En las últimas horas el senador y expresidente de la República José Mujica sostuvo que los problemas de seguridad que tiene nuestro país no se solucionan con la propuesta de reforma constitucional impulsada por el senador sanducero Jorge Larrañaga porque “no se arregla amontonando carne con ojos con uniforme”. Los dichos de Mujica son de una gravedad alarmante, máxime teniendo en cuenta que se trata de una persona que ocupó la responsabilidad política más importante del país y que formó parte del Poder Legislativo, habiendo sido incluso propuesto para el Premio Nobel de la Paz.
El desprecio de algunos integrantes del Gobierno Nacional por los funcionarios policiales y militares no puede ni debe ser un motivo de sorpresa. Entre los múltiples asesinatos de los cuales fueron víctimas funcionarios de ambas fuerzas, cobra especial relevancia por su saña y cobardía el de cuatro militares que se encontraban sentados en un Jeep custodiando la casa del entonces inspector general del Ejército, Florencio Gravina. Ese día, 18 de mayo de 1972, los soldados Saúl Correa Díaz, Osiris Núñez Silva, Gaudencio Núñez Santiago y Ramón Jesús Ferreira Escobal fueron asesinados a sangre fría y sin miramientos por integrantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN – Tupamaros), quienes se consideraban verdaderos “iluminados” y buscaban imponer a sangre y fuego sus ideas revolucionarias. En este hecho no se produjo un enfrenamiento entre los efectivos y el MLN; como lo aclara el periodista Leonardo Haberkorn en su libro “Milicos y Tupas”, “lo que hubo fue un vulgar asesinato: los soldados estaban adentro de un jeep tomando mate y fueron acribillados por un comando tupamaro”. El escritor Carlos Liscano (ex subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y exdirector de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de Mujica), quien preparó y llevó las armas que asesinaron a los cuatro militares es claro respecto al accionar tupamaro ese día: “Los milicos estaban tomando mate adentro de jeep. No hubo enfrentamiento. No hubo nada”. Sin importar el tiempo transcurrido siempre es bueno que se mencione y recuerde los nombres de estos militares y su sacrificio, por respeto a ellos mismos, a sus familias y a la función que cumplían. A pesar de lo que diga Mujica, los cuatro militares asesinados en ese jeep no fueron, no son y no serán “carne con ojos con uniforme”.
El delirio violentista encabezado por los tupamaros en los años 60 y 70 asesinó a 66 personas entre militares, policías y civiles. Tal vez el nombre del peón de campo Pascasio Baez (asesinado con una inyección letal por el “delito” de haber encontrado un depósito de armas en un establecimiento rural) sea el más conocido, pero todas esas víctimas no sólo merecen respeto sino también la repetida “verdad y justicia” que tanto piden aquellos que se creen abanderados de los derechos humanos. Entre esas víctimas se encuentran, por ejemplo Juan Francisco Garay Lamas (asesinado el 8/7/69 para robarle su arma), Hilaria Hermida Ibarra Benítez (empleada del Bowling de Carrasco que sufriera una explosión por bombas el 29/9/70), Juan Andrés Bentancur Carrión (sereno de la empresa Niboplast, asesinado el 22/6/71 por dar aviso a la policía del robo en la misma), Wilder Daniel Soto Romero y Nelson Lima Gutiérrez (miembros de la Guardia Republicana asesinados el 2/9/71 mientras custodiaban el Hospital Pedro Visca), Vicente Jaime Oloza García (chofer de ómnibus asesinado el 28/06/72 por negarse a conducir ese vehículo para ayudar a huir a un comando tupamaro) y Julio Federico Morato Manara (médico asesinado el 4/5/72 para robarle sus instrumentos quirúrgicos), entre tantos otros. Por estas personas nadie organiza marchas del silencio y su recuerdo queda limitado al dolor de los familiares que sufren su ausencia.
Lo cierto es que para las víctimas de la violencia tupamara no hubo ni verdad ni justicia. Tampoco hubo reparación económica de ningún tipo, a pesar de un proyecto de ley presentado en el año 2007 que nunca contó con la voluntad política necesaria por parte de los legisladores del Frente Amplio. Sin dudas esas víctimas y sus familias se encuentran en una situación bien diferente de la que goza la diputada frenteamplista Macarena Gelman quien además de cobrar una remuneración mensual total de 254.436 pesos obtuvo una indemnización del Estado uruguayo de 513.000 dólares. Sin lugar a dudas estas cifras están muy lejos de los 10.334,80 pesos nominales que cobra por mes un soldado o un marinero de segunda según la página web oficial del Ministerio de Defensa Nacional. A esto se suma las difíciles condiciones habitacionales de los efectivos militares y policiales, muchos de los cuales viven en las mismas “zonas rojas” sometidos tanto ellos como sus familias a las amenazas y ataques de los delincuentes que allí operan con total impunidad.
Todo ese resentimiento de Mujica contra los efectivos militares y policiales ha justificado páginas muy negras de nuestra historia nacional. En efecto, resulta triste paradoja que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, haya participado personalmente del asesinato del inspector Rodolfo Leoncino (por entonces director de la cárcel de Puntas Carretas), quien fue ultimado por un comando en una parada de ómnibus el 27 de enero de 1972. El propio Bonomi reconoció su responsabilidad en este lamentable hecho durante una entrevista en radio El Espectador en el año 2009. Sin dudas ese desprecio por la vida de los militares y policías caídos actualmente en el cumplimiento de su deber explica la ausencia de autoridades del Gobierno Nacional durante sus servicios fúnebres, marcando una clara diferencia cuando se trata del fallecimiento o aparición de restos mortales de personas de izquierda. Queda claro que militares y policías fallecidos son, para quienes comulgan con estas ideas, muertos de segunda categoría.
Lejos de arrepentirse de las muertes causadas por sus acciones, el MLN (Tupamaros) celebra todos los años la toma de la ciudad de Pando ocurrida el 8 de octubre de 1969 y en la cual murieron cinco personas: tres tupamaros (Alfredo Cultelli, Jorge Salerno y Ricardo Zabalza), un policía (Enrique Fernández Díaz) y un civil totalmente ajeno a la acción terrorista (Carlos Burgueño). En esta acción los guerrilleros tomaron algunas sucursales bancarias en las cuales robaron 357.000 dólares.
De acuerdo con el artículo 168 de la Constitución Nacional al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, le corresponde, entre otras responsabilidades, el mando superior de todas las fuerzas armadas. Ante las insultantes declaraciones de José Mujica sería necesario y oportuno que el presidente Tabaré Vázquez aclare si los efectivos militares sobre los cuales ejerce el mando que legítimamente le otorga el texto constitucional son personas que han consagrado su vida a una profesión tan respetable como cualquier otra, o si se trata nada más que de “carne con ojos con uniforme” como piensa su correligionario José Mujica.
