Política

El diputado del Partido Nacional, José Luis Satdjian, advirtió una caída en las actividades del programa Ni Silencio ni Tabú y denunció un “boicot” de sus actuales responsables, tras un pedido de informes junto a la diputada Pilar Simón ante el Mides.

“Habíamos dejado todo armado para seguir trabajando con los adolescentes en salud mental (…) Constatamos a través de la respuesta del Mides que no se hicieron los talleres que estaban previstos”, afirmó.

Según indicó, en 2024 se realizaron 791 actividades del INJU y se alcanzó a 26.724 jóvenes, mientras que en 2025 “se hicieron solo 41 actividades” y participaron 15.821. “Estamos hablando de diez mil jóvenes menos”, sostuvo.

Agregó que “hay departamentos a los que se los dejó de lado completamente” y que al norte del río Negro no hubo acciones. Desde el ministerio se argumentó una reorganización de tareas.

La Junta Departamental de Paysandú elevó a la comisión de Tránsito, Transporte y Nomenclátor una moción presentada por el edil nacionalista Pablo de María, quien advierte sobre la inseguridad vial en el acceso a la zona de la Exposición Rural y el Paysandú Golf Club.

El legislador nacionalista señaló que “la intersección de Ruta 90 y calle 131 (la de la Rural y el Golf) es un cruce muy peligroso, ya que los vehículos giran en múltiples direcciones sin señales claras de prioridad. Además, esta zona es de mucho tráfico, lo que puede ocasionar un accidente muy grave”.

De María detalló que “existen cebras en la ciclovía que complican aún más la circulación, ya que al entrar o salir del club, el conductor debe no sólo observar las tres direcciones desde donde pueden venir vehículos, sino también verificar que no se aproximen peatones/ciclistas. En este caso puntual, las personas deberían ceder el paso a los vehículos”.

Ante esto, el edil propone “sacar la cebra y colocar un cartel al peatón/ciclista de ceda el paso. En el futuro se debería hacer una rotonda o lo que decida el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)”.

La edila del Frente Amplio, Natalia Martínez, presentó tres pedidos de informes en la Junta Departamental de Paysandú, dirigidos al Ejecutivo.

El primero refiere al Carnaval de Guichón y al alojamiento en Termas de Almirón. Señaló que “vecinos de Guichón han manifestado públicamente su preocupación en relación con que quien fuera designado Presidente de dicha Comisión, Mauricio Kalstein, se encontraría alojado en la cabaña 4 del complejo de Termas de Almirón y se desconoce quién asume los costos derivados de dicho alojamiento, así como el marco administrativo que respalda tal situación”.

Solicitó se informe “si Mauricio Kalstein se encuentra o se encontró alojado en la cabaña 4 de Termas de Almirón en el marco de la organización del Carnaval de Guichón” y “bajo qué acto administrativo se autorizó dicho alojamiento”.

Otro planteo apunta a la contratación de Teyma S.A. en el Vertedero Municipal. Indicó que, “más allá de lo publicado, como ediles no contamos con información oficial detallada sobre cómo se tomó la decisión…”. El tercer pedido refiere a la “Actuación de la Fundación A Ganar en el ámbito de la Intendencia Departamental de Paysandú desde el 1º de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025”.

Los informes fueron cursados al intendente Nicolás Olivera, al amparo del artículo 284 de la Constitución.

La Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) mantuvo la primera reunión bipartita del año con las autoridades del organismo, centrada en el ingreso de personal y concursos por ascensos. El gremio manifestó su profunda disconformidad, señalando que las propuestas de la administración no cubren las urgencias del ente.

El sindicato recordó que, como manifestó el presidente Orsi antes de las elecciones, se necesitan al menos mil funcionarios para un funcionamiento óptimo. Asimismo, rechazó la intención del directorio de no concursar cargos gerenciales y de obligar a repetir procesos a trabajadores que ya ganaron sus puestos.

Según el comunicado de la dirigencia: “Cualquier proceso de regularización, carrera funcional o concurso, debe ampliar derechos, nunca recortarlos”.

Ffose denunció que la administración pretende aplicar reglas “absurdas” que ponen en riesgo el salario y la estabilidad de los trabajadores. El gremio exige el ingreso urgente de personal y el respeto a la trayectoria laboral frente a lo que consideran prácticas de discrecionalidad en la gestión.

La edila nacionalista Zoraya Firpo elevó una moción a la Junta Departamental solicitando gestiones ante el Ministerio del Interior para el retorno de la Guardia Republicana al departamento. El planteo, radicado en la Comisión de Promoción Social, surge ante la preocupación de familias y comerciantes por los reiterados delitos contra la propiedad y alteraciones del orden público.

Según la representante oficialista, la presencia de este cuerpo especializado busca fortalecer la seguridad pública y el patrullaje disuasivo en apoyo a la Jefatura de Policía de Paysandú.

Firpo fundamentó que: “La incorporación de este cuerpo especializado permitiría reforzar el patrullaje disuasivo, brindar apoyo operativo a la Jefatura de Policía local y actuar de forma rápida y eficiente ante hechos de mayor complejidad, contribuyendo así a mejorar la sensación de seguridad de la población”.

La moción será remitida al intendente departamental y a las autoridades policiales para su tratamiento.

El líder de Arriba Paysandú (Lista 22), Jorge Larrañaga, exigió una decisión firme del gobierno y la unidad de todo el arco político para mantener operativa la planta de portland de Ancap. El dirigente calificó como “devastadora” la posibilidad de un cierre para la economía y el empleo local.

Larrañaga recordó que la ubicación de la planta en el departamento responde a estudios técnicos y a la cercanía con la materia prima. Sobre la gestión del ente, fue crítico: “Hubo años de negocios absolutamente ineficaces en Ancap. No hablo de un solo gobierno, hablo de una trazabilidad de varios gobiernos, principalmente del Frente Amplio, pero también es cierto que en el gobierno de Luis Lacalle Pou no se pudo resolver. Esa es la realidad”.

Propuso crear un equipo técnico con plazo limitado para devolver rentabilidad al negocio mientras la planta sigue activa. Finalmente, advirtió que el cierre contradice cualquier política de descentralización y exhortó al gobierno departamental a incidir con mayor fuerza en estas decisiones nacionales.

El diputado Fermín Farinha y el edil Julio Kniazev alertaron sobre atrasos de cinco meses en el pago de los servicios especiales de seguridad (222) al personal subalterno de la Prefectura de la Armada Nacional, que afecta a unos 600 funcionarios de todo el país.

Farinha presentó un pedido de informes solicitando información de “la situación al día de la fecha en cuanto al atraso en el pago de dichos servicios, discriminando el monto adeudado por mes, cantidad de funcionarios alcanzados y su distribución territorial, especificando el departamento”, y sobre “el procedimiento adoptado para regularizar dicho atraso y el cronograma previsto”.

Kniazev señaló que familiares de los trabajadores “manifestaron su preocupación porque algunos tienen más de 480 horas hechas que, hasta ahora, no se abonaron. Se juntaron, fueron hasta Presidencia pero no han obtenido respuesta. Sin embargo, los organismos que contratan este servicio especial, se encuentran al día y las situaciones de algunas familias son paupérrimas”.

Dirigentes de Fancap y el Sunca se reunieron con el intendente Nicolás Olivera y la secretaria general Gabriela Gómez, ante los anuncios del directorio de Ancap sobre la planta de portland de Paysandú.

Según Paulo García, se informó que el plan prevé prescindir de 75 trabajadores de las extractivas y el envío de 50 funcionarios a Minas. “No hay una planificación ni una discusión seria”, afirmó, al señalar que la Intendencia no fue consultada sobre eventuales reubicaciones.

Olivera advirtió que sería “un golpe tremendo para Paysandú”. Fancap y Sunca coincidieron en que el plan presentado por el gobierno, no fue consensuado con los trabajadores. Desde el Sunca indicaron que “no fuimos consultados sobre este plan”, al tiempo que reclamaron una mesa de negociación con el Ministerio de Industria y Ancap.

Por su parte, Eduardo Zabala sostuvo que la reducción implicaría un “cierre técnico” y cuestionó “esta decisión tomada entre cuatro paredes que termina perjudicando a un pueblo”.

Ediles del Partido Nacional presentaron una moción, radicada en la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental de Paysandú, por “inequidad y demoras en servicios de emergencia en Guichón y el interior profundo”.

Señalan que “en el accidente ocurrido el 19 de enero de 2026 en ruta 4, próximo a Guichón, donde una motocicleta con dos ocupantes colisionó con una camioneta, resultando en lesiones graves y en el fallecimiento de una joven vecina, la demora en la llegada de la ambulancia fue prolongada y generó indignación en la comunidad”.

Agregan que “esta demora pudo haber incidido directamente en la pérdida de una vida” y sostienen que “la salud y la vida de nuestros vecinos no pueden depender de la distancia ni de la disponibilidad limitada de móviles”.

La edila del Frente Amplio, Valentina Charrutti, junto al concejal de Guichón, Nicolás Parra, presentaron el proyecto “Madres a la Huerta”, orientado a generar trabajo genuino para mujeres del interior mediante un sistema de economía circular con apoyo institucional.

“La idea nace en nuestras recorridas por el interior profundo donde notamos que el común denominador era la falta de empleo y oportunidades, especialmente en la mujer rural”, señaló Charrutti.

La iniciativa se apoya en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que marcan un desempleo femenino del 9,4% frente al 7,2% masculino, y en la Ley 19.881 sobre políticas de género en el agro. Plantea coordinación entre la Intendencia de Paysandú, el gobierno nacional y municipios.

Propone capacitación con UTU, Inefop y la Escuela Agraria, respaldo del MGAP y el Instituto Nacional de Colonización, además de que sean comprendidas en las compras públicas al amparo de la Ley 19.292.

Un equipo técnico del Frente Amplio analiza el Presupuesto Quinquenal, y la bancada de ediles aún no adoptó postura sobre el documento ingresado en la Junta Departamental.

El coordinador de la bancada, Roberto Ciré, señaló a EL TELEGRAFO que aún no hay definición porque el presupuesto “continúa a estudio de un equipo técnico”. Explicó que “si este jueves hubiera reunión de comisión, continuaría su análisis de acuerdo al orden dispuesto… en definitiva, no hay una postura tomada porque no hay un informe final, en tanto esperamos un documento más detallado de los técnicos encargados del análisis”.

Ciré recordó que se suspendió un plenario previsto para el 23 tras solicitar la presencia de la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, para explicar los planes de inversión y reconversión de la planta de portland de Paysandú.

Además, indicó que “no hay definición tampoco para una sesión mañana jueves… y cuando pase al plenario, seguramente será una sesión muy larga porque primero se votará en general y después por artículo”.

En la antesala del tratamiento del Presupuesto Departamental en la Junta Departamental, el edil Marcelo Tortorella (sector Paysandú Para Arriba) expresó preocupación por las medidas tributarias incluidas en el proyecto del Ejecutivo.

Señaló que el plan prevé “un incremento récord” de 104 millones de dólares anuales, casi 30% superior al quinquenio anterior. “Nos preocupa no el monto, sino de dónde se van a extraer los recursos para cubrirlo”, afirmó.

Cuestionó el reaforo de inmuebles y la unificación de la Contribución Inmobiliaria en 1,1%. Advirtió que “estaríamos explícitamente ante un ‘tarifazo’ que va a recaer en el vecino de a pie”.

 

También objetó la “fiscalidad territorial” y alertó sobre una posible “gentrificación fiscal”, al considerar que “vecinos que han vivido toda su vida en un barrio podrían verse obligados a vender sus bienes porque no pueden costear el mantenimiento tributario de su propio hogar”.

“La frazada es muy corta y los bolsillos están exhaustos”, concluyó.

El Diálogo Social retomó en febrero el debate sobre la seguridad social, tras una primera etapa con más de 70 audiencias. El plazo para elevar conclusiones al Poder Ejecutivo vence el 30 de abril, con posibilidad de prórroga.

El representante de los trabajadores en el BPS, Carlos Clavijo, señaló que “Existe voluntad en unificar las transferencias y universalizarlas”. El movimiento sindical propuso financiarlo con “la tasa del 1% –que no es la creación de un nuevo impuesto– para los más ricos de la sociedad”.

También se planteó modificar el aporte patronal, vinculándolo a la ganancia y no a la masa salarial, así como revisar exoneraciones.

Sobre la reforma, afirmó: “Lo que resolvió la ciudadanía (en el plebiscito) es que no se introdujeran la edad jubilatoria y las AFAP en la Constitución”, por lo que volverán a insistir con volver a los 60 años de edad, aumentar la jubilación mínima y eliminar las AFAP.

Tal como se resolvió en la Junta Departamental de Paysandú, por 21 votos en 29 de ediles del Partido Nacional y Partido Colorado, las actuaciones para intentar revertir la cancelación de la gira de pagos del BPS en Lorenzo Geyres quedaron radicadas en la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo. El objetivo es, según se estableció, “a efectos de realizar seguimiento permanente, solicitar informes y promover instancias de comparecencia de las autoridades correspondientes”.

Como informara EL TELEGRAFO, en comisión general la presidenta del organismo, Jimena Pardo, ratificó que la decisión no tiene marcha atrás, lo que fue cuestionado por ediles oficialistas durante el debate. Pese a las explicaciones institucionales, el cuerpo aprobó una declaración de rechazo y dispuso continuar las actuaciones en comisión para dar seguimiento al tema.