Con el ingreso del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) este jueves a la Cámara de Senadores con más de 500 artículos que deberán ser considerados en menos de tres meses, se pone fin a un paréntesis de más de un mes –desde la asunción del nuevo gobierno– en el que la irrupción de la pandemia en nuestro país, diera argumentos al Frente Amplio para plantear que se postergara indefinidamente su tratamiento ante la situación sanitaria, en una chicana evidente para ganar tiempo en procura del desgaste de la coalición gubernamental.
El presidente Luis Lacalle Pou defendió el texto el miércoles en conferencia de prensa, señaló que el tiempo y la forma son adecuadas y apuntó que el gobierno tuvo “prudencia y calma” en el proceso.
Acotó que “uno no tiene que jactarse de cosas que hace cuando le nacen, pero el 22 de enero se publicitó el borrador y hace dos semanas que el proyecto lo tienen todos los partidos”.
Asimismo el mandatario evaluó que no le parece que haya poco tiempo para la discusión. “Pertenezco al Ejecutivo, pero estuve mucho tiempo en el Legislativo, y el tiempo da perfecto”, apuntó, a la vez de apuntar que “nosotros llegamos al gobierno con un mandato popular. Fuimos con aproximaciones sucesivas de un partido, luego de varios y luego con un proyecto. Queremos ser fieles cumplidores de ese mandato”.
Paralelamente, consideró que el gobierno “está abierto” a recibir modificaciones por la oposición “si son buenas a nuestro criterio”, pero ya desde el Frente Amplio el senador socialista Daniel Olesker dijo que el secretariado ejecutivo del partido está discutiendo la posibilidad de recolectar firmas para derogar el texto que entra este jueves.
“Nosotros nos oponemos al contenido y vamos a dar batalla contra la inconstitucionalidad. La mayoría de las cosas que están ahí son nocivas para la economía y para el futuro”, dijo Olesker, mientras que el senador por el Movimiento de Participación Popular Charles Carrera sostuvo a Montevideo Portal que “en los 502 artículos de la LUC no vimos ninguna norma que haga referencia a la emergencia sanitaria”.
“También estamos analizando la inconstitucionalidad de la norma. Es un mecanismo válido, pero se está haciendo un uso abusivo”, complementó, y evidentemente estos dos aspectos mencionados como al pasar por los legisladores de la coalición de izquierda revelan que la idea central es bloquear como sea el proyecto de gobierno de la coalición multicolor, apostando a impedir que pueda ejecutar las propuestas por las cuales más de la mitad del país la votó.
Precisamente en lo que es considerado como elemento central de la gestión del primer año de gobierno de la coalición multicolor encabezada por Luis Lacalle Pou, el jefe de gobierno ha puesto a consideración de los parlamentarios un conjunto de normas en la denominada Ley de Urgente Consideración, consistente en 502 artículos, que es un instrumento de fundamental importancia para que en el inicio de la tarea gubernativa se puedan aprobar herramientas consideradas imprescindibles para esta tarea.
La idea es llegar a un acuerdo de la mayoría parlamentaria para la aprobación de un instrumento acorde a la propuesta electoral ratificada por la ciudadanía uruguaya en el balotaje del 24 de noviembre. Es decir, que se trata de un instrumento no solo legítimo, sino imprescindible, dado que de otra forma la oposición apelará al desgaste eternizando las discusiones en cada ley o cambio que proponga el gobierno, mientras el brazo sindical hace el trabajo “de calle” fundamental para generar descontento y caos, volviendo ingobernable al país. De ahí que la LUC es imprescindible, para poner un límite de tiempo razonable en las negociaciones parlamentarias en los temas que importan.
Y pese a críticas desde la izquierda por motivaciones políticas, entre los grandes temas incluidos en la Ley de Urgente Consideración no se incluye nada que no se haya promovido en la campaña electoral como propuesta, que contó con el respaldo de la ciudadanía.
En esta tesitura de patear la pelota hacia adelante, se encuentra gran parte de la izquierda, que entre otros aspectos han tratado de dilatar el tratamiento de la Ley de Urgente Consideración –cuyo borrador había sido enviado por el Poder Ejecutivo a los parlamentarios pero sin que corrieran los plazos formales– porque entiende que “no están dadas las condiciones” para hacerlo y que todos los esfuerzos deben centrarse en forma exclusiva en controlar la difusión del virus en el Uruguay.
El punto es que en esta percepción se entiende que no es preciso trabajar en el Parlamento en el tratamiento de este proyecto que es considerado por el flamante gobierno como un instrumento fundamental para llevar adelante su gestión, y que se puede esperar indefinidamente, dejando en stand by la iniciativa, lo que por supuesto es un delirio, porque el país no puede estar sólo para atender la crisis del Coronavirus, que por cierto a los parlamentarios no les ha restado nada de tiempo.
Ahora corren los plazos de tres meses en el Senado y Cámara de Diputados para considerar la iniciativa dentro del plazo constitucional, como debe ser, porque es irracional, delirante y contraproducente, que el Parlamento siga cerrado a la espera de que se diluya la amenaza del coronavirus, y el país deba seguir inactivo, sin tratar los graves problemas de inseguridad, pérdida de empleos, decadencia en la economía, déficit fiscal y los problemas en la educación, entre otros, que han sido algunos de los legados de los gobiernos precedentes.