La extensión y variedad de los puntos incluidos en el proyecto original de la Ley de Urgente Consideración ha sido sin dudas un factor que ha obrado en contra de un proceso más expeditivo en su tratamiento, aún teniendo en cuenta la postergación que trajeron aparejadas las medidas de prevención contra la pandemia, incluso con los legisladores del Frente Amplio cuestionando que se presentara la iniciativa en una instancia “inoportuna”.
Claro, la realidad es que la oposición aprovechó la circunstancia para dilatar en lo posible la puesta en marcha de un instrumento fundamental para el nuevo gobierno, que implicaba la aprobación de normas para llevar adelante la propuesta electoral ratificada en las urnas por la ciudadanía, respondiendo así al mandato popular, y con las que no comulga la coalición de izquierdas.
El punto es que el amplio espectro de temas incluidos en la normativa original fue motivo de dispersión de esfuerzos en el tratamiento técnico y sobre todo político, considerando además que por tratarse de una coalición no necesariamente sus integrantes refrenden todo aquello que viene del Poder Ejecutivo, más precisamente del partido que encabezó el acuerdo que ganó el balotaje de noviembre, lo que posibilita que se expresen diferencias y matices que no permitan llegar a buen puerto con determinados temas controvertidos.
Uno de los puntos controvertidos precisamente incluidos en la LUC fue el de la iniciativa de desmonopolización de combustibles, ante el monopolio que ejerce Ancap, y que sin dudas posibilita que el organismo pueda trabajar en forma ineficiente sin riesgos de quedar en evidencia de su burocracia y problemas de gestión porque el déficit se paga con sobrecostos en el valor final de los combustibles y hasta por recapitalización con dinero que ponen todos los uruguayos.
Precisamente, desde sectores socios de la coalición como el Partido Colorado –pese a la posición que tuvo en su momento el expresidente Jorge Batlle– Cabildo Abierto y el Partido Independiente, no se comparte que se ponga en marcha un proceso de quita del monopolio de Ancap, y en cambio hay disposición, como finalmente se ha refrendado en el tratamiento parlamentario, de disponer que se aplique el valor de paridad de importación, es decir que el ente entregue el producto al precio internacional de los combustibles, lo que igualmente implica un avance frente a la situación de todos estos años, en que el organismo, con la anuencia del Poder Ejecutivo, aplica sus tarifas por encima de toda otra consideración, con las limitaciones que implican medidas de carácter político.
La reducción en los valores de los combustibles largamente reclamada –Uruguay sigue teniendo los precios más altos de la región, como arrastre de las gestiones anteriores pero también por estructuras históricas, incluyendo la necesidad de recursos desde el Estado por la aplicación de impuestos–, puede tener su expresión mediante esta paridad, sin necesidad de derogar el monopolio, como sería el ideal, para que se entrara en un régimen de libre competencia.
Así, en la LUC, a partir de una medida intermedia que permitió acuerdo en la coalición de gobierno, se redactaron tres artículos con el objetivo de llevar a que la empresa petrolera pueda fijar en corto plazo un precio de paridad internacional de los combustibles.
El precio será ajustado cada sesenta días, en tanto en 180 días contados a partir de la futura aprobación de la Ley de Urgente Consideración, el Poder Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea General una propuesta integral de revisión, tanto legal como reglamentaria, del mercado de combustible, como parte del acuerdo al que arribaron legisladores de la coalición de gobierno, tras el debate del artículo original, que establecía la desmonopolización de Ancap en la importación de combustibles.
La idea es que la propuesta de revisión del mercado deberá incluir estudios sobre todos los factores que inciden en el precio del combustible: la exportación e importación de petróleo, sus cadenas de comercialización interna, sus aspectos regulatorios, tributos y subsidios, y, por último, otros subsidios de otras líneas de negocios de Ancap.
Pero además se establece que el precio de venta de los combustibles, que será actualizado periódicamente, deberá incluir un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), explicitando el precio de paridad resultante de importar el producto terminado y hacerlo disponible en las plantas de distribución de Ancap, incluyendo tasas e impuestos, lo que significa una forma de marcarle una “referencia” al ente para que se acerque hacia ese objetivo.
Asimismo se encomienda a la Ursea que realice una revisión integral de su metodología de precios de paridad de importación, para cumplir con el informe exigido.
Sin dudas el desarmar la estructura que se ha generado a partir de priorizar el monopolio de Ancap no es una tarea fácil en un país en el que se ha tejido toda una gama de intereses político ideológicos en cuanto a las empresas públicas en manos del Estado, que solo pueden funcionar en régimen de monopolio, desde que por su estructura de costos e ineficiencia no resisten la competencia en igualdad de condiciones, y la consecuencia inevitable de esta forma de gestión es encarecer los bienes y servicios a la población.
El caso de Ancap, con los combustibles más caros de la región, es notorio, pero también pasa por la escala de impuestos que se apliquen a la venta de los combustibles, recursos estos que detrae el Estado de los clientes cautivos para volcarlos a Rentas Generales.
Es decir que de una forma o de otra, todos los tientos salen del mismo cuero: los bolsillos de los uruguayos, y por lo tanto los costos de producir bienes y servicios son siempre exacerbados por la necesidad de dinero del Estado para sostener su burocracia y estructura.
Ergo, por lo menos el hecho de que los combustibles puedan ponerse en surtidor a precios de paridad de importación significaría un freno o por lo menos mitigaría uno de los abusos de precios del monopolio. Pero quedan en pie naturalmente los impuestos que se aplican, los costos de distribución y otros eslabones de la cadena, sin olvidar lo atinente a la producción de cemento y biocombustibles, que agregan costos a la ineficiencia de Ancap.
Y eso sin tener en cuenta el subsidio en el gasoil, que se lleva en un 90 por ciento Montevideo para el transporte capitalino, que tenemos que pagar todos los uruguayos, como así también la tasa de transporte de inflamables por la capital, (rinde unos 20 millones de dólares al año para la intendencia capitalina y cero para las del Interior) lo que da la pauta de que con o sin monopolio, la problemática de Ancap y de los combustibles, tiene encima mucho paño para cortar y callos para pisar.
