En un mundo todavía “groggy” por el impacto del COVID-19, que entre otros aspectos traerá consecuencias económicas todavía imprevisibles, sin dudas los países que mejor asomarán de esta pandemia serán aquellos que logren minimizar hacia lo interno las consecuencias de una “nueva normalidad” hasta que se recupere gradualmente buena parte del estatus previo, pero sin poder evitar todavía un alto grado de incertidumbre por determinado período.
El Uruguay, afectado por problemas crónicos y coyunturales, ha sufrido este sacudón con un punto de partida muy comprometido, desde que el déficit fiscal que se arrastra desde el anterior gobierno indica que el Estado afronta la problemática de mayores costos y caída en la recaudación, desempleo y necesidad de subsidios sin solvencia de recursos y fuerte endeudamiento, el que incluso deberá incrementarse para hacer frente a la demanda adicional.
Pero si bien este es un dilema de alto impacto, del que costará recuperarnos por las dificultades en el mercado de trabajo y la situación de las empresas, hay de por medio problemáticas sin respuestas que siguen arrastrándose desde hace años, y uno de ellos es el de la educación y la falta de sintonía de la formación de cara al mercado de trabajo en los nuevos tiempos, lo que no es poca cosa, además de los altos porcentajes de deserción y bajo nivel del alumnado.
El presidente del Codicen de la ANEP, Prof. Robert Silva, en su momento declarado persona “no grata” por uno de los inefables sindicatos de la enseñanza controlados por la izquierda, consideró que se está llegando tarde “en cambios que deberíamos haber continuado y que se interrumpieron”, entre los cuales mencionó la transformación curricular en la educación media, según declaró a El País.
Explicó en este sentido el jerarca que el estudiante “va a trabajar en proyectos y esos proyectos se van a relacionar con lo que pasa afuera del aula, con el mundo. Hay que motivar al estudiante y para eso hay que romper con la burbuja del centro educativo”.
Evaluó sobre este punto que “creo que el estudiante necesita herramientas, que hoy no tiene, para insertarse con éxito en una sociedad de permanente cambio. La mayoría de nuestros estudiantes egresa, si es que egresan, sin los aprendizajes mínimos para continuar estudiando o para trabajar. La educación, en todo caso, tiene que ser funcional a una sociedad en permanente cambio”.
A la vez de reconocer que los recursos no abundan, y que precisamente en esta coyuntura de pandemia las restricciones presupuestales tendrán manifiesta incidencia, Robert Silva dijo tener la “esperanza” de que en el caso de la educación se la mantendrá como una prioridad, porque además “se dejarán atrás los discursos y vamos a los hechos. Somos conscientes de que se va a generar mucha oposición, pero muchos otros docentes y la sociedad en su conjunto reclaman transformaciones. Esta vez hemos constituido un equipo que combina gente que conoce el sistema con académicos de primera línea. Y no trabajamos en función de la identidad política de las personas: hemos mantenido personas que eran cargos de confianza de la gestión anterior. No nos importa si vienen de la Universidad Católica, la ORT o la Universidad de la República”.
Apuntó que “vamos a cambiar los planes y los programas. Vamos a establecer competencias, saliendo de ese discurso de que ‘las competencias son promercado’. Vamos por cambios de modelo: si seguimos con el liceo que trabaja con la repetición como principal medio de promoción, con docentes que no están radicados en los centros, sin proyectos…”
Precisamente la búsqueda de la excelencia, de progresar, de mejorar y fomentar la libre competencia entre los estudiantes, con las mismas herramientas, para incentivar el estudio, salir de la mediocridad, choca con la postura de sindicatos de docentes que en la búsqueda de una “igualdad” ficticia consideran que por el contrario, debe igualarse hacia abajo, para priorizar una “inclusión” que no es tal, porque además se trata de “recetas neoliberales” y “antipopulares”.
Una estupidez suprema, pero que permea en determinados sectores afectos a los eslóganes y a medrar en la mediocridad, así como a docentes y funcionarios a los que solo les interesa mantener el empleo estatal seguro y sin mayores complicaciones, los que además se resisten a cualquier evaluación sobre resultados de su gestión de su trabajo, porque no tienen ningún interés en rendir cuentas.
Dejan de lado el hecho de que es la sociedad toda la que les paga el salario para educar, formar y capacitar a los estudiantes, pero no en base a su mejor pasar y a lo que piensan que debería ser la defensa de sus propios intereses, sino en base a programas, lineamientos y políticas dictadas desde los representantes de los ciudadanos, los que han sido electos para gobernar y hacerlo preservando el interés general y no el sectorial.
Y en el interés general se enmarca el elevar las miras para generar condiciones de inclusión a través del conocimiento, del trabajo, de la formación para la sana competencia, en el entendido de que no se trata de neoliberalismo el capacitar con vistas a lo que requiere el mercado de trabajo, sino que precisamente esta es la vía para la inclusión genuina a través de la sustentabilidad, del empleo y el emprendedurismo en lugar del asistencialismo mientras se mantiene la marginación de los sectores menos favorecidos de la población.
No es demasiado difícil de comprender ni nada que se le parezca, salvo cuando se antepone la ideología y el interés personal y sectorial. Pero ese es efectivamente el punto para discernir entre lo que se nos quiere “vender” a través del relato y los eslóganes y la realidad, que no se quiere que salga a luz.
