Política

Ingresó a la Junta Departamental de Paysandú una moción del edil nacionalista Marcelo Tortorella para su tratamiento en la sesión de este jueves, con el objetivo de revisar pautas y actuación del Sucive y recuperar el rol de contralor de los legislativos departamentales.

En el texto sostiene que “la institucionalidad de nuestro departamento atraviesa una situación de alerta: el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), diseñado originalmente para facilitar la recaudación, ha derivado en un mecanismo que pone en jaque la autonomía departamental y vacía de contenido la función primordial de esta Junta”.

Cita el Art. 297 de la Constitución y advierte que “se ha vuelto una práctica sistemática que el sistema fije valores y calendarios antes de que pasen formalmente por este recinto”, lo que “constituye un avasallamiento institucional”.

Tortorella entiende que “no podemos permitir que las realidades económicas de Paysandú sean ignoradas” y que el Sucive “es un corsé que impide el ejercicio de la soberanía y autonomía departamental”. La moción propone, entre otros puntos, exigir plazos previos, remitir el planteo a comisiones y elevarlo al Poder Legislativo y a otras juntas.

El Honorable Directorio del Partido Nacional celebró su primera sesión ordinaria del año en la Casa del Partido, en Montevideo. Participaron, entre otros, el edil Marcelo Tortorella y el dirigente Jorge Larrañaga. Según informó Tortorella, la instancia fue clave para “delinear la estrategia” hacia 2026, con énfasis en la coordinación con la Coalición Republicana y en el cronograma por los 190 años del partido. También se recibió a la comisión organizadora y a la Comisión Pro Restauración de la Estancia El Cordobés.

En el plano político-parlamentario, se analizó la comparecencia de ministros y se planteó una “falta de rumbo” en seguridad, sosteniendo que el delito “no cede” y cuestionando la gestión del ministro Negro. En economía, se habló de un “ajuste fiscal recaudatorio” y se afirmó que “quedó claro que se le mintió a la ciudadanía”. La sesión cerró con aportes de los integrantes del Directorio.

Una delegación de trabajadores de Paycueros nucleados en la UTP será recibida mañana miércoles a las 11.30 en Diputados y a las 13 en Senadores, donde continuarán las gestiones por nuevos subsidios por desempleo en el marco del conflicto con la empresa. El jueves, a las 12, participarán de una tripartita en la Dinatra en Montevideo, junto a la CSI.

La Confederación de Sindicatos Industriales expresó su apoyo a los curtidores, “en especial de la empresa Paycueros en defensa de los puestos de trabajo, contra la amenaza patronal de cobro de haberes contrarios a los derechos sindicales amparados en la Constitución”, es decir, “descuentos de haberes en proporción a la producción perdida”. También manifestó “su solidaridad” con la Untmra, “en particular de la empresa Cla Sienz”. La CSI pedirá audiencias en las comisiones de Industria y advirtió que permanece “en alerta y expectantes” frente al acuerdo UE–Mercosur.

El diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, afirmó que “hasta ahora, las medidas adoptadas por el gobierno en el litoral han resultado regresivas”. Mencionó demoras en el Imesi, la renovación de seguros de desempleo, el retiro de giras del BPS, la no aplicación de la ley de frontera y el apagado del horno del portland de Ancap en Paysandú.

El legislador se reunió con trabajadores de Paycueros y reclamó una “hoja de ruta”: “Lo que buscamos del gobierno es una hoja de ruta para trabajar en conjunto”.

En sectores como Ancap, Fricasa, citrus y extrabajadores de Pili, pidió “una sensibilidad del gobierno que hasta ahora no ha tenido hacia nuestro departamento” y advirtió que “los tiempos corren para los trabajadores”, en especial por los seguros de desempleo. También cuestionó el impacto del aumento de tarifas en precios y empleo.

El Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Paysandú para 2026–2030 incorpora nuevas herramientas de gestión y redefine áreas internas. En el articulado, encomienda crear una “ventanilla única” para inversores y establece la Agencia Paysandú For Export en el Programa 8000, como plataforma para coordinar incentivos y centralizar trámites.

En Administración (Programa 3000) se impulsa el Registro de Contribuyentes Municipales (RCM) y la Unidad de Mejora Continua (UMC), definida como el “motor metodológico” de la modernización, con foco en ordenar y estandarizar procesos. En Obras (Programa 2000) se propone la UPGT como modelo de gobernanza territorial, con coordinación en Catastro.

En Descentralización (Programa 9000) se jerarquiza la Participación Ciudadana con rango de Dirección. Para Funcionarios, se habilita una comisión con Adeyom y la ONSC para estudiar una reestructura, pero se fija un límite: la transformación de vacantes no podrá superar el 25% ni implicar aumento de cargos. Además, se prevén designaciones excepcionales según la ley 20.451.

Trabajadores de Paycueros se reunieron en asamblea sobre avenida Salto, frente a la empresa, en el marco de paros sorpresivos y medidas distorsivas que desarrollan desde la semana pasada, “ante la negativa de la empresa continuar las negociaciones”, indicó Antonio Ferreira, dirigente de la UTP.

Durante la instancia informaron “lo conversado con el ministro de Trabajo, Juan Castillo y con el director interino de Industria, Pablo Alcetegaray, de quienes aguardamos una respuesta la semana próxima”.

Desde el sindicato cuestionaron el planteo empresarial sobre la viabilidad. “Un problema de viabilidad, pero es solo para los jornaleros que ganan $36.000. La gerencia resolvió el envío de seis trabajadores al seguro de paro para ahorrar U$S 10.000, que no significan nada frente a las exoneraciones millonarias que recibió del Estado”, afirmó Ferreira a EL TELEGRAFO.

Añadió que en 2024 la empresa tenía 108 cargos de confianza para 750 trabajadores y hoy mantiene 103 para poco más de 200 jornaleros, por lo que “el ajuste se da para un solo lado”.

Ferreira adelantó que continuarán las medidas sorpresivas y en febrero solicitarán una nueva prórroga del seguro de desempleo para 36 trabajadores. El sindicato fue recibido por la Junta Departamental y concurrirá a la Cámara de Diputados.

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Este domingo 1.º de febrero se realizará en el río Santa Lucía (Canelones) el lanzamiento de la campaña nacional “Remar Contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía” 2026, una iniciativa de alcance continental que convoca a remadas y acciones en defensa de ríos y cuencas.

Betty Francia, del colectivo Mujeres del Río, recordó a EL TELEGRAFO que la movida retoma la experiencia del activista argentino Luis “Cosita” Romero y señaló que en 1996 “estuvo más de veinte días remando” contra una represa y la contaminación. En 2025, a 19 años, “otra vez hicieron una balsa” y los colectivos se organizaron a lo largo del Paraná. En Uruguay “decidimos unirnos y estuvimos remando desde Aguas Corrientes hasta Las Brujas”.

La remada central será 14 y 15 de marzo entre Santa Lucía y Las Brujas. “Nosotros en Uruguay tenemos el agua como un derecho humano fundamental”, afirmó Francia, convocando a actividades en las cuencas del país. En mayo habrá otra remada en Maldonado, por el arroyo Valizas.

El lanzamiento será en el centro de interpretación de los humedales, abierto al público, con poemas y bajada al río. Las remadas requerirán inscripción.

El abogado Federico Álvarez Petraglia, exsecretario general de la Intendencia de Paysandú durante la administración de Guillermo Caraballo, presentó una acción de acceso a la información pública ante el actual intendente Nicolás Olivera, amparada en la ley 18.381.

El pedido refiere, entre otros aspectos, a un viaje oficial a Italia y a la contratación de la empresa Teyma para la gestión del vertedero municipal. En concreto, solicita saber si el intendente viajó entre el 1º y el 8 de noviembre de 2025 a la feria internacional “Ecomondo”, en Rimini, quién financió el traslado y si la Intendencia abonó viáticos, detallando montos.

Asimismo, requiere información sobre la rescisión del contrato con Sandeco, copia del expediente, eventuales acciones legales, garantías constituidas y el procedimiento de selección de Teyma, incluyendo la intervención del Tribunal de Cuentas.

Álvarez Petraglia sostuvo que se trata de información vinculada al uso de recursos públicos, que debe ser accesible para garantizar el control ciudadano. Recordó además que ya realizó solicitudes similares en años anteriores, algunas de las cuales derivaron en sanciones económicas a la Intendencia por incumplimientos a la normativa vigente.

El diputado del Partido Nacional, Fermín Farinha, cuestionó la seriedad del plan del gobierno respecto a la producción de portland de Ancap, el futuro del horno de Paysandú y el traslado de la mitad de la plantilla de trabajadores a Minas. Según señaló a EL TELEGRAFO, “carece de seriedad y no hay una hoja de ruta porque extraoficialmente Cardona no estaría confirmando esos traslados”.

Farinha explicó que los anuncios realizados por la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, requieren nuevas convocatorias para evitar contradicciones: “lo presentado por la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y las autoridades de Ancap, no condice con lo que dicen los representantes de los trabajadores”. Señaló que la versión taquigráfica de la comisión de Industria confirma que el traslado del 50% de la plantilla no fue aprobado oficialmente, generando incertidumbre.

El legislador destacó que, si bien hay pérdidas en el negocio del portland, los procesos de producción actuales superan a la competencia y la hoja de ruta del gobierno prioriza Minas, “cerrando el horno en Paysandú”, contraviniendo la intención de mantener la unidad productiva estatal abierta.

Farinha reclamó nuevas convocatorias a la ministra Cardona, a la presidenta de Ancap y a los trabajadores, para “tener todas las cartas sobre la mesa” y garantizar un manejo serio de la información en un tema de alta sensibilidad nacional. También mencionó la necesidad de reflotar un estudio de UdelaR sobre el impacto del cierre de la planta en el departamento.

Los extrabajadores de PILI esperan una respuesta del ministro de Trabajo, Juan Castillo, a un correo enviado el 21 de enero, en el que solicitaron coordinar una reunión “a la brevedad posible” junto a los legisladores sanduceros, para avanzar en el cobro de créditos laborales impagos tras el cierre de la empresa láctea.

A mediados de enero mantuvieron un encuentro con Carlos Clavijo, director en representación de los trabajadores, quien reiteró que la única vía es una ley específica que los incluya en el Fondo de Garantías de Créditos Laborales (Ley Nº 19.690). La solicitud aún no tuvo respuesta, indicó a EL TELEGRAFO Marcel Petrib.

En el Centro Educativo de la FOEB recibieron a los diputados Walter Verri y Fermín Farinha. Petrib recordó que “cuando Castillo era senador, presentó un proyecto que no progresó y que tenía la buena voluntad de buscar una solución”.

Verri afirmó que la preocupación “es legítima” y sostuvo que existe un proyecto de ley con respaldo del Partido Colorado y el Partido Nacional, pendiente de definición de la bancada oficialista. Aclaró que la iniciativa no tendría costo para el Estado y permitiría resarcir los créditos “con los límites que establece la ley”.

Farinha expresó su apoyo, pero advirtió que “no debe generarse una falsa expectativa”, subrayando la necesidad de voluntad política para concretar una solución.

Los dirigentes de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP), Antonio Ferreira y Carlos Bico, se reunieron con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para plantear su preocupación por los envíos al seguro de paro, la extensión del beneficio que finalizará en febrero y las medidas que se llevan adelante en la empresa en el marco del conflicto laboral.

“El ministro se comprometió a hablar con la empresa y abrir la posibilidad de una negociación con los trabajadores. También planteamos las demoras en la extensión de las prórrogas del seguro con el fin de acelerar los procesos burocráticos”, señaló Ferreira.

Hoy a las 10.15 serán recibidos por el técnico de la Dirección Nacional de Industrias, Pablo Alcetegaray, y el miércoles 4 a las 11.30, se reunirán con la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que sesionará especialmente para considerar la problemática de los curtidores sanduceros, entre otros.

Ese mismo día también serán recibidos por el senador del Frente Amplio, Gustavo González, junto a otros legisladores.