Persiste el problema del empleo en el país: el desempleo juvenil supera el 22% y la informalidad afecta a uno de cada tres jóvenes que trabajan. Casi la cuarta parte (24%) del total lo hace en negro y la cifra se eleva, de acuerdo a la franja etaria. El Sistema de Información de Calidad Laboral (Siclab), a través de una iniciativa de Capital AFAP, efectuado por Equipos Consultores y el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, publicó en abril un panorama inquietante que no cambió sustancialmente en los últimos años.
El documento señala que el 38% de los jóvenes entre 18 y 22 años no aportan al sistema de seguridad social por su trabajo. Este porcentaje se ubica en 31% en el caso de los jóvenes entre 23 y 26 años y se encuentra en el promedio del total de los ocupados para el segmento de jóvenes entre 27 y 29 años (24%).
La desesperanza está instalada en las poblaciones económicamente vulnerables porque allí, más de la mitad de los jóvenes entre 18 y 29 años trabajan en la informalidad. Y también esta población percibe una mayor insatisfacción por su tarea.
Sin embargo, lo que ocurre en Uruguay es el reflejo de una problemática sostenida en América Latina, donde las tendencias indican un incremento del autoempleo y el trabajo sin aportes. Ambos panoramas fueron advertidos por organizaciones internacionales como la OIT o la Cepal, a la luz de las nuevas tecnologías y el desarrollo de diversas formas de empleo.
Con la inserción laboral fuera de las normas vigentes, se incrementa la cantidad de trabajadores sin derechos sociales y se profundiza el deterioro en la calidad del trabajo, porque durante el año pasado –y por sexto año consecutivo– el empleo asalariado se expandió menos que el trabajo por cuenta propia. El panorama para el 2019 no es mejor en el continente latinoamericano, por lo tanto, crecerá la informalidad.
En Uruguay, la última medición del desempleo antes de las elecciones lo ubica en 9,1%. En noviembre se conocerá el dato correspondiente al tercer trimestre del año y, de acuerdo a la tendencia, sería aún más alto. En octubre de 2014 el desempleo estaba en 6,7% y el actual es el peor dato desde el año 2007, cuando Uruguay tenía una tasa promedio anual de 9,4%. Las cuestiones de género aún pesan y se encuentra por encima del 10% para las mujeres con una tasa de actividad menor que los hombres. La relación es de 55,2% frente a 69,9% de la población masculina.
Es que las economías débiles crean pocas fuentes de empleo. Y América Latina presentará al cierre de este año una expansión económica que, en general, no irá más allá de 1,3% sin mayores transformaciones en las tasas de empleo o desempleo, pero con una creciente mala calidad en las oportunidades laborales y salariales. Las fuertes presiones permanecen en los países que no han logrado salir de la crisis –por diferentes razones–, como Argentina o Venezuela.
En este contexto, Uruguay tiene la menor cantidad de trabajadores informales y está en segundo lugar después de Chile, de acuerdo al estudio “Informalidad: Escape y Exclusión”, del Banco Mundial. El organismo internacional apela a una reducción de las “rigideces” en los mercados laborales y a un cambio en “las normas sociales” para ir a una cultura de “cumplimiento de las leyes”. Sin embargo, al menos en Uruguay cuesta quitar esas “rigideces” y costos.
Sin irnos muy lejos, el consejo directivo del Centro Comercial e Industrial de Salto manifestó su rechazo a las inspecciones que realiza el BPS en los comercios instalados legalmente en aquel departamento. La indignación parte de la constatación de la falta de controles a la informalidad y la consiguiente profundización de las injusticias por trabajar de una forma u otra. Porque, de acuerdo a las cifras de la cámara empresarial salteña, casi el 40% de los comercios son informales. Con este escenario, no solo la competencia se torna difícil, sino también la generación de puestos de empleo o las posibilidades de nuevas inversiones. Son pocos aquellos que prefieren arriesgar a expandirse, sabiendo que tienen la espada de Damocles sobre sus cabezas. Además, no es tan difícil de entender que sería más sencillo ser formal, si se aplicaran las leyes para todos.
Por el momento, con este panorama sin cambios a la vista, dejan “un claro mensaje a los informales que si no están dentro del sistema no van a ser inspeccionados”, tal como sostiene el centro comercial salteño. Reclaman una señal para que los controles sean iguales para todos, a fin de promover la tan reiterada “inclusión” y “equidad”. Pero esta demanda, largamente presentada por salteños, sanduceros y otros, dista mucho aún de plasmarse en los hechos.
En el contexto latinoamericano es real que Uruguay tiene la menor tasa de informalidad del continente y las autoridades lo repiten en sus informes comparativos. Pero no es menos cierto que aunque se registren niveles de crecimiento, no se generan más puestos de trabajo. Sino todo lo contrario. Hay segmentos y ramas de la actividad donde es sistemática la destrucción de los puestos laborales. Y la situación sería peor si aquellas personas que desistieron de buscar trabajo, ya desalentadas por no encontrarlo, volvieran a la calle en su búsqueda. Las estimaciones señalan que desde 2014 se perdieron unos 45.000 empleos y solo en 2018, se destruyeron unos 9.000.
Pero ocurre lo del principio: hay desaliento y reticencia a incrementar las plantillas de trabajadores por baja productividad, descenso en el volumen de negocios o incertidumbres en el horizonte cercano. Por eso aparece el factor tecnológico en la mayoría de las consultas, como una respuesta al ahorro en mano de obra y sus consiguientes costos. → Leer más
