumo local. El edil Alejandro Colacce recordó que, durante 2024, este programa significó para el Banco República una erogación de 7 millones de dólares, mientras que el retorno al comercio local fue de 700 millones. “Es una medida justa y que debería aplicarse nuevamente”, expresó.

Todo esto ocurre en un momento en el que el desempleo en Paysandú vuelve a aumentar. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los departamentos con tasas más altas de desempleo entre junio y agosto de 2025 fueron Treinta y Tres (14,1 %), Paysandú (9,7 %) y Artigas (8,3 %). Se trata de cifras alarmantes para un departamento con un desempleo históricamente elevado, que adquiere características estructurales. Es curioso observar cómo dirigentes locales del Partido Nacional y del Frente Amplio —quienes años atrás reclamaban al partido de gobierno declarar una “emergencia laboral”— hoy guardan silencio, simplemente porque su partido estuvo o está en el poder.

En nuestro editorial del 31 de junio de 2022 expresábamos conceptos que, lamentablemente, siguen teniendo plena vigencia: “Paysandú está siendo atacado por un nuevo virus que promete causar más daños económicos y sociales: la compra de bienes y la contratación de servicios por parte de sanduceros en la ciudad de Colón. Como ya lo hemos señalado en innumerables ocasiones, los efectos de esta angustiante situación comenzaron a sentirse desde que se restableció el libre tránsito por el puente internacional. La sangría es abundante e imparable, al igual que sus consecuencias: envíos al seguro de paro, despidos y aumento de la informalidad empresarial. A contramano de toda lógica, el gobierno nacional fomenta el bagayo y la destrucción del empleo sanducero otorgando la tarjeta vecinal, que permite un descuento en peajes e incluso la exoneración del mismo los domingos. Eso no es fomentar la integración de Paysandú, sino su desintegración”.

Y en el editorial del 12 de julio de 2022 afirmábamos: “Cada peso que cruza el puente es un peso que abandona el circuito económico local, privando a comerciantes sanduceros de toda escala (grandes, medianos o pequeños) de la posibilidad de recuperar su inversión y expandirse, generando empleo y mejores condiciones de vida para nuestra comunidad. La actitud de los sanduceros que cruzan en masa a Colón se asemeja a la de un animal que se muerde la cola, perjudicando su propia salud sin comprender las consecuencias hasta que ya es demasiado tarde. Más temprano que tarde, las consecuencias de esta fuga de dinero afectarán directamente a los hogares sanduceros. Quien hoy cruza alegremente a cargar nafta y cenar, mañana podría ver afectado su propio negocio, tener que despedir empleados o reducir su estructura para sobrevivir. Esa política de ‘achique’ se traducirá en menor consumo, impactando negativamente en otras partes del engranaje económico, quizás en un vecino, amigo o familiar. Una vez que el boomerang de los viajes a Colón está en el aire, no se sabe a quién golpeará. Pero alguien, sin dudas, será golpeado. Las risas de hoy por el ahorro se convertirán en llanto por la pérdida de empleo y oportunidades en la propia tierra. ¿Dramático? Tal vez. ¿Inevitable? Sin lugar a dudas”.

“No se puede estar en la misa y en la procesión” es una frase que recuerda que no siempre se puede hacer todo al mismo tiempo, y que es necesario elegir. Ante la situación que atraviesa Paysandú, el gobierno nacional debe comprender que urge adoptar medidas contundentes y firmes en defensa del comercio local.

 

 

 

 

(Nota completa para abonados y en edición impresa)

El pasado jueves 9 los expresidentes Julio Ma. Sanguinetti y Luis A. Lacalle Herrera presentaron el libro “¡También libertad! 40 años de democracia” de Nelson Fernández. Habló el autor, hubo palabras de un representante de la casa editora, estuvo presente la vicepresidenta Carolina Cosse, más varios legisladores y autoridades nacionales y decenas de periodistas.
Nelson, periodista desde hace 45 años, hoy es gerente de Informativos de Canal 10, corresponsal de La Nación, columnista de Azul FM y de Forbes, analista de Dow Jones, dirige Lead/News y es investigador de Ceres; fue docente en tres universidades y ha publicado doce libros.

Una aclaración previa: quizás yo no debería escribir sobre este libro porque Nelson, con mucha generosidad y gran cariño, me lo ha dedicado. Pero se debe cumplir con la tarea y hecha la advertencia al lector no se le resta nada; el que avisa no traiciona, ni engaña, ni busca propagar con intencionalidad aviesa.

La presentación de ¡También libertad! trascendió fronteras: ese mismo jueves un columnista de La Nación de Bs.As. anunció y comentó que estarían los tres presidentes –el actual y los dos ex–, hizo mención a las distintas ideologías de ellos y resaltó: “…sin embargo, conviven y comparten actividades públicas…” para concluir en: “¿Podrían presentar juntos un libro Milei, Cristina Kirchner y Mauricio Macri? ¡Imposible! Está roto el sistema de consensos en la Argentina. Así nos va”.
Notoriamente el periodista buscó resaltar la difícil situación de intolerancia que viven, pero al tiempo alimentó el ego oriental, esa soberbia que nos asoma a los uruguayos y a la que tratamos de vestir de humildad –“la peor de las vanidades”, al decir de Voltaire– y a la que hizo acertada referencia Lacalle en su alocución.
Lo informado por La Nación no se dio porque Orsi faltó a la cita, con saludo y disculpas; alguien comentó “le aconsejaron no acercarse a la Intendencia, debido a la manifestación pro Palestina y contra los judíos, que cuenta con el apoyo del Frente”. “¿Tan apretados están?”, fue otro de los comentarios.

Sanguinetti al referirse al libro hizo un amplio análisis y raconto –con anécdotas incluídas– de todos esos años. Ambos exmandatarios, a los que cupo papeles protagónicos en esas cuatro décadas, resaltaron el “estilo” al que apeló el escritor. “Sucesión de fotografías cinematográficas de lo que pasó…” graficó el colorado. El blanco hablo de “pantallazos”, del impacto de los mensajes marcando y situando los hechos en su dimensión y en su momento. Dijo Lacalle, que es un libro para los jóvenes y vaticinó que tendrá una gran venta y difusión entre éstos y que ello es necesario. No se animó supongo, ni ninguno de los presentes, a sugerir la idea de que los “popes” de hoy de la educación y la enseñanza lo consideraran como texto.

¿Algo que se ajuste a los hechos?, ¡ni pensarlo!

Cuando lo leí pensé: entre tantos “relatos” sobre lo que pasó y cómo fue, este libro de Nelson va a ayudar mucho a que los zapallos se vayan acomodando en el carro. Será bueno para los jóvenes; sería bueno que se diera el vaticinio de Lacalle. Todo fácil: datos, información, noticias y comentarios breves –dos veces bueno– con algo de reminiscencias bíblicas y evangélicas y algo de Twitter, claro y directo en el decir, fácil de asociar, recordar, repetir y trasmitir, marcando puntos de partida para aquellos que quieran investigar y saber cómo fue que fue.

“En la guerra, la fuerza física cuenta para mucho, pero el factor moral cuenta para más”. Esta sentencia cobra validez y significación a la luz de su autor, Carl von Clausewitz, uno de los teóricos más influyentes de la ciencia militar moderna, cuya obra impactó profundamente en el pensamiento de Federico Engels y Vladimir Lenin, así como en la doctrina de los generales y estrategas militares de la Unión Soviética. Su aporte no se limitó a una visión clásica de movimientos y tropas, sino que propuso una concepción de la guerra como un “duelo extendido”, donde la victoria no dependía exclusivamente del número de soldados ni de la potencia de fuego. Clausewitz apeló a otras dimensiones: la motivación de los combatientes, la legitimidad del conflicto, el liderazgo, la disciplina y el espíritu colectivo.

Al analizar los aportes que hicieron perdurable el pensamiento de Clausewitz, Franz Mehring escribió en su libro Krieg und Politik que “la guerra es, según las palabras de Clausewitz, la continuación de la política por medios violentos, la última ratio, el fenómeno inseparable que acompaña a la sociedad capitalista, así como a toda sociedad clasista; ella constituye el estallido de contradicciones históricas agudizadas de tal modo que no pueden resolverse de ninguna otra manera. Con esto ya está dicho en definitiva que la guerra no tiene, en general, nada que ver con el derecho ni con la moral”.

Lo de Clausewitz es excepcional: comenzó su carrera militar a los 12 años. Se alistó en el ejército prusiano y participó en las campañas del Rin entre 1793 y 1794. Poco después, como muestra de su fuerte carácter autodidacta y vocación intelectual, comenzó a formarse no solo en “las artes de la guerra”, sino también en arte, ciencia, educación, filosofía y política.

Uno de sus aportes más innovadores se encuentra en su obra De la guerra, donde establece un principio esencial para comprender la motivación bélica: la guerra no es solo una cuestión de fuerza bruta, sino también de voluntad, convicción y cohesión interna. Su concepto del “factor moral”, piedra angular de su análisis, incluye elementos como la motivación de los combatientes, la percepción de legitimidad del conflicto, el liderazgo, la disciplina y el espíritu colectivo.

Es precisamente ese factor moral el que puede inclinar la balanza, incluso cuando las condiciones materiales son adversas. Ya se ha mencionado la influencia de Clausewitz en Lenin y en la formación de la nueva oficialidad soviética. Un ejemplo histórico de esa afinidad puede apreciarse en la resistencia soviética en Stalingrado, y también en los movimientos de liberación nacional en contextos coloniales.
Desde esta perspectiva, surge una pregunta inevitable, que no podrá eludirse nunca más en el planteamiento estratégico de la guerra: ¿por qué importa tanto lo moral?

Podríamos responder de forma breve y razonablemente acertada: porque la guerra es una prolongación de la política, y la política se sostiene en ideas, creencias y legitimidades.
Y podríamos agregar: porque los soldados no son máquinas; luchan mejor cuando creen en lo que hacen, cuando confían en sus líderes y cuando sienten que forman parte de algo más grande, más trascendente.
Podrían citarse muchos ejemplos, pero estos tres bastan: la guerra de Vietnam (1955-1975), la resistencia soviética en Stalingrado (1942-1943) y la revolución sandinista de 1979 (ajena, por supuesto, a lo que ocurrió después).

En Vietnam, la superioridad tecnológica, aérea y logística de Estados Unidos era incuestionable. Sin embargo, aquella guerra cobró un sentido existencial para el Viet Cong, mientras la moral de las fuerzas estadounidenses se erosionaba ante la falta de objetivos claros y el rechazo social interno. A pesar de su poderío militar, EE. UU. se retiró sin haber alcanzado sus objetivos.
En Stalingrado, símbolo de la resistencia nacional, José Stalin apeló al patriotismo y al sacrificio colectivo, incluso con medidas impopulares. Pero el espíritu de lucha soviético, encendido por el sentimiento de defensa de la “madre patria”, reavivó la disciplina y el coraje que permitieron a la URSS marcar un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial.

En la revolución sandinista, el FSLN enfrentó a la Guardia Nacional del dictador Somoza, apoyada económica y militarmente por Estados Unidos. La caída del régimen somocista y el ascenso de las fuerzas sandinistas —que vivieron su primavera— fueron posibles gracias a una lucha cargada de demandas por justicia social, dignidad campesina y rechazo a la dictadura. La moral sandinista alimentó el espíritu combativo, puso en valor esos principios y construyó una narrativa de liberación.
Clausewitz había comprendido antes, y mejor que nadie, que el espíritu de rebeldía puede ser, y efectivamente lo es, más fuerte que el acero.
¿Y qué es la
moral como arma?
Busquemos la respuesta retomando el caso de Vietnam. Pero antes, una precisión: Clausewitz no idealizaba la moral como un concepto abstracto, sino que la entendía como una fuerza concreta capaz de alterar el curso de la guerra. En Vietnam, la moral operó como herramienta de cohesión interna, escudo contra el desgaste psicológico y arma de propaganda internacional.
Una digresión que suma: para Mao Tse-Tung, la guerra no era solo física, sino también psicológica y política. “La guerra es política con derramamiento de sangre”, afirmaba. Un concepto más realista y profundo, inscrito en su teoría de la guerra popular prolongada, donde la moral es el núcleo de la resistencia frente a enemigos superiores. Mao explicaba que el ejército debía ser más que una fuerza de combate: debía ser una escuela política, un instrumento de educación y gestión, porque la moral no se presupone, se cultiva.
¿Y qué diría hoy Clausewitz?
Posiblemente advertiría que se ha perdido —o subestimado— la verdadera naturaleza de la guerra que se está librando. No se trata, ni se ha tratado, de una guerra “convencional”. Se trata de una guerra de legitimidades, narrativas y desgaste moral. Esta enumeración es crucial, porque “el primer acto de discernimiento de un estadista”, escribió en su momento Clausewitz, “es entender qué tipo de guerra se está librando”.
Cuando se proclama una consigna propia del marketing, como la “victoria total”, se impone una lógica diferente a la militar, basada en parámetros no cuantitativos. Esa lógica califica cualitativamente, porque mide la persistencia de una voluntad colectiva, incluso si su núcleo se reduce. Una “victoria total”, cuyo sentido no es militar sino propagandístico, deriva en una guerra prolongada sin traducción ni militar ni humanista, y con un alto costo político y moral.
¿Y la paz?
No hay sociedad que resista económica, política y culturalmente una guerra prolongada. Los propósitos se desnaturalizan, la convivencia deja de cimentarse en valores de fraternidad y solidaridad. Rosa Luxemburgo se opuso a la Primera Guerra Mundial con un argumento aún vigente: el militarismo transforma la política en barbarie. Y ella solo concebía la política cuando se inspiraba en principios éticos y emancipadores.
Hoy, parece que estamos frente a algo más que un alto el fuego: ante un sendero que, inesperadamente, podría conducirnos hacia la paz. Ojalá. Aunque no sea el fruto de un proceso interno, sino de uno exógeno y, por tanto, ajeno.
La sombra de uno de los hombres más influyentes del siglo XX, Henry Kissinger, todavía nos perturba con su realismo crudo: “La paz es, a menudo, una consecuencia inesperada de la guerra”.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el gobierno de nuestro país dio a conocer algunos datos surgidos de una encuesta, así como los avances en el proceso de discusión que dará lugar a cambios en las políticas públicas que se están llevando adelante en esta materia.

Ya volveremos sobre eso, pero, de forma paralela, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó una serie de conceptos relacionados con la salud mental en las diferentes etapas de la vida. Estos aportes, fruto de investigaciones recientes, vienen a actualizar el conocimiento en un área tan delicada como, en general, desatendida e invisibilizada hasta hace pocos años, y que aún hoy sigue cargada de prejuicios.

La OPS, en una página dentro de su portal específicamente dedicada a esta fecha, destacó que se está poniendo más énfasis en observar qué ocurre durante la infancia y la adolescencia, consideradas etapas críticas para la salud mental. “Durante estas etapas, el bienestar y el desarrollo de los jóvenes son muy sensibles a las influencias ambientales (Potter et al., 2017). Un enfoque de salud mental basado en el curso de la vida enfatiza que las experiencias en los primeros años no solo moldean la salud mental durante la infancia y la adolescencia, sino que también tienen efectos duraderos en la adultez, alterando potencialmente la trayectoria vital de una persona (Unicef y OMS, 2024)”.

El organismo prosigue señalando que la calidad del entorno en el que crecen niños y adolescentes juega un papel clave en su salud mental, bienestar y desarrollo integral. La exposición a factores como la violencia, el acoso, la discriminación, los conflictos y la pobreza aumenta significativamente el riesgo de desarrollar problemas de salud mental (Unicef, 2024). Además, cuanto mayor es el número de factores de riesgo, más profundo es el impacto potencial en su salud mental.

Otro dato significativo publicado por el organismo —dependiente de la Organización de los Estados Americanos— indica que la mitad de los trastornos de salud mental comienzan a los 14 años.

Paradójicamente, la población infantil y adolescente es vista a menudo como un “segmento saludable”, lo que puede llevar a que se pasen por alto sus necesidades en esta área. Según datos globales, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años experimenta alguna condición de salud mental (Vos et al., 2020). En nuestra región —en referencia a las Américas— la depresión y la ansiedad se encuentran entre las cinco principales causas de años vividos con discapacidad en ese grupo etario, mientras que el suicidio es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Uruguay no solo no escapa a esta realidad, sino que además presenta cifras particularmente preocupantes. “No abordar la salud mental y el desarrollo psicosocial durante la infancia y la adolescencia puede tener consecuencias a largo plazo que se extienden hasta la edad adulta, lo que limita las oportunidades para que alcancen su máximo potencial”, señala la OPS.

Estos planteos, si bien generales, no consideran de forma explícita una serie de nuevos estímulos a los que estas poblaciones están expuestas. No se trata de demonizar la tecnología ni de desconocer los aportes de programas como el Plan Ceibal, que ha sido valioso en muchas áreas. Sin embargo, también es cierto que abrió una “puerta trasera” a nuevos tipos de vínculos que las generaciones anteriores no conocían ni imaginaban, y frente a los cuales no estaban preparadas para orientar adecuadamente.
Este no es el único factor. También han surgido nuevos consumos problemáticos y modelos sociales de éxito que no siempre se ajustan a principios éticos, y que proliferan en ámbitos donde el acoso, la violencia, la pobreza y los conflictos son moneda corriente, junto a un largo etcétera.

La OPS señala que, a pesar de la alta carga demostrada de trastornos de salud mental y suicidio en la región, solo una pequeña fracción de las personas que los padecen recibe la atención necesaria. Esta brecha en el acceso al tratamiento se agrava en las edades tempranas.

Volviendo a nuestro país, el Ministerio de Salud Pública anunció ayer una hoja de ruta para avanzar en cambios en las políticas públicas en salud mental, un tema que —de una forma u otra— estuvo presente en las campañas de todos los partidos políticos en las últimas elecciones.

La cartera, encabezada por la doctora Cristina Lustemberg, convocó a organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan en todo el país en temas vinculados a la salud mental. Afortunadamente, no son pocas, aunque quizás no sean suficientes ni cuenten con las condiciones óptimas para cumplir plenamente con sus objetivos.

El propósito de esta convocatoria fue recopilar sus experiencias para que participen en el diseño de políticas públicas basadas en los principios de derechos humanos, equidad, universalidad y no estigmatización. Se recibieron 300 proyectos, que participarán en grupos de discusión y delinearán líneas de acción específicas que serán presentadas el próximo 10 de noviembre.

Por otra parte, la ministra anunció que en el Presupuesto Nacional, actualmente en discusión en el Parlamento, se asignaron recursos con el fin de construir un nuevo modelo de atención conforme a lo que promueve la Ley de Salud Mental. La meta es que todos los uruguayos accedan a una atención integral y de calidad. En el mismo acto, el Ministerio presentó los resultados de una encuesta sobre percepción de salud mental, hábitos de consulta y tratamiento, realizada por la consultora Cifra en agosto. El relevamiento, efectuado vía telefónica, incluyó a 803 personas adultas de todo el país.

Entre otros hallazgos, la encuesta reveló que el 24 % de los encuestados se ubica en el nivel máximo del índice de soledad; un 29 % reporta una baja percepción de bienestar, y un 13 % indicó tener algún problema vinculado a la salud mental. A su vez, otro 13 % señaló que, aunque no lo padece personalmente, algún miembro de su hogar sí lo sufre.

Aunque es positivo que el tema esté en la agenda pública más allá de una fecha conmemorativa, es imprescindible entender que su enfoque debe ser amplio e integral. Es necesario un abordaje que considere la salud mental en el contexto de las problemáticas sociales actuales de nuestro país. Es decir, no tratarla como un fenómeno aislado, sino vincularla con los factores sociales que la condicionan.

Tal como señala la OPS, no deben minimizarse ni ignorarse problemas que se originan en edades tempranas, como el tan mencionado bullying, cuyas secuelas pueden arrastrarse hasta la adultez.

Los datos proporcionados por la presidente del Observatorio de Vejez, Envejecimiento y Seguridad Social, Jimena Pardo, indica que en nuestro → Leer más