Como “un primer paso alentador por parte de las autoridades para llegar a soluciones de fondo en un tema tan sensible para todos” definió el edil departamental Francis Soca la decisión de que se procederá al contralor de las Residencias para Adultos Mayores a través de los ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social.
“Del tema nos venimos ocupando desde el año 2018 planteándolo en la Junta Departamental de Paysandú solicitando de las autoridades el más estricto control de ese tipo de Residencias”, aseguró el integrante de la bancada del Partido Nacional.
Destacó que cuando presentó el tema en la Junta Departamental indicó que “no podemos hacernos los distraídos ni mirar para otro lado ante una realidad que golpea a un sector de nuestra sociedad tan vulnerable”.
Por esa razón pidió que “el Estado controle con rigor que los hogares que funcionan estén efectivamente habilitados, así como los aspectos sanitarios y de seguridad de acuerdo con lo establecido en el decreto 356/2016, reglamentario del artículo 518 de la ley 19.355”.
Aseguró entonces que se debe controlar “a los establecimientos públicos y privados que dan alojamiento y alimentación de forma permanente a esa población mayor, a los efectos de garantizar la calidad de vida y correcta atención de nuestros adultos mayores, dando a todos ellos una vida digna”.
Soca aseguró que “el aumento en la población anciana en instituciones denominadas residencias, casas de salud u hogares de ancianos se debe en realidad a que Uruguay constituye actualmente uno de los países más envejecidos de América” al tiempo que “los cambios sociales en la estructura familiar, provocaron un aumento de demanda de cuidados” en casas de salud. Esos cambios en la estructura familiar profundizaron “la mengua de la atención de los más vulnerables en situación de enfermedad o dependencia”.
Según cifras oficiales, de los 1.208 residenciales para adultos mayores registrados en todo el país (la mitad en Montevideo y el resto en el Interior) sólo 41 están habilitados por el Ministerio de Salud Pública y otros 10 están en proceso de habilitación. Hay unos 15.000 adultos mayores en estos residenciales. 208 centros están en situación crítica y hay 110 que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Cruz Roja Uruguaya calificaron como “por debajo del respeto a los derechos”.