Mientras alrededor de una volqueta una perra recién parida peleaba con otra por una bolsa de basura con restos de comida, en el Parlamento nacía, en el marco de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), en un claro intento de tomar precisamente el bienestar como un tema de Estado y plantear soluciones en forma integral, además de sacar del camino a la inoperante Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) y echar luz en un camino que cada vez se apreciaba más negro en cuanto a la superpoblación canina en el país. Si bien el espectro del INBA no solo incluye a la especie canina, es obvio que se trata de la principal problemática a atacar.
Más de 1.700.000 perros se han contabilizado en el territorio nacional, únicamente en hogares, cifra que en realidad es bastante mayor, pues cada día asoman a este mundo nuevas camadas de cachorros que con mayor o menor suerte pasarán a engrosar el volumen de la especie que el propio hombre volvió totalmente dependiente de sí y ahora no sabe qué hacer con ellos.
Atendiendo a esa necesidad casi tan antigua como la vida en comunidad, los grupos animalistas, asociaciones protectoras –cualquiera sea la denominación de los ciudadanos preocupados por las especies no humanas– han estado luchando por los derechos y el bienestar de esa población vulnerable. Cada uno desde su lugar, con sus recursos –escasos casi siempre ante la gran demanda–, triunfos y fracasos, con o sin intervención de los gobiernos departamentales. La lucha para esa gente es diaria, porque los perros deben comer todos los días y tener cierto grado de salud física y mental. Y pese a ser verdaderas “emociones de cuatro patas” no entienden de economía y son incapaces de razonar que un día las donaciones no llegaron, y tal vez ese mismo día dejaron una caja con 11 cachorros en la puerta de quienes tienen sus casas convertidas en alojamientos caninos multitudinarios, a los que integrantes de estos grupos de ayuda denominan “hogares transitorios” (porque están allí “por mientras”, a la espera de ser adoptados por una familia).
Y la realidad es que tales grupos son muy pocos para la vastedad de perros abandonados en todo el país; la realidad es que huelga la empatía y son dos o tres –o menos— las personas que al ver un perro atropellado sangrando en medio de la calle se detienen a socorrerlo, o salen a su puerta a dejarle un bocado a los que son piel y huesos y duermen en la vereda. Son más las personas que se quejan porque revuelven las volquetas, porque provocan accidentes, porque muerden a los transeúntes, porque transmiten enfermedades, porque ladran y molestan, porque… existen.
Y también son cada vez más las personas que piden que “alguien” dé soluciones, que “alguien” los reciba.
Es innegable el daño que eso provoca, sobre todo teniendo en cuenta las personas lesionadas en accidentes de tránsito por esta causa, las pérdidas de días de trabajo que provocan o hasta fallecimientos, o los ataques de perros sueltos –con o sin dueño– a los animales de producción en el campo, dejando en ocasiones sin sustento a pequeños productores y otras ocasionando pérdidas millonarias al atacar animales de pedigrí y todo tipo de ejemplares de producción.
Pero en todos estos casos, sabido es, la culpa no es del perro. Porque también es una realidad que los sucesivos gobiernos han hecho poco en este sentido, que todo ha sido a puro pulmón de estas agrupaciones, que han peleado desde el hambre hasta el maltrato, amparados o no bajo inefectivas leyes. Porque no es novedad que las denuncias ante la Cotryba quedaban en una nebulosa mientras impotentes almas –humanas y no humanas– asistían a episodios de crueldad que no es necesario describir aquí.
Ante esto, entonces, el gobierno nacional ha tomado el toro por las astas y decidió sacar del medio a la inoperante Cotryba y crear una entidad nueva para ocuparse de este preocupante tema, que trasciende lo social, sobre todo en lo que respecta a la superpoblación canina. Así dispuso la creación del Instituto de Bienestar Animal, con participación de las partes involucradas en el tema, y en relación con los perros el Capítulo V de la LUC indica, en su Artículo 384, “la creación y gestión de un Programa Nacional de Albergue de Animales Callejeros con la finalidad de dar protección a estos en su vida y bienestar según lo establecido en la Ley N° 18.471 de 27 de marzo de 2009, y sus modificativas”.
Varias voces se elevaron y se elevan en forma permanente en contra de la nueva entidad creada por la ley, alegando que al estar en la órbita del Ministerio de Ganadería será un instrumento al servicio de los grandes productores y que se instalarán nuevamente las “perreras” y habrá matanza de perros, que la participación en el organismo es desigual, en desmedro de los grupos animalistas, que las experiencias de colaboración público-privada en el país en este sentido han sido malas y destacan el lamentable antecedente de un refugio municipal en el Interior.
Reclamos totalmente atendibles, por cierto, que las autoridades del nuevo organismo aseguraron tener en cuenta para el trabajo en lo sucesivo y han otorgado espacio a los grupos animalistas en la batuta del instituto, reconociendo su labor y con disposición a atender a su experiencia y bases de trabajo. De hecho, será a través de la Fundación Cero Callejero que se coordinará la tarea con todas las personas que quieran sumarse a trabajar, con los organismos, grupos, personas y niveles de gobierno en todos los departamentos, para sumar esfuerzos, para ofrecer soluciones con respaldo legal y concretar la aspiración de dejar de ver perros sueltos padeciendo hambre y enfermedades, o provocando desastres en las ciudades y campos del país.
En Paysandú, la oenegé Amigos de los Animales desarrolla una destacada labor en materia de castraciones, que en el presente año continuará con el apoyo de la Intendencia Departamental, a la que –precisamente mediante el nuevo instituto– el Ministerio de Ganadería aportará recursos para abonar la mitad de las 10.000 castraciones que, como mínimo, deberían cumplirse este año para realmente tener el efecto deseado a largo plazo en el departamento.
Están las condiciones dadas para el avance de la campaña de castración, pero no pasa lo mismo con la reinserción de los animales en la sociedad. Porque son incontables las veces que se recogen perros sueltos para castrarlos pero luego no hay donde instalarlos y deben volver a la calle, pues los hogares transitorios ya están llenos. Varias veces lo han expresado a EL TELEGRAFO los responsables de la entidad, en el marco de campañas de adopción responsable de las que solemos hacernos eco en nuestras páginas.
Es en este punto en que se hace necesaria la sumatoria de voluntades y esfuerzos, y por qué no a través de la Fundación Cero Callejero que –cumpliendo con la disposición legal vigente– habrá de instalar centros de albergue en cada departamento, siguiendo las normas de bienestar animal de organismos internacionales, en los que la colaboración pública-privada es la que mejor funciona, a través de un sistema meticulosamente planeado y comprobado, que enfatiza por igual la salud física y mental de los animales durante su estadía transitoria en el lugar, en el que se benefician también las personas, con posibilidad de fuentes laborales, integración de sectores productivos y un alcance social y terapéutico que es exitoso a nivel mundial.
Se trata de buscar soluciones y trabajar en conjunto, siendo de recibo propuestas nuevas, tomadas de ejemplos a las claras efectivos. Ningún apoyo está de más; ninguna ayuda debería ser menospreciada y es bueno dar oportunidad de participar a todos aquellos interesados en el bienestar integral de los perros y su lugar en las comunidades multiespecie, porque realmente de eso se trata. No hay que olvidarse de la razón principal; solo hay que dejar de lado intereses, suspicacias y dudas infundadas, “por si las moscas”. Porque lamentablemente perros “hay de sobra”, y mientras más manos ayuden en esta tarea, con la posibilidad de generar un beneficio extendido a la sociedad, ¡tanto mejor!23
