Mes: octubre 2020

Representantes de los 22 países de Iberoamérica, que participaron este martes en la IV Reunión de Ministras, Ministros y altas autoridades iberoamericanas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), realizada en forma virtual, acordaron dar un impulso decisivo a la innovación para contribuir a la recuperación socioeconómica ante la pandemia del COVID-19 y promover el desarrollo sostenible en la región.
Los delegados de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela aprobaron una declaración conjunta para poner en marcha una estrategia iberoamericana de innovación y acordaron la creación de un Observatorio Epidemiológico Iberoamericano, cuya misión será coordinar y fortalecer las redes y capacidades epidemiológicas ya existentes, con el fin de hacer frente al coronavirus.
En momentos en que millones de ciudadanos de Iberoamérica se ven obligados a trabajar a distancia, la referida declaración incluyó el impulso de acciones que contribuyan, de manera urgente, a reducir la brecha digital, faciliten el teletrabajo y mejoren la protección de datos.
En la inauguración, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, dijo que “con la crisis del COVID-19 enfrentamos el reto más grande que hemos vivido como generación. La ciencia, la tecnología y la innovación están llamadas a cumplir un papel urgente, profundo y complejo. Tenemos que diseñar una agenda de trabajo transversal, que incluya las ciencias de la salud pero también las sociales; que incluya las tecnologías industriales pero también las digitales; que haga de la innovación un esfuerzo abierto y democrático. Solo así no dejaremos a nadie atrás”.
Como también señaló el representante de Andorra en esta cumbre, Jordi Gallardo, la pandemia y las diferentes reacciones ante ella han puesto en evidencia la disímil preparación de los diferentes países en cuanto a tecnología e innovación, lo que influye notoriamente y en forma significativa en la capacidad de respuesta y gestión de la crisis sanitaria en sus múltiples aspectos, como por ejemplo el educativo, social, económico o sanitario.
La existencia de una brecha digital que impone limitaciones al acceso a la tecnología y la ciencia a toda la población es un problema para algunas naciones aunque no para Uruguay, que ha superado la brecha digital y se encuentra entre los países mejor posicionados a nivel mundial en cuanto al acceso a Internet e infraestructura de telecomunicaciones.
Recientemente nuestro país volvió a ser noticia en materia de innovación y tecnología, reforzando su posicionamiento como el líder latinoamericano en el Índice de Calidad de Vida Digital 2020 (DQL) que elabora Surfshark, reconocida empresa internacional abocada a la ciberseguridad.
Se trata de un reconocimiento que se suma a su destacada posición en materia de gobierno digital y gobierno abierto, así como en materia de acceso ciudadano a esta tecnología, siendo el primer país de Latinoamérica en integrar el denominado D9 (hoy “Digital Nations”), un selecto grupo que reúne a las naciones más desarrolladas en este tema.
Esta situación favorable ha permitido que el nuestro sea uno de los primeros países de la región en responder a la pandemia con tecnología no sólo en el área educativa –mediante el uso de la plataforma Crea del Plan Ceibal por ejemplo– sino también en el campo de la telemedicina, la prevención en salud y la detección y seguimiento de casos de coronavirus.
Además del nuestro, en otros países de América Latina, como Colombia y Argentina el COVID-19 ha acelerado como nunca el uso de datos, por ejemplo con el lanzamiento de aplicaciones móviles para identificar casos sospechosos, dar seguimiento y tomar acciones como derivarlos a un centro de salud o prestar asistencia remota a las personas afectadas.
Como bien señala la declaración de los países iberoamericanos mencionada anteriormente, en muchos casos estas acciones implican el acceso a información personal que requiere ser considerada y protegida con instrumentos específicos.
También la Organización Mundial de la Salud ha brindado directrices para el uso adecuado de esa información, más allá de las legislaciones nacionales existentes en cada país y también el Banco Interamericano de Desarrollo ha incluido el tema entre las publicaciones de su sitio web como forma de poner el tema en la agenda pública e informar y sensibilizar a las personas en relación al mismo.
“Si bien la mayoría las regulaciones de protección de datos personales prevén excepciones para el uso de datos en períodos de emergencia, el diseño de cualquier intervención debe incluir mecanismos que garanticen su uso de manera segura. Igualmente, es vital que haya un marco regulatorio claro para que, una vez superada la pandemia, se pueda regresar a la normalidad en cuanto a la protección de los datos personales”, dice un interesante artículo de la consultora Florencia Serale, recientemente publicado por el BID y dedicado a la protección de datos personales en el contexto de la nueva normalidad.
En este sentido, señala que en contextos de emergencia como el actual, las regulaciones permiten utilizar los datos personales como insumo de políticas o usarlos en modelos predictivos temporalmente entre otros usos, como informar si una persona estuvo recientemente en una zona de alto riesgo de contagio.
Los gobiernos tienen un rol a cumplir en ese sentido y deben informar a sus ciudadanos cómo están utilizando sus datos en el contexto de la nueva normalidad. Algunos lo están haciendo y otros, como la Unión Europea, han generado modelos o guías para el tratamiento de datos privados durante la pandemia.
Uruguay cuenta con una reputación seria en el manejo de los asuntos digitales y posee legislación específica sobre datos personales. No obstante, nos enfrentamos a una situación totalmente nueva y con consecuencias en múltiples y diferentes aspectos de la vida de las personas y los países. Una historia que, más que nunca, estamos escribiendo día a día.
En ese sentido, es necesario recordar la necesidad de proteger derechos fundamentales de las personas también en el entorno digital, donde la voracidad de las corporaciones y los monopolios económicos que existen en Internet pueden dejar aún más indefensos a los ciudadanos. → Leer más

La reciente visita del ministro Adrián Peña, el primero que ejerce al frente de la Cartera de Ambiente, recientemente creada, dejó muy buena impresión entre quienes mantuvieron contacto con él, por su proactividad y por el interés demostrado en los diferentes temas que abordó. Pero además su visita –la tercera a la región litoral en los apenas dos meses que tiene su cartera– fue oportuna para volver a poner encima de la mesa algunos temas de los que si bien se ha hablado –y escrito– bastante, han tenido poco avance a lo largo de los años, y otros que han quedado más en evidencia en el contexto del cierre de fronteras obligado por la pandemia.
En este último apartado se ubica el de los problemas de depredación de los recursos ictícolas por causa de la pesca ilegal o irresponsable. En este caso hubo un planteo muy concreto por la presencia de pescadores de la República Argentina por la captura de especies sobre las que rige una veda, como el dorado, por ejemplo, así como por la captura con redes que se tienen de orilla a orilla en la desembocadura de cursos que son afluentes del río Uruguay y con un tamaño de malla que impide el pasaje de ejemplares de pequeño porte, que por su escaso valor incluso son descartados en el lugar, pero no devueltos al agua, sino dejados en tierra. También está la pesca con tarros, que de deportiva no tiene nada y se trata de largar anzuelos atados a un recipiente flotante –generalmente bidones blancos o botellas pintadas– para que los lleve la corriente y después salir a buscarlos para ver qué capturaron.
Estas son conductas irresponsables y fuertemente perjudiciales, incluso para los mismos pescadores.
La razón por la que hay una veda no es para perjudicar económicamente a los pescadores, ni porque a los ambientalistas les guste ver cómo saltan los dorados en el río; no, la razón por la que se toman estas decisiones restrictivas tiene que ver con la preservación de estas especies amenazadas justamente por su interés comercial que ha llevado a la sobreexplotación del recurso.
Del mismo modo, ¿por qué no se permite cerrar con redes el acceso a ríos y arroyos? Pues porque los peces ingresan a estos en busca de lugares donde reproducirse. Impedir este acceso es atentar directamente contra la preservación de la especie y, a largo plazo, contra la misma actividad pesquera. Dicho en otras palabras, es literalmente un lento suicidio.
El concepto clave es el de sostenibilidad, es decir, que se pueda desarrollar la actividad económica de forma tal que permita la supervivencia de quienes dependen de ella, pero sin poner en riesgo la actividad misma en el mediano o largo plazo.
Este concepto –y aquí va otro de los anuncios de Peña–, se pretende inculcar en los ciclos de Primaria y Secundaria a partir del año próximo. El ministro adelantó que como materia transversal “Ambiente y sostenibilidad” formará parte del próximo Plan Nacional de Educación, que se anunciará antes de fin de año, según se acordó con el presidente del Codicen, Robert Silva.
No es que ya no se esté enseñando sobre preservación ambiental y que no se estén realizando permanentemente innumerables acciones alrededor del mundo para inculcar la necesidad de tratar de mejorar el entorno, el planeta en que habitamos, pero es que sencillamente no ha sido suficiente. Y si alguien quiere constatarlo basta salir ahora mismo a la vereda y ver si no hay allí desechos plásticos, envoltorios o filtros de cigarrillos que “alguien” ha descartado. No ha sido suficiente y probablemente lo que pueda hacer este ministro tampoco sea suficiente, sin mencionar que tiene por delante duras discusiones por intereses contrapuestos dentro del mismo gobierno y en el ámbito productivo en general.
Peña dijo estar dispuesto a dar “un empujoncito” para que se apruebe el proyecto de creación de una nueva área protegida que comprenda las islas y la desembocadura del río Queguay en el Uruguay; desde la Dinama se reconoció (según comentó el mismo secretario de Estado) que el proyecto tiene todos los elementos que tiene que tener y no tiene objeciones, y que solamente no ha culminado su tránsito en la cartera por problemas internos. Si se apunta este poroto el ministro lograría revertir la imagen que este gobierno había dejado con aquellos dos artículos que a último momento se habían incorporado en el entonces proyecto de Ley de Urgente Consideración, que establecían ciertas limitantes para la incorporación de nuevos predios al SNAP (requería de una aceptación expresa del titular de la tierra), lo que sigue pendiente de resolución, ya que lo que se acordó fue abordar estas modificaciones en un proyecto de ley aparte.
En esta visita a Paysandú Peña ha tendido lazos con organizaciones civiles, con el gobierno departamental electo y con un organismo binacional como CARU. Aclaró que el presupuesto asignado a la cartera es acotado y que a través de los acuerdos que plantea pretende tener presencia en todo el territorio nacional, e incluso instalar en Paysandú –la idea es que funcione en el edificio de CARU– una dependencia regional que entienda en el área técnica, y estar en cada departamento en una oficina cedida por la intendencia correspondiente.
A través de las redes sociales, desde Gensa, interlocutores en la reunión mantenida en nuestra ciudad, valoraron el gesto de reunirse por más de dos horas y destacaron que es la primera vez que tiene la posibilidad de transmitir sus planteos directamente a un ministro en un mano a mano. Es decir, los recursos son importantes, pero a veces no se trata solo de presupuesto.
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