Déficit estructural, con y sin pandemia

Por cierto que la pandemia ha sido un convidado de piedra en este 2020 en lo que respecta al freno que impuso a la actividad en general e incluso devastando a varios sectores en particular, y lo que es peor, deja un arrastre para el recientemente iniciado 2021 que traza un panorama poco alentador no ya para intentar la reactivación y el crecimiento, sino que implica dificultades para sostener por lo menos los números aciagos del año anterior.
Es decir, en un país como Uruguay, donde la tendencia de la actividad venía declinando año a año a partir de 2014, al punto además de provocar fuerte desempleo y déficit fiscal hacia el 1º de marzo del año pasado, cuando asumió el gobierno Luis Lacalle Pou, con fuerte desfasaje entre ingresos y egresos de los recursos al Estado, en tiempos normales incluso era necesario –y así lo señalamos en su momento, antes de la pandemia– contar con recursos que nos dieran un margen adecuado para promover inversiones y esperar que éstas dieran sus frutos para generar un circuito virtuoso en cuanto al reciclaje de riqueza en la economía.
La pandemia lamentablemente ha cortado esta perspectiva en lo inmediato, desde que no solo no permitió cortar con la tendencia de declive general, sino que además ha demandado gastos adicionales y contribuido a deteriorar aún más al sector empresarial, que ha sido la apuesta natural a la reactivación, como motor generador de actividad en el país, si se tiene en cuenta que del Estado lo más que pueda esperarse, con suerte, es un uso más o menos criterioso de la riqueza que crea la actividad privada.
Pero en medio de estas dificultades, lo peor que se puede hacer es dar todo por perdido y cruzarse de brazos esperando mejores tiempos, sino que la idea es usar lo poco que se tiene para actuar en forma contracíclica, es decir promoviendo emprendedurismo en tiempos de graves riesgos e incertidumbre como el actual, como una receta adecuada para que los motores sigan en marcha y puedan funcionar a pleno en la reactivación.
En este contexto, y sin que sea la panacea ni mucho menos, es plausible que el Ministerio de Industria, Energía y Minería haya desarrollado en 2020 un programa de apoyo a 19 proyectos industriales con fondos no reembolsables por $ 24,5 millones.
Se trata de la edición 2020 del Fondo Industrial, un instrumento que apunta a diversificar y tecnificar la estructura productiva nacional, en el que se seleccionó a proyectos de Montevideo y el Interior, provenientes de 11 sectores que incluyen desde la industria química hasta los alimentos y bebidas.
Las inversiones comprometidas en estos proyectos, cofinanciados por los empresarios, representan más de 1.850.000 dólares. El ministro del sector, Omar Paganini, destacó la resiliencia de la industria en un año de crisis, felicitó recientemente a los empresarios que siguen apostando en este contexto y subrayó la importancia del Fondo Industrial para apalancar las inversiones.
El Fondo Industrial constituye un instrumento alineado con el objetivo de diversificar y tecnificar la estructura productiva nacional, así como con el desarrollo de las industrias de soporte que potencien la competitividad de las cadenas de valor existentes.
Entre 2011 y 2019, este instrumento ha apoyado y cofinanciado con fondos no reembolsables a más de 330 empresas de 30 sectores productivos, con un total de 8 millones de dólares. Cada proyecto seleccionados en 2020 recibirá hasta $ 2,3 millones de pesos, lo que totaliza una cofinanciación de $ 24,5 millones en fondos no reembolsables.
En la convocatoria 2020 se presentaron 66 proyectos, correspondientes a 11 sectores industriales. Se aprobaron 19 proyectos, 9 radicados en Montevideo y 10 en el Interior, pertenecientes al sector de alimentos y bebidas, electrónica, farmacéutica, industria gráfica, industria maderera, metalmecánica, minería, industria química y vehículos y autopartes.
Las inversiones comprometidas en estos proyectos totalizan 1.857.438 dólares, de los cuales 573.472 corresponden a los fondos no reembolsables aportados por el MIEM.
El ministro Paganini señaló que, en un entorno de restricciones presupuestales, el Fondo Industrial constituye un instrumento muy relevante “para continuar apoyando la diversificación y tecnificación de la estructura productiva y el tejido productivo nacional, y para desarrollar industrias que potencian la competitividad y mejoran nuestra inserción en las cadenas productivas”.
Claro que por mejor disposición que se tenga por el ministerio y los empresarios, este tipo de proyectos no mueve la aguja en un país en el que los problemas estructurales no pueden corregirse de la noche a la mañana.
Una pauta de la problemática la da el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, cuando evalúa que los aspectos prioritarios de los correctivos comprenden mejorar la competitividad, las relaciones laborales y la defensa de los productos nacionales en pos de articular los vínculos entre empresas, empleados y el Estado.
Recordó en declaraciones al semanario “La Mañana” que desde el año 2014 el índice de volumen físico que tenía la actividad de la producción ha venido decayendo, con el agravante registrado en 2020 por los temas de notoriedad. Consideró que “efectivamente el país es muy caro para producir”, y que “no hay elemento más tangible que este, y de allí el reclamo de los sectores productivos del Uruguay de hacer todos esfuerzos para que las cuentas nacionales estén en orden y les permitan a las fuerzas de trabajo funcionar de un modo que exista desarrollo”.
Trajo a colación que la actividad privada ha sufrido muchísimo la pérdida de competitividad, de baja de rentabilidad y de empleo. Son quienes más han pagado el costo de la crisis que el país vive”.
Amplió que “venimos de tiempo de alta inflación, de costos indexados a esa inflación creciente y nuestros precios que no pueden absorber esos costos elevados, terminan dejando a muchos sectores por debajo de la línea de rentabilidad y en algunos casos por debajo de su propia existencia”.
En este período de incertidumbre, igualmente, un aspecto favorable, todavía muy incipiente, es una tendencia a la suba en los precios internacionales del rubro alimentos, en el que nuestro país tiene ventajas comparativas para producir pese a los elevados costos.
Es de esperar que pese a que estamos viviendo un contexto crítico de pandemia, en el que la actividad uruguaya estuvo detenida durante meses, debido a fábricas cerradas por razones sanitarias y al cierre de gran parte de los mercados internacionales, se abra una rendija por la que pueda recuperarse gradualmente la actividad, con el agro como motor, y derrame multiplicador de riqueza hacia el resto de los sectores. Aunque el déficit estructural crónico todavía siga pesando onerosamente sobre los sectores reales de la economía y todo indica que va a seguir así por bastante, demasiado tiempo.

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