“Me llama muchísimo la atención esta decisión de no renovar contratos de manera unilateral. Me imagino que en un proceso de estas características uno no lo puede resolver por sí mismo, debe hacerlo en el marco de un proceso de articulación y coordinación con el otro actor que forma parte del convenio, es decir INAU”, dijo el exintendente Mario Díaz al referirse al término de contratos sin que fueran renovados de funcionarios contratados en diferentes modalidades en la Intendencia.
Díaz hizo hincapié en que “me llevé una sorpresa cuando entre los argumentos esgrimidos por el actual Intendente se hizo referencias a que no era su responsabilidad sino nuestra porque fuimos nosotros que le pusimos fecha de vencimiento de los contratos al 31 de diciembre. Es una verdad a medias y como todas sabemos estas a veces son peores que las mentiras”.
“Como abogado y administrador el Intendente sabe que los contratos en función pública es una práctica que viene desde hace décadas porque la Intendencia no puede cubrir el conjunto de sus servicios y cometidos solamente con los funcionarios presupuestados”, subrayó.
“Rechazo enérgicamente cualquier adjudicación de responsabilidad en esta rescisión y no renovación de contratos. Gobernar implica tomar decisiones y uno toma decisiones también cuando resuelve no tomarlas. Acá la actual Administración adoptó la definición política de no renovar esos contratos y eso también es un acto de gobierno. Hay que decirlo con mucha claridad”, subrayó el exintendente.
Y apuntó a Nicolás Olivera al decir que “la responsabilidad absoluta de la no renovación de los contratos de las más de 300 personas además de unos 100 más que pertenecían a cooperativas sociales, es de la actual Administración. Refleja una enorme insensibilidad”.
CONTINUAR EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN
“Creo que en lugar de cortar por la parte más fina del hilo, hubiera resultado mejor continuar con el proceso de negociación que habíamos iniciado con el INAU a los efectos de reducir la brecha entre lo que se recibe del INAU y lo que se aporta”, opinó después.
Explicó que “esos contratos cada 6 meses se renuevan previa evaluación al cumplimiento de cada uno. Se le hace una evaluación al funcionario y aquellos que estuvieran por encima de 13 puntos se les renovaba el contrato. Eran funcionarios que más allá de la precariedad que un contrato con vencimiento tiene, tenían cierta estabilidad. Muchos de ellos desde varias administraciones anteriores. Por eso, el poner al 31 de diciembre como vencimiento es en realidad una práctica administrativa histórica”.
En cuanto al pago de 30 horas semanales cuando se trabajaban 20, Díaz dijo que “cuando se trata de funcionarios contratados no tenemos otra alternativa que hacerlo por 30 horas semanales, así lo establece el Estatuto del Funcionario. Si esta Administración quiere hacer otra cosa, primero deberá reformar ese estatuto. Hicimos lo que se podía hacer, respetando siempre las normas”.
“VISIÓN DIFERENTE DE INTENDENCIA”
Más adelante Mario Díaz aseguró que “queda en evidencia la visión diferente de Intendencia que cada uno tiene. Esta Administración apela a un modelo especialmente enfocado a la recolección de los residuos y a la resolución de los problemas de calles, iluminación, pero absolutamente despreocupado por la atención de una problemática social. Nosotros políticamente cuestionamos con firmeza ese criterio, porque entendemos que la Intendencia tiene que tener un rol que trascienda lo relacionado con el ABC -que hay que hacerlo bien- porque no se puede perder de vista que la Intendencia es la primer barrera de contención de un conjunto de situaciones que se dan en el departamento”.
“Se está afectando de una manera preocupante y grosera a los centros CAIF, dejando fuera a 130 trabajadores, muchos de los cuales cumplían tareas desde el comienzo del convenio con el INAU en 2008. Representa además, la atención de más de 1.300 niños. Aparentemente todo el argumento, o la razón fundamental, tiene que ver con aspectos económicos. Pero creo que hay que ubicar en contexto los 15 millones de pesos que la Intendencia debe invertir, ponerlos en relación al impacto social que los CAIF representan para Paysandú. Para la Intendencia, es menos del 1% del presupuesto anual”.
ENTRE GALLOS Y MEDIAS NOCHES
Finalmente destacó que “en la preocupación por el proceso del llamado a licitación coincido íntegramente con el editorial del domingo pasado de EL TELEGRAFO. El llamado se hizo entre gallos y medias noches; vago, genérico, que en ningún momento establece con precisión que se está refiriendo a los CAIF. Se habla de actividades vinculadas a actividades sociales, culturales y deportivas. No fue lo suficientemente transparente y no habilitó los tiempos necesarios para que se presentaran en última instancia los candidatos más adecuados”.
