Policiales

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El rápido procedimiento por parte de personal de la Comisaría Segunda permitió trasladar sano y salvo a un bebé que nació prematuro en su casa, hecho ocurrido pasada la medianoche de la víspera.

De acuerdo a lo informado por Jefatura, próximo a las 00.30 se recepcionó un llamado al 911 donde se informaba que en una casa del barrio San Félix había una mujer dando a luz, la cual no sabía que estaba embarazada. De inmediato, el móvil de la Comisaría Segunda, con la cabo Leticia Ballesteros y los agentes Mariana Noriega y Mauro Duarte se dirigió hacia el lugar utilizando sirenas y luces intermitentes, con autorización del Centro de Comando Unificado Departamental. Al entrar a la casa, encontraron que en el baño se encontraba una mujer de 29 años que había dado a luz y a su lado el bebé aún en su placenta. Con gran conocimiento, una de funcionarias optó por envolver en una manta al bebé que ya respiraba y comenzó a llorar para tranquilidad de todos.

Rápidamente los policías dispusieron el traslado del recién nacido hacia el servicio de urgencias del Hospital Escuela del Litoral, que ya había sido alertado de la situación y aguardaba su llegada con el personal idóneo. En tanto, en apoyo a sus compañeros, un móvil del Área de Respuesta Policial arribó para llevar a la joven madre.

Una vez en el nosocomio, un equipo pediátrico se hizo cargo del bebé. Por su parte, minutos más tarde la médica pediatra le informó a los policías que el bebé se encontraba en buenas condiciones de salud y al nacer prematuro sería llevado a incubadora. La madre también fue asistida pasando a sala de Maternidad en buen estado de salud.

Una investigación que comenzó en octubre del 2022 culminó recientemente con la formalización de un productor rural por haber participado en varias maniobras de abigeato de ganado vacuno, propiedad de otros productores de la zona. En octubre de 2022, un productor avisó a personal policial de la Comisaría Octava, de Gallinal, que un hombre identificado como Omar Adhemar González Andrade, conjuntamente con otra persona habrían llevado alrededor de nueve vacunos hacia su embarcadero, sin autorización de uso. Realizadas las averiguaciones por parte del personal policial se supo que un capataz habría tropeado dichos vacunos en horas de la tarde-noche hacia el embarcadero a solicitud de González, con intenciones de ser embarcado en un camión de un escritorio rural de la zona de Guichón. Sin embargo, no pudo cargar ya que González Andrade soltó los animales a un bosque forestal lindero.
El hecho levantó sospechas, por lo cual se dio intervención a la Brigada Departamental de Seguridad Rural, que comenzó con la búsqueda en el predio forestal, ubicando un total de nueve vacunos. A siete de ellos se les había cambiado el dispositivo de trazabilidad, habiendo pasado a estar a nombre de la esposa del indagado y posteriormente fueron reconocidos por cuatro productores de la zona como de su propiedad.
La investigación no culminó allí, sino que tras datos obtenidos del Ministerio de Ganadería se conocieron indicios de otro embarque con similar accionar de González, hacia el local feria de Guichón, pues ya habían sido comercializados por un escritorio rural de la zona en distintos remates.

Tras el seguimiento de las transacciones se lograron ubicar en diferentes predios varios vacunos que habían sido comprados por productores en el local de feria. Ante la inspección y la comprobación de la documentación, vieron que los datos no coincidían con el registro nacional. En los dispositivos de trazabilidad los vacunos provenientes de Omar Adhemar González Andrade figuraban ser terneros de unos pocos meses pero se trataba de vacas “boca llena” de avanzada edad, con diferentes marcas de propiedad. En el caso de algunas, surgieron propietarios que radicaron la denuncia y otras cuyos propietarios aún no han sido localizados.
La investigación exhaustiva de lo documental y de campo realizada por el personal especializado tomó varios meses.
Finalmente, la Justicia dispuso la formalización de la investigación y posterior juicio abreviado respecto de Omar Adhemar González Andrade, de 64 años, imputado y condenado por un delito continuado de abigeato muy especialmente agravado, imponiéndole como pena dos años de penitenciaría.

Una mujer resultó lesionada en un siniestro de tránsito ocurrido en la tarde de ayer, en la intersección de Vizconde de Mauá y Charrúas.
De acuerdo a información extraoficial recabada por EL TELEGRAFO en el lugar, próximo a las 14.30 por Vizconde de Mauá al norte circulaba una camioneta Volkswagen con matrícula IAE 7691, pilotada por un hombre. Según comentó el automovilista, al llegar a Charrúas la luz del sol lo encandiló, por lo que no vio la moto Yumbo, empadronada como ICF 253, guiada por una mujer hacia el oeste. El birrodado terminó su recorrido debajo de la parte delantera de la camioneta, en tanto la mujer salió despedida.
Se hizo presente en el lugar personal policial de Seccional Primera, que solicitó una ambulancia. El médico diagnosticó primariamente a la mujer con politraumatismos, para luego trasladarla en el móvil hacia los servicios de emergencia de Comepa.

Un hombre fue trasladado en un patrullero, al no haber ambulancias disponibles, luego de protagonizar un siniestro de tránsito en Ayacucho y Dr. Luis Alberto de Herrera, en la tarde de ayer.
Según datos no oficiales recabados en el lugar, pasadas las 17.30 por Herrera al sur circulaba una moto Yumbo empadronada como ICT 9462, guiada por un hombre. A su vez, por Ayacucho al este, se desplazaba otra moto Yumbo City con matrícula ICJ 608, pilotada por otro hombre.
Al llegar a la esquina, por razones a establecerse, entraron en colisión, lesionándose uno de ellos. Personal policial solicitó una ambulancia para su asistencia pero recibió una comunicación de que no había en el momento ambulancias disponibles en ninguna de las dos prestadoras de servicios, por lo que resolvieron trasladarlo en uno de los móviles hacia Emergencias de Comepa.

La Justicia imputó a un hombre de 28 años y una mujer de 32 que abastecían a varias bocas de venta de droga de la ciudad, en tanto otro involucrado se encuentra requerido en el marco de la investigación.

En base a lo informado por Jefatura de Policía, el operativo “Carita”, fue realizado por parte de la Brigada Departamental Antidrogas en conjunto con la Fiscalía de Primer Turno. Con apoyo del personal de Grupo de Respuesta Táctica RT y del Área de Investigaciones tras un año de investigación, este miércoles se realizaron diversos allanamientos en los cuales se incautó preventivamente desde una finca de inmediaciones de calles Naciones Unidas, 607 gramos de cocaína, 215 gramos de marihuana, 22.064 pesos uruguayos, recortes de nylon, una balanza digital, dos celulares iPhone, un celular Redmi, un automóvil Chevrolet, una motocicleta Yumbo, un revólver de aire comprimido y también se realizó la detención de Brian Ezequiel Sosa Romero de 28 años, poseedor de antecedentes penales por delitos de índole sexual y retribución a menores. En tanto, desde un apartamento del barrio Pay Cap fue conducida Giuliana Macarena Ortíz Romero, con antecedentes por difamación, a la vez que se incautó 1,4 gramos de marihuana, un celular Redmi y una motocicleta Yumbo GS.

La droga incautada, por su parte, que sería distribuida en bocas de la ciudad, hubiera permitido la confección de 3.035 “lágrimas” de cocaína, que comercializada al menudeo corresponde a la suma de 303.500 pesos.

Del hecho tomó intervención la Justicia actuante. Por su parte, en audiencia celebrada se dispuso imputar a ambos responsables por “un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes”. Sosa Romero fue penado con tres años de penitenciaría y Ortíz Romero a dos años de prisión efectiva.

[caption id="attachment_240438" align="aligncenter" width="1360"] Giuliana Macarena Ortíz Romero.[/caption]

Un hombre resultó con lesiones leves al sufrir un accidente de tránsito, hecho ocurrido próximo a las 13 de la víspera. De acuerdo a los datos recabados por EL TELEGRAFO, éste se dirigía por Bolívar al oeste. Al llegar al cruce con Cerrito colisionó a la altura de la rueda delantera izquierda de la camioneta Nissan Frontier, empadronada como IAG 7420, que era guiada por un hombre.

Como consecuencia, el motociclista cayó y experimentó lesiones que requirieron su asistencia por parte de un médico de SIET. Una vez examinado, fue diagnosticado con traumatismo leve por lo que se le otorgó el alta en el lugar. En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera.

Una mujer resultó con lesiones leves al sufrir un accidente de tránsito pasadas las 13 de la víspera, cuando llovía sobre la ciudad y regía la alerta amarilla de Inumet.
Según la información recogida por EL TELEGRAFO, la mujer se dirigía por 19 de Abril en dirección al norte a bordo de la motocicleta Winner, empadronada como ICT 4883. Al llegar casi a mitad de cuadra, entre Charrúas y Washington, aparentemente fue sorprendida por otro vehículo que pretendía retomar la marcha, por lo que ésta frenó. Debido al pavimento mojado, perdió el dominio del birrodado y cayó. Fue asistida en primera instancia por particulares que dieron aviso al 911. En tanto, al arribo de una ambulancia de UCEM se le diagnosticó traumatismo en cadera, por lo que fue trasladada hacia el servicio de urgencias del Hospital Escuela del Litoral.

La Justicia condenó a un hombre de 44 años al comprobarse su responsabilidad en delitos de índole sexual en perjuicio de sus cuñadas adolescentes.
En base al parte emitido por Jefatura, en marzo de 2021 la encargada del INAU y una funcionaria de una oenegé con fines de rehabilitación y reinserción social se presentaron ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género a denunciar un caso de abuso, relatando al respecto que la víctima, una menor de 17 años, en febrero del 2020 optó por escapar de su hogar donde convivía con su hermana y su cuñado en una localidad cercana a esta ciudad por causa de las reiteradas agresiones físicas que recibía de parte de su cuñado. En dicha ocasión fue recibida por INAU, que le brindó la contención y denunció la situación ante las autoridades.
Entrevistada la menor por los efectivos policiales especializados en presencia de las dos denunciantes, expresó que en el 2018 vivía con su hermana y con la pareja de su hermana, L.G.L.P., de 42 años (al momento de la denuncia), tres sobrinos y tres hermanas en una vivienda de Mevir de esa localidad. En ocasiones cuando su hermana viajaba a la ciudad de Paysandú, la pareja de la misma la obligaba a tener relaciones sexuales, bajo amenazas de agredirla si contaba lo sucedido. En tanto, otras veces la agredió físicamente dejándole marcas y moretones con la complicidad de su hermana, que no la dejaba salir para que nadie la viera. La joven agregó que una de sus hermanas –que en ese entonces tenía 15 años– era obligada por éste a ejercer la prostitución.
Asimismo, entrevistada la funcionaria del INAU manifestó que desde el 20 de febrero de 2020 la menor estaba en la dependencia, ya que había escapado de su casa porque “no aguantaba más la situación”, realizándose por tal Instituto todos los trámites respectivos para denunciar los hechos. Lo que nunca la menor les había contado era acerca de los abusos sexuales.
Luego fue entrevistada la otra denunciante encargada del hogar de la oenegé donde estaba viviendo la víctima al momento de la denuncia y quien a su vez estaba a cargo legalmente de la adolescente, expresando que la misma le contó lo sucedido el día anterior, optando por dar cuenta de inmediato a las autoridades.
Proseguidas las actuaciones, la Justicia conjuntamente con la Fiscalía tomaron medidas cautelares de forma inmediata para la protección de la víctima. La investigación siguió su curso hasta que el 8 de agosto de 2022 el Juzgado dispuso la formalización de la investigación respecto de L.G.L.P., quien fue imputado por “la presunta comisión de reiterados delitos de violación en concurrencia formal con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado en régimen de reiteración real”.
Posteriormente, este lunes la Justicia ordenó la detención del hombre y se dispuso su traslado a la sede penal, donde fue imputado por “reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado” a la pena de ocho años de penitenciaría.

En audiencia celebrada en la sede penal sanducera se llevó a cabo el primer día de alegatos por parte de la Fiscalía de Cuarto Turno que busca una sentencia firme en el atroz crimen de Guiliana Lara y su hijo Mateo, tragedia ocurrida entre el 30 y 31 de enero del año pasado, y por el cual está encarcelado Jorge Daniel Lara Ríos, de 30 años. La instancia demandará ocho días más, hasta el 31 de mayo, y luego la jueza tendrá 15 días para dictar sentencia definitiva.
La Policía sanducera instaló un perímetro de seguridad en las cercanías del Juzgado para evitar el pasaje de personas y el contacto directo con el acusado, quien fue trasladado esposado. Asimismo, se vivieron momentos de tensión dado que Lara Ríos se negó a ingresar a la sala, mostrando una actitud de rebeldía. Dado que la audiencia debe hacerse en presencia del imputado (en caso contrario es considerada nula), se lo abordó consiguiendo así –luego de 40 minutos de espera– que aceptara ser conducido junto su abogado de oficio al pupitre de los acusados.

En tal sentido, el abogado Federico Alvarez Petraglia, en representación de una de las hermanas de Giuliana, que oficia como querellante en la causa, destacó la labor de Fiscalía en el caso y lo presentado en la víspera. “Es la primera de varias audiencias, el 31 de mayo serán los alegatos de cierre a través de los cuales la Fiscalía expone su caso ante la jueza y establece cuáles son los medios de prueba que va a diligenciar para acreditar los hechos, en los que basa su acusación. Hoy (por ayer) expuso la fiscal, las defensas de las víctimas –tanto del padre de Mateo como las hermanas de Giuliana– y se expuso la defensa del imputado, reservándose el derecho a contestar una vez que se diligencia toda la prueba”, dijo. “Toda esta semana habrá testigos, peritos e informes que se van a incorporar a la causa, y el 31 serán los alegatos de clausura, que es el final del proceso, en la cual las partes hacen la evaluación de todas las pruebas y sus petitorios finales. Ello para que luego la jueza que, creemos nosotros, se va a tomar 15 días hábiles, pueda dictar sentencia que puede ser tanto de condena como de absolución. Consideramos que la prueba que hay es contundente para que exista una sentencia de condena, pero eso no lo decidimos nosotros sino que es de resorte de la jueza”, comentó Alvarez Petraglia.

Recientemente, cuando personal policial del ARP realizaba recorridas por varias zonas de la ciudad, avistaron en inmediaciones de Benito Chain y Guayabos a dos hombres en moto llevando consigo un televisor de 50 pulgadas.
Al ser interceptados por los efectivos policiales, uno de los hombres descendió del birrodado con el televisor y el conductor emprendió la fuga. Los efectivos pudieron saber entonces que el conductor presentaba requisitoria pendiente por un hurto del mes pasado. En aquella ocasión la víctima había dado cuenta a la Policía del hurto de la batería de su vehículo.
Continuando con las actuaciones, el sujeto fue identificado como M.S.R.A., de 23 años, siendo detenido y trasladado al local policial.
Otra denuncia lo vinculaba con un hurto cometido a fines de abril en inmediaciones de San Félix. Allí, el hombre había robado una caja de herramientas del interior de un vehículo, en horas de la madrugada, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad de la finca.
La Justicia dispuso entonces la formalización y posterior juicio abreviado respecto de M.S.R.A, imputado y condenado por dos delitos de hurto especialmente agravados, en régimen de reiteración real, imponiéndole como pena doce meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba con las siguientes obligaciones: residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión de la Dinama, la presentación en la Seccional correspondiente por todo el plazo de la pena, la realización de tareas comunitarias una vez por semana por el plazo de diez meses y asistir a un programa de tratamiento de rehabilitación por consumo problemático de sustancias, debiendo acreditar concurrencia ante la sede policial.

Dos motociclistas resultaron con diversas lesiones al protagonizar un siniestro de tránsito la mañana de ayer en la intersección de calles Asunción y Bogotá, próximo a la Escuela 111 de Barrio Norte.
Datos primarios y no oficiales obtenidos en el lugar indican que a las 11.30 de la víspera, por Bogotá al Este circulaba una moto Zanella con matrícula ICV 2804, pilotada por una mujer. Al mismo tiempo, por Asunción al sur, se desplazaba –guiada por otra mujer– una moto Yumbo, empadronada como ICV 2198.
Al llegar a la citada intersección, ambos vehículos colisionaron, lesionándose ambas conductoras.
En el lugar se hizo presente personal policial de Seccional Quinta, que solicitó sendas ambulancias para asistir a las lesionadas. La conductora de la Yumbo fue diagnosticada con traumatismo de pierna y recibió el alta en el lugar, en cambio la otra recibió diagnóstico primario de traumatismo de rodilla y fue trasladada en ambulancia al Hospital Escuela del Litoral.

Recientemente, cuando personal de ARP realizaba patrullaje preventivo en las inmediaciones de 52 Sur y Montevideo, observó a dos hombres circulando en una moto carente de matrícula. Les dieron la voz de alto, pero los sujetos no acataron la orden y huyeron a pie. Los agentes indentificaron entonces a un hombre de 23 años, que iba de acompañante en el birrodado, mientras el conductor ingresó a una finca y se subió a los techos. Fue identificado como J.G.A.M., de 26 años. Ambos fueron detenidos y trasladados al local policial para continuar con los trámites pertinentes.
Se inspeccionó el vehículo y se halló la chapa matrícula dañada en el baúl. Los policías pudieron saber entonces que la moto tenía requisitoria pendiente por Comisaría Tercera, ya que días antes había sido denunciado el hurto, ocurrido en Vizconde de Mauá y Horacio Meriggi.
La Justicia prosiguió las acciones y dispuso la formalización respecto de J.G.A.M, imputado por la presunta comisión de un delito de receptación en reiteración real con un delito de violación de domicilio, sin imposición de medidas cautelares.