Política

El consejero del Codicen, Julián Mazzoni, se reunió con docentes de los liceos 4 y 5 tras episodios de violencia, donde reclamó mayor presupuesto para equipos multidisciplinarios. Mazzoni reconoció que “los docentes pusieron por delante los intereses de los estudiantes y su deseo de enseñar, que es vocacional. Sin embargo, es importante destacar que la reacción del sistema ha sido bastante lenta y en eso tenemos que ser autocríticos”.

El representante docente señaló que la asignación actual impide instalar equipos de apoyo fundamentales. Advirtió que “está muy bien hablar” de políticas para la niñez en hogares pobres, “pero la expresión presupuestal está muy lejos de lo que se necesita”.

Asimismo, cuestionó la Transformación Educativa, pidiendo que se “desmantele esa transformación que a nuestro juicio bajó la calidad de la enseñanza en Uruguay”. Finalmente, destacó el próximo Congreso Nacional de Educación y alertó sobre la dependencia de grandes plataformas de Inteligencia Artificial en la enseñanza.

El Congreso de Intendentes abordará en su próxima sesión, un conjunto de medidas para atender a la población en situación de calle.

Su presidente, Nicolás Olivera, señaló que los gobiernos departamentales no cuentan con herramientas para abordar esta problemática que “hoy termina siendo un problema que nos golpea la puerta”, en todos los departamentos.

Reconoció que “este fenómeno se veía solo en Montevideo y creíamos que era solo de la capital. Hoy se encuentra en los 19 departamentos”. El intendente de Paysandú subrayó que para su abordaje “necesitamos herramientas –y esto se debe entender– que hoy no tenemos”. Olivera señaló que “seguramente” proponga su consideración en el próximo encuentro “para resolver medidas en conjunto porque sinceramente faltan herramientas que no será solo para sacar a la gente de la calle, sino que tengan una ruta de salida”.

Olivera consignó que “también los ciudadanos se merecen vivir en una ciudad o en una localidad donde no tengan que salir a la puerta y ver a una persona que duerme en la entrada de su casa. No es un derecho vivir en la calle y no lo es para quien tiene que soportarlo ni para quien vive en esta situación”.
No obstante, concluyó que este tema “se resuelve en la medida en que forme parte de una agenda que importe poder resolverlo y llegar a los acuerdos”.

A un año de la asunción del actual directorio del Banco de Previsión Social (BPS), su presidenta, Jimena Pardo, informó una drástica caída en los tiempos de espera. Entre mayo de 2025 y febrero de 2026, los atrasos en prestaciones descendieron un 77%, gracias a la implementación de mejoras tecnológicas que permitieron reducir los tiempos de atención de 50 a 15 minutos en trámites jubilatorios.

El informe revela que el organismo otorgó en 2025 unas 6.723 jubilaciones más que el año anterior. Sin embargo, este incremento en la cobertura derivó en un resultado neto negativo de U$S 227 millones. Al respecto, el documento detalla que el BPS “aseguró el pago de prestaciones sensibles para usuarios vulnerables, cubriendo un número creciente de beneficios, presupuestalmente a cargo de Ministerio de Desarrollo Social (Mides)”.

Asimismo, se resaltó el fortalecimiento de programas como la Operación Milagro y el Plan Ibirapitá, además de aumentos adicionales para pasividades mínimas que, a diferencia de ciclos anteriores, no serán descontados posteriormente.

El edil del Frente Amplio, Andrés Imperial, señaló que la Intendencia levanta la carpeta asfáltica colocada hace pocos días en las calles circundantes a la residencia estudiantil, “a las apuradas y sólo para maquillar el entorno de la inauguración en un acto de desidia y con la plata de los sanduceros”.

Explicó que recibió inquietudes de los vecinos de la zona, quienes expusieron su preocupación “por el agua estancada en la calle que se hizo sin una buena base. Cuando fuimos al lugar, constatamos que estaba la carpeta asfáltica puesta pero no podíamos asegurarnos que no había cimentación. Sin embargo, luego de las lluvias del día sábado nos mostraron imágenes de los pozos de agua que se formaban porque no había quedado bien el nivel de la calle”.

Los ediles del Frente Amplio Mabel De Agostini, Emerson Arbelo, Andrés Imperial y Valentina Charrutti presentaron una moción en la Junta Departamental de Paysandú por la que solicitan “el señalamiento de espacios de estacionamiento en torres del BPS”, con la argumentación de que atendiendo “al entorno urbano de las torres del Banco de Previsión Social de Paysandú –edificios de varias plantas que albergan un número significativo de personas, en su mayoría adultos mayores– se constata una situación que requiere pronta intervención”.

Consideran que “tres de estas torres presentan la misma carencia: no cuentan con un espacio de estacionamiento debidamente delimitado y señalizado para taxis, remises y ambulancias.
Se trata de las ubicadas en Baltasar Brum entre Sarandí e Ituzaingó, en la intersección de Baltasar Brum y Florida, y en Setembrino Pereda y Avenida Salto. A diferencia de éstas, la torre situada en 19 de Abril entre Ituzaingó y Sarandí sí dispone de un espacio exclusivo claramente indicado frente a su ingreso”.

El diputado Fermín Farinha cuestionó el aumento de los combustibles y la calificó como “una nueva mala noticia”, tanto para el país en general como para el litoral en particular, al entender que la medida agravará la diferencia de precios con Argentina y volverá a impactar sobre el comercio, la industria y la producción. A su juicio, la decisión del gobierno llega en un momento especialmente delicado para la frontera y termina alentando aún más el tráfico hacia el vecino país.

Farinha sostuvo que la suba “viene atada a la reducción del descuento de porcentaje en Imesi” y advirtió que, en el caso del litoral, “va a suponer incidir en el tráfico fronterizo”. En ese sentido, señaló que el aumento “es importante” y que, al comenzar a aplicarse desde abril, mientras las medidas anunciadas para la frontera empezarían recién en mayo, la brecha de precios “queda más que considerable” y “no hay duda que eso va a incentivar el tráfico hacia Argentina”.

El legislador consideró además que el gobierno volvió a equivocarse al no contemplar “la realidad del litoral y del interior”, especialmente en lo que refiere a la estructura de costos y al efecto sobre los sectores productivos. “Creo que nuevamente hay un error del gobierno que no toma en cuenta la realidad del litoral y del interior, en especial con lo que tiene que ver con la conformación de los precios y el impacto en el sector industrial y comercial que viene siendo duramente castigado”, afirmó. Farinha fue más allá y sostuvo que la medida tiene un claro sesgo recaudatorio. “Termina siendo una clara medida recaudatoria, una vez más haciendo caja”, expresó, al recordar que ya había advertido en diciembre sobre los cambios vinculados al IMESI. En esa línea, señaló que durante 2025 hubo “un sobrecosto en el combustible que generó más de 80 millones de ganancias para ANCAP”, y cuestionó que ese margen no se utilizara como amortiguador para evitar una suba que, según dijo, tendrá consecuencias en cadena sobre la economía cotidiana. A su entender, el incremento en los combustibles no sólo repercutirá en la frontera, sino también en los precios internos.

Advirtió que la suba “genera un encadenamiento en la conformación de los precios” que termina impactando “en la canasta básica y en el componente alimenticio”. También afirmó que los comerciantes deberán “refacturar” porque el ajuste “es importante”, y agregó que la producción sufrirá un nuevo golpe en un contexto ya condicionado por “un claro atraso cambiario”.

El Ministro de Economía, Gabriel Oddone, presentó en Mercedes un paquete de medidas para el litoral uruguayo, buscando paliar las asimetrías con Argentina. Entre los anuncios destaca que, desde el 1º de mayo, el beneficio del Imesi a los combustibles se extenderá hasta los 60 kilómetros de la frontera, con un descuento del 8% para las estaciones ubicadas entre los 20 y 60 km.

Asimismo, el subsecretario Martín Vallcorba informó la exoneración del 75% de aportes patronales para nuevas contrataciones por un año, buscando incentivar el empleo y la formalización. Otra medida clave es el régimen simplificado de importación, que permitirá a comercios locales adquirir productos en Argentina sin cargas impositivas para su venta formal. Según Oddone, “la política de frontera es una innovación necesaria. Uruguay no tenía un abordaje sistemático sobre este tema”.

Por su parte, el Centro Comercial de Paysandú valoró los anuncios pero reclamó mayor alcance. Su presidenta, Belén Capurro, señaló que si bien la rebaja del Imesi es “un avance”, la competitividad sigue siendo desafiante. Respecto a los incentivos al empleo, afirmó: “Creemos que la ampliación del subsidio al aporte patronal puede ser una herramienta valiosa, siempre que logre mayor alcance y accesibilidad para los distintos rubros y tamaños de empresa”.

Una delegación del Municipio de Guichón mantendrá hoy una reunión clave en la capital con el presidente de Mevir, Dr. Andrés Lima. El encuentro surge ante la honda preocupación por la decisión del organismo de trasladar el obrador local hacia la localidad de Belén, en Salto, dejando obras inconclusas en la zona.

El tema fue denunciado en la Junta Departamental por el edil colorado David Helguera, quien cuestionó duramente la medida. “Mevir decidió retirarse del Municipio de Guichón, el municipio más grande del país, 3 mil kilómetros cuadrados, siete u ocho poblaciones, la mayoría de ellas todas con mevires”, señaló el representante, quien además exhibió documentación que avala la demanda habitacional: “227 familias se anotaron en una semana. Solamente en una semana 227 familias interesadas en tener su vivienda digna y propia”.

Helguera apuntó directamente contra la gestión de Lima, afirmando que la decisión favorece al departamento de Salto en detrimento de los sanduceros. Entre los incumplimientos mencionados, destacó la obra de la policlínica de Piñera-Beisso: “Decidieron irse de Guichón. Decidieron levantar la estaca. Decidieron no hacer más obras”, sentenció, exigiendo que el organismo mantenga su presencia en el Este del departamento.

La Cooperativa de Trabajo Conductores Unidos de Paysandú (Cotracup), integrada por 20 trabajadores, solicita a la comuna la entrega de cinco chapas para iniciar sus operaciones. Según explicó Pablo Juárez a EL TELEGRAFO, el grupo —que incluye a extrabajadores de la empresa Epumer— busca acceder a permisos que actualmente estarían vacantes dentro de un padrón total de 150 autorizaciones en el departamento.

El principal obstáculo para la cooperativa es la demora administrativa, que les impide avanzar con el Fondes (Inacoop). “El Fondes nos solicita dos cosas. Una es que tengamos los estatutos aprobados, que ya los tenemos. Y la otra, son los permisos porque, obviamente, el fondo no va a invertir para la compra de autos si no tenemos los permisos que nos habiliten a conducir taxis”, enfatizó Juárez.

El programa “Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación” cerró su primera etapa con éxito y ya aseguró su continuidad para el próximo año. Esta iniciativa nacional, que articula el empleo transitorio con la formación profesional, cuenta con la ejecución conjunta de organismos estatales y las intendencias de todo el país.

Durante el acto de clausura, el intendente de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, resaltó el valor de la propuesta: “Hemos llegado a la buena conclusión que no hay mejor política social que el empleo y este es un buen ejemplo de eso”.

El jerarca enfatizó que el trabajo, junto al techo y la educación, permite que las personas logren ser libres y no dependan de nadie.

Olivera destacó además que la labor de los participantes “transforma lugares, transforma espacios, transforman las realidades de otros”, señalando el impacto comunitario.

El colectivo docente del Liceo N° 5 de Paysandú realizó ayer una ocupación de sus instalaciones entre las 13 y las 16 horas, como medida de rechazo ante los hechos de violencia registrados en el centro. La situación escaló luego de que dos adscriptas y una funcionaria administrativa resultaran lesionadas al intentar mediar en una riña entre estudiantes del turno vespertino.

El director general de Secundaria, Manuel Oroño, arribó a la ciudad y recibió los planteos de la comunidad educativa. Horacio Acuña, referente de Fenapes, señaló que se requiere un cuarto cargo de adscripto, personal de portería y equipos multidisciplinarios. Según indicó a EL TELEGRAFO, el compromiso de las autoridades fue “acercarán a la institución al Departamento Integral del Estudiante (DIE) para realizar propuestas formativas para estudiantes y docentes afín de fortalecer diferentes áreas de trabajo”.

Por su parte, la dirigente de Afempay, Sully Guichón, confirmó que se obtuvieron horas de apoyo para adscripción y biblioteca, además de la posibilidad de renovar el sistema de cámaras.