Política

Por unanimidad (31 votos), el plenario de la Junta Departamental aprobó un planteo de “urgente consideración” presentado por el edil David Helguera (PC) debido a la crítica situación del Mevir 2 de Constancia. Desde hace nueve años, las familias enfrentan inundaciones sistemáticas, desborde de pozos negros y deterioro sanitario cada vez que se registran lluvias, sin obtener soluciones del Estado.

Helguera denunció que las viviendas fueron construidas sobre una cañada y solicitó el envío de un oficio al presidente de Mevir para que resuelva la situación de cuatro fincas críticamente afectadas antes del próximo invierno. Asimismo, se informó sobre la posibilidad de construir cuatro viviendas nuevas mediante un acuerdo con la Intendencia de Paysandú.

Durante la sesión, otros temas marcaron la agenda de los ediles:

El edil Andrés Silva (PN) alertó sobre la presencia de pintadas ofensivas en el centro de la ciudad y cuestionó la falta de avances sociales a diez años del crimen de David Fremd.

 

Susana Pereyra (FA) celebró la incorporación del tomógrafo propio en el Hospital Escuela del Litoral, mientras que María Silva (PN) destacó la inauguración de la residencia estudiantil universitaria para el próximo 23 de marzo con presencia del presidente Yamandú Orsi.

En tanto Natalia Martínez (FA) cuestionó la gestión del intendente Nicolás Olivera por el desempleo local, mientras Claudio Zanoniani (PN) informó sobre la reciente visita a la planta de e-combustibles en Chile, vinculada al proyecto de hidrógeno verde para Paysandú.

El sindicato de trabajadores de Pilsen, que nuclea a unos 1.000 afiliados desde la elaboración hasta la góndola, se encuentra en gira nacional ante la renovación de acuerdos bipartitos. El dirigente Bruno Pastorino aclaró que los acuerdos “no implican únicamente reivindicaciones salariales, sino de la salud laboral. Es una tarea que requiere de un desgaste y a medida que pasa el tiempo, cada vez hay más trabajadores certificados por problemas de salud”.

El gremio reclama topes en la carga de camiones y cambios en la tripulación de distribución. “El objetivo es disminuir la cantidad de bultos o aumentar las dotaciones por el desgaste físico. Lógicamente, es una discusión que daremos con las empresas”.

Respecto a la industria nacional, Pastorino se refirió a la situación de AmBev-Cympay y la planta de Minas, que permanece abierta tras las movilizaciones. Destacó la producción local de marcas como Skol y Brahma frente a la “inundación de marcas baratas e importadas que atentan contra nuestro trabajo”, concluyó.

El senador del Frente Amplio, Felipe Carballo, presentó una iniciativa parlamentaria para regular el juego en línea en Uruguay, donde se estima que unas 35.000 personas padecen adicción al juego. El proyecto propone la creación de una Plataforma Estatal de Juego en Línea y una Agencia Nacional de Regulación con potestad para auditar algoritmos, gestionar un registro de apostadores y sancionar la operativa sin licencia como un delito.

En diálogo con EL TELEGRAFO, Carballo señaló que los intentos previos de regulación han fracasado debido a que “tocamos intereses muy grandes. Estamos hablando de la banca privada, por ejemplo, que tiene el monopolio de los juegos en el país”. El legislador advirtió sobre la falta de controles actuales: “Cualquier persona con acceso a un celular, Internet y a una tarjeta de crédito puede apostar”, lo que agrava problemas de salud mental y facilita el acceso de menores.

La propuesta busca que el Estado recupere el control de un espacio que hoy explota mayoritariamente el sector privado. “Uruguay debe darse una nueva discusión sobre el juego online y legislar para mejorar los controles e incorporar recursos a las arcas del Estado”, afirmó Carballo, subrayando que la recaudación permitiría financiar políticas sociales y atender la ludopatía. El senador espera que la discusión parlamentaria se concrete durante este 2026.

La iniciativa del diputado sanducero Fermín Farinha para relanzar el programa Uruguay Impulsa ha cosechado un firme apoyo en la Cámara de Representantes. Legisladores de diversos departamentos se sumaron al reclamo mediante una exposición escrita, solicitando al Poder Ejecutivo la implementación de al menos 10.000 cupos a partir de abril, con especial prioridad en las zonas de frontera y el interior del país.

Farinha fundamentó la urgencia del planteo señalando que la falta de trabajo formal sigue siendo la mayor problemática fuera de la capital: “Tenemos una realidad en el Interior y en el resto del país donde el tema empleo ocupa el primer lugar en nuestras preocupaciones. Por eso entendemos que es necesario volver a poner en marcha el programa Uruguay Impulsa, con al menos 10.000 cupos y priorizando los territorios donde la situación laboral es más compleja”.

El documento, firmado por representantes como Alfredo de Mattos, Diego Echeverría y Andrés Frezzi, advierte que el sector productivo enfrenta una “tormenta perfecta” debido al cierre de plantas y la merma en el comercio. Los legisladores enfatizaron que para enfrentar el desempleo “no alcanza con cupos limitados cuando la demanda se multiplica”, instando al Ministerio de Trabajo y al Congreso de Intendentes a acelerar los plazos de ejecución de esta herramienta de inserción laboral.

El líder de la Lista 2017 del Partido Nacional, Roque Jesús, analizó el presupuesto departamental y aseguró que su sector asumirá un rol de fiscalización sobre los recursos, priorizando las obras en barrios y la transparencia. Acompañado por Mauro Milán, Marcelo Ifrán y Washington Mazondo, afirmó: “no somos demagógicos en pensar que no se debe tener un presupuesto, es básico y sabemos que una administración tiene que contar con recursos”. No obstante, advirtió que serán un “celosa vigilante de esos recursos que les cuesta a los sanduceros”.

Jesús señaló que los nuevos tributos, como el adicional medioambiental, exigen responsabilidad estatal. Al respecto, sostuvo que “el tema medioambiental, el impacto medioambiental, la basura y su tratamiento generan costo y es uno de los deberes primarios del Estado asumirlo”.

Desde la Junta Departamental, el sector reclamará claridad en el gasto: “Si se generan aumentos, quiero saber en qué lo van a usar”. Entre las prioridades, mencionó mejoras en avenida San Martín, Bulevar Artigas y la creación de centros comunales. Finalmente, recordó que “el presupuesto no tiene ninguna obra nominada”, por lo que exigirán que los fondos se vuelquen a proyectos concretos para los vecinos.

Una delegación del SOEN mantuvo ayer reuniones clave con los ministros Juan Castillo (Trabajo), Fernanda Cardona (Industria) y el presidente del Pit Cnt, Marcelo Abdala, ante la crisis en la planta sanducera.

La firma comunicó “un paro de dos meses en la producción de Maltería Paysandú, con el consiguiente envío a seguro de paro de sus colaboradores”, aunque el sindicato afirma que la medida “se extenderá por 4 meses”.

El dirigente Eduardo Alza señaló a EL TELEGRAFO que la prioridad es “la atención a las situaciones de los trabajadores que hace menos de un año se encontraban bajo este subsidio” y que “desde ambas partes se gestionará el seguro de paro extendido”.

Tras visitar la embajada de Brasil, Alza recordó la inversión de 2005 cuando el presidente Lula estuvo presente en Paysandú y lamentó que, en este marzo de 2026, la situación sea crítica: “estamos a la misma fecha de 2026 y lamentamos un posible cierre”.

Mañana miércoles habrá asamblea a las 14:30 y reunión en la Junta Departamental a las 17:00. El jueves se sumará la FOEB a la movilización.

El dirigente de DeCentro, Nicolás Olivera, encabezó una reunión de la agrupación de gobierno del sector para definir prioridades y consolidar su identidad dentro del Partido Nacional. Con una estructura que ya cuenta con tres intendentes y un senador, Olivera marcó distancia de la agenda mediática actual.

El líder sanducero cuestionó que ciertos episodios políticos acaparen la atención: “Hoy parece que la novela de Cardama y otras novelas más son las que ocupan los titulares”. Para el dirigente, el foco debe estar en los problemas estructurales: “La madre de todas las batallas pasa por el tema de la pobreza infantil”, afirmó, sumando a la agenda el empleo y la seguridad.

Sobre la situación económica en este 2026, advirtió que “se está desmoronando el empleo en Uruguay”, señalando que los problemas no se solucionan “tirando piedras”, sino con propuestas. “Pensamos más en el país que en el gobierno”, sentenció, subrayando que “tenemos mucho más para aportar que para criticar”.

Ante el inicio del año lectivo, la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM-TEP) manifestó su “preocupación” por el proceso de elección de cargos, denunciando irregularidades y falta de criterios claros en todo el país.

La mesa representativa advirtió que no se respetó el tope de estudiantes por clase, manteniendo grupos con más de 30 alumnos. Asimismo, expusieron la falta de auxiliares de servicio en diversos centros y la necesidad urgente de crear equipos multidisciplinarios para abordar episodios de violencia escolar registrados durante 2025.

Respecto a la situación social, la federación reclamó priorizar la pobreza infantil. “La infancia bajo la línea de pobreza debe ser una prioridad para este gobierno. Hay una propuesta de gravar al 1 por ciento más rico con una sobretasa de 1% para erradicar la pobreza infantil”, sostuvieron, enfatizando que el Estado debe garantizar la justicia social ante el descenso de la natalidad.

Finalmente, el gremio convocó a movilizarse este 8 de marzo bajo la consigna “8M antiimperialista, por la soberanía de los pueblos. No pasarán”, reafirmando su compromiso contra la violencia de género.

Los diputados Mario Colman y Fermín Farinha solicitaron la comparecencia urgente de la Comisión de Legislación del Trabajo para analizar el impacto de los cierres y envíos al seguro de paro que afectan a más de 2.700 trabajadores. Según el informe, la situación configura un escenario de “especial gravedad” para el empleo nacional.

El documento enumera casos críticos como la planta de Marfrig en Tarariras, el cese de operaciones de Yazaki y la suspensión en AmBev-Cympay. Farinha advirtió sobre la pérdida de competitividad en el litoral y la necesidad de priorizar la agenda productiva frente a otros temas políticos.

“Es lo que expresamos con el diputado Colman y es que tanto en su departamento como en Paysandú, tenemos realidades que requieren poner una voz de alerta y sobre todo marcar que, dentro de la agenda del gobierno, existan mecanismos para priorizar, incentivar y defender los puestos de empleo”, afirmó el legislador sanducero.

Ante este panorama, se espera la presencia del ministro Juan Castillo y la ministra Fernanda Cardona en el Parlamento para brindar explicaciones sobre las estrategias de contingencia para la industria y el sector servicios.

El diputado Juan Gorosterrazú valoró como “una herramienta clave para la frontera” el proyecto de ley para reducir el Imesi en estaciones de servicio en un radio de hasta 60 kilómetros de los pasos de frontera. La medida beneficiará a localidades como Quebracho y Chapicuy, mitigando las asimetrías con Argentina y Brasil.

El legislador subrayó que la iniciativa “no solo impacta en la ciudad de Paysandú, sino que beneficiará a muchas localidades del interior de los departamentos de frontera que también sufren las asimetrías de precios”. El beneficio se aplicará a consumidores finales mediante pagos electrónicos.

Según Gorosterrazú, se trata de una “señal clara de respaldo a la actividad económica de frontera y al trabajo de cientos de familias sanduceras”. Remarcó que “gobiernos anteriores se declararon incompetente para resolver los problemas de frontera y esa incompetencia llevó a que muchos comercios terminara en bancarrota y cerrando”.

El economista Gastón Núñez, exdirector de Administración, presentó un pormenorizado informe crítico sobre el Presupuesto Quinquenal 2026-2030 de la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP). En su análisis, Núñez sostiene que el documento “tiene una baja calidad técnica y pésimas estimaciones de los datos”, y atribuye esa situación “al muy bajo nivel de los técnicos que participaron en su elaboración”.

Entre sus observaciones, el economista subraya que la IDP utilizó proyecciones de inflación desactualizadas en lugar de datos certeros, algo que, según sus palabras, “cualquier estudiante avispado de finanzas y estadística no realizaría jamás”. El informe proyecta un incremento real del 19% en el presupuesto global, donde “por cada 100 pesos del Presupuesto 21-25 serán 119 pesos en el Presupuesto 26-30, más el incremento por el aumento de la inflación en el período”.

Uno de los puntos centrales es la dependencia de recursos nacionales, que alcanzaría el 53% del total. Pese a recibir partidas récord, Núñez denuncia una voracidad recaudatoria a través de la Contribución Inmobiliaria Urbana y el nuevo Impuesto de Medio Ambiente. “Esto es un fiscalazo y mazazo impositivo en toda regla en el mismo momento en el cual le van a ingresar los mayores dineros nacionales históricos”, afirma.

Asimismo, cuestionó la creación del Catastro Departamental para fijar valores de mercado: “La Intendencia no tiene rematadores ni tasadores, por lo cual está claro que esta nueva valuación de los activos inmobiliarios va a ser totalmente cuestionable”. Sobre el préstamo CAF, advirtió que “lo anterior implica que ya se está usando como capital de giro y/o respaldo financiero”.

Finalmente, Núñez alertó sobre una pérdida de 16 millones de dólares para los Municipios, sentenciando que “cada vez que pueden le terminan esquilmando los recursos a las alcaldías”.