Por más que los tiempos electorales desvíen las conversaciones y algunos actores sociales y políticos le adjudiquen a los medios de comunicación la falaz responsabilidad de generar una percepción de miedo y sensación de inseguridad ciudadana, las encuestas ubican al tema entre los tres primeros lugares.
Y tan es así que ahora, justo en los últimos meses, el oficialismo ha tomado el asunto desde la perspectiva del debate y contrapone sus propuestas con las que presenta la oposición.
En cualquier caso, hay una sorprendente –y básica– coincidencia: todos concuerdan en la necesidad de ejercer la autoridad. Un punto de vista que, aunque debería resultar obvio, los protagonistas del escenario electoral sienten una necesidad de decirlo así, con todas las letras. Hay que ejercer la autoridad.
“Sin miedo y sin complejo”, dijo el asesor de Daniel Martínez y actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, el sociólogo Gustavo Leal.
Es necesario ir hacia un “ejercicio pleno de la autoridad, de modo tal que la policía esté respaldada por el Ministerio del Interior”, dijo el asesor de Luis Lacalle Pou, Álvaro Garcé.
El camino de la ilegalidad “está prohibido” y “si una persona traspasa ese límite, tenemos que actuar con autoridad y sancionarla”, aseguró el referente de Ernesto Talvi, Diego Sanjurjo.
Sin embargo, todos comienzan por lugares diferentes. El Frente Amplio permanece en su fuerte apuesta por la rehabilitación, pero la realidad indica que hay una tasa de reincidencia en torno al 60% y que la cantidad de presos se cuadruplicó en tiempos de bonanza económica. Por lo tanto, la política carcelaria de los últimos tres períodos de gobierno no estuvo a la altura de la circunstancias. Y si ampliamos las condiciones para la generación de seguridad, como es la creación de un hábitat adecuado e integrador, entonces las cifras nos muestran un panorama desalentador. Hasta el año pasado, las autoridades del Ministerio de Vivienda reconocieron 610 asentamientos, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.
Claro que el argumento oficial asegura que el Estado llevó servicios y distintos planes a los cinturones vulnerables de las ciudades. Pero no logró sacarlos de allí, sino que volvió crónico a un mal como la marginación y la pobreza.
El programa electoral del Frente Amplio apunta a una separación definitiva de la gestión carcelaria del Ministerio del Interior y que el 70% del total de los presos estudie y trabaje. Sin embargo, no es que los privados de libertad no quieran trabajar, el problema es que tenemos más presos que oportunidades laborales. Incluso el panorama está complicado para quienes salen a diario a la búsqueda de un empleo.
Y la prueba de que los centros penitenciarios no rehabilitan, se muestran con las disputas territoriales de las bandas dedicadas al narcotráfico –pero también al narcomenudeo–, a los ajustes de cuentas y al poder que ejercen algunos delincuentes desde las internas carcelarias hacia el exterior de los edificios. Es decir, es un sistema “casi” de adiestramiento y perfeccionamiento delictivo para quienes resultarán posteriormente, funcionales al crimen organizado con un conocimiento cabal de las debilidades existentes.
Como, por ejemplo, los episodios inexplicables de salida de cuatro toneladas y media de cocaína por el puerto capitalino o 600 kilos por el aeropuerto de Carrasco hacia Europa. Dos cuestiones que, además, ubican al país en el mapa de ruta del tráfico internacional de estupefacientes y la actuación de las mafias.
Porque no es una solución clara ni específica apelar continuamente a la “convivencia”, cuando manejaron buenos presupuestos y definieron las estrategias de actuación bajo mayorías absolutas en el Parlamento. En cuanto a la atención al consumo problemático de drogas en la población carcelaria, conviene recordar que llegan tarde, porque este fenómeno se encuentra arraigado, dentro y fuera de esos recintos, desde hace años. Y tuvieron tiempo para empezar, pero es evidente que no lo hicieron. Por esa razón, lo proponen ahora.
Incluso se enfocaron en la apertura del consumo, pero sin campañas preventivas ni educativas con llegada concreta y efectiva en las comunidades.
Al igual que el respeto a los derechos humanos, cuando la realidad indica que el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, tuvo que interponer varios recursos de amparo ante la justicia, contra el Ministerio del Interior para aplicar las denominadas “Reglas Nelson Mandela”. El juez Alejandro Martínez de las Heras dio un fallo histórico –en este gobierno progresista que protege tanto a los DD.HH.– ante una situación denunciada por Petit, con presos imposibilitados de comer porque otros compañeros de celda privaban de la llegada de los alimentos. Y que un comisionado deba recurrir a la Justicia, significa que no obtuvo una respuesta ante las autoridades ministeriales.
Entre las 12 medidas propuestas por Martínez para mejorar la seguridad y la convivencia, la número 5 se compromete a fortalecer “el funcionamiento de las 267 Comisarías y la Policía Comunitaria en todo el país dotándolas de más personal y vehículos para que sigan siendo la puerta de contacto con la ciudadanía. El 30% de los nuevos ingresos a la Policía estarán enfocados en esa tarea”. La realidad de los gobiernos frenteamplistas señala que la centralización de efectivos, conspiró con las seccionales y un ejemplo de ello son las comisarías en el ámbito rural y en las poblaciones pequeñas.
Y mientras el oficialismo confronta con la oposición y pierde un tiempo valioso: se escapa el “rey de la cocaína en Milán”. Rocco Morabito era buscado internacionalmente, pero se mantuvo inadvertido en el país por 13 años y aún permanece prófugo. Es decir que, la lista de medidas no son una novedad porque en líneas generales han formado parte del argumento discursivo de los técnicos en ciencias sociales.
El gran logro de Leal –si alguien quiere verlo así– es que se esforzó por convencer a su fuerza política que el delito no es fruto del capitalismo y que esa explicación funcionó como un “atajo intelectual” para el gobierno.
Si las medidas no se aplican a cabalidad, serán simples promesas. Y si prometen más operativos como el “Mirador”, entonces hay que avisarle que el delito se corre porque cuando los efectivos y la institucionalidad se retiran, todo vuelve a ser como antes.