Desde el lunes 16 de abril de 2018 se emiten en forma obligatoria por los canales de televisión y en las radios, las denominadas campañas de bien público, amparadas en la ley 19.307 –o también llamada “ley de medios”– que, en su artículo 95, autoriza al gobierno el uso gratuito de hasta 15 minutos diarios no acumulables para la difusión de una diversidad de temas.
El primer spot emitido aquel día estaba dedicado al Sistema de Cuidados y a partir de entonces los enfoques fueron variados. La citada normativa prohíbe expresamente, el uso de la voz o imagen de funcionarios públicos que ocupen cargos de particular confianza, así como el uso de espacios con fines propagandísticos. Pero este último aspecto goza de una relatividad tan amplia, como la propia creatividad lo permita.
El segundo spot publicitario, entre el 29 de mayo y el 11 de junio del año pasado, presentaba el testimonio de Domingo, un vecino de Ciudad de la Costa, quien hacía referencia a los problemas que ocasionaba el llamado habitual a las barométricas. “No te podías duchar, tenías que estar controlando. Hoy por hoy ese problema ya no lo tenemos”, decía en clara propaganda a favor de OSE. En el primer caso, la campaña saturó las líneas telefónicas del Sistema de Cuidados, duplicó la cantidad de interesados en el servicio y los medios de comunicación empezaron a calcular lo que pierden de recaudar.
Ya para el segundo caso, el usuario de todos los servicios –o sea cualquier habitante del país– empezaba a pensar que el gobierno simplemente se encarga de lo que debe hacer, porque para eso dirige los destinos del país en un tiempo de expansión territorial. Por lo tanto, debe llegar con el agua potable y el saneamiento a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Porque la movilidad de las personas es un perfil dinámico de las poblaciones modernas. Aquí y en cualquier parte del mundo. Así que, bienvenido a la globalización, también en los aspectos sociales.
Es lo mismo que ocurre todos los días cuando nos muestran, cuadra por cuadra o barrio por barrio, la repavimentación de las calles de una ciudad cualquiera que puede ser incluso Paysandú. Es, a estas alturas, lo más parecido a una letanía insoportable porque los gobernantes están para eso.
En cualquier caso, la primera campaña denominada de “bien público” sirvió para mejorar la aprobación de la gestión del presidente Tabaré Vázquez, que venía en descenso después del conflicto con el sector agropecuario. En abril del año pasado, su aprobación subía cinco puntos y llegaba a 30%.
Con el paso de los meses, la publicidad oficial mostraba en las redes sociales –aunque no por televisión o radio– que Uruguay ocupa los primeros lugares en el Índice de Gini. “Y en uruguayo, eso quiere decir que somos el país de América Latina que mejor reparte la torta. Y eso es gracias a vos”, decía, y mostraba a reposteros en su labor de cortar el postre. La voz en off aseguraba: “Seguimos combatiendo la pobreza y bajando la mortalidad infantil”, para aclarar que “nunca se invirtió tanto en educación”.
Allí comenzaron las transformaciones de la campaña, con una lectura propia del gobierno que sabe que la normativa impide su uso con fines propagandísticos. Porque la publicidad en ese tono es propaganda frenteamplista que se paga con la plata de todos, hayan o no votado a este gobierno.
Cuando protestó la oposición, el director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, José Luis Veiga contestó más o menos lo mismo que respondió el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, cuando fue obligado a responder por el uso de la web oficial para que los ministros respondan a la oposición y hagan campaña política con recursos del Estado. Veiga dijo a El País que no estaba al tanto del contenido del spot publicitario aunque sabía que había sido realizado por los funcionarios de la dependencia que dirige. Y también desconocía si la mencionada campaña del Índice de Gini y las inversiones como “nunca” antes correspondían a las de “bien público” amparadas por la ley.
Con el paso de los meses se observa un incremento de las campañas de “bien público”, a pesar del año electoral y la presentación constante de los hechos como “logros”, antes que información ciudadana o sobre las aprobaciones de nuevas leyes que pueden influir en la vida diaria.
Lo que revela, y es notorio, es la imperiosa necesidad de revertir una imagen negativa a fuerza de una publicidad que pagamos todos. Además hay que mencionar la emisión de más de 60 cadenas de radio y televisión en lo que va de la actual administración, que es casi el doble de las utilizadas en el período anterior del mismo gobierno. Y solo el año pasado, el gobierno hizo 21.
Pero lo peor ocurre por estos días. Los ministros responden a los dirigentes de otros partidos, a través de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, con un tono que no responde a sus investiduras. Ante la reacción de la oposición, Veiga defiende la “obligación y el derecho de informar, y naturalmente también de defenderse y responder a las críticas que le hacen”, dijo a El Observador.
La pirotecnia verbal surgió después de que la economista Azucena Arbeleche dijo en una entrevista en Del Sol FM que había tenido “diálogo” con algunas agencias calificadoras para que mantuvieran el grado inversor, ante las dificultades de un eventual gobierno nacionalista para comenzar a gobernar sin esa base.
El tema es que a los ministros no les falta micrófono y en el caso aludido, tanto el ministro Danilo Astori como el subsecretario Pablo Ferreri, llamaban a conferencia de prensa y asunto concluido. Para eso no existe pacto ético que valga porque simplemente el jerarca cumple son su deber de hablar cuando se siente implicado. Todos salen de sus escritorios a contestar en plena campaña por el medio inadecuado. Y eso, más que la descalificación de los oponentes en una contienda que debe ser limpia, es faltar el respeto a la ciudadanía. Si Presidencia quiere aclarar, puede hacerlo desde el punto de vista estrictamente técnico. Hay profesionales de la comunicación en cualquier área del Estado que saben lo que eso significa. Porque una cosa es hablar de irregularidad y otra, muy distinta, es mantener la ética. Y una de ellas es la que se perdió en estas instancias.