Opinión

En el último congreso de delegados del Pit Cnt quedó confirmado el peso de los sindicatos estatales y una sobrerrepresentación de Montevideo y Canelones. La información surge de una encuesta elaborada por cuarta vez entre el Instituto Cuesta Duarte y un equipo de técnicos de la Facultad de Psicología, cuyo documento se encuentra disponible en la página web de la central sindical.
El estudio aclara que los resultados no constituyen un análisis del conjunto del movimiento sindical. Sin embargo, los datos revelados hablan por sí mismos.
En los últimos años se registró una renovación de los delegados sindicales, que puede interpretarse tanto como un elemento positivo –por el incremento de mujeres–, como también por las dificultades de los participantes para sostener la militancia sindical.
Por otro lado, sube el promedio de edad de los asistentes, que en esta ocasión se ubicó en 46 años, algo más alto que en congresos anteriores. Asimismo, mejora el nivel educativo, aunque se observa una fuerte caída en la formación técnica: apenas el 8,4% de los presentes la posee. El 38% finalizó la educación secundaria y el 49% cuenta con formación terciaria o superior.
Desde hace una década cae el concepto de “obrero”, que hoy se expresa en solo el 17% del total, cuando hace más de treinta años representaba el 35% de los consultados.

Entre el 40% y el 50%, con tendencia creciente, se definen como empleados, funcionarios o administrativos. Aunque se trata de una autodefinición —posiblemente vinculada a la relación contractual—, el estudio indica que “podría habilitar una discusión interesante” sobre la participación en las cadenas de valor y el uso del término “obrero”.

La mayoría de los asistentes son delegados de base; la mitad participa en mesas de negociación colectiva y más del 80% fue designado mediante “mecanismos institucionales previstos”. Solo el 4% fue electo por voto secreto de sus afiliados, y el 5% mediante voto en asamblea a mano alzada, mecanismos que pierden peso respecto a congresos anteriores.
La gráfica del informe expone que 526 delegados provienen del sector estatal y 530 del ámbito privado: un virtual empate técnico. Se destacan la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), con 135; COFE, con 125; Sunca, con 125; FUM, con 120; Fuecys, con 75; y AEBU, con 57.
Otros sindicatos industriales hoy en conflicto presentaron números menores: la Foica (industria cárnica), 23; FTIL (lácteos), 12; FOEB (bebida), 15; y Untmra (metalúrgicos), 35.

El estudio señala que el sindicalismo uruguayo mantiene su incidencia en el sector público, “perdiendo la misma en relación al capital privado”.
Por regiones, el 12% asistió desde el norte (Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó). Montevideo aportó el 50% de los delegados, aunque concentra el 40% del empleo total del país, lo que explica la sobrerrepresentación en estos ámbitos.
Cuando se consulta por los logros sindicales, los delegados se remiten al período anterior a 2020. En los últimos cinco años destacan la capacidad de resistir y defender lo conquistado. Pese a los resultados adversos en las campañas contra la LUC o la reforma jubilatoria, valoran haber logrado marcar agenda.
Ambas campañas contaron con el apoyo de diversas organizaciones sociales. No obstante, “apenas hubo una mención a fortalecer la Intersocial”, señala el documento.

Los delegados expusieron, en tono preocupado o defensivo, los desafíos que enfrenta el sindicalismo: empleo, condiciones laborales, salarios y seguridad social. Resulta llamativo que “apenas ocupan lugar” las menciones a la precarización o informalidad laboral.
Si se coteja con los datos del Instituto Nacional de Estadística, se advierte una desigualdad territorial: el desempleo y la informalidad golpean con más fuerza fuera de la capital, sobre todo al norte del río Negro. Por ejemplo, el último boletín señala que Paysandú tiene un 12,3% de desempleo y 28% de informalidad, cuando el promedio nacional de este último indicador es 21,7%.
La brecha territorial no aparece solo en las estadísticas, sino también en las miradas políticas y gremiales. Aunque Montevideo concentra el 40% del empleo nacional, tuvo mayor representatividad y prioridades distintas: nuevas conquistas frente a la defensa de lo básico en el Interior.

A este escenario debe sumarse el subempleo, que afecta al 10% y refiere a quienes trabajan menos horas de las deseadas o en tareas que no cumplen sus expectativas. Además, el 22% de los ocupados no está registrado en la seguridad social por su trabajo principal. Mientras el movimiento sindical reclama una reducción de la jornada laboral, el promedio actual de trabajo efectivo es de 35,3 horas semanales.
En el resto del país, la preocupación sigue siendo la informalidad y el subempleo. Aun si mejora su representatividad en otros espacios, será la inversión privada la que permita revertir los indicadores más críticos.
Mientras tanto, el sindicalismo uruguayo mantiene su incidencia en el Estado y en la zona metropolitana. Es la visión de dos países: uno que se concentra al sur, y otro que, lentamente, se encoge al norte del río Negro.

Para explicarle a sus lectores lo que significaban las recientes agresiones del presidente Donald Trump hacia México, el diario Excelsior hizo una aproximación a los conceptos en disputa y también al alcance de si las amenazas se fueran cumpliendo parcial o totalmente, lo que habrá de depender de muchos factores, entre otros, de la imprevisible volubilidad de Trump.

El Excelsior lo establece de manera directa y sencilla: “De manera sencilla, los aranceles son impuestos por los gobiernos que establecen generalmente sobre los productos importados, es decir, aquellos que son producidos en un país extranjero que ingresan al territorio nacional para ser comercializados”. Es cierto que existen aranceles de importación y de exportación, aunque estos últimos han caído en desuso y su imposición tiene más que ver con cuestiones estratégicas de muy corto aliento.

Pero estará correcto si asumimos que un arancel o derecho de aduana, es un impuesto que se ejecuta sobre las mercancías cuando cruzan una frontera. Es decir, esas mercancías pagan su “introducción” al territorio nacional. Al pagar ese arancel, se encarece el precio de dicha mercancía y así se beneficia a los productos producidos internamente. Dicho de otra manera, toda vez que un país impone aranceles a las importaciones la consecuencia es que aumenta el costo de los bienes extranjeros, lo que puede hacer que los productos nacionales sean más competitivos en el mercado interno. Así, el gobierno nacional busca beneficiar a las empresas locales al imponer de manera obligatoria una ventaja económica sobre los productos importados. Visto desde otro ángulo, se obliga para su comercialización a un adicional, por esta vía se produce un aumento de los precios para los consumidores.

En resumen, los aranceles son una herramienta de política comercial a la que pueden apelar los gobiernos para alcanzar diversos objetivos económicos y comerciales. Usualmente son resultado de negociaciones entre países que se pactan y plasman en los diferentes acuerdos, Escribe Ernesto Kreimerman Sí, obvio, los aranceles son impuestos los que bien pueden ser multilaterales, regionales o binacionales. Su aplicación, alícuota y procedimientos, también son parte de la política económica de cada país y las condiciones particulares del comercio internacional en un momento dado. En términos generales, los procesos de negociación de dichos acuerdos comerciales buscan canalizar los flujos comerciales, fijar estándares y equilibrar aquellos casos de asimetrías.

Antecedentes

Historiadores de las políticas tributarias ubican el origen de los aranceles bien atrás en el tiempo, hacia el II milenio AC, en Mesopotamia, y se habría implementado bajo la forma de peajes o derechos de paso.

No obstante, con más elementos y consistencia, otros historiadores ubican el primer arancel del que se tienen pruebas escritas en Palmira, Siria, allá por el año 137 DC. Eran tiempos del Imperio Romano. Por entonces, se trataba de un centro comercial de intensa actividad, que por su ubicación resultaba un conveniente nexo entre Oriente y el Mediterráneo. Aquella primera experiencia arancelaria, se instrumentó bajo la modalidad de un conjunto de tarifas diferentes, sistematizadas y escritas, que debían pagar los comerciantes para circular y trasladarse por un territorio definido.

Consecuencias

Los aranceles se aplican buscando ciertas consecuencias; una enumeración breve: protección a la industria nacional; generación de ingresos fiscales; corrección de desequilibrios comerciales. Pueden leerse como elementos de una política comercial. En particular, los productos nacionales se beneficiarán pues los productos importados tendrán que asumir el impacto del sobrecosto arancelario. Los nuevos acuerdos, ¡no, gracias! En un cuidado análisis técnico realizado por el Consejo Editorial del diario The Washington Post se concluye que “la imposición de aranceles a los aliados estadounidenses en Asia no construirá cadenas de suministro resistentes para contrarrestar a China”. Y lo remata así: “Los últimos acuerdos comerciales de Trump no fortalecen a Estados Unidos”. Pero Trump, no sé si por improvisado o simplemente porque no es un experto en el tema, no ha dado señales claras… más bien confusas y (como tanto le gustan…) por el simple hecho que las resolvió él. No obstante ello, ya tres de los aliados más importante de Estados Unidos de la zona Asia van avanzando. A saber, Japón, Indonesia y Filipinas. Estados Unidos anunció imposiciones arancelarias con Indonesia, Filipinas, y también Japón. A cambio, al menos en principio, se justifica en la pretensión de facilitar a las empresas estadounidenses la venta de productos en sus propios mercados.

En tal caso, la administración Trump ha ido oscilando en referencia a cuánto sería el nivel o los niveles arancelarios, muchos de los cuales entrarían en vigor a partir del 1º de agosto y otros en los meses sucesivos.

¿Quién paga?

Hacia inicios de 2025, Donald Trump anunciaba la reactivación de su política de aranceles generalizados, aplicando un arancel base del 10% a casi todas las importaciones, como parte de su estrategia de “reciprocidad comercial”. También se informó de otras tarifas arancelarias por cada país, que involucran fundamentalmente a economías asiáticas y emergentes, pero aún todas sujetas a algún que otro cambio imprevisto. Tal los casos de China con un arancel del 34%, Japón del 25%, India del 26%, y Vietnam hasta un 46%. Países aliados como Corea del Sur (25%), Taiwán (32%) o Filipinas (20%). Jugó fuerte con Brasil y respondió anunciando un arancel del 50% como represalia política, mientras que México y Canadá redefinen sus tarifas del 25%, exceptuando los productos energéticos (10%).

Por otra parte, la Unión Europea se ve afectada con un arancel del 20%, en lo que muchos interpretan como una presión geopolítica más que económica. Además, naciones como Suiza, Indonesia, Tailandia, Irak y Moldavia también están sujetas a aranceles entre el 25% y el 36%. La entrada en vigor de estas medidas está prevista para el 1º de agosto de 2025, sin posibilidad de prórrogas, según ha advertido el propio Trump. Esta política ha generado inquietud global por su posible impacto en el comercio internacional, el crecimiento económico y la estabilidad de alianzas tradicionales. Como ya fue referido anteriormente, hay dos objetivos para la imposición de aranceles: el sentido estrictamente fiscal, y un sentido radicalmente proteccionista. Dicho de manera directa y clara: el arancel fiscal tiene un propósito 100% recaudatorio; es decir, se resuelve su implementación para generar nuevos ingresos para el Estado, cuyo volumen se puede razonablemente proyectar a partir de la elasticidad (¿o no?) del consumo del producto en cuestión.

El segundo propósito, dijimos que era el del arancel proteccionista. Para el mejor cumplimiento de este propósito, se busca encarecer un producto extranjero para favorecer los productos locales. Ese encarecimiento es el que resulta de la aplicación del referido arancel. Por una u otra vía, quienes deberán hacerse cargo del pago de los aranceles siempre son los consumidores finales, los ciudadanos estadounidenses. Por ello, muchos expertos ratifican este punto de vista conceptual y práctico: quien paga es el ciudadano-consumidor, y lo paga vía precio en góndola, inequívocamente. Cuesta creer que algo tan sencillo como esto genere la fantasía de que otro y no el consumidor, se hará cargo del arancel de importación. No hay chance.

Con la convocatoria a licitación por el llamado 1/2025 para el Gerenciamiento de los Recursos Humanos, la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) reincide en práctica muy cuestionable de incorporar una “agencia de empleo” para la realización de trabajos de competencia municipal. De esta forma utiliza una chicana legal apoyada en vacíos que deja la ley y el ordenamiento jurídico, para contar con un vehículo de contrataciones a gusto del ejecutivo departamental, regido por el derecho privado y cuyo accionar diario está fuera del control de la oposición en la Junta Departamental.

Esta tarea la viene realizando desde 2020 la Fundación A Ganar, cuyo contrato fue extendido 60 días mientras se procede a este nuevo llamado, cuya apertura se realizará el 4 de agosto venidero. La contratación por una “fundación” u oenegé a solicitud de la Intendencia de Paysandú para trabajar a su orden, incluye las áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales, productivas, desarrollo departamental y local, así como servicios generales.

Debe tenerse presente que actualmente, la Intendencia de Paysandú contrata a través de la Fundación A Ganar al 30% de su fuerza laboral, desde fines de 2020, cuando tuvo lugar una licitación similar con la consecuente adjudicación a la “fundación”. El entrecomillado nuestro se debe a que, en los hechos, al menos en Paysandú de “fundación” no tiene nada, y actúa como una simple agencia de empleo para un organismo estatal, salteándose por lo tanto aportes patronales que deberían volcarse al BPS si las contrataciones se hicieran directamente por la Intendencia Departamental.

Tanto es así que el llamado publicado en el sitio Compras Estatales establece que el personal que actualmente está al servicio de la Intendencia a través de este tipo de contratación debe ser absorbido por la fundación u onegé que resulte elegida, la que además deberá “contratar de manera inmediata y sin interrupciones al personal actualmente asignado a la ejecución de los programas sociales, culturales, deportivos y educativos objeto de esta licitación”.

La Intendencia abonará a la institución que resulte ganadora de la licitación por la administración general de los recursos humanos, supervisión, talleres de capacitación laboral y, por supuesto, lo que corresponda por salarios del personal contratado. De hecho, será la fundación quien contrate y pague los recursos humanos, pero el personal “recibirá instrucciones directas de quien designe el Ejecutivo Departamental”. A su vez el pago de los trabajadores será con el dinero que deberá entregar la Intendencia.

El llamado de marras es prácticamente un calco del realizado en el año 2020, con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, pero renovable año a año a criterio de la IDP. ¿Y dónde está la supuesta conveniencia de la tarea que realizará la fundación u onegé que resulte elegida en ese llamado? Pues que mediante la contratación de la fundación estos organismos no pagan DGI (una fundación se inscribe como “No Contribuyente”) ni aportes patronales, de los que el BPS exonera a este tipo de instituciones, y tampoco pagan IVA, por lo que la conveniencia para la IDP es evitar el pago de aportes a los organismos a los que aportamos todos los uruguayos, del ámbito de actividad que sea.

Todo parece indicar que este nuevo llamado de la IDP será ganado nuevamente por Fundación A Ganar, la que por gestionar el personal de la Intendencia, entre los años 2021 y 2024 recibió como honorario casi 21 millones de pesos.

Se infiere de este escenario que una tercera parte del funcionariado municipal, embarcado en cumplir tareas de exclusiva competencia de la Intendencia Departamental, se aporta desde una entidad que solo tiene de fundación el rótulo a los efectos legales, pero que implica que funcione una sucursal de gerenciamiento de recursos humanos para la Intendencia, lo que además es efectuado por jerarcas estrechamente vinculados al ejecutivo departamental y al partido de gobierno, en un “paquete” integral de provisión de empleos.

El servicio de la “fundación” comprende la contratación de personal, liquidación de sueldos, inscripción del personal ante los organismos públicos y talleres de capacitación, y se prevé que quien gane la licitación que tendrá la apertura de sobres el 4 del próximo mes de agosto deberá contratar en las mismas condiciones que hasta el momento, al personal que hoy tiene bajo su responsabilidad la Fundación A Ganar.

A números de hoy, se trata de más de 400 funcionarios de la fundación –mentira, en realidad son 100% municipales–, gestionados en forma clientelar, bajo órdenes directas de quien designe el Ejecutivo Departamental a esos efectos, y sobre todo, al margen del control que sí rige para el funcionariado municipal en el marco legal vigente.

Además, expresamente y de antemano, se está haciendo una chicana a la ley que está en discusión en el Parlamento respecto a la limitación de ingresos discrecionales a las intendencias, y este mecanismo aparece por lo tanto como un intento de bypass a lo que se establezca en la normativa.

Y que nadie se llame a engaño o, peque de ingenuo. No es esta la única posibilidad de hacerle un esquive a esta o cualquier otra ley al respecto, porque como es sabido, muchas veces en organismos del Estado, como intendencias de todos los partidos, se hacen los correspondientes llamados a empleo, con anuncios de sorteos posteriores, y resulta que en la decisión final se termina digitando de una u otra manera quien va a ingresar, al parecer o talante de quien ejerce el mando, en base al color político.

Pero este caso es hasta más grosero, pues se trata de una flagrante combinación de clientelismo y no pago de tributos legitimada por la vía de aprovechar vacíos legales para llevar adelante prácticas en las que se burlan los controles que están precisamente para contener desbordes de poder y defender derechos de los más vulnerables.

Si el argumento para defender esta aberración es que de esta forma se cuidan los dineros de los contribuyentes, sería más correcto procurar por las vías políticas una reforma tributaria que exonere a las intendencias de todo tipo de impuestos, pero jamás dar este triste ejemplo de incumplimiento tributario a través de supuestas fundaciones que por otra parte, dejan muy mal parado al ministerio de Cultura, cuya normativa habilita este tipo de maniobras que, de hacerlo un particular cualquiera, sería pasible de severas sanciones administrativas y judiciales. En un departamento que sufre por desempleo, informalidad y precariedad laboral la iniciativa más precarizante es, increíblemente, del más importante ámbito público a nivel local. A través de la Fundación A Ganar (y de la que la suceda que segura y llamativamente será la misma institución) se ha creado una “Intendencia paralela” donde el partido político que ganó las elecciones departamentales uede hacer y deshacer sin controles y sin rendir cuentas.

Y respecto a este último punto, el vacío legal ya quedó expuesto públicamente hace rato; ¿hasta cuándo se permitirá que una fundación actúe como una simple y vulgar agencia de empleos?

El Instituto Nacional de Estadística (INE), dio a conocer un informe en el que aborda un Análisis de la dinámica del empleo en las empresas, con la particularidad de que se centra en el período comprendido entre los años 2018 y 2024, lo que abarca los años previos, la pandemia y lo que ha venido después, de forma que constituye un insumo más para entender qué pasó en Uruguay en ese episodio histórico provocado por la enfermedad.
Destaca el INE en su presentación que el estudio “explora los flujos laborales y muestra el impacto diferencial de la pandemia, el rol de las mujeres, la recuperación sectorial y las diferencias territoriales”. Se presenta un análisis detallado de la dinámica del empleo en las empresas formales del país, “con foco en los procesos de creación, reducción y transformación de puestos de trabajo entre 2018 y 2024. El estudio adopta una perspectiva que va más allá del número de personas ocupadas, explorando los flujos laborales: quiénes ingresan, egresan, cambian de sector o región, y cómo estos movimientos configuran el mercado laboral”.

Muestra, por ejemplo, que entre 2018 y 2019 el empleo formal presentó cierta estabilidad y que en el segundo trimestre de 2020, cuando impactó de lleno la pandemia, con su emergencia sanitaria y las medidas que se adoptaron, se produjo un quiebre importante, “con una drástica caída en la generación de empleo (2,91%) y un pico en la reducción de puestos (19,36%). A partir de entonces, se inicia una recuperación gradual, con saldos netos positivos en la mayoría de los trimestres posteriores”. Y no es un dato poco relevante, que servirá de insumo para las comparaciones que se realizarán más adelante, a medida que se vayan conociendo realidades de otros países, en la medida que, recordemos, Uruguay destacó en el mundo, especialmente en esos primeros momentos de la pandemia, por tener una actitud distinta al encierro generalizado que fue la medida más extendida a nivel global –con otras excepciones–, aquello de las perillas y de mantener los motores de la economía encendidos que decía el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

“El análisis desagregado –prosigue– revela importantes diferencias por sexo”. En ese sentido indica que las mujeres fueron inicialmente más afectadas, “con una caída neta del empleo de 16,62% en el segundo trimestre de 2020”, pero sin embargo, mostraron una recuperación más dinámica, “con picos de crecimiento neto de hasta 9,19%. En cambio, los hombres sufrieron una caída algo menor (-13,97%)”, pero tuvieron una recuperación más lenta y menos sostenida.
Otra dimensión que aborda es la territorial, y en ese sentido se indica que el interior del país “presentó menor volatilidad en el empleo, lo que podría explicarse por una estructura ocupacional menos expuesta a cambios bruscos”.

Esta serie de desagregados por sector económico, tamaño de empresa o región geográfica permite “detectar patrones diferenciados de crecimiento o incorporación del empleo, así como desigualdades estructurales”. Y a modo de ejemplo indica que, mientras algunos sectores como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) muestran fuerte crecimiento con 16.369 llamados laborales vinculados a TIC en 2023, otros presentan mayor estabilidad o incluso dificultades para generar empleo. Se destaca el dinamismo de la construcción, especialmente en su etapa de recuperación pospandemia; aquí tiene mucho que ver algunas decisiones estatales que se vinculan con el desarrollo del sector inmobiliario, a la vez que un fuerte impulso en obra pública que se produjo durante el quinquenio. El sector servicios también mostró una recuperación marcada, aunque más sensible a contextos externos. La Industria mantuvo un patrón de estabilidad y el Comercio se caracteriza por su alta estacionalidad.

También evalúa el informe, como otro componente clave de la dinámica del empleo, el comportamiento de las nuevas generaciones. Indica al respecto que “tienden a cambiar de empleo con mayor frecuencia en busca de desarrollo profesional: solo el 36% de los jóvenes está satisfecho con su empleo actual en el sentido de que declara tener satisfacción alta y no desea cambiarse de trabajo”. Esto es un porcentaje bajo, basta imaginarse si en toda la economía solamente un tercio de la población pensara en mantenerse en su empleo actual.

Otras generalidades evalúan la incidencia según el tamaño de las empresas. Así, las micro y pequeñas empresas “registran mayores flujos de creación y destrucción del empleo; las grandes empresas, en contraste, tienden a mostrar más estabilidad, con menores variaciones netas”, y así y todo, en todos los tamaños, “el cuarto trimestre del año suele registrar un repunte estacional, vinculado principalmente a la actividad turística y comercial”.
El objetivo del informe es analizar indicadores de la dinámica del empleo en las empresas, las transformaciones que en el mercado de trabajo y cuanto a la creación y reducción de puestos laborales. Así, con estas mismas palabras, lo plantea el INE, de hecho. Y es clave para entender este tipo de cosas, cómo las nuevas generaciones y la tecnología van transformando el empleo. Sin embargo, será además un insumo a futuro para la planificación y el abordaje de las pandemias o situaciones de emergencia que puedan llegar a venir. Ojalá que no sea necesario, por supuesto.

El reciente informe del Ministerio del Interior, recogido por EL TELEGRAFO y complementado y ampliado con fehacientes datos locales sobre el particular, confirma estadísticamente la visión del ciudadano común en el sentido de que la estafa ha pasado a ser uno de los principales delitos en el Uruguay, como consecuencia de un crecimiento sostenido de esta modalidad, sobre todo porque se ha sustentado en la masificación del uso de la tecnología digital para la comunicación y operaciones de todo tipo.
Nuestro país no es una excepción, sino que sigue la regla mundial en la materia, aunque cada país o región tiene sus particularidades que se reflejan en las estadísticas en cuanto a la modalidad. El informe presentado por el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), Diego Sanjurjo, y el subdirector de la División de Estadísticas y Análisis Estratégico, Edgardo García Velázquez, indica que en el contexto internacional, con base en registros administrativos, datos de victimización y estudios científicos, hay una coincidencia en que “las estafas han aumentado notablemente en las últimas décadas a nivel mundial, tanto en volumen como en los métodos empleados para llevarlas a cabo”.
El aumento y la diversificación se dan, según señalan, “en el marco de cambios sociales y avances tecnológicos que ofrecen oportunidades delictivas nuevas, dando lugar a conductas delictivas omnipresentes que suponen una amenaza global para individuos, empresas y organismos públicos”. Algunas de las estafas más comunes son las de inversión, pago por anticipado, de carácter sentimental en línea y fraude por correo electrónico dirigido a empresas a través de la suplantación de identidad.

Así, el delito por estafa pasó de estar décimo a tercero en el ranking de delitos más denunciados, a partir de que entre 2013 y 2024 hubo un crecimiento “de forma sostenida y acelerada” de las denuncias por estafa. En 2013, se contabilizaban 37,7 denuncias por cada 100.000 habitantes, y en 2024 esta tasa ascendió a 870,5, lo que significa un incremento superior al 2.000%.
No se necesita ser un experto en la materia para inferir que este crecimiento se vincula con el auge de las tecnologías de comunicación, el uso de redes sociales, plataformas digitales de compraventa y canales electrónicos de pago, que ampliaron las oportunidades para estafas remotas o automatizadas. Además, el encierro debido a la pandemia de Covid-19 obró como catalizador de la tendencia, si se tiene en cuenta que las condiciones de entonces aceleraron el uso de la comunicación y digitalización de los servicios en línea, provocando un incremento de las oportunidades para cometer actividades cibernéticas maliciosas a nivel global.

En Uruguay, el crecimiento sostenido no sólo está reflejado en la tasa de denuncias, sino que también en su posición relativa respecto a otros delitos. Por ejemplo, en 2013, en el ranking de los diez delitos más denunciados del país, el de estafa estaba en el último lugar, mientras que para 2024 este ascendió al tercer lugar.
En general, los ciberdelincuentes se valen del desconocimiento de muchas personas, sobre todo de las de mayor edad, del manejo de celulares y los equipos informáticos en general, cayendo en maniobras a veces muy burdas de suplantación de identidad o pedido de datos sobre tarjetas o cuentas bancarias, pero se advierte que también la creciente sofisticación y el uso de inteligencia artificial está haciendo caer en estas estafas a personas que tienen buenos fundamentos tecnológicos, en lo que tiene que ver con inversiones, transferencias y uso de criptomonedas, ofreciendo negocios muy vidriosos a simple vista, pero presentados como oportunidades que no hay que perder. Muchas veces los delincuentes no necesitan esforzarse mucho para convencer a la víctima, porque ciertamente hay una gran cantidad de gente en Internet y las redes que está dispuesta a creer casi que cualquier cosa, por disparatada o evidente que sea, e incluso cuando se les presentan evidencias de que está frente a una estafa, se autoconvencen de que no es un engaño y que, ya sea pagando –una vez más—por un determinado trámite –obviamente falso—o en un futuro próximo, finalmente recibirán lo prometido.

También son comunes los “premios” que se ofrecen en celulares para cuyo cobro se piden determinados datos personales y a veces depósitos de dinero, los correos con rótulos y logos falsos de entidades bancarias o comercios que redireccionan a otros sitios web para obtener datos, WhatsApp falsos en nombre de familiares, dentro de un sinnúmero de posibilidades que van surgiendo para confundir y convertir el mundo digital en una verdadera selva en la que cada vez resulta más peligroso adentrarse por personas con poco dominio del mundo digital.
Además, las ofertas y presentación de aplicaciones que se pretende descargar, de determinados sitios, están infectadas de opciones maliciosas y de “hacer click aquí”, que son parte de un verdadero campo minado para el usuario, con el objetivo de dirigirlo a trampas digitales de las que no siempre se puede salir ileso, porque incluso pueden inducir a error hasta a usuarios con cierta experiencia.
En el propio informe del Ministerio del Interior, éste precisa que a diferencia de delitos de contacto directo, las estafas “suelen involucrar interacciones remotas, donde autor y víctima pueden encontrarse en distintos departamentos o incluso en países diferentes”.
Asimismo, el informe reveló que las tasas más altas de victimización por estafa están en el tramo de edad de 26 y 55 años, pero si se desagrega por sexo, se indica que “las mujeres presentan consistentemente tasas de victimización más altas que los hombres”, lo que puede estar asociado, apuntan, a “diferencias en los canales de contacto, los patrones de consumo o la disposición a denunciar”.

Este último es otro factor a tener en cuenta, porque posiblemente se esté ante un subregistro de víctimas, desde que cuando se trata de operaciones de menor monto, muchas de las personas afectadas son reacias a presentar la denuncia para no quedar expuestas como crédulas o con pocas luces ante la comunidad. Pero además, hay una brecha persistente y creciente en la relación entre denuncias de estafa y las imputaciones penales a medida que aumentan las denuncias, ante las dificultades en desentrañar el real origen del delito en el laberinto de las direcciones falsas o encubiertas.
En 2024, se registraron 1,5 imputaciones por cada 100 personas; y este dato “sugiere una respuesta penal limitada frente al crecimiento del fenómeno”, según consigna el informe. “El bajo nivel puede explicarse por la complejidad investigativa del delito, la dispersión de víctimas, la posible dimensión transnacional de los casos y la sobrecarga del sistema fiscal, que no ha crecido al ritmo de las denuncias”, detalla.
Por cierto, a nivel internacional, donde este tema se viene investigando desde hace ya tiempo, se coincide en señalar que no hay vacuna posible contra este tipo de delitos, que van cambiando en cuanto a sus formas de inducir a engaño, a partir de las propias innovaciones tecnológicas, pero sí, ante la irreversibilidad de este escenario de avance del mundo digital, es preciso que más allá de la coordinación internacional entre los institutos especializados, en cada país se trabaje intensamente en el diseño de estrategias de prevención, educación y fortalecimiento de canales de denuncia, adaptadas a la naturaleza particular de este delito.

Para enfrentar este creciente problema, es crucial que los gobiernos desarrollen políticas públicas persistentes y efectivas, incluyendo marcos legales y regulaciones específicas que aborden el uso de tecnología en actividades fraudulentas, acompañado ello de la capacitación y educación ciudadana, para que las potenciales víctimas estén informadas sobre las técnicas de los estafadores y cómo protegerse, a efectos de minimizar el problema.

Aunque un tercio de los productos alimenticios producidos en el mundo se pierde o desperdicia, el hambre y la malnutrición se están extendiendo más rápido que nuestra capacidad de respuesta. La inseguridad alimentaria aguda y la malnutrición infantil aumentaron por sexto año consecutivo en 2024, arrastrando a millones de personas a las peores condiciones en las regiones más vulnerables del mundo.
Los conflictos armados y geopolíticos, las perturbaciones económicas, los fenómenos climáticos extremos y los desplazamientos forzados en países que padecen crisis continúan generando hambre, malnutrición e inseguridad alimentaria en diversas regiones del mundo, donde miles de personas hacen fila cada día con la esperanza de acceder a algo de comida que calme su estómago. Otros, incluso arriesgando su vida, recorren las calles pidiendo desesperadamente alimento para sus hijos.

Más de 295 millones de personas en 53 países y territorios enfrentaron niveles agudos de hambre en 2024, según el informe Global Report on Food Crises. Esta cifra representa un aumento de 13,7 millones respecto a 2023 y marca el quinto año consecutivo en que más del 20 % de la población evaluada sufre inseguridad alimentaria aguda. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la situación más grave afecta a 1,9 millones de personas que viven en condiciones de hambre catastrófica, el nivel más alto desde que se iniciaron los registros en 2016.
La situación se ha visto agravada por una importante reducción en la financiación humanitaria, que es fundamental para salvar vidas y ofrecer al menos alguna respuesta a las necesidades existentes. En este sentido, la propia ONU ha advertido reiteradamente que la financiación mundial está experimentando su mayor descenso en años, y que el impulso político se está debilitando.
Los cinco puntos más críticos del hambre mundial —es decir, lugares donde se enfrenta hambruna extrema y riesgo de inanición y muerte en los próximos meses— son Sudán, Palestina, Sudán del Sur, Haití y Mali. Se trata de regiones donde es necesario adoptar medidas humanitarias urgentes y coordinar esfuerzos internacionales para reducir las tensiones de los conflictos, frenar los desplazamientos forzados y organizar una respuesta de ayuda a gran escala.
Allí, comunidades enteras enfrentan niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda como consecuencia de desastres naturales, crisis económicas o la intensificación y persistencia de conflictos que impiden el acceso a alimentos o a condiciones adecuadas para producirlos, lo que dispara los precios. A modo de ejemplo, en un reciente informe de la ONU consta que hoy en día un kilo de harina cuesta 50 dólares en Gaza.

La malnutrición, especialmente la infantil, alcanzó niveles extremadamente elevados en lugares como la Franja de Gaza, Malí, Sudán y Yemen, regiones que suman casi 38 millones de niños menores de cinco años con malnutrición aguda.
Los analistas hablan de una “alerta roja alimentaria” en estas zonas, y es lamentable que el mundo no esté dando una respuesta adecuada. “Contamos con las herramientas y la experiencia para responder, pero sin financiación ni acceso no podemos salvar vidas. Es imprescindible invertir de forma urgente y sostenida en asistencia alimentaria y apoyo para la recuperación, ya que la oportunidad de evitar una crisis de hambre aún más devastadora se esfuma rápidamente”, advirtió Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos.
Dado que se espera una disminución del 45% en la financiación de las iniciativas humanitarias destinadas al acceso a alimentos este año, se prevé que estas dificultades económicas agraven aún más la capacidad de respuesta, tanto en lo que respecta a la disponibilidad de alimentos como a la logística para su distribución en zonas remotas.
La crisis alimentaria también afecta a América Latina, a pesar del alto potencial de producción de alimentos del continente y del hecho de que, en varias naciones, a diario se desperdicia o desecha buena parte de lo que se produce.
Según el informe mencionado, cerca de 20 millones de personas en América Latina padecen inseguridad alimentaria aguda, en países como Colombia, Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala, y también entre poblaciones migrantes y refugiadas en Ecuador. No sorprende, entonces, que de algunos de estos países provenga un alto número de migrantes que hoy llegan a Uruguay.
De los países mencionados, Haití es actualmente la nación latinoamericana más afectada, con casi la mitad de su población en situación de inseguridad alimentaria. Colombia, por su parte, arrastra dificultades desde hace años, agravadas por el aumento de los desplazamientos internos y los altos niveles de hambre asociados.
Organizaciones internacionales como la FAO, Acnur, el Banco Mundial y Unicef, entre otras, han hecho un llamado a romper el ciclo del aumento del hambre y la malnutrición, y a “efectuar un reseteo humanitario audaz” ante un escenario de menor financiamiento y creciente indiferencia política. Por ejemplo, Estados Unidos se ha retirado de cinco agencias o acuerdos establecidos bajo el estandarte de la ONU (como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos, los Acuerdos Climáticos de París, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos), el último de ellos esta semana, con su retiro de la Unesco.

En el marco de esa propuesta de reseteo, se recomienda —más allá de la ayuda de emergencia, que en muchos lugares es la única salida— invertir en sistemas alimentarios locales y en servicios integrados de nutrición, para enfrentar mejor las vulnerabilidades a largo plazo y, al mismo tiempo, aumentar la resiliencia ante contingencias. El problema es que, en medio de guerras, emergencias climáticas u otros escenarios adversos, eso resulta sumamente difícil, si no imposible, de lograr.
Observar este complejo panorama desde el estilo de vida uruguayo puede llevar a la incomprensión o, incluso, a la indiferencia. A menudo lo reducimos a una narrativa distante, vista en las noticias, y quizá perdemos algo de nuestra empatía humana. Tenemos el privilegio de vivir en uno de los países (junto con Costa Rica) con menor inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Esto es posible gracias a políticas de Estado sostenidas más allá de los vaivenes políticos y también porque somos pocos y contamos con abundantes recursos para producir alimentos.
Sin embargo, enfrentamos otros problemas relacionados con la alimentación. Por ejemplo, la prevalencia de sobrepeso en niños de hasta cinco años y la obesidad en la población adulta —ambos vinculados con la malnutrición— ha ido en aumento en la última década, generando diversos problemas de salud a corto, mediano y largo plazo.
En general, se entiende que tanto la inseguridad alimentaria y el hambre en particular, como también la malnutrición, representan un fracaso tanto de los gobiernos como, fundamentalmente, de la humanidad. Como señala el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el siglo XXI el hambre es injustificable, y no podemos (ni deberíamos) responder a estómagos vacíos con las manos vacías ni dándoles la espalda. Podríamos agregar que, menos aún, si por otro lado desperdiciamos más de un tercio de los alimentos que producimos.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer las cifras actualizadas sobre mortalidad por suicidio e intentos de autoeliminación (IAE), correspondientes al año 2024. Lo hizo en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio, el 17 de julio, pero además de ello, la cartera anunció que implementará una “nueva orientación de las políticas públicas” ante la constatación de la evolución negativa del fenómeno en nuestro país, a la vista de los datos recabados en este primer cuarto de siglo que estamos completando este año. Los datos fueron proporcionados por el Departamento de Estadísticas Vitales del MSP, en el caso de las defunciones, mientras que los de los intentos de autoeliminación, “se generan a partir del sistema digital obligatorio implementado en puertas de emergencia de todo el país desde octubre de 2022”.

Los números en nuestro país muestran que la tasa de suicidio fue en 2024 de 21,35 por cada 100.000 habitantes. Esto en sí representa una leve disminución “respecto al pico registrado en 2022 (23,2)”. Pero sin embargo se entiende que la tendencia general “desde el año 2000 continúa en ascenso”.
Otros datos del año pasado muestran, por ejemplo, que en el análisis por sexo, la diferencia es persistente persistente: en 2024, la tasa entre los hombres fue de 33,3 y para las mujeres de 10,1. “Una brecha que se mantiene de forma consistente desde el año 2000”. Si lo que observamos son rangos etarios, las tasas más altas se registraron entre personas mayores. “El grupo de 85 a 89 años presentó una tasa de 38,2 por 100.000 habitantes, seguido por los mayores de 90 años (37,6)”. En el tercer lugar encontramos al grupo de 20 a 24 años, “con una tasa de 33,2, la más alta registrada históricamente para esta franja etaria”. Este dato es señalado por la cartera como un indicador de la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención dirigidas a personas jóvenes. Una etapa vital que, además de que históricamente ha sido compleja, es particularmente susceptible ante fenómenos actuales por su vinculación a través de redes sociales y canales digitales, que son temas en los que todavía la academia viene “corriendo de atrás”.

Hay otra dimensión relevante que es la territorial. Esto es histórico y no ha tenido demasiada variación a lo largo del tiempo. “Los departamentos con mayores tasas de suicidio fueron Treinta y Tres (37,7), Río Negro (35,5) y Rocha (34,9)”. Y aunque se advierte que estas cifras pueden presentar variaciones significativas debido al tamaño poblacional de cada departamento, es decir, pocos casos en una muestra pequeña provocan alteraciones importantes.

En cuanto a los registros de intentos de autoeliminación, la tasa en 2024 fue de 161,74 por cada 100.000 habitantes. Esto marca un incremento en la comparación con la registrada en 2023 (132,42). “Este incremento podría estar vinculado a mejoras en los sistemas de registro, y no necesariamente a un aumento real de casos”. La información revela que, en una desagregación por sexo, “se observa que la tasa en mujeres (223,34) más que duplica la registrada en varones (96,48)”, es decir, no sigue la lógica de que a mayor cantidad de intentos, más autoeliminaciones concretadas. Tampoco son consistentes los datos entre intentos y autoeliminaciones cuando vemos la información por grupo etario, “los IAE se concentraron principalmente en adolescentes y jóvenes, especialmente entre los 15 y 19 años, seguidos por el grupo de 20 a 24 años”.

Si nos atenemos a estos datos, la impresión es que se trata de fenómenos aislados —no del todo, por supuesto— pero que no necesariamente variarán de igual manera ante diferentes políticas que se puedan implementar. De todos modos, el fenómeno del suicidio es muy complejo por la diversidad de motivaciones y circunstancias, casi que una por persona, podría decirse.

El Ministerio se encuentra en una etapa de evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2021-2025, que fuera elaborada en el marco de la Comisión Nacional Honoraria, un proceso que, se estima, brindará insumos clave para el diseño de la próxima estrategia nacional, que abarcará el período 2026-2030.

“La nueva estrategia se construirá a partir de una revisión rigurosa de la evidencia científica nacional e internacional, e integrará como ejes prioritarios la participación intersectorial, la inclusión activa de la sociedad civil —en particular de sobrevivientes y personas con experiencia vivida—, la incorporación de la perspectiva de género, generaciones y territorios, así como la definición de recursos concretos para su implementación y una atención adecuada en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud”, adelantó la cartera.
También se evaluarán los abordajes psicoterapéuticos y psicosociales incluidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud, “comparando los avances entre 2011 y 2024”. Se priorizará, además, “el fortalecimiento de la atención a personas con conducta suicida y a sus familias, así como la elaboración de protocolos específicos para situaciones de riesgo”. También se pretende fortalecer la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio, así como los Grupos Departamentales de Prevención del Suicidio.

Entre otras consideraciones y acciones previstas, se pretende abordar especialmente “el rol de los medios de comunicación”, en la medida que “está demostrado que una comunicación responsable puede tener un impacto positivo en la prevención”, por lo que “se impulsará un plan de actividades de sensibilización y capacitación destinado a periodistas y comunicadores, junto con la difusión de orientaciones y pautas para el tratamiento adecuado de este tipo de noticias”. Y no está mal que así acontezca, porque nadie nació con un don especial para manejar información en este tipo de circunstancias y tampoco es una materia específica de la formación de los profesionales de la comunicación. Sin embargo no podemos no mencionar que el fenómeno de la comunicación, y en este tipo de casos en particular, excede por mucho a los medios de comunicación. Aunque los medios formalmente establecidos decidamos no compartir por nuestros canales información sensible, como las circunstancias o la forma en la que se ejecutó una autoeliminación, no es garantía para que alguien la comparta en su perfil de X, o de Facebook o de la red que sea, o en un grupo de un servicio de mensajería, donde cualquier otro usuario lo puede ver sin ningún tipo de censura o precaución y cuantas veces quiera. Pero además allí cualquier persona puede hacer el tipo de comentario que le plazca y generar una nueva discusión sin ningún tipo de límite. Si el nuevo abordaje en el que piensa el MSP no incluye tratar de comprender y, en la medida de lo posible, orientar de alguna formar el comportamiento o la reacción de las personas frente a lo que se expone en las redes, en pleno siglo XXI, entonces seguirá sin encontrársele la vuelta al asunto.

Cuando han pasado los primeros seis meses del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, nos encontramos con que todavía son más las incertidumbres que las certezas que transmiten sus políticas en las respectivas áreas, tanto hacia lo interno como lo externo, porque se suceden cambios significativos en forma permanente, y es difícil distinguir entre lo temporal y lo más o menos duradero, cuando de decisiones políticas se trata.

Lo que sí es cierto, es que las motivaciones del “Make America Great again” (MAGA – Hagamos a los Estados Unidos grandes de nuevo) se mantienen en todos sus términos, pero no puede decirse que los métodos que ha desarrollado el mandatario se han cumplido a la perfección, porque más allá de las amenazas y medidas reales, han sobrado las contramarchas y las rectificaciones que han desorientado hasta a los analistas más avezados.

La característica principal en el plano comercial global, es que se ha registrado en este período una fuerte ofensiva comercial contra China y sus vecinos. La imposición de nuevos aranceles, el retiro parcial de acuerdos multilaterales y la presión militar en la región marcan una etapa de alta tensión geopolítica, en la que Washington busca reconfigurar su influencia en Asia-Pacífico.
Sin embargo el mandatario en sus alocuciones proclama repetidamente que todo va según lo preveía, y este domingo, con motivo de cumplirse los seis meses de gestión, señaló que “Estados Unidos resucitó” tras lo que califica como un “año de muerte nacional”, en una continuidad de euforia discursiva que no parece ser el sentimiento de muchos de sus connacionales, ya a esta altura, pero mucho menos es el que prima entre sus atribulados socios comerciales y geopolíticos, entre los que prima la desconfianza, la confusión y la incertidumbre ante el siguiente paso que pueda el presidente de la mayor economía del mundo.

Decisiones controvertidas, idas y venidas, conflictos diplomáticos, endurecimiento migratorio y una creciente inquietud entre sus propios simpatizantes por el rumbo incierto, son el condimento de un mandato que todavía no se ha asentado.
La medida “estrella” hasta ahora ha sido la aplicación de aranceles, cumpliendo e incumpliendo amenazas: en abril, Trump reactivó su viejo impulso proteccionista con la imposición de aranceles globales del 10%. Además, amenazó a decenas de países con gravámenes de entre el 20% y el 40% si no renegociaban sus acuerdos comerciales. Aunque logró acuerdos parciales con el Reino Unido, China, Vietnam e Indonesia, otros aliados históricos como Canadá (35%) y México (30%) recibieron notificaciones de nuevos aranceles.

China aceptó una tregua arancelaria temporal, con reducciones significativas mientras continúan las negociaciones. La Unión Europea, sin embargo, sigue en disputa, pese a la presión del mandatario, que ya anunció un arancel del 30% a Bruselas.
Por otro lado, en el plano internacional, el mandatario ordenó recortes sustanciales en ayuda exterior y exigido a los miembros de la OTAN aumentar su gasto militar del 2% al 5%. En el caso de América Latina, a la que no le atribuye importancia, ha transmitido decisiones que han levantado fuerte resistencia y cuestionamientos, desde su intento de recuperar el control del Canal de Panamá hasta la tensión con Brasil, Colombia y México por temas migratorios y arancelarios, encima.

En zonas conflictivas como Europa del Este, más recientemente su política exterior ha incluido nuevas presiones sobre Rusia para lograr un acuerdo en Ucrania, el apoyo incondicional a Israel y ataques conjuntos con Netanyahu a instalaciones iraníes. A esto se suma una ofensiva diplomática para reducir la influencia de China en zonas estratégicas del continente americano, en un combo conflictivo con varios frentes cambiantes en cuanto al tono y gravedad de las disputas.
En suma, no ha dado para “aburrirse” con el flemático jefe de Estado de la nación norteamericana, que por si esto fuera poco, ha endurecido su política migratoria, con refuerzo financiero a las agencias para intensificar redadas y acelerar deportaciones, lo que provocó fuertes protestas en ciudades como Los Angeles, reprimidas con la intervención de la Guardia Nacional y marines.
El gobierno también eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes de países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Afganistán. En paralelo, autorizó deportaciones a terceros países, con traslados a cárceles de alta seguridad en El Salvador, Guantánamo y una prisión federal en Florida apodada “Alcatraz Caimán”.

En el Congreso, Trump logró aprobar una ambiciosa reforma fiscal con amplios recortes al gasto público. Sin embargo, el proyecto elevará el déficit en 2,8 billones de dólares, generando críticas incluso entre sectores moderados del Partido Republicano.
A través de las redes sociales, Trump transmite su propia visión edulcorada del escenario, y por las redes sociales, asegura que durante estos seis meses, ha logrado “cosas excelentes” y que ha conseguido el logro de un “país renacido por completo”. “Hace un año, nuestro país estaba muerto, con casi ninguna esperanza de resurgimiento. Hoy, Estados Unidos es el país más prometedor y respetado del mundo. ¡Feliz aniversario!”, proclama.

Y se puede o no estar de acuerdo con lo que promueve, con su forma de actuar, con sus medidas basadas en blandir un garrote en forma de amenaza de aplicación de aranceles, pero la experiencia indica que eliminar asimetrías, presuntas o reales, por la vía traumática en lugar del gradualismo, el convencimiento y el análisis ponderado de pros y contras, –previo diagnóstico certero del escenario– no es la mejor forma de corregir en forma sustentable las inequidades, aunque se logren presuntos éxitos inmediatos. Ni siquiera cuando se está ejerciendo el poder en la nación más poderosa del mundo.

Para 2070, se proyecta que el 32,5% de los uruguayos tendrá 65 años o más. El Instituto Nacional de Estadística, INE, publicó una serie de nuevas estimaciones y proyecciones de población para nuestro país, actualizadas con base en el Censo 2023. Este informe, titulado Proyecciones y estimaciones de población, abarca el período 2012-2070 “y revela un cambio profundo en la dinámica demográfica del país”. Y una de las estimaciones más preocupantes es que para el año 2070 casi la tercera parte de nuestra población va a tener 65 años o más.

Pero veamos algunos de los principales resultados de este trabajo estadístico publicados por el propio instituto, a modo de resumen. Según el informe, Uruguay ya alcanzó su población máxima, esto ocurrió en el 2020, cuando alcanzamos a ser 3.510.305 habitantes. Desde allí comenzó el declive, la reducción gradual. “Se estima que en el 2045 habrá 3,4 millones de habitantes y en 2070, apenas 3 millones”.
La disminución obedece, dice, “a un crecimiento natural negativo sostenido, producto del descenso en la natalidad y el aumento de las defunciones, bajo el supuesto de saldo migratorio exterior nulo (al igual que en la Revisión 2013, y en consonancia con las proyecciones de Naciones Unidas que proyectan saldos migratorios tendientes a cero)”.

La reducción en la cantidad de población es de por sí un problema serio para un país que siempre ha tenido una cantidad de habitantes muy por debajo de las posibilidad y de estándares de la región. Pero, además de ello, iremos sumando la preocupación cada vez mayor de un envejecimiento acelerado de esta población. Seremos pocos y viejos. La ya referida estimación de que el 32,5% de los uruguayos tendrá 65 años o más, supone que será el doble que en la actualidad, que es de 15,8% y que de por sí ya es elevada. Ya tenemos un problema con este asunto y ello no es gratuito. Tener una base poblacional de edad avanzada es un asunto que incide en los problemas de financiamiento de los sistemas de seguridad social, ni hace falta que los mencionemos, porque estamos en plena discusión. Lo mismo ocurre con los servicios de salud, cuyo bienestar económico depende de tener afiliados sanos que ayuden a sostener los servicios de todos, especialmente de la población mayor, que es la que más los demanda. Si todos somos mayores y todos demandamos estos servicios a la par, los problemas no demorarán en aparecer.

“En contraste –prosigue– los menores de 15 años representarán solo el 11,5% de la población” y la edad promedio se elevará de 39 a casi 50 años.

Los estudios proyectan también que la fecundidad continuará en niveles históricamente bajos. “En 2023, la tasa global fue de 1,27 hijos por mujer, y se espera que siga cayendo hasta 1,2 en 2025-2026, con una leve recuperación a 1,5 hacia 2070. Este fenómeno, junto con la menor cantidad de mujeres en edad fértil, profundiza la caída de los nacimientos”.

También plantea el informe que se consolidarán algunas tendencias que ya se aprecian claramente en los últimos censos, que es el aumento de la concentración poblacional en la zona metropolitana, aunque no necesariamente en Montevideo. “Entre 2024 y 2045, la población aumentará en cuatro departamentos: Canelones, Maldonado, San José y Rocha. En el lado opuesto, destaca una pérdida de población en el departamento de Montevideo, Treinta y Tres, Soriano y Lavalleja. A pesar de la reducción de la población de Montevideo, este departamento junto con Canelones y San José continuarán concentrando la mayor parte de la población del país”.

Vale la pena detenerse un instante en algunos comentarios que hicieron las autoridades que participaron de la presentación de este informe, como el director técnico de INE, Marcelo Bisogno, quien afirmó que no es un fenómeno aislado de nuestro país. “Lo que está pasando en Uruguay ocurre en otras partes del mundo, pero a otros ritmos y tiempos” y destacó que esta reducción poblacional se produce “por la caída de la fecundidad, y a pesar del aumento de la esperanza de vida”. A su vez, el director de OPP, Rodrigo Arim, reflexionó sobre los desafíos que se presentan a futuro para el país en materia de políticas públicas, opinando que se deben buscar mecanismos “para incrementar la productividad. Es la única fuente sustentable a mediano y largo plazo que nos permitirá simultáneamente mejorar la calidad de vida de las personas que estén en actividad y generar las condiciones para sostener a personas que no están en actividad”.

En la misma línea que Arim, la directora del Banco de Previsión Social, (BPS), Jimena Pardo, señalo que “estamos convocados a generar aumento de productividad y políticas que nos dejen mejor de cara al futuro” y que ante la disminución de la cantidad de personas económicamente activas y en edad de trabajar, “es necesario que cada una de las personas en edad de trabajar genere más valor”.

Finalmente se citan declaraciones de Fernando Filgueira, representante de Unfpa, Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, quien enfatizó en la necesidad de “redefinir la orientación del gasto social y mejorar su calidad, y contar con espacio fiscal”.

Hay un matiz entre la visión de estos comentaristas que resume de alguna forma la postura frente a este escenario. Mientras Arim y Pardo hablan de aumentar la productividad individual como forma de respuesta, Filgeira plantea que se puede hacer un giro de timón.

Los países que han logrado revertir, o al menos mitigar, problemas como el que enfrenta Uruguay lo han hecho, o bien con incentivos para que las familias tengan más hijos, o fomentando la inmigración. Y por supuesto, cada medida de este tipo implica costos que asumir y condiciones a las que adaptarse.

Necesariamente hay que pensar en mejores condiciones de las licencias por maternidad y otro tipo de incentivos –que habría que pensar la forma en que no recaiga exclusivamente sobre las empresas y su productividad, porque de lo contrario estaríamos vistiendo un santo para desvestir otro– y en el caso de las políticas migratorias buscar también la forma de asegurar condiciones –laborales, sí, pero también sociales y culturales– igualitarias para aquel que llega.

Recordar a los muertos es un acto profundo de humanidad. Pero aún más conmovedor es recordar con amor a quienes → Leer más

Días atrás nuestro diario publicó una entrevista a Líber Acosta, director de la sede de la Universidad de la República (UdelaR) en nuestro departamento. En sus expresiones se resumieron un fenómeno que lleva varios años y que sin duda alguna ha revolucionado y seguirá revolucionando Paysandú en lo económico, social y académico, generando un círculo virtuoso de lo cual todos los ámbitos sanduceros se verán beneficiados. Desde esta página editorial hemos defendido a lo largo del tiempo la instalación, el crecimiento y la consolidación de la sede sanducera del Centro Universitario (Cenur) Litoral Norte y los años nos han dado la razón. Los beneficios de este centro académico son muchos y muy buenos y sin lugar a dudas representan uno de los pilares para el nuevo Paysandú, el que poco a poco va dejando atrás las viejas chimeneas de industrias que ya no tienen futuro y se adentra potente y decidido en una nueva era.
En este contexto, resultan especialmente paradójicas y preocupantes que Acosta haya señalado que “la estructura principal ya está en obra, mientras se fabrican en Asia las piezas metálicas del edificio central, que contará con 4.000 metros cuadrados en cuatro niveles y un centro de simulación clínica de referencia nacional”. La pregunta surge rápidamente para cualquier lector: ¿por qué las piezas metálicas mencionadas deben ser fabricadas en Asia? ¿No existe en Paysandú la tecnología y la mano de obra necesaria para fabricarlas en nuestro departamento? No hay que ser un especialista en el tema para darse cuenta que Paysandú cuenta con varias empresas metalúrgicas que trabajan para todo el país y para empresas multinacionales con altos niveles de calidad y en complejas estructuras, incluso mucho más complejas que lo que puede ser un simple edificio, lo que genera más extrañeza e indignación sobre porqué la UdelaR prefirió darle de ganar a los trabajadores asiáticos antes que a los trabajadores sanduceros. En un departamento seriamente afectado por el desempleo y la pobreza, lo menos que podría haber hecho esa institución educativa que un día sí y otro también se golpea el pecho diciendo que defiende a los intereses nacionales es haber confiado en los trabajadores sanduceros. Prefirió no hacerlo.
En realidad, no debería extrañar esta posición de la UdelaR contra los trabajadores sanduceros y en favor de los trabajadores asiáticos. Se trata de la misma UdelaR que desde hace meses se opone a la instalación de la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global, para lo cual forma parte de un grupo integrado por colectivos sociales, la Intersocial Paysandú, sindicatos, Fucvam y la propia UdelaR, el cual lleva adelante una campaña de recolección de firmas bajo el lema “Firmá por el río”. Sea en la construcción de sus propias instalaciones en Paysandú o atacando la instalación de una nueva fuente de trabajo, la UdelaR ha demostrado, con su accionar, que el viejo eslogan de “obreros y estudiantes, unidos y adelante” es tan solo una cortina de humo y que en realidad poco y nada le importa que la situación del desempleo mejore. En ambas instancias la UdelaR se ha equivocado y feo.
Ante la elección de Asia para la obra en tierra sanducera, llama la atención el silencio del Pit Cnt y de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) sobre los jornales que se pierden por la decisión de esta casa de estudios que le gusta definirse como “popular”, pero cuya conducta en este tema no condice para nada con la defensa del trabajo nacional. En el año 2011 el sitio de noticias El Espectador publicaba lo siguiente: “La Untmra manifestó su ‘desagrado’ ante ‘las intenciones de Montes del Plata de comprar barcazas y remolcadores usados, de fabricación norteamericana y estructuras’, reclamando que se considere la mano de obra e industria nacional para cubrir esa necesidad. Según publica EL TELEGRAFO, los trabajadores manifiestan su ‘más profundo desagrado con este modelo de contrato, que no solo desconoce y desprecia el esfuerzo nacional, sino que además hiere nuestra soberanía de país que aspira a vivir con dignidad’, a la par que exhortan ‘a todos los organismos involucrados tanto público como privado a ayudar a revertir esta desagradable situación’”. ¿Por qué la Untmra que fue tan activa exigiendo trabajo para trabajadores uruguayos cuando se construyeron las tres plantas de celulosa hoy guarda un llamativo silencio sobre la elección de la UdelaR por los trabajadores asiáticos? Paradójicamente es por todos sabido que la UdelaR es, desde hace décadas –como casi todas las universidades públicas de Latinoamérica al menos–, un reducto impenetrable de la izquierda uruguaya donde quienes piensen diferente de lo que dice el Frente Amplio (estudiantes, funcionarios, docentes) deben cuidarse muy bien de expresar sus ideas. El motivo para ello: la UdelaR es una universidad de frenteamplistas y para frenteamplistas. Quienes no sean frenteamplistas podrán asistir, trabajar o enseñar, pero siempre en silencio, sin manifestarse y bajo el control del “Gran Hermano” ideológico que controla esa institución académica.
En Uruguay existen un gran número de programas gubernamentales de apoyo a los fabricantes uruguayos, como forma de que los proveedores locales sean beneficiados por las obras que se realizan en diversos puntos del país. A modo de ejemplo, la Intendencia de Montevideo creó el Fondo Rotatorio de Vestimenta, un proyecto que considera a las PYME como proveedoras de vestimenta laboral para el funcionariado municipal. Ese proyecto buscaba construir y potenciar una política de desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas a través de las compras públicas departamentales, así como promover la producción de vestimenta de fabricación nacional, consolidando fuentes de trabajo y mano de obra capacitada mediante empleo de calidad. ¿La UdelaR no podía hacer lo mismo para la construcción de las piezas que fueron compradas en Asia? ¿Por qué se eligió un proveedor en Asia antes que uno sanducero? La UdelaR debería explicar este tipo de cosas porque se financia con los impuestos que pagamos todos (incluso aquellos que nunca podrán acceder a esa casa de estudios) y debería tener transparencia en su accionar.
Queda claro que, con su apoyo al fomento del trabajo asiático, la UdelaR ha perdido su aureola de ser “la universidad del pueblo” y de apoyar la industria y el trabajo uruguayo, así como las causas supuestamente “populares”. Ya nunca más podrá decir que defiende el trabajo uruguayo y en particular el sanducero. Su supuesto “apoyo” a los trabajadores sanduceros no es más que una pose que no se fundamenta con hechos concretos.

En estos días la IDP ha publicado un llamado a licitación para el gerenciamiento de los Recursos Humanos de la Intendencia, repitiendo la triste experiencia que nos ha tocado vivir con la Fundación A Ganar en Paysandú.

De la lectura del llamado se puede decir que es un recorte y pegue de aquel llamado de 2020, se insiste que está dirigido a Organizaciones no Gubernamentales o Fundaciones y que el contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, renovable año a año a criterio de la IDP, para gestionar programas en áreas sociales, deportivas, culturales, departamentales y locales.

Se detalla que el servicio comprende la contratación de personal, liquidación de sueldos, inscripción del personal ante los organismos públicos, talleres de capacitación, etcétera. Se prevé que quien gane la licitación deberá contratar en las mismas condiciones que hasta el momento, al personal que hoy tiene bajo su responsabilidad la Fundación A Ganar, vale decir, según datos oficiales de la IDP más de 426 funcionarios. Se prevé que el personal suministrado recibirá órdenes directas de quien designe el Ejecutivo Departamental.

A la hora de puntuar las ofertas se hace especial mención a aquellas que sean presentadas por organizaciones educativas o culturales registradas ante el Ministerio de Educación y Cultura que tengan resolución del Banco de Previsión Social exonerándolos del pago de aportes patronales. Como corolario de todo esto, el pliego del llamado cuesta la friolera de $100.000. Ahora bien, ¿qué significa esta licitación? Pues que en Paysandú el Partido Nacional pretende continuar funcionando con dos intendencias, una oficial que es la que se encuentra en Zorrilla y Sarandí, y otra en Monte Caseros y Sarandí (Sede de la Fundación A Ganar), utilizando la oficial a la otra para gestionar de espaldas a la DGI y al BPS, a más del 30% de los funcionarios que prestan servicios en dependencias de la Intendencia en el departamento.

Esto ya de por sí es grave, pues el Partido Nacional pretende seguir gestionando clientelarmente este tema, al margen de cualquier control, decidiendo quién ingresa a trabajar según su color político, pagando favores electorales y de amistades, en lugar de realizar sorteos o concursos para llenar los cupos que se necesitan para mejorar o complementar la gestión.

A esto se agrega, como lo hemos dicho más de una vez, que esta forma de tercerización del personal en una Fundación, es a los solos efectos de no pagar aportes patronales, es decir, defraudar al BPS por un lado, y eludir el pago de IVA por parte de estas seudofundaciones, que lo que realmente hacen es la tarea de una suministradora de mano de obra temporal, vende un servicio gravado con IVA. ¿Por qué decimos que se defrauda al BPS? Pues por la sencilla razón que el patrón de estos empleados sigue siendo la IDP, quien les da órdenes, les paga el salario, los cesa, etcétera, sigue siendo la Intendencia, nada más que coloca a la fundación de por medio para evitar el pago de los aportes que cualquier hijo de vecino debería pagar; lo dicho, un fraude en toda la regla, que si lo hiciera el bolichero de la esquina, tendría una inspección y unas multas acordes con la maniobra.

En este punto, siempre nos ha parecido llamativa la pasividad del BPS y de la DGI en el punto, máxime que el propio Tribunal de Cuentas, con voto en minoría de algún ministro, ya ha llamado la atención sobre el punto. En definitiva, este llamado tiene nombre y apellido, Fundación A Ganar, la que indudablemente ganará la licitación y a la que deberemos pagarle honorarios por gestionar el personal de la Intendencia, cosas insólitas si las hay. Solo para que se tenga claro, entre los años 2021 y 2024 se le pagó a la Fundación A Ganar, solo por concepto de honorarios por el “servicio”, aproximadamente $20.916.000 (veinte millones novecientos dieciséis mil pesos uruguayos), un despropósito se lo mire por donde se lo mire.
Ahora, lo del principio, en tanto se discute en el parlamento sobre la limitación de ingresos discrecionales a las intendencias, ¿qué cree el lector que es este mecanismo? pues bien, es claramente la trampa para eludir esa traba al ingreso, pues por esta vía, la IDP se asegura seguir con un sistema clientelar, donde hace y deshace según quiere, mete gente a dedo durante el quinquenio, a su gente, y mientras tanto se le vende a la población que a las intendencias solo se ingresa por concurso o sorteo; en fin, otra mancha más al tigre.

Sobre el punto, nos sigue llamando la atención el silencio ensordecedor de Adeyom, que nada dijo sobre el procedimiento que se inició en el 2020, y que guarda silencio nuevamente hoy día. En definitiva, no nos queda más que denunciar este procedimiento fraudulento de gestión del personal de la IDP, gestión que precariza la mano de obra, prioriza el trato clientelar, y se transforma en un mecanismo que elude cualquier tipo de control que el parlamento nacional sancione para limitar este tipo de abusos. Qué dirían de estos blancos, aquellos que lucharon en las cuchillas contra el clientelismo en el Estado, la falta de transparencia en la cosa pública, seguro que muchos de ellos no se reconocerían en estos correligionarios.

Federico Álvarez Petraglia