Día: 9 de noviembre de 2020

En las últimas horas ha trascendido, a través del semanario “Brecha”, que los ediles de la Junta Departamental de Maldonado de todos los partidos políticos (Partido Nacional, Frente Amplio y Partido Colorado) se aumentaron en un 28,3% las partidas mensuales que reciben en virtud de su cargo como legisladores departamentales. De acuerdo con lo informado por ese medio de prensa, el incremento tiene por finalidad “el mejor funcionamiento” de sus bancadas” aunque “el mecanismo es considerado ‘inconstitucional’ e ‘ilegal’ por el Tribunal de Cuentas de la República y la Junta de Transparencia y Ética Pública, mientras la fiscalía investiga un eventual delito de abuso de funciones”.
En efecto, el referido semanario expresa que “los ediles de los tres partidos políticos con representación en la Junta Departamental de Maldonado se aumentaron un 28,3 por ciento las polémicas partidas que perciben desde el comienzo de la actual legislatura “para el mejor cumplimiento de sus fines”. La resolución, retroactiva al 1º de octubre, fue acordada entre el presidente blanco Adolfo Varela y la Comisión de Asuntos Internos, integrada por los coordinadores del Partido Nacional (PN), el Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado (PC). Además del citado aumento, la resolución, a la que accedió Brecha, indica que el monto se ajustará semestralmente por el índice de precios del consumo (IPC) en enero y julio de cada año”.
De acuerdo con lo informado por el diario El Observador, “al cierre de la actual legislatura los sectores blancos, colorados y frenteamplistas se habrán embolsado más de $ 76 millones (casi U$S 1,8 millones), esto es sumando los montos de 2015 a la fecha –incluyendo el estimado para 2020– según cálculos en base a los informes del Tribunal de Cuentas de la República (TCR)”.
Si bien el artículo 295 de la Constitución Nacional establece que los cargos de miembros de juntas departamentales y de juntas locales serán honorarios, muchas veces se han realizado denuncias a través de diversos medios de prensa que las partidas, gastos de secretaría y viáticos que cobran dichos ediles, son utilizados como sueldos encubiertos con los cuales se les retribuye “en negro” y además sin cumplir con las normas de previsión social vigente en la materia.
En el año 2018, el entonces presidente de la Junta Departamental de Paysandú, Ricardo Ambroa, admitió en forma expresa esta práctica, al afirmar que “hoy, un edil teóricamente paga para ejercer su función. En la práctica, se dan una infinidad de situaciones de viáticos, gastos de secretaría, gastos de representación, que terminan siendo sueldos encubiertos”, al tiempo que aclaraba que la de Paysandú “es la única Junta del país que no tiene gastos de secretaría ni otro tipo de gastos, más allá de los viáticos, hospedaje y locomoción que se les brinda a los ediles cuando la actividad lo requiere. La mayoría de esos gastos se rinden y hoy la discusión en nuestra bancada es la de rendir los gastos de viáticos de alimentación, que hoy no se rinden”.
En esa ocasión, y a título personal, Ambroa sostuvo que deberían rendirse cuentas de todos los viáticos, “más allá de que comprendo que a la hora de rendir pueden surgir algunas cuestiones administrativas, como el caso de comercios no inscriptos en DGI, BPS, RUPE, etcétera”.
Esta práctica de varias juntas departamentales ha sido observada en varias ocasiones por el Tribunal de Cuentas de la República, cuyos dictámenes no son atendidos por esos cuerpos legislativos y las partidas presupuestales terminan ejecutándose sin mayores inconvenientes para beneficio directo de los ediles, quienes se aprovechan de un sistema de control que obviamente no está funcionando.
A modo de ejemplo, en el año 2015 el TCR observó a la Junta Departamental de Florida porque el monto de la compensación de gastos y pasajes resultaba violatoria del artículo 295 de la Constitución Nacional ya que tanto el mismo como su reajuste por el Índice Medio de Salarios “determina que los viáticos a abonar no tengan carácter resarcitorio de los gastos en que incurren los Ediles en el cumplimiento de sus funciones”.
Como si eso fuera poco, la Junta de Transparencia y Etica Pública (Jutep) ha señalado en varias ocasiones que los ediles de diversos departamentos no presentan en tiempo y forma sus declaraciones juradas ante el organismo. En el año 2018 el entonces presidente de la Jutep, expresó que “es preocupante que un número tan grande de personas no declare. La cantidad de omisos es brutal”.
Como fuera señalado en ese momento, la sanción para los funcionarios públicos que no presenten su declaración patrimonial de bienes es la retención de parte de sus haberes, pero como los ediles son cargos honorarios no existen remuneraciones a embargar.
La vergonzosa actitud adoptada en Maldonado tiene un agravante que resulta doblemente inexcusable, ya que fue resuelta por unanimidad en un momento en el cual el país atraviesa las consecuencias económicas de la COVID-19, las cuales adquieren especial gravedad en un departamento que vive principalmente del turismo. Mientras diversas organizaciones públicas y privadas buscan posibles salidas a una situación que perjudica y perjudicará a muchos trabajadores de ese departamento y del Uruguay todo (ya que muchos se trasladan hasta allí en verano “para hacer una changa”), los ediles no tienen mejor idea que aumentarse sus “ingresos encubiertos”, asegurándose además el ajuste semestral de los mismos por IPC.
Este tipo de comportamiento es el que genera un descreimiento de la ciudadanía en la actividad política, así como en los partidos y hombres y mujeres que la llevan a cabo. El hecho que la resolución haya sido tomada por unanimidad y con los votos de ediles blancos, frenteamplistas y colorados, alimenta la creencia de que “los políticos son todos iguales”, una frase que cada día se escucha más en boca de los ciudadanos de a pie.
Queda claro entonces que la decisión adoptada por los ediles de Maldonado (y cualquier otra decisión similar adoptada por ediles de cualquier departamento) refuerza el descrédito de una clase política que en todo el mundo está siendo cuestionada por hechos como éste. De ese descreimiento y del hartazgo de las naciones surgen personajes como Trump, Bolsonaro o Putin, quienes ejercen el poder a través de liderazgos autoritarios que lesionan la convivencia democrática y las libertades individuales. No exageramos si afirmamos que la resolución de los ediles de Maldonado termina dañando la democracia y por eso mismo debe ser reprobado sin ambages.
Así las cosas, cabe preguntarse… ¿con qué cara estos ediles blancos, colorados y frenteamplistas de Maldonado van a presentarse ante sus votantes después de haber tomado una decisión de estas características? ¿Cómo van a mirar a los ojos a sus conciudadanos cuando el invierno en ese departamento haga sentir la falta de trabajo mientras ellos disfrutan del dinero público que pagan todos los contribuyentes de ese departamento? La única forma en la cual pueden tratar de disimular su lamentable decisión es actuando sin la vergüenza que les debería causar haberse puesto por encima de la ley y aprovechar de la peor manera un mandato democrático al cual claramente le han faltado el respeto.
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