Opinión

La saga del Antel Arena agrega un capítulo más en estos días, al anunciar el presidente del organismo, Alejandro Paz, que negociará un nuevo contrato con la empresa que gestiona el complejo para bajar costos y poder realizar “espectáculos más populares”.
Es decir, estamos ante la perspectiva de una concesión adicional para los “uruguayos” (léase montevideanos) que concurren a los espectáculos que promueve un gestor privado, luego que el organismo gastara la friolera de (al menos) 85 millones de dólares en un edificio que se dijo por su creadora, la expresidente de Antel y exintendente de Montevideo Carolina Cosse, tenía un costo de obra previsto de unos cuarenta millones de dólares.
¡Casi nada la diferencia! Pero queda el consuelo de que según la fiscalía, no hubo dolo en el manejo de los dineros públicos, sino que se trató de una inversión desprolija, con desperdicio de recursos y de lujos innecesarios, irregularidades varias que aparentemente no dieron lugar a figuras delictivas hasta donde se investigó, pero sí confusa, con muchas compras “a dedo”, sin apego a las formalidades y a todo color, como si sobrara el dinero de los uruguayos.
Y uruguayos, así, sin comillas esta vez, porque la obra para los montevideanos la pagamos los usuarios de Antel de todo el país, incluso los de los habitantes de los pueblos más lejanos del interior profundo, por ejemplo, que solo van a conocer el Antel Arena por fotos, o de pasada, si algún día tienen que viajar a la capital.
Es que de lo que se ha tratado, más allá del carácter faraónico de la obra y un capricho de la exintendente por aquel entonces presidenta del organismo, fue de sacarle las castañas del fuego a la Intendencia de Montevideo, porque este emprendimiento sustituyó al siniestrado Cilindro Municipal, y a costo de todo el país, le “regaló” el Antel Arena a la intendencia capitalina. Porque además no se trata solo de que el 99 por ciento del público que va a los espectáculos es capitalino, sino que literalmente el Antel Arena pasa a la Intendencia de Montevideo, 30 años después de su construcción, al ser este el plazo de la concesión, –y ya van transcurridos siete– cuando supuestamente la obra ya estaría paga por los ingresos de venta de entradas y sponsorización, entre otros ingresos posibles para la amortización.
Pero a confesión de parte relevo de pruebas, dice el refrán. Es que el titular de Antel, Alejandro Paz, en entrevista del programa Arriba Gente de Canal 10, expresó entre otros conceptos que “durante los últimos años lamentablemente el Antel Arena fue mala palabra. Nosotros queremos revitalizarlo, queremos que se puedan hacer no solo producciones costosas, para gente que realmente puede pagar una entrada cara, sino que queremos agregar algunas otras producciones y algún otro espectáculo, más populares, por ejemplo finales del handbol, o mismo el básquetbol para el cual a veces el Antel Arena les resulta caro”.
“Queremos hacer modificaciones que permitan algunas producciones para que algunos espectáculos sean más económicos, agregó el jerarca, habida cuenta de que el contrato con la empresa actual termina en diciembre. “Estamos viendo cuál es la modalidad en la que vamos a continuar, lo estamos trabajando, no está 100% cerrado todavía, pero la filosofía, que es lo importante, es apostar a reducir los costos, tanto para quien produce un espectáculo en el Antel Arena, para que puedan venir más espectáculos, como para quien, en conjunto con Antel quiera hacer un espectáculo que no sea de entradas caras, y lo pueda hacer porque se pueda solventar el costo del Antel Arena”, explicó Paz.
Consultado acerca de si la gestión del Antel Arena puede quedar en manos de la empresa estatal, su presidente respondió: “Lo estamos viendo, está en estudio. Es una posibilidad. Gestionarlo a través de otra empresa, o contratar una empresa que lo gestione y vos en definitiva terminás poniendo gente de Antel que controle a esa empresa”, agregó como opciones, a la vez de considerar que “el contrato hay que ajustarlo de tal manera que no haya trabas ni cosas que hagan que se recinto, que es hermoso, sea imposible de pagar”.
El presidente de Antel evaluó que en el año 2024 las ganancias del Antel Arena “rondaron los 2 millones de dólares, 2 millones y poquito”, año “bueno” porque 2022 fue pandemia y 2023 no quiso ni considerarlo, por lo que con una simple cuenta matemática sin considerar amortizaciones ni gastos de actualizaciones que se deberán hacer a futuro si se pretende mantener la calidad del recinto, se necesitaría prácticamente medio siglo para amortizarla, cuando ya en apenas poco más de dos décadas se termina la concesión de la Intendencia de Montevideo.
Eso sin considerar además que la por entonces presidenta de Antel, figura relevante del Partido Comunista, se mandó una obra millonaria para disfrute de los que más tienen, porque las entradas a cualquier espectáculo en el Antel Arena cuesta entre un piso de 2.100 pesos y un valor medio de 4.400 pesos (U$S 100). De popular no tiene nada. Y esto es así por los propios costos del coloso montevideano, que insume millones el sólo abrir sus puertas, porque justamente está pensado para espectáculos de categoría internacional, y eso no se soluciona con gestión. La única alternativa real sería subsidiar los espectáculos, por lo que de las palabras del presidente actual del ente se desprende que es a eso lo que apunta Antel, para poder hacer del mamotreto de Cosse un espacio accesible… para los montevideanos, claro está.
Y al fin de cuentas este podría haber sido solo un tema entre montevideanos, porque el Antel Arena es de y para el público capitalino, pero ocurre que lo pagamos todos los uruguayos, a los que nadie consultó ni les importó, porque como ha ocurrido históricamente, para la dirigencia política nacional primero está Montevideo, que es el “Uruguay”, y después, si queda algo, el país del norte del Santa Lucía.

La trata de personas es una amenaza global que lleva adelante el crimen organizado. Lamentablemente, el número de víctimas aumenta cada año en el mundo –se estima que entre 2020 y 2023, más de 200.000 personas sufrieron ese abuso– y las redes delictivas cada vez recorren mayores distancias e incrementan la violencia sobre estas personas.

Hay que tener en cuenta que la cifra anterior, manejada por organismos internacionales como la Oficina contra la Droga y el Delito (Undoc) de Naciones Unidas o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) puede considerarse algo así como la punta del iceberg, dado que se estima que la cantidad real de personas víctimas de este tipo de delitos es mucho mayor.

Los flujos migratorios, las cadenas de suministros globales así como las lagunas legales y económicas y las plataformas digitales están siendo utilizadas para la trata transfronteriza a gran escala, aumentando las posibilidades de explotación y victimización que realizan las redes delictivas. Las organizaciones internacionales antes mencionadas afirman que los traficantes se benefician del trabajo forzoso y la explotación sexual, obligando también a sus víctimas a participar en actividades delictivas como estafa en línea y tráfico de drogas.

En este sentido, señalaron que las investigaciones existentes sobre el tema indican que una de cada tres víctimas es menor de edad, y que un 78% de ellas es reclutada para trabajo forzoso o explotación sexual.
El modus operandi es bastante conocido: las organizaciones criminales obligan a personas en situación de vulnerabilidad como migrantes, menores y jóvenes, a cometer delitos por medio de manipulación, amenazas y violencia. La trata genera cada vez mayores ganancias para los traficantes: actualmente genera unos 40.000 millones de dólares al año provenientes de actividades delictivas como estafas en línea, fraudes, prostitución o narcotráfico, según datos de las organizaciones internacionales antes mencionadas.

“Los tratantes obtienen utilidades no solamente por los delitos cometidos bajo coerción sino también por los sistemas de justicia que criminalizan a las víctimas permitiendo de tal modo la impunidad. Cuando los sobrevivientes son procesados se les niega apoyo esencial, en tanto que los autores siguen estando bajo protección por las fallas sistémicas y la inacción”, denunció la OIM recientemente.
Respecto a las víctimas esta agencia señaló que por lo general “no hay una intención deliberada por detrás de estos hechos delictivos, sino que son producto del engaño y la explotación”. Es frecuente también que las personas objeto de trata sean reclutadas por medio de falsas promesas de empleo, siendo obligadas a cometer delitos en condiciones similares a la esclavitud.

La experiencia internacional indica que aunque algunas víctimas sean rescatadas o logren escapar, muchas veces siguen en la senda delictiva o enfrentan estigmas sociales, siendo tratadas generalmente como delincuentes más que como sobrevivientes.

En lo que refiere al contexto nacional, es sabido que Uruguay es un país de origen, tránsito y destino de la trata con fines de explotación sexual, algo que ha sido señalado en diferentes investigaciones y estudios nacionales e internacionales. Aquí, este delito tiene rostro de mujer y como principales víctimas a niñas, adolescentes y mujeres en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. En estos días, el gobierno nacional anunció una nueva etapa en la lucha contra este flagelo al reinstalar en julio pasado el Consejo Nacional de Prevención y Combate de la Trata. El organismo, presidido por Inmujeres e integrado por varios ministerios, busca mejorar la respuesta institucional frente a este delito, que si bien presenta pocas denuncias afecta a una cantidad significativa de personas, siendo más de la mitad menores de edad.

En este sentido cabe señalar que según las cifras disponibles actualmente, en 2023 se formalizaron 31 causas por trata de personas en Uruguay, condenándose a 35 personas. Ese año las instituciones especializadas que trabajan en el tema asistieron a 208 víctimas, entre ellas 169 menores de edad.
En un tema de la complejidad y ribetes como el de la trata de personas se da por descontado que cualquier número por más seria que sea la investigación que lo sustente, es un mero título ilustrativo porque los casos documentados o detectados suelen ser una mínima porción de los existentes y, en la mayoría de los casos resulta prácticamente imposible cuantificar víctimas. Las amenazas, el miedo, los impedimentos psicológicos, la dependencia y otras cuestiones como no tener a dónde ir, la violencia física y lesiones corporales, e incluso la privación de libertad o cuasi esclavitud que padecen las víctimas juegan en contra para la superación del problema.

Por otra parte, a mediados de 2024 el gobierno de Estados Unidos observó a Uruguay por “no cumplir totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”, señalando la finalización del convenio entre Inmujeres y la organización El Paso antes mencionado, que calificó como una medida que “posiblemente dificulte el acceso a la atención”.

Se refería a que en noviembre de 2023 la entonces administración de Inmujeres finalizó el convenio que tenía con la organización civil El Paso, que gestionaba el servicio que atendía a mujeres adultas víctimas de trata y que funcionaba en Montevideo, Paysandú, Paso de los Toros y Melo. Luego hubo un servicio de emergencia que dejó de atender nuevos ingresos y se dedicó solo a realizar seguimiento de casos anteriores, según lo informado por La Diaria. Actualmente, la atención a las víctimas está a cargo de la oenegé Agenda de Derechos, aunque Inmujeres está reclamando presupuesto para que esa tarea sea asumida por funcionarios especializados propios.

Si bien Uruguay ha avanzado, tanto en materia de Derecho y legislación como en el ámbito social, lamentablemente la trata de personas sigue siendo un delito invisible en Uruguay y los avances son aún insuficientes para prevenirlo y es necesario mejorar la respuesta.

Eso lo tienen claro las autoridades nacionales en la materia. “No podemos perder de vista que esto es un delito que puede tener finalidad para la explotación laboral o sexual, que puede ser interno, dentro de nuestro país, o transnacional con redes. Tenemos que mejorar la respuesta del Estado y también sensibilizar a la sociedad para detectar indicadores que puedan alertar sobre posibles situaciones de trata”, dijo la directora de Inmujeres Mónica Xavier, durante la sesión inaugural de la reinstalación del Consejo Nacional de Prevención y Combate de la Trata.

También aquí las cifras deben tomarse con pinzas porque la experiencia mundial indica que los casos no denunciados son significativamente mayores que las cifras documentadas.

Es inadmisible la existencia de este delito en un país de tan pocas personas. Hay que disminuir las chances de que en Uruguay haya condiciones favorables a la explotación y trata. Esperemos que pueda encaminarse este asunto con efectividad y rápidamente se den los pasos necesarios para prevenir y combatir un accionar criminal que afecta principalmente a adolescentes y jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad que ven violados muchos de sus derechos humanos.

Días atrás de celebró en el Palacio Legislativo, en Montevideo, el primer Foro Nacional de Transporte Multimodal de Carga y Pasajeros, que contó con la participación de representantes del sector empresarial, de la academia, del ámbito sindical, del gubernamental y de diferentes sectores políticos, en toda una demostración de que el tren no solamente sigue estando sobre la mesa como una opción a considerar para el Uruguay, sino que además ha cobrado vigor desde la puesta en funcionamiento del Ferrocarril Central.

Durante el evento hubo anuncios importantes, como el del director nacional de Transporte Ferroviario, Waverley Tejera, de que se está trabajando en el desarrollo de un Plan Nacional de Transporte Ferroviario y que se cuenta con el apoyo en este proceso de CAF, el banco multilateral de crédito, que tiene un fuerte interés en el área, tanto que viene en estos últimos días de realizar su propio evento, de alcance latinoamericano, referido a la temática de los ferrocarriles.

Tejera también hizo un reconocimiento histórico que, a quienes sigan más o menos de cerca la temática ferroviaria, o a cualquiera que abra un diario o se siente un rato a ver un informativo no sorprenderá: “más allá de impulsos que se han tomado en las últimas décadas desde la nacionalización del ferrocarril, nunca hubo un plan concreto para el desarrollo del ferrocarril. Lo que sí hubo fueron acciones concretas, algunas compras de material rodante, algunas mejoras en infraestructura, pero aún no hubo un plan integral, una política coherente de los diferentes elementos del ferrocarril, que es un sistema complejo y esto lo único que genera es que al día de hoy tengamos una situación de inestabilidad total”. Es el reconocimiento histórico de que cuando en 1949 se compraron las empresas —fundidas— que los ingleses habían instalado desde casi un siglo antes, no había mucha idea de cómo hacer funcionar todo aquello, por más que pocos años más tarde, en 1952, se creara una empresa estatal y monopólica como AFE, que no fue la respuesta.

De ahí en adelante el ferrocarril no hizo sino ir en declive y esfuerzos enormes, como el de la década pasada en la renovación de las vías hacia el Litoral fueron poco más que un saludo a la bandera y una década más tarde no hacen otra cosa que juntar óxido y taparse de yuyos. Sin mencionar el esperpéntico ensayo, o lo que haya sido, del denominado Tren de los Pueblos Libres.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, afirmó en su intervención que el transporte multimodal y la logística “son motores de la transformación del país para los próximos diez años”, pero que para ello hay que tomar necesarias decisiones. Planteó que el país necesita “ir hacia la integración multimodal del transporte y eso va a permitir que las potencialidades logísticas se transformen en mayores posibilidades de eficiencia”, lo que implica disminuir tiempos y costos “que es al final del día lo que nos va a hacer mucho más competitivos”, en palabras de la propia Etcheverry.

Esto requiere, dijo, “abrir las puertas de una vez por todas, y sobre todo para el Estado, de la incorporación de los avances tecnológicos” y enfatizó en que hoy la tecnología “permite el seguimiento de la carga que sea, también de los pasajeros, en tiempo real” y destacó como un valor adicional la densidad de carreteras “que nos pone en los mejores lugares de América Latina”. Las decisiones que se están tomando, afirma, buscan que esa infraestructura “se extienda a otras áreas del territorio donde genere no derrame, sino desarrollo, crecimiento y mayores puestos de trabajo, movilizando la economía”. Y refirió puntualmente a la infraestructura ferroviaria del Litoral, que “tiene que crecer y captar cargas de Paraguay”. Esto va atado con otro dato que compartió el ya mencionado Tejera, y es que el Ferrocarril Central todavía tiene más del 50% de su capacidad ociosa, “lo que representa una oportunidad para el país para insertarlo en este mundo logístico”.

Como bien dijo el director, hacer ese tendido ha supuesto un esfuerzo enorme para el país y fue, como se recordará, una de las claves para que se confirmase la segunda planta de celulosa de la empresa UPM en el centro del país. Este ferrocarril ofrece un abanico de posibilidades que todavía no se aprovecha. Recordemos el proyecto, muy mencionado durante el período pasado, planteado por una empresa de logística radicada en el área metropolitana, de establecer un centro en el eje de la ruta 5, que interconecte con ambas fronteras mediante la vía férrea y que para eso requiere de que se completen las vías que una vez se proyectaron y quedaron a medias. Como decía Tejera en el Foro, lo primero es terminar los trazados que permitan conectar al ferrocarril, completar la infraestructura, porque sin eso no hay posibilidad alguna de captar cargas.

En el tema de los pasajeros hay mucho más para discutir, pero da la impresión que por densidad poblacional y por la relación tiempo/distancia, cualquier proyecto viable será uno que se piense para el Área Metropolitana.
Se anuncia un gran proceso de discusión con la participación de todos los actores del sector logístico que apunte a entender cuáles son los requerimientos.

Habrá que esperar a que este Plan Nacional tenga algo más de forma. No sería quizás una sorpresa que, por ejemplo, los tendidos de vías pensados por las empresas inglesas para las necesidades de la segunda mitad del Siglo XIX —y que en sus días complementaban con sus propios puertos— puedan no ser lo más adecuado para las exigencias del mundo de hoy. De una forma u otra, es un nuevo tren que pasa para el ferrocarril uruguayo.

Con el paso de los meses, la política arancelaria del presidente de Estados Unidos Donald Trump se ha sostenido inequívocamente sobre la premisa de la amenaza, el amedrentamiento, la posterior negociación y en general el “premio” de la reducción de los incrementos en los porcentajes, siempre que la contraparte se atenga a lo que el mandatario considera que corresponde en la relación comercial bilateral, sin perder de vista el aspecto geopolítico y la presunta relación con “aliados” con los que sin embargo también ha sido particularmente duro.
En este ir y venir de garrote y mesa de negociación, los aranceles han oscilado entre un 145 por ciento con China –luego bajados a menos de una tercera parte– y un 10 por ciento general, en el que hasta ahora ha sido incluido Uruguay, uno de los menos castigados con los disparos arancelarios del conductor de la mayor economía del mundo.

La constante pues ha sido incertidumbre sobre incertidumbre: la amenaza de un mega arancel con plazos “inamovibles” para luego negociar y reducirlos de acuerdo a su visión bidireccional, pero con repercusión en el intercambio global, lo que hace que a esta altura haya mínimas referencias más o menos constantes para definiciones de los operadores en la cadena.

El último plazo “definitivo” sobre aranceles fue el primer día de este mes de agosto, y para no irnos fuera de la región, teníamos que el presidente estadounidense anunció a comienzos de julio aranceles del 50% sobre las importaciones de productos brasileños. A su vez, para no perder de vista su base ideológica en política global, en las semanas siguientes su gobierno impuso sanciones personales a Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, debido a lo que entiende persecución política sobre el expresidente Jair Bolsonaro.
Pero hace pocos días, al firmar la orden, Trump dio un importante paso atrás y eximió a casi 700 productos de los aranceles del 50% –en la carne se mantiene–, lo que aportó alivio a ciertos sectores brasileños como los productores de jugo de naranja o la industria aeronáutica, en tanto los productos exentos seguirán sujetos al arancel del 10% anunciado por Trump en abril para Brasil.

El último repliegue del presidente estadounidense generó debates entre especialistas, así como memes de internautas, sobre la “teoría del TACO”, siglas en inglés de Trump Always Chickens Out, que se podría traducir como “Trump siempre se echa atrás”, según indica un comentario de BBC News sobre los altibajos de decisiones que eran anunciadas en su momento como inamovibles desde la Casa Blanca.
El término fue acuñado originalmente por Robert Armstrong, columnista de mercados financieros del diario británico Financial Times, quien observó que en las bolsas del mundo había surgido lo que llamó el “negocio TACO”: inversionistas que se aprovechaban de los aparentes retrocesos de Trump para ganar dinero.

Un ejemplo fue lo ocurrido en abril, cuando Trump anunció su Día de la Liberación, imponiendo aranceles a prácticamente todos los socios comerciales de EE.UU. en el mundo. En los días siguientes, las bolsas estadounidenses se desplomaron ante el temor de que la política arancelaria de Trump provocara una recesión en EE. UU. Sin embargo, muchos inversionistas y especuladores apostaron –y acertaron– a que Trump se echaría atrás y compraron activos a precios bajos. La semana siguiente, efectivamente, Trump se echó atrás y las bolsas subieron, por lo que quienes apostaron al “TACO” de Trump ganaron dinero, como señaló Armstrong en su columna del Financial Times. Y ese patrón se repitió en otras ocasiones.
Es decir que hubo quienes han ganado mucho dinero con los anuncios y correcciones de Trump, quien a esta altura poco menos que ha sido asimilado al “pastor mentiroso” del cuento del lobo, pero en realidad las acciones que ha llevado adelante el mandatario podrían reducirse a señalar que aplica el viejo truco de decir que va por cien cuando en realidad lo hace para obtener 25, y hacerles creer a los otros que han logrado contrarrestar el golpe inicial, cuando en realidad es él quien logra alzarse con los mejores resultados y logrado sus objetivos.

Pero como en todos los órdenes de la vida, nada es gratis; en julio, Trump inició una nueva ofensiva arancelaria contra el mundo, enviando cartas a líderes internacionales con amenazas de imponer aranceles a partir de agosto. Algunos países y bloques, como Japón y la Unión Europea, negociaron acuerdos que redujeron los aranceles estadounidenses a sus productos, aun quedando muy por encima de los porcentajes anteriores a la ofensiva del presidente.
Las preguntas que muchos analistas se formulan ahora son hasta donde podrá realmente ir Trump, porque las consecuencias tanto se dan en las relaciones comerciales internacionales como hacia lo interno, porque por más vueltas que se le dé y la apelación al “Make America Great Again”, (hagamos a los Estados Unidos grandes de nuevo) cuando los impuestos arancelarios encarecen los precios internos, la cosa cambia para quien levanta la bandera proteccionista y del nacionalismo a ultranza.

Para el economista británico David Lubin, investigador senior del programa de Economía y Finanzas Globales del instituto Chatham House, el “TACO” ya ha sido incorporado como una estrategia de negociación de Trump: hacer grandes amenazas, muchas de ellas imposibles de ejecutar, solo para forzar al otro lado a ceder en la negociación. Lubin cree que hubo, en parte, un poco de “TACO” por Trump en su marcha atrás de los aranceles a Brasil y que el retroceso se debió a que, en último término, los altos gravámenes comenzarían a perjudicar la economía estadounidense de manera indeseada. “Se puede decir que hubo una especie de ‘marcha atrás’ porque las exenciones para aeronaves, jugo de naranja, hierro y petróleo buscan limitar los daños económicos que esos aranceles causarían a la economía estadounidense”, indica.

Es que por más de que se trate de la primera economía del mundo, Estados Unidos depende en grado sumo de importaciones y de suministros de materias primas, que se encarecen por la vía de los aranceles prometidos.
La incorporación del “TACO” a la estrategia de negociación también se observa en las negociaciones con otros países como China, según el especialista. “Si moderar una postura negociadora puede describirse como ‘echarse atrás’, entonces sí, el TACO está, de algún modo, incorporado a la estrategia de negociación de Trump”, agrega. Lubin opina que al presidente estadounidense “le sorprendió la firmeza con la que China respondió a la escalada original de aranceles, que llegó al 145%”.

“Fue la capacidad de China de ejercer presión sobre EE.UU. mediante su dominio en el suministro de tierras raras lo que obligó al gobierno de Trump a sentarse a negociar, primero en Ginebra en mayo, luego en Londres y ahora en otros lugares”, agrega.
“Creo que, tal vez, en algunos casos Trump tiene razón al argumentar que, en muchos aspectos, esto siempre formó parte de un plan. No estoy seguro de que Trump haya considerado seriamente imponer aranceles del 145% a China. Eso destruiría por completo el comercio entre EE. UU. y China”, agrega.

Pero por más plan que sea –en el mejor de los casos–, lo que se ha logrado a nivel global y hasta para el consumidor interno de su país es una gran inestabilidad, desconfianza en EE. UU. como referencia y como aliado, meterse en arenas movedizas y potenciar especulaciones sobre no ya el futuro inmediato, sino el presente del día a día, porque al fin de cuentas no se sabe con qué va a salir mañana y sobre todo, por cuanto tiempo lo mantendrá. Y en él mientras tanto, unos y otros dando palos de ciego, porque las pocas certezas que podía haber se han esfumado en el mar de especulaciones sobre el talante con el que se levantará a la mañana siguiente el mandatario norteamericano.

Al menos en Uruguay, quienes más debaten a nivel político sobre las demoras y carencias en la salud pública son, precisamente, quienes no utilizan sus servicios. O bien cuentan con los recursos necesarios para acceder a una consulta privada con un especialista que acorte sensiblemente los plazos de espera.
No obstante, su exposición pública ha servido para poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan quienes viven en el Interior, particularmente al norte del río Negro, donde se presentan las mayores inequidades. Este escenario se repite desde hace décadas. Basta con revisar las crónicas periodísticas para comprobar que las vicisitudes de los usuarios han sido similares a lo largo de los años.
Ni hablar de quienes han atravesado problemas de salud o siniestros laborales y residen en el Interior profundo. En pleno siglo XXI siguen existiendo dificultades con los traslados en ambulancia, en un territorio que no es extenso, sino todo lo contrario. Hace dos meses, la comunidad sanducera revivió su impotencia ante un hecho ocurrido en el área de influencia de Quebracho. Y a fines de 2025 se cumplirán dos años del siniestro en el Camino a Casa Blanca, cuya protagonista aún se rehabilita de sus dolorosas lesiones.

Mientras tanto, abundaron las discusiones sobre la pertinencia de instalar un servicio de emergencia y traslado para atender estos casos graves, que requieren asistencia urgente en la ciudad. Pero hasta el momento, no se ha logrado nada concreto.
Durante todo 2024 hubo idas y vueltas, reuniones de comisión, comparecencias de autoridades, cruces verbales y los consabidos argumentos sobre la “falta de recursos” que impide el arribo de ambulancias al Interior.

Con el nuevo gobierno y la discusión presupuestal, reaparece el argumento de la “frazada corta” para justificar carencias en determinados servicios. Pero ese “mientras tanto” se vuelve cada vez más cruel y deja en evidencia que los hechos ocurren sin recibir una respuesta adecuada, sin importar quién gobierne.

Porque las personas son víctimas de siniestros de tránsito o accidentes laborales y –en el peor de los casos– fallecen “mientras” allá lejos (en Montevideo) todavía se delibera sobre la oportunidad de incorporar un servicio básico.
Y quienes llegan a ayudar muchas veces se encuentran con un protocolo que los inmoviliza. Porque el tiempo pasa, y hasta hoy hay gente que se pregunta si su familiar podría haber tenido una oportunidad de sobrevivir. Y llegan a la triste conclusión de que no se le dio esa oportunidad.
Los residentes de localidades pequeñas acumulan en su memoria casos similares, en los que los servicios médicos demoraron en llegar o directamente nunca lo hicieron. ¿Quién puede decirles que están equivocados o que exageran?
También se escucha –cada vez con más frecuencia– la peor de todas las preguntas: “¿Antes también reclamaban?”. Y sí, reclamaron siempre. Pero hasta ahora la respuesta sigue sin aparecer. Lo cierto es que, en ambos casos, las circunstancias de los accidentes cambiaron la vida de esas personas y de sus familias para siempre.
Pero da la impresión de que a nadie le importa. No hay voluntad política. De lo contrario, la alarma pública provocada por uno de estos hechos a finales de 2023 habría servido como punto de partida para construir una solución a largo plazo.
En tiempos de alta tecnología y gran accesibilidad a todo tipo de dispositivos, los pobladores del Interior aún recurren a la vieja solidaridad entre vecinos como forma de consuelo ante el dolor. En eso, los tiempos no han cambiado tanto.

Porque conviene entender que no todo se resuelve con dinero. Hay cuestiones que involucran, directamente, a la gestión. ASSE tiene 1,5 millones de usuarios (en un país de 3,5 millones de habitantes) y es el prestador público más grande. Las demoras en obtener turnos con especialistas se deben, muchas veces, a la falta de complementariedad de servicios según la zona, o a la escasa cantidad de profesionales radicados en el Interior.
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, aseguró que el mercado no puede regular la cantidad de especialistas necesarios en Uruguay. “Por más que respetamos la autonomía universitaria, las cátedras no pueden determinar qué porcentajes y qué cantidad de profesionales se forman, porque eso repercute directamente en la atención de los usuarios”.

No hay una coordinación transversal para resolver estas problemáticas, que se repiten en distintas áreas del sistema. El Sistema Nacional Integrado de Salud ya ha identificado las zonas del país donde faltan determinadas especialidades. En esos lugares, donde se registran tiempos de espera inadmisibles, es necesaria la voluntad política y capacidad de resolución.
Si es cierto que no puede haber 30.000 personas en lista de espera para ser atendidas en salud mental o por un cardiólogo —donde el 72% de los casos refiere a hipertensión arterial—, entonces será necesario, antes que nada, un cambio cultural dentro del propio sistema de salud.
Por ejemplo, hoy un médico de Medicina Familiar y Comunitaria no está habilitado para recetar un protector solar, a menos que lo indique un especialista en dermatología.

Si las transformaciones no empiezan desde arriba, tampoco llegarán hacia abajo. Y si se demora el abordaje comunitario de patologías comunes en la red de atención primaria —las policlínicas—, los usuarios acudirán rápidamente a las puertas de emergencia, sobrecargando el servicio. Tal como ocurre ahora. Como sucede desde hace muchos años.

Con mucha frecuencia se habla del mal estado de las calles de Paysandú, fundamentando esa situación en las más diversas causas como por ejemplo los malos materiales utilizados, reparaciones mal hechas o el aumento del parque automotor. Se trata de un tema casi permanente en las conversaciones de los sanduceros, cuyos vehículos sufren (un día sí y otro también) las consecuencias de ese mal estado que se traduce en frecuentes roturas de cubiertas o de amortiguadores. Sin embargo, un tema parece permanecer inadvertido para nuestra comunidad: el lamentable estado de las veredas de nuestra ciudad, en aquellas zonas en las cuales existen las mismas. No nos estamos refiriendo a la malograda semipeatonal en la cual se ha transformado 18 de Julio y cuyo recorrido a pie es un desafío enfrentando peligros de diversa clase: baldosas resbaladizas, agujeros que esperan por algún transeúnte distraído, rejas levantadas y un sinfín de ejemplos del mal estado de nuestra principal avenida que brinda un panorama lamentable a quienes nos visitan. Han pasado varios gobiernos departamentales de distintos partidos y ninguno ha sido capaz de abordar el tema de esas veredas que constituyen una vergüenza para una ciudad que aspira a recibir visitantes de la región.

Basta con alejarse tres o cuatro cuadras desde 18 de Julio –y a veces menos– para apreciar la inexistencia de veredas o su pésimo estado cuyo mantenimiento constituye una obligación de los propietarios de los inmuebles que dan al frente de dichas veredas. Ante la total pasividad de las autoridades de la Intendencia Departamental y sin importar el partido político que se encuentre en el poder, dichos propietarios gozan de una absoluta impunidad porque nadie los intima y obliga a reparar dichas veredas, más allá de algunos proyectos o alguna acción puntual “para llenar el ojo” de los posibles votantes en épocas electorales. Tampoco existe por parte de esos propietarios una verdadera conciencia de que la vereda no es parte de su inmueble, sino un bien de uso público que está destinado a la circulación de los peatones, evitando de esa forma los peligros que representa (tal como sucede en muchas calles sanduceras) tener que bajar a la calzada para caminar esquivando autos, motos o bicicletas. Las veredas se hicieron para los peatones por un tema de seguridad en la circulación y orden y por eso deben ser consideradas en buen estado. Es bueno recordar que si una persona tropieza en una vereda en mal estado y sufre lesiones el responsable por los daños y perjuicios causados por las mismas será el propietario al frente de cuyo inmueble tuvo lugar ese accidente, algo que cualquier tribunal no dudaría en condenar sin demasiados miramientos.
¿Ante esta situación, que hace la Intendencia Departamental de Paysandú? ¿Acaso intima a los propietarios para que en un plazo determinado realicen las obras de construcción, reparación o reconstrucción de las veredas, pudiendo la Intendencia, en caso de incumplimiento realizar las obras por administración y con cargo a las propiedades respectivas, sin perjuicio de aplicar a los propietarios omisos las multas establecidas? ¿Ejerce esa Intendencia esa potestad o simplemente mira para otro lado porque se trata de una medida “que no arrima votos”? Sabemos que en Montevideo muchas veces se han anunciado con bombos y platillos medidas similares pero quedan en “agua de borrajas” precisamente por mezquinos cálculos electorales que también se dan en nuestro departamento. Durante años el exdiputado y exedil nacionalista Rubens Francolino reclamó en la Junta Departamental medidas concretas en favor del buen estado de las veredas sanduceras. Lamentablemente su prédica cayó en saco roto y la situación de entonces nos ha traído al lamentable panorama que podemos apreciar tres décadas más tarde en nuestra ciudad.

Una de las razones esgrimidas por dichos propietarios para no reparar sus veredas es el supuesto alto costo de dichas tareas, pero la razón real es otra: saberse impunes y ser conscientes de que ninguna autoridad departamental los intimará (y mucho menos multará) en caso de que sus veredas se encuentren en mal estado. Aún así, existe una alternativa que los ediles departamentales y la propia Intendencia Departamental deberían estudiar: las veredas confeccionadas con hormigón, esto es sin baldosas. En la Ciudad Vieja de Montevideo se hizo un experimento en este sentido y si bien tuvo un alcance parcial, ha funcionado en aquellas calles donde se aplicó. Una vereda de hormigón no sólo es más barata y fácil de construir sino también de reparar, facilitando de esa manera que los propietarios puedan acceder a cumplir con esa obligación. Muchas ciudades del mundo, como Nueva York, Chicago, Madrid o París han optado por esta modalidad por lo que no se trata de “inventar la rueda” ni de copiar sin más lo que se hace fuera de nuestro país, sino de adaptar a nuestras necesidades lo que ha funcionado en otras tierras.

Si tenemos en cuenta que la población uruguaya es una población envejecida, la cual presenta muchas veces problemas para caminar (haciéndolo en la vía pública mediante la utilización de bastones o andadores) y lo mal iluminada que se encuentra nuestra ciudad fuera de las calles más céntricas, el tema del buen estado de las veredas adquiere una importancia mayor, ya que se trata nada más y nada menos que de la seguridad de nuestros mayores, pero también se aplica al caso de los niños que tienen que caminar por la calle con los riesgos que ello implica.
Ante toda esta evidencia, ¿qué espera la Intendencia Departamental para revisar la legislación en materia de veredas para ajustarla a los tiempos que corren? ¿Cuándo se comenzará a fiscalizar en serio el estado de las veredas sanduceras (no sólo las del centro sino todas) para que sea seguro caminar por las mismas? ¿Acaso existe la voluntad política de que la Intendencia Departamental repare con personal propio o de terceras empresas las veredas en mal estado y le cobre a los propietarios en cuotas los costos de esa reparación? ¿No sería una forma de aprovechar la mano de obra de la Intendencia o de crear puestos de trabajo de esos que tanto necesita nuestro departamento?

Los sanduceros debemos tomar cabal consciencia de la importancia que las veredas tienen para la convivencia y la seguridad de todos, sin excepciones. Se trata de un espacio de uso público que nos pertenece a todos y que debe ser cuidado entre todos, aún cuando para ello sea necesario denunciar a los propietarios que no cumplen con su obligación de mantenerlo en buen estado. A modo de ejemplo, el sitio web de la Intendencia de Montevideo permite realizar esa denuncia en forma electrónica mediante el llenado de un simple formulario expresando que, “A través de este trámite podés hacer la denuncia de una vereda que se encuentra en mal estado para que la Intendencia intime a la persona propietaria a hacer las reparaciones o que las haga la propia Intendencia en los casos que corresponda”.
El mal estado de las veredas sanduceras es un desastre evitable; lo único que falta es voluntad política, y ciudadana.

Un escenario preocupante de cara al futuro planteó el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al referirse a la intensificación de las amenazas climáticas para la salud, durante su participación en la inauguración de la Conferencia Mundial sobre Clima y Salud 2025, celebrada en Brasilia. Allí urgió a los países a “situar la salud en el centro de las políticas sobre clima y garantizar el acceso a la financiación climática”.
Mientras el continente enfrenta temperaturas que no dejan de batir récords, asociado a ello se producen fenómenos climáticos con potencial destructivo cada vez más frecuentemente, y crecen los brotes de enfermedades. Frente a esto, el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, llamó a tomar medidas urgentes y advirtió que quienes están más expuestos a estas amenazas son las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. “Sufren la mayor carga de estos impactos climáticos, aunque son las menos responsables de ellos”, afirmó.

La conferencia es una reunión oficial que precede a la 30ª Conferencia de las Partes de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), que también se celebrará en Brasil, en este caso en la ciudad de Belém, entre el 10 y el 21 de noviembre. Allí se espera que los países y las partes interesadas contribuyan al Plan de Acción de Belém para la Salud, una hoja de ruta para integrar la salud en la política climática mundial.
Barbosa repasó algunos datos que hablan del impacto que están sufriendo las Américas. “El 2024 fue el año más cálido que se ha registrado en la región desde 1900, y las olas de calor son la amenaza climática más letal”, afirmó. Agregó que los incendios forestales afectaron a 70.000 personas en Bolivia, Brasil, Canadá y Chile; las inundaciones afectaron a 5 millones de personas en diez países, incluidas las catastróficas inundaciones que se produjeron en el sur de Brasil, y las sequías contribuyeron a la inseguridad alimentaria y la malnutrición en Brasil y Colombia, donde hubo 1,2 millones de personas afectadas. Eso sin mencionar el impacto de los huracanes en las Américas Central y del Norte y el Caribe, que también han ganado en intensidad.

En cuanto a que las enfermedades sensibles al clima aumentaron, refirió que la región registró un número récord de casos de dengue, “que alcanzó los 13 millones, casi el triple del total de 2023, con más de 7.700 muertes”.
El Plan de Acción de Salud de Belém, al que aludió Barbosa, “se centra en promover servicios de salud resilientes al clima y garantizar el acceso a la salud para todas las personas, al tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero” y remarcó que está alineado con la Iniciativa para la Eliminación de Enfermedades, que tiene el objetivo de eliminar 30 enfermedades y condiciones relacionadas con ella, para el año 2030, al igual que con la Iniciativa para una Mejor Atención de las Enfermedades No Transmisibles. En el marco de estas iniciativas se han desarrollado planes de seguridad hídrica y saneamiento resilientes al clima en 22 países, “lo que ha beneficiado a 84,5 millones de personas, siete millones de ellas solo el año pasado”.

Ahora bien. Uruguay ha sido un abanderado en materia ambiental y se ha posicionado como un ejemplo en transformación energética hacia la generación a partir de fuentes renovables. Además de ello, se han dado pasos significativos en áreas como la eficiencia energética y la economía circular, con acciones que buscan reducir el impacto en el efecto invernadero y en el cambio climático. En general esto ha sido reconocido aunque quizás se pudiera estar haciendo más por visibilizarlo a los ojos del mundo. Esto no quiere decir tampoco que no quede mucho más por hacer, incluso en estas mismas acciones y medidas que nos han traído hasta aquí, que podrían tener un estándar más alto de efectividad. Pero no todos reaccionan a la misma velocidad ni todos están comprometidos de la misma forma.

Igualmente hay quienes niegan la existencia del cambio climático e ignoran señales como las que repasaba el director general de la OPS, así como hay quienes se van al otro extremo y ven riesgos incluso donde lo que se plantean son soluciones. Este es el caso de la energía limpia, que no es ni más ni menos que lo que propone un proyecto como el que busca instalar en Paysandú la empresa HIF, que producirá combustibles sintéticos que son una alternativa a los fósiles, derivados del petróleo, señalado mundialmente como el principal causante de nuestros problemas. El proceso ya lo hemos detallado largamente en los múltiples artículos que hemos publicado sobre el proyecto y es además bien conocido porque es un popular experimento en la escuela uruguaya: se usa electricidad para descomponer la molécula de agua en, por un lado oxígeno y por el otro hidrógeno, que es el elemento que se empleará en el combustible, mientras que el oxígeno se libera al aire, en un proceso que no genera olores ni residuos. La condición de “verde” de ese hidrógeno la da el origen en fuentes renovables de esa electricidad, que es justamente la preocupación del mundo desarrollado y lo que hace rentable el producto a obtener, que es en realidad más caro que la naftas actuales.

Ya ha planteado la empresa que el consumo de agua –que era una de las preocupaciones– es muy reducido y que se ha transformado la idea original de forma de minimizar los impactos, incluso el visual desde la vecina orilla.
Eso sin entrar a hablar del impacto en la economía y en la generación de puestos de trabajo en la región. Poniéndolo todo en la balanza, no debería existir dudas de lo conveniente de la inversión.

Como era de esperar, “colectivos” feministas pusieron el grito en el cielo y salieron al cruce de conceptos vertidos a la emisora fernandina FM Gente, por una abogada penalista de Maldonado que se atrevió a cuestionar el uso –y abuso– de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, al señalar que la gran mayoría de las denuncias que se formulan, de acuerdo a su experiencia, proviene de mujeres despechadas que la utilizan como instrumento para tratar de perjudicar a su expareja, generalmente mediante manipulación de la tenencia de sus hijos.

Las Nietas de Abella, colectivo feminista con sede en la ciudad de San José, fue uno de los que salió al cruce de las declaraciones realizadas en las últimas horas por la abogada maldonadense Adriana Batista. Esta profesional ha defendido a hombres denunciados a través de la ley 19.580 –Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género–, norma que considera “adoctrinadora” y que entiende debe modificarse.

En reciente entrevista en el programa Página central, de la mencionada emisora, habló sobre lo que considera un doble rasero en el poder judicial, en función del género de la persona denunciante y la denunciada.

“El trato es distinto en el caso de hombres y mujeres. Cuando el hombre está en la seccional, ya es culpable, y ni hablemos de cuando ingresa al juzgado. La mujer, cuando entra a la audiencia, por el contrario, realiza todo un show”, dijo.

Posteriormente, aseveró que casi la totalidad de las denuncias de mujeres por violencia de género obedecen a razones espurias: “El 99% de las denuncias de las mujeres están basadas en el despecho, la venganza y el odio. La violencia no tiene género. Yo tengo un hijo varón, en mi familia hay un hermano varón, tengo un esposo que creo absolutamente en él, y no por el solo hecho de ser varón odio al sexo”, expresó.

Asimismo, consideró que las “únicas víctimas” de las discusiones entre sus progenitores son los niños, y apuntó contra las mujeres que “denuncian al padre de sus hijos por venganza”.

Nada de lo que señalara en esta instancia la profesional se aparta de la verdad, sino que cualquiera que esté más o menos interiorizado del manejo de estas denuncias en el Poder Judicial, se ha enterado de una forma u otra sobre situaciones de este tipo, lo que no quita que naturalmente estemos muchas veces ante hechos condenables de violencia de género, pero de lo que se trata es de que todos los casos no son iguales y deben considerarse ponderadamente, con una mirada imparcial en base a pruebas fehacientes y no en la perspectiva doctrinaria de que siempre el hombre es culpable, y que para ello basta con la palabra de una mujer, porque según la ley hay que aplicar una perspectiva de género. Los impulsores de esta iniciativa han sido precisamente los colectivos feministas a ultranza, que durante los gobiernos de izquierda encontraron apoyo oficial para aprobar una normativa que pone a la Justicia en el mundo del revés, que no es otra cosa que el hombre tenga que aprobar su inocencia, en lugar de poner la carga de la prueba en la parte acusatoria.

A ello se agrega el ya inevitable linchamiento de antemano en las redes sociales, con todo lo que ello implica, incluyendo muchas veces la pérdida del trabajo y la condena social sin haber todavía un pronunciamiento de la justicia.

En lo que refiere a los conceptos vertidos por la abogada, fragmentos del reportaje circularon en redes sociales durante el fin de semana, y ameritaron la reacción de varios de estos grupos, como el mencionado colectivo maragato, que expresa que “nuestro colectivo se pregunta sobre el origen de los datos que comparte, dado que la información oficial muestra exactamente lo contrario. La desinformación es un arma de doble filo para la sociedad, y estas cifras constatan que lo declarado por la abogada no solo desinforma, sino que siembra dudas en la población en general, sobre la veracidad de los casos de violencia de género, sin basarse en hechos y cifras reales. La desinformación es peligrosa y verdaderamente contribuye a construir los discursos de odio que parece querer cuestionar”, añadieron las Nietas de Abella.

La abogada Adriana Batista ya había efectuado en anteriores ocasiones manifestaciones controvertidas respecto al mismo tema. “Hay que saber detectar a las ‘feminazis’ porque todas parecen salir de una impresora. El feminismo radical quiere destruir a la familia”, dijo en una entrevista concedida en marzo a la misma emisora.

Ya en términos similares, la senadora Graciela Bianchi había advertido en el Parlamento que por esta ley “todos los hombres están en libertad condicional”, y que basta que se enfrenten al encono de una mujer, por la razón que sea, para que ésta con su sola denuncia pueda llegar a enterrarlo civilmente y condenarlo. Se ha sabido de casos en los que se tenga o no pruebas, la consecuencia es que hay hombres que hace meses no ven a sus hijos, porque se los manipula por las denunciantes como acto de venganza o para tener alguna ventaja económica por la vía de la extorsión.
El punto es que además la normativa no logró abatir el número de casos de femicidio y tampoco ha evitado las consecuencias del problema de la violencia de género, –lo que se manejó como un argumento clave para aprobar la norma–, que en realidad conlleva ignorar las garantías del debido proceso para el denunciado, quien se ve frente a considerables dificultades para presentar prueba en contrario y acceder constitucionalmente a una defensa efectiva, sin poder acceder a la oportunidad procesal de presentar pruebas y argumentos, en tanto la ley contempla que se adopte una medida cautelar casi automática.

Lo que no quiere decir que no haya víctimas de violencia de género ni abusos, que por supuesto condenamos y merecen todo el peso de la ley, sino que de lo que se trata es de verdadera justicia, esa que necesariamente debe ser imparcial, porque el “género” no es garantía alguna de inocencia.
Incluso la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay respaldó la necesidad de “restablecer las garantías procesales tradicionales de un Estado de Derecho”, afectadas por la aplicación actual de la normativa, y en este sentido refiere a cuestionamientos como los problemas relacionados con “las pruebas que puede presentar el denunciado, el peso de las pericias, el castigo para denuncias falsas y la forma de reclamar reparos económicos”, áreas que han generado “situaciones de injusticia y manipulación indebida del sistema”. Y en este caso no importa si eso es así en el 99% de los casos, como denuncia la Dra. Batista, en el 50% o en el 10%, porque si la justicia está flechada, no es justicia. Y eso es lo que de ninguna manera puede ocurrir, porque de otra forma terminamos en una suerte de tribunales de la Inquisición.

Y en eso es bien clara la Constitución de la República, que en su artículo 8 exige igualdad en garantías para todos los ciudadanos; que debemos respaldar todos los uruguayos, por encima de ideologías, simpatías políticas y género.

El gobierno nacional reafirmó su compromiso con las energías renovables, un área en la que nuestro país ha sido pionero → Leer más

Hacer una represa en la zona de Casupá, en el departamento de Florida, es, según el gobierno —basándose en informes internacionales—, la solución más robusta para enfrentar futuras sequías. Este argumento se utiliza como justificación para abandonar el proyecto Neptuno, que ya había sido adjudicado a un consorcio empresarial que lo presentó como iniciativa al comienzo del pasado gobierno.

El gobierno publicó que un informe técnico, contratado en 2024 y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entregado en junio de 2025, “fue contundente” al señalar que la presa de Casupá “es una solución más robusta y confiable que Arazatí para asegurar el agua potable del área metropolitana frente a futuras sequías”. El estudio —explica— fue supervisado por la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del Ministerio de Ambiente (MA) y OSE, y consistió en una comparación entre ambas alternativas estructurales ante un escenario de creciente demanda hacia 2035. Concluyó que Casupá permite una mayor capacidad de almacenamiento y regulación, clave para enfrentar eventos críticos como la sequía de 2022-2023. En contrapartida, asegura que “Arazatí presenta limitaciones técnicas ante situaciones extremas de escasez hídrica”.

Esta evaluación, según indica el Ministerio de Ambiente, fue financiada por el organismo multilateral y forma parte del nuevo Protocolo Específico de Sequías para Montevideo y Minas, elaborado en el marco del Protocolo Nacional de Sequías aprobado por el Ministerio en 2023. Además de proponer una serie de obras de infraestructura, el estudio recomendó “un programa urgente de reducción de pérdidas en la red de distribución, que puede ejecutarse más rápidamente y aportar mayor eficiencia al sistema”.

La proyectada presa de Casupá —que estuvo en los papeles incluso antes que el proyecto Neptuno, y que, al igual que este, fue objeto de advertencias por parte de expertos, ya que tampoco es una solución inocua desde el punto de vista ambiental— se considera una opción sólida “para garantizar el abastecimiento de agua potable ante el cambio climático”. Agrega la cartera en su publicación que la represa “cumple un doble cometido: regulación de los caudales de la cuenca y aseguramiento de la calidad del agua mediante una adecuada gestión del embalse y medidas de protección de la cuenca alta”, así como “la disminución de la probabilidad de eventos de floraciones algales y sus consecuencias”.

Este último punto es, cuando menos, discutible. Si hay un factor que favorece la proliferación de cianobacterias —un problema nacional, especialmente grave en la zona sur del país—, es precisamente el estancamiento del agua, es decir, su represamiento. Resulta contraintuitivo pensar que una represa contribuya a combatir ese fenómeno.

Por otra parte, el Movimiento Uruguay Sustentable (Movus) publicó una declaración en la que celebra la caída del proyecto Neptuno, pero plantea una serie de reparos respecto a la solución que se propone en su lugar, en particular en relación con la participación de las mismas empresas que impulsaron originalmente el proyecto en las nuevas soluciones alternativas. Estas implican una serie de obras para incrementar la potabilización, además de la mencionada represa. La organización ambientalista señala que el nuevo proyecto “debería también cumplir con todos los requerimientos para la obtención de una autorización ambiental” y que, de no modificarse el contrato, “se continuaría con la violación de la Constitución, al otorgarles a empresas privadas intervención directa en el abastecimiento de agua a la población mediante la aducción y el manejo del agua bruta” que allí se establece.

Recordemos que el conocido como “Plebiscito del agua”, realizado el 31 de octubre de 2004, aprobó una reforma constitucional que estableció la “gestión pública, participativa y sostenible del agua y el saneamiento” y consagró “el acceso al agua como un derecho humano”, mediante una serie de agregados al artículo 47.

Pero, además, la organización considera que todo esto es innecesario, en la medida en que, si se llevara a cabo un proyecto serio de reparación y renovación de las redes, se podría evitar la pérdida del agua que se extrae del río Santa Lucía y que, ya potabilizada, se escurre por las dañadas redes de distribución. Según los cálculos que presentan, realizar estas reparaciones haría innecesaria la construcción de la represa y todas las obras asociadas.

De allí proviene la afirmación de que no se trata de un problema hídrico. Que la sequía afectó, por supuesto; pero el impacto habría sido mucho menor si no existieran tantas pérdidas en la red. Si no se solucionan estos problemas —que, como sabe cualquiera que ha sufrido la rotura de un caño en su vivienda, son comunes y persistentes—, la situación continuará agravándose, y no es concebible que se siga apelando a nuevas fuentes de agua en lugar de reparar los agujeros por los que se pierde.

Asimismo, la afirmación de que no se trata de un problema hídrico busca poner de manifiesto el error histórico de concentrar a más de dos millones de personas en un rinconcito del sur del país, cuando Uruguay cuenta con fuentes de agua mucho mejores, como el río Uruguay —junto al cual Artigas quiso establecer su capital— o el río Yí, en Durazno, próximo al río Negro, donde Rivera visualizó una capital alternativa. En definitiva: el problema no es hídrico, sino la vieja y conocida macrocefalia, que vuelve a mostrarnos cuán equivocados hemos estado.

Todo indica que tal como es tradición, sobre el filo del plazo habrá de remitirse por el Poder Ejecutivo al Parlamento el Proyecto de Ley de Presupuesto para el quinquenio, una instancia fundamental que no suele ser percibida en su trascendencia por el ciudadano común, salvo aquellos que siguen de cerca el devenir político de nuestro país.
Es que la citada ley podría calificarse como la ley madre para un período de gobierno, porque es la que define la gestión nada más ni nada menos que a la hora de plasmar en realidades lo que se prometió en campaña electoral, porque es la que establece los recursos para financiar los enunciados de buenas intenciones y promesas lanzadas para obtener el respaldo popular en la convocatoria a las urnas.

Y aquí la llave maestra la tiene el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone, un profesional de sólida formación académica, quien tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de ponderar la distribución de recursos en base a prioridades y decisiones políticas sobre las que pesarán los lobbies, que como también suele ocurrir, tratarán de tironear lo más posible de la piola para obtener lo que reclaman una vez que la ley se considere en el Parlamento.

Pero además, está de por medio que en esta oportunidad, contrariamente a lo que aconteciera en sus otras tres administraciones, el Frente Amplio no cuenta con mayoría propia en la Cámara de Diputados, por lo que deberá negociar con los partidos menores con representación parlamentaria los dos diputados que necesita para conformar la mayoría a efectos de la sanción de la Ley de Presupuesto, por lo menos en aquellos puntos en los que haya diferencias con el resto de la oposición.

Pero antes tendrá que haber negociación interna, porque hay marcadas posturas antagónicas sobre una diversidad de temas en los que el presidente Yamandú Orsi –quien hasta ahora ha respaldado prácticamente sin excepciones la posición del secretario de Estado– deberá procurar acuerdos para acercar las partes y eventualmente llegar a una posición intermedia.

Es que según ha señalado el secretario de Estado la situación fiscal de nuestro país dista de ser la mejor, y desde la Torre Ejecutiva se señala la necesidad de allanarse a la restricción presupuestal, es decir medir criteriosamente en qué se invierte el dinero de la arcas del Estado, aunque hasta ahora se han dado señales confusas; por ejemplo, mientras por un lado Oddone ha manifestado que el magro aumento decidido para las pasividades menores se origina en la escasa disponibilidad de recursos en Rentas Generales, por otro lado se decidió la compra por el Instituto Nacional de Colonización (INC) de un campo por 32 millones de dólares en Florida. Estas contradicciones se están dando días antes de la definición del presupuesto, en tanto desde Torre Ejecutiva se ha bajado el mensaje de que la idea tentativa es enviar al presupuesto al Parlamento ya a mediados de agosto, en lugar de esperar a último momento, como suele ocurrir. Pero la experiencia indica que una cosa es la intención y otra distinta es lograr conciliar las partes y atender las prioridades de los reclamos en forma expeditiva, cuando varios sectores intentan llevarse la mejor parte y lucharán hasta el final para lograrlo.

Así, la posibilidad de contar con un proyecto a considerar ya desde mediados de agosto daría mayor margen para la discusión interna y con la oposición. Pero la fecha límite es el 31 de agosto para que la iniciativa pase al Parlamento, y en el ínterin habrá un escenario de abierta disputa con final todavía impredecible.

De todas formas, como es norma, cada ministerio y dependencia planteará sus aspiraciones presupuestales, en el entendido de que habrá demandas que quedarán por el camino o se recortarán ante la plena vigencia del factor condicionante de la sábana corta, cuando además está de por medio la aspiración de contar con dotación presupuestal para cumplir con las promesas electorales a la hora de la verdad.

Lo que sí es previsible es que el ministro Oddone deberá hacer malabares entre lo que establece la academia respecto a las leyes de la economía, –a las que no se puede ignorar si es que se pretende actuar con responsabilidad– y decisiones políticas que responden a menudo a planteos voluntaristas y golpes de efecto para la tribuna, mientras por otro lado desde algunos portavoces del gobierno se hace mención a las consecuencias de la “herencia maldita” del anterior gobierno como argumento para no poder cumplir con lo que se ha prometido en campaña.

A modo de ejemplo, en esta oportunidad en la interna del oficialismo se está promoviendo por nostálgicos de la izquierda sesentista la aprobación del denominado “impuesto a los ricos”, una medida que sin embargo el Frente Amplio no llevó adelante en sus quince años de gobierno pero que se pretende hacer realidad en este período, a partir de la “idea” del Pit Cnt recogida y reimpulsada por el Partido Socialista y el Partido Comunista.

“Hay que gravar al 1 por ciento más rico” del país para lograr dinero para llevar adelante determinados programas sociales, según reivindican los promotores, en una reafirmación de prender una vela al socialismo y jugar para la tribuna en base a eslóganes. El tema cuenta hasta ahora con el rechazo explícito del presidente Yamandú Orsi, aludiendo sobre todo a que eso no ha figurado en el programa de gobierno, pero el respaldo surge de sectores que han respaldado la precandidatura a Carolina Cosse en las elecciones internas y el Partido Comunista en las últimas horas planteó incluso que el contar con estos recursos sería fundamental para reducir la pobreza infantil.

En realidad, y de acuerdo a trascendidos de voceros del partido de gobierno, estos grupos pretenden incidir y hasta disputar la conducción del gobierno, haciendo oídos sordos a lo señalado por el mandatario y el propio Oddone, quien textualmente expresó que “quiero decir que no forma parte del objetivo de la política económica de este gobierno ingresar en debates tributarios del tipo que se han puesto sobre la mesa”, subrayando además que ya la presión fiscal es muy alta como para pretender avanzar en este formato de neto cuño efectista, y cuya consecuencia es seguir encareciendo el país para la actividad privada y por ende afectando la ya problemática competitividad.

Es de esperar que en esta discusión parlamentaria, a partir del proyecto enviado por el Ejecutivo, surja un presupuesto alineado con un uso criterioso de los dineros públicos, es decir de todos los uruguayos, en apoyo a una gestión que permita llevar adelante políticas sociales y económicas sustentables, que no resulten en pan para hoy y hambre para mañana, como ocurre demasiado frecuentemente cuando se atiende a los activistas, los que más gritan pero representan solo a una minoría, en desmedro de las mayorías silenciosas que necesitan respuestas

En el último congreso de delegados del Pit Cnt quedó confirmado el peso de los sindicatos estatales y una sobrerrepresentación de Montevideo y Canelones. La información surge de una encuesta elaborada por cuarta vez entre el Instituto Cuesta Duarte y un equipo de técnicos de la Facultad de Psicología, cuyo documento se encuentra disponible en la página web de la central sindical.
El estudio aclara que los resultados no constituyen un análisis del conjunto del movimiento sindical. Sin embargo, los datos revelados hablan por sí mismos.
En los últimos años se registró una renovación de los delegados sindicales, que puede interpretarse tanto como un elemento positivo –por el incremento de mujeres–, como también por las dificultades de los participantes para sostener la militancia sindical.
Por otro lado, sube el promedio de edad de los asistentes, que en esta ocasión se ubicó en 46 años, algo más alto que en congresos anteriores. Asimismo, mejora el nivel educativo, aunque se observa una fuerte caída en la formación técnica: apenas el 8,4% de los presentes la posee. El 38% finalizó la educación secundaria y el 49% cuenta con formación terciaria o superior.
Desde hace una década cae el concepto de “obrero”, que hoy se expresa en solo el 17% del total, cuando hace más de treinta años representaba el 35% de los consultados.

Entre el 40% y el 50%, con tendencia creciente, se definen como empleados, funcionarios o administrativos. Aunque se trata de una autodefinición —posiblemente vinculada a la relación contractual—, el estudio indica que “podría habilitar una discusión interesante” sobre la participación en las cadenas de valor y el uso del término “obrero”.

La mayoría de los asistentes son delegados de base; la mitad participa en mesas de negociación colectiva y más del 80% fue designado mediante “mecanismos institucionales previstos”. Solo el 4% fue electo por voto secreto de sus afiliados, y el 5% mediante voto en asamblea a mano alzada, mecanismos que pierden peso respecto a congresos anteriores.
La gráfica del informe expone que 526 delegados provienen del sector estatal y 530 del ámbito privado: un virtual empate técnico. Se destacan la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), con 135; COFE, con 125; Sunca, con 125; FUM, con 120; Fuecys, con 75; y AEBU, con 57.
Otros sindicatos industriales hoy en conflicto presentaron números menores: la Foica (industria cárnica), 23; FTIL (lácteos), 12; FOEB (bebida), 15; y Untmra (metalúrgicos), 35.

El estudio señala que el sindicalismo uruguayo mantiene su incidencia en el sector público, “perdiendo la misma en relación al capital privado”.
Por regiones, el 12% asistió desde el norte (Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó). Montevideo aportó el 50% de los delegados, aunque concentra el 40% del empleo total del país, lo que explica la sobrerrepresentación en estos ámbitos.
Cuando se consulta por los logros sindicales, los delegados se remiten al período anterior a 2020. En los últimos cinco años destacan la capacidad de resistir y defender lo conquistado. Pese a los resultados adversos en las campañas contra la LUC o la reforma jubilatoria, valoran haber logrado marcar agenda.
Ambas campañas contaron con el apoyo de diversas organizaciones sociales. No obstante, “apenas hubo una mención a fortalecer la Intersocial”, señala el documento.

Los delegados expusieron, en tono preocupado o defensivo, los desafíos que enfrenta el sindicalismo: empleo, condiciones laborales, salarios y seguridad social. Resulta llamativo que “apenas ocupan lugar” las menciones a la precarización o informalidad laboral.
Si se coteja con los datos del Instituto Nacional de Estadística, se advierte una desigualdad territorial: el desempleo y la informalidad golpean con más fuerza fuera de la capital, sobre todo al norte del río Negro. Por ejemplo, el último boletín señala que Paysandú tiene un 12,3% de desempleo y 28% de informalidad, cuando el promedio nacional de este último indicador es 21,7%.
La brecha territorial no aparece solo en las estadísticas, sino también en las miradas políticas y gremiales. Aunque Montevideo concentra el 40% del empleo nacional, tuvo mayor representatividad y prioridades distintas: nuevas conquistas frente a la defensa de lo básico en el Interior.

A este escenario debe sumarse el subempleo, que afecta al 10% y refiere a quienes trabajan menos horas de las deseadas o en tareas que no cumplen sus expectativas. Además, el 22% de los ocupados no está registrado en la seguridad social por su trabajo principal. Mientras el movimiento sindical reclama una reducción de la jornada laboral, el promedio actual de trabajo efectivo es de 35,3 horas semanales.
En el resto del país, la preocupación sigue siendo la informalidad y el subempleo. Aun si mejora su representatividad en otros espacios, será la inversión privada la que permita revertir los indicadores más críticos.
Mientras tanto, el sindicalismo uruguayo mantiene su incidencia en el Estado y en la zona metropolitana. Es la visión de dos países: uno que se concentra al sur, y otro que, lentamente, se encoge al norte del río Negro.

Para explicarle a sus lectores lo que significaban las recientes agresiones del presidente Donald Trump hacia México, el diario Excelsior hizo una aproximación a los conceptos en disputa y también al alcance de si las amenazas se fueran cumpliendo parcial o totalmente, lo que habrá de depender de muchos factores, entre otros, de la imprevisible volubilidad de Trump.

El Excelsior lo establece de manera directa y sencilla: “De manera sencilla, los aranceles son impuestos por los gobiernos que establecen generalmente sobre los productos importados, es decir, aquellos que son producidos en un país extranjero que ingresan al territorio nacional para ser comercializados”. Es cierto que existen aranceles de importación y de exportación, aunque estos últimos han caído en desuso y su imposición tiene más que ver con cuestiones estratégicas de muy corto aliento.

Pero estará correcto si asumimos que un arancel o derecho de aduana, es un impuesto que se ejecuta sobre las mercancías cuando cruzan una frontera. Es decir, esas mercancías pagan su “introducción” al territorio nacional. Al pagar ese arancel, se encarece el precio de dicha mercancía y así se beneficia a los productos producidos internamente. Dicho de otra manera, toda vez que un país impone aranceles a las importaciones la consecuencia es que aumenta el costo de los bienes extranjeros, lo que puede hacer que los productos nacionales sean más competitivos en el mercado interno. Así, el gobierno nacional busca beneficiar a las empresas locales al imponer de manera obligatoria una ventaja económica sobre los productos importados. Visto desde otro ángulo, se obliga para su comercialización a un adicional, por esta vía se produce un aumento de los precios para los consumidores.

En resumen, los aranceles son una herramienta de política comercial a la que pueden apelar los gobiernos para alcanzar diversos objetivos económicos y comerciales. Usualmente son resultado de negociaciones entre países que se pactan y plasman en los diferentes acuerdos, Escribe Ernesto Kreimerman Sí, obvio, los aranceles son impuestos los que bien pueden ser multilaterales, regionales o binacionales. Su aplicación, alícuota y procedimientos, también son parte de la política económica de cada país y las condiciones particulares del comercio internacional en un momento dado. En términos generales, los procesos de negociación de dichos acuerdos comerciales buscan canalizar los flujos comerciales, fijar estándares y equilibrar aquellos casos de asimetrías.

Antecedentes

Historiadores de las políticas tributarias ubican el origen de los aranceles bien atrás en el tiempo, hacia el II milenio AC, en Mesopotamia, y se habría implementado bajo la forma de peajes o derechos de paso.

No obstante, con más elementos y consistencia, otros historiadores ubican el primer arancel del que se tienen pruebas escritas en Palmira, Siria, allá por el año 137 DC. Eran tiempos del Imperio Romano. Por entonces, se trataba de un centro comercial de intensa actividad, que por su ubicación resultaba un conveniente nexo entre Oriente y el Mediterráneo. Aquella primera experiencia arancelaria, se instrumentó bajo la modalidad de un conjunto de tarifas diferentes, sistematizadas y escritas, que debían pagar los comerciantes para circular y trasladarse por un territorio definido.

Consecuencias

Los aranceles se aplican buscando ciertas consecuencias; una enumeración breve: protección a la industria nacional; generación de ingresos fiscales; corrección de desequilibrios comerciales. Pueden leerse como elementos de una política comercial. En particular, los productos nacionales se beneficiarán pues los productos importados tendrán que asumir el impacto del sobrecosto arancelario. Los nuevos acuerdos, ¡no, gracias! En un cuidado análisis técnico realizado por el Consejo Editorial del diario The Washington Post se concluye que “la imposición de aranceles a los aliados estadounidenses en Asia no construirá cadenas de suministro resistentes para contrarrestar a China”. Y lo remata así: “Los últimos acuerdos comerciales de Trump no fortalecen a Estados Unidos”. Pero Trump, no sé si por improvisado o simplemente porque no es un experto en el tema, no ha dado señales claras… más bien confusas y (como tanto le gustan…) por el simple hecho que las resolvió él. No obstante ello, ya tres de los aliados más importante de Estados Unidos de la zona Asia van avanzando. A saber, Japón, Indonesia y Filipinas. Estados Unidos anunció imposiciones arancelarias con Indonesia, Filipinas, y también Japón. A cambio, al menos en principio, se justifica en la pretensión de facilitar a las empresas estadounidenses la venta de productos en sus propios mercados.

En tal caso, la administración Trump ha ido oscilando en referencia a cuánto sería el nivel o los niveles arancelarios, muchos de los cuales entrarían en vigor a partir del 1º de agosto y otros en los meses sucesivos.

¿Quién paga?

Hacia inicios de 2025, Donald Trump anunciaba la reactivación de su política de aranceles generalizados, aplicando un arancel base del 10% a casi todas las importaciones, como parte de su estrategia de “reciprocidad comercial”. También se informó de otras tarifas arancelarias por cada país, que involucran fundamentalmente a economías asiáticas y emergentes, pero aún todas sujetas a algún que otro cambio imprevisto. Tal los casos de China con un arancel del 34%, Japón del 25%, India del 26%, y Vietnam hasta un 46%. Países aliados como Corea del Sur (25%), Taiwán (32%) o Filipinas (20%). Jugó fuerte con Brasil y respondió anunciando un arancel del 50% como represalia política, mientras que México y Canadá redefinen sus tarifas del 25%, exceptuando los productos energéticos (10%).

Por otra parte, la Unión Europea se ve afectada con un arancel del 20%, en lo que muchos interpretan como una presión geopolítica más que económica. Además, naciones como Suiza, Indonesia, Tailandia, Irak y Moldavia también están sujetas a aranceles entre el 25% y el 36%. La entrada en vigor de estas medidas está prevista para el 1º de agosto de 2025, sin posibilidad de prórrogas, según ha advertido el propio Trump. Esta política ha generado inquietud global por su posible impacto en el comercio internacional, el crecimiento económico y la estabilidad de alianzas tradicionales. Como ya fue referido anteriormente, hay dos objetivos para la imposición de aranceles: el sentido estrictamente fiscal, y un sentido radicalmente proteccionista. Dicho de manera directa y clara: el arancel fiscal tiene un propósito 100% recaudatorio; es decir, se resuelve su implementación para generar nuevos ingresos para el Estado, cuyo volumen se puede razonablemente proyectar a partir de la elasticidad (¿o no?) del consumo del producto en cuestión.

El segundo propósito, dijimos que era el del arancel proteccionista. Para el mejor cumplimiento de este propósito, se busca encarecer un producto extranjero para favorecer los productos locales. Ese encarecimiento es el que resulta de la aplicación del referido arancel. Por una u otra vía, quienes deberán hacerse cargo del pago de los aranceles siempre son los consumidores finales, los ciudadanos estadounidenses. Por ello, muchos expertos ratifican este punto de vista conceptual y práctico: quien paga es el ciudadano-consumidor, y lo paga vía precio en góndola, inequívocamente. Cuesta creer que algo tan sencillo como esto genere la fantasía de que otro y no el consumidor, se hará cargo del arancel de importación. No hay chance.

Con la convocatoria a licitación por el llamado 1/2025 para el Gerenciamiento de los Recursos Humanos, la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) reincide en práctica muy cuestionable de incorporar una “agencia de empleo” para la realización de trabajos de competencia municipal. De esta forma utiliza una chicana legal apoyada en vacíos que deja la ley y el ordenamiento jurídico, para contar con un vehículo de contrataciones a gusto del ejecutivo departamental, regido por el derecho privado y cuyo accionar diario está fuera del control de la oposición en la Junta Departamental.

Esta tarea la viene realizando desde 2020 la Fundación A Ganar, cuyo contrato fue extendido 60 días mientras se procede a este nuevo llamado, cuya apertura se realizará el 4 de agosto venidero. La contratación por una “fundación” u oenegé a solicitud de la Intendencia de Paysandú para trabajar a su orden, incluye las áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales, productivas, desarrollo departamental y local, así como servicios generales.

Debe tenerse presente que actualmente, la Intendencia de Paysandú contrata a través de la Fundación A Ganar al 30% de su fuerza laboral, desde fines de 2020, cuando tuvo lugar una licitación similar con la consecuente adjudicación a la “fundación”. El entrecomillado nuestro se debe a que, en los hechos, al menos en Paysandú de “fundación” no tiene nada, y actúa como una simple agencia de empleo para un organismo estatal, salteándose por lo tanto aportes patronales que deberían volcarse al BPS si las contrataciones se hicieran directamente por la Intendencia Departamental.

Tanto es así que el llamado publicado en el sitio Compras Estatales establece que el personal que actualmente está al servicio de la Intendencia a través de este tipo de contratación debe ser absorbido por la fundación u onegé que resulte elegida, la que además deberá “contratar de manera inmediata y sin interrupciones al personal actualmente asignado a la ejecución de los programas sociales, culturales, deportivos y educativos objeto de esta licitación”.

La Intendencia abonará a la institución que resulte ganadora de la licitación por la administración general de los recursos humanos, supervisión, talleres de capacitación laboral y, por supuesto, lo que corresponda por salarios del personal contratado. De hecho, será la fundación quien contrate y pague los recursos humanos, pero el personal “recibirá instrucciones directas de quien designe el Ejecutivo Departamental”. A su vez el pago de los trabajadores será con el dinero que deberá entregar la Intendencia.

El llamado de marras es prácticamente un calco del realizado en el año 2020, con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, pero renovable año a año a criterio de la IDP. ¿Y dónde está la supuesta conveniencia de la tarea que realizará la fundación u onegé que resulte elegida en ese llamado? Pues que mediante la contratación de la fundación estos organismos no pagan DGI (una fundación se inscribe como “No Contribuyente”) ni aportes patronales, de los que el BPS exonera a este tipo de instituciones, y tampoco pagan IVA, por lo que la conveniencia para la IDP es evitar el pago de aportes a los organismos a los que aportamos todos los uruguayos, del ámbito de actividad que sea.

Todo parece indicar que este nuevo llamado de la IDP será ganado nuevamente por Fundación A Ganar, la que por gestionar el personal de la Intendencia, entre los años 2021 y 2024 recibió como honorario casi 21 millones de pesos.

Se infiere de este escenario que una tercera parte del funcionariado municipal, embarcado en cumplir tareas de exclusiva competencia de la Intendencia Departamental, se aporta desde una entidad que solo tiene de fundación el rótulo a los efectos legales, pero que implica que funcione una sucursal de gerenciamiento de recursos humanos para la Intendencia, lo que además es efectuado por jerarcas estrechamente vinculados al ejecutivo departamental y al partido de gobierno, en un “paquete” integral de provisión de empleos.

El servicio de la “fundación” comprende la contratación de personal, liquidación de sueldos, inscripción del personal ante los organismos públicos y talleres de capacitación, y se prevé que quien gane la licitación que tendrá la apertura de sobres el 4 del próximo mes de agosto deberá contratar en las mismas condiciones que hasta el momento, al personal que hoy tiene bajo su responsabilidad la Fundación A Ganar.

A números de hoy, se trata de más de 400 funcionarios de la fundación –mentira, en realidad son 100% municipales–, gestionados en forma clientelar, bajo órdenes directas de quien designe el Ejecutivo Departamental a esos efectos, y sobre todo, al margen del control que sí rige para el funcionariado municipal en el marco legal vigente.

Además, expresamente y de antemano, se está haciendo una chicana a la ley que está en discusión en el Parlamento respecto a la limitación de ingresos discrecionales a las intendencias, y este mecanismo aparece por lo tanto como un intento de bypass a lo que se establezca en la normativa.

Y que nadie se llame a engaño o, peque de ingenuo. No es esta la única posibilidad de hacerle un esquive a esta o cualquier otra ley al respecto, porque como es sabido, muchas veces en organismos del Estado, como intendencias de todos los partidos, se hacen los correspondientes llamados a empleo, con anuncios de sorteos posteriores, y resulta que en la decisión final se termina digitando de una u otra manera quien va a ingresar, al parecer o talante de quien ejerce el mando, en base al color político.

Pero este caso es hasta más grosero, pues se trata de una flagrante combinación de clientelismo y no pago de tributos legitimada por la vía de aprovechar vacíos legales para llevar adelante prácticas en las que se burlan los controles que están precisamente para contener desbordes de poder y defender derechos de los más vulnerables.

Si el argumento para defender esta aberración es que de esta forma se cuidan los dineros de los contribuyentes, sería más correcto procurar por las vías políticas una reforma tributaria que exonere a las intendencias de todo tipo de impuestos, pero jamás dar este triste ejemplo de incumplimiento tributario a través de supuestas fundaciones que por otra parte, dejan muy mal parado al ministerio de Cultura, cuya normativa habilita este tipo de maniobras que, de hacerlo un particular cualquiera, sería pasible de severas sanciones administrativas y judiciales. En un departamento que sufre por desempleo, informalidad y precariedad laboral la iniciativa más precarizante es, increíblemente, del más importante ámbito público a nivel local. A través de la Fundación A Ganar (y de la que la suceda que segura y llamativamente será la misma institución) se ha creado una “Intendencia paralela” donde el partido político que ganó las elecciones departamentales uede hacer y deshacer sin controles y sin rendir cuentas.

Y respecto a este último punto, el vacío legal ya quedó expuesto públicamente hace rato; ¿hasta cuándo se permitirá que una fundación actúe como una simple y vulgar agencia de empleos?

El Instituto Nacional de Estadística (INE), dio a conocer un informe en el que aborda un Análisis de la dinámica del empleo en las empresas, con la particularidad de que se centra en el período comprendido entre los años 2018 y 2024, lo que abarca los años previos, la pandemia y lo que ha venido después, de forma que constituye un insumo más para entender qué pasó en Uruguay en ese episodio histórico provocado por la enfermedad.
Destaca el INE en su presentación que el estudio “explora los flujos laborales y muestra el impacto diferencial de la pandemia, el rol de las mujeres, la recuperación sectorial y las diferencias territoriales”. Se presenta un análisis detallado de la dinámica del empleo en las empresas formales del país, “con foco en los procesos de creación, reducción y transformación de puestos de trabajo entre 2018 y 2024. El estudio adopta una perspectiva que va más allá del número de personas ocupadas, explorando los flujos laborales: quiénes ingresan, egresan, cambian de sector o región, y cómo estos movimientos configuran el mercado laboral”.

Muestra, por ejemplo, que entre 2018 y 2019 el empleo formal presentó cierta estabilidad y que en el segundo trimestre de 2020, cuando impactó de lleno la pandemia, con su emergencia sanitaria y las medidas que se adoptaron, se produjo un quiebre importante, “con una drástica caída en la generación de empleo (2,91%) y un pico en la reducción de puestos (19,36%). A partir de entonces, se inicia una recuperación gradual, con saldos netos positivos en la mayoría de los trimestres posteriores”. Y no es un dato poco relevante, que servirá de insumo para las comparaciones que se realizarán más adelante, a medida que se vayan conociendo realidades de otros países, en la medida que, recordemos, Uruguay destacó en el mundo, especialmente en esos primeros momentos de la pandemia, por tener una actitud distinta al encierro generalizado que fue la medida más extendida a nivel global –con otras excepciones–, aquello de las perillas y de mantener los motores de la economía encendidos que decía el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

“El análisis desagregado –prosigue– revela importantes diferencias por sexo”. En ese sentido indica que las mujeres fueron inicialmente más afectadas, “con una caída neta del empleo de 16,62% en el segundo trimestre de 2020”, pero sin embargo, mostraron una recuperación más dinámica, “con picos de crecimiento neto de hasta 9,19%. En cambio, los hombres sufrieron una caída algo menor (-13,97%)”, pero tuvieron una recuperación más lenta y menos sostenida.
Otra dimensión que aborda es la territorial, y en ese sentido se indica que el interior del país “presentó menor volatilidad en el empleo, lo que podría explicarse por una estructura ocupacional menos expuesta a cambios bruscos”.

Esta serie de desagregados por sector económico, tamaño de empresa o región geográfica permite “detectar patrones diferenciados de crecimiento o incorporación del empleo, así como desigualdades estructurales”. Y a modo de ejemplo indica que, mientras algunos sectores como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) muestran fuerte crecimiento con 16.369 llamados laborales vinculados a TIC en 2023, otros presentan mayor estabilidad o incluso dificultades para generar empleo. Se destaca el dinamismo de la construcción, especialmente en su etapa de recuperación pospandemia; aquí tiene mucho que ver algunas decisiones estatales que se vinculan con el desarrollo del sector inmobiliario, a la vez que un fuerte impulso en obra pública que se produjo durante el quinquenio. El sector servicios también mostró una recuperación marcada, aunque más sensible a contextos externos. La Industria mantuvo un patrón de estabilidad y el Comercio se caracteriza por su alta estacionalidad.

También evalúa el informe, como otro componente clave de la dinámica del empleo, el comportamiento de las nuevas generaciones. Indica al respecto que “tienden a cambiar de empleo con mayor frecuencia en busca de desarrollo profesional: solo el 36% de los jóvenes está satisfecho con su empleo actual en el sentido de que declara tener satisfacción alta y no desea cambiarse de trabajo”. Esto es un porcentaje bajo, basta imaginarse si en toda la economía solamente un tercio de la población pensara en mantenerse en su empleo actual.

Otras generalidades evalúan la incidencia según el tamaño de las empresas. Así, las micro y pequeñas empresas “registran mayores flujos de creación y destrucción del empleo; las grandes empresas, en contraste, tienden a mostrar más estabilidad, con menores variaciones netas”, y así y todo, en todos los tamaños, “el cuarto trimestre del año suele registrar un repunte estacional, vinculado principalmente a la actividad turística y comercial”.
El objetivo del informe es analizar indicadores de la dinámica del empleo en las empresas, las transformaciones que en el mercado de trabajo y cuanto a la creación y reducción de puestos laborales. Así, con estas mismas palabras, lo plantea el INE, de hecho. Y es clave para entender este tipo de cosas, cómo las nuevas generaciones y la tecnología van transformando el empleo. Sin embargo, será además un insumo a futuro para la planificación y el abordaje de las pandemias o situaciones de emergencia que puedan llegar a venir. Ojalá que no sea necesario, por supuesto.