“Que lejos queda aquel miércoles 4 de julio de 2018, cuando en su media hora previa en el Parlamento, el entonces diputado Nicolás Olivera exigía: ‘Dejen la soberbia y la indiferencia de lado, ocúpense de dar soluciones a los trabajadores’. Ese día mostró su compromiso y apoyo a los trabajadores de Servipay”, dijo el edil departamental Emanuel Castillo. “Ahora deja por el camino a más de cien trabajadores de los centros CAIF y el Centro Siempre administrados por la Intendencia”, agregó.
“Todo eso en contradicción con lo que declaró a EL TELEGRAFO el 20 de setiembre de 2020: ‘La prioridad en mi mandato será el empleo’”.
“Según mi punto de vista, como edil departamental, desde el 26 de noviembre el intendente Nicolás Olivera no ha sabido gobernar el departamento; es más, pareciera que el departamento lo gobierna a él”, aseguró el edil por el Frente Amplio.
“De nuevo en EL TELEGRAFO, el 17 de noviembre, ya como Intendente electo presentó el núcleo principal de su equipo de gestión y destacó algunas modificaciones al Organigrama Municipal. Estas, claro está, deben pasar por la Junta departamental, pero recordó que cuenta con mayoría para aprobarlo. Me pareció una demostración de autoritarismo, desestimando la opinión de la oposición”, indicó el integrante de la principal bancada de oposición en el legislativo departamental.
Recordó entonces que “en la Junta Departamental, el Partido Nacional ya dio muestras de poder imponiendo por votación sobre tablas el 10 de diciembre la derogación del decreto 8102/2008 (Reglamento Interno del Carnaval) que había sido votado el 6 de noviembre del mismo año por 24 de 25 ediles presentes. Lo mismo sucedió al no permitirnos recibir en sala a los trabajadores de los centros CAIF y Centro Siempre”.
“Finalmente, porque estas pretenden ser simplemente algunas reflexiones, el Ejecutivo departamental tomó un par de medidas tribuneras en sintonía con el gobierno nacional, que claramente afectan la situación socioeconómica del departamento. Se prohibieron espectáculos públicos, por ejemplo. Una decisión que va contra músicos, sonidistas, actores, servicios de catering, salones de fiestas, organizadores de eventos y otras ramas culturales que no tuvieron ni tienen subsidios. Asimismo, basado en la pandemia, suspendió dos meses antes el carnaval. Una medida que podría entenderse si no fuera por la gran promoción a nuestras playas, actividades acuáticas, deportivas y recreativas. Que son -por si no queda claro- el condimento perfecto para la concurrencia masiva. Y para la expansión del virus”.
