“Contubernio”, la adjudicación de Fundación A Ganar en licitaciones de intendencias blancas

Federico Álvarez Petraglia.

Como de “mayúscula sorpresa” calificó el exsecretario general de la Intendencia Federico Álvarez Petraglia “descubrir que las intendencias de Paysandú y Durazno, a fines del año pasado, realizaron un llamado para gerenciamiento de recursos humanos que son calcados. No sé quién copió a quién, pero el que lo hizo ni siquiera se tomó el trabajo de no repetir las faltas de ortografía que se reiteran en uno y otro llamado”.

“Me resulta muy extraño –agregó– y obviamente la pregunta clave es cómo surgió en dos intendencias blancas la misma necesidad y cómo lo canalizaron en forma idéntica, con las mismas palabras. Además, claro, del hecho de realizar estos llamados a fines de 2020, creo que una el 18 y la otra el 23, con escasa publicidad, con un corto período de apertura, máxime si se descuentan los días inhábiles de las fiestas tradicionales, y con la rareza de que exista un único oferente en ambos llamados: la multicitada Fundación A Ganar”.

A esta la denomina “el hombre de paja”, aludiendo a una persona o institución que se supone que tiene capacidad de decisión en cualquier tema pero que, en realidad, sólo cumple órdenes al pie de la letra de alguien que tiene más poder que él.

“Ya no creo en casualidades –menos cuando se dan en forma tan explícita–, por lo que parece evidente que hubo una coordinación clara entre ambas intendencias blancas y la Fundación A Ganar para llevar adelante esos llamados, y para que se presente la misma. En mis tiempos le decían contubernio”.Álvarez Petraglia dijo también que ese hecho podría “dar pie a una investigación con base en una posible violación a la igualdad de oferentes, la publicidad de la contratación del Estado, y un largo etcétera. Como si esto fuera poco, la presidenta de la fundación, María Magdalena Secco, es la esposa del exministro de Economía de Lacalle Herrera, Ignacio de Posadas; el director ejecutivo es Alejandro Rico, titular del INJU por el Partido Nacional durante el gobierno de Jorge Batlle, y la subdirectora es Verónica Martínez, hermana del secretario privado del actual presidente Lacalle Pou”.

“Demasiadas coincidencias”, aseguró Álvarez Petraglia. “Creo que con todo es sencillo, simplemente sumar la conducción blanca de la fundación, el llamado calcado de dos intendencias blancas, escasa publicidad y elección meteórica. Creo que las conclusiones son muy evidentes”.

EN PAYSANDÚ CONFIDENCIAL, EN DURAZNO PÚBLICO

“Sería fantástico saber, porque es claro que por telepatía este proceso no ocurrió, cómo fue redactado el llamado y quién se lo envió a quién”, expresó y luego sostuvo que “si todo fuera tan transparente, los involucrados contestarían los pedidos de acceso a la información sobre esta contratación, pero en Paysandú no ha sucedido, bajo la excusa de que el contrato con esta fundación es confidencial”. Pero en este caso hay una diferencia desde que “lo que es confidencial para la Intendencia de Paysandú no lo es para Durazno. En la cuenta de Twitter de radio Yí Durazno se publicó íntegro el contrato suscrito entre aquella Intendencia y la fundación. Es raro, confidencial en un lado y abierto al público en otro”.

EL HOMBRE DE PAJA

Para el exsecretario general de la Intendencia, la fundación “en realidad es un hombre de paja que trajo la intendencia para relacionarse con sus 130 trabajadores de los CAIF. Lo digo porque en realidad el patrón de estos funcionarios sigue siendo la Intendencia, que fue quien los seleccionó, que es la que les dice dónde trabajar y dónde no. Vale decir, sigue dando las órdenes como cualquier patrón”.

Explicó que –desde su punto de vista– “la fundación solo sirvió para ahorrarle millones de pesos a la Intendencia en aportes patronales. Sirvió para que no se realicen aportes al BPS, sencillamente. Y la fundación –como tal– tampoco los paga. Así que quien realmente pierde es el BPS. Pero nada es gratis, porque la fundación se lleva una buena cantidad de dinero fuera de Paysandú, pues es de otro departamento”.

Pasó al ámbito privado para poner como ejemplo lo que ocurriría “si una empresa privada con, digamos, 12 empleados que, para no pagar aportes patronales, se los pasa a una fundación que está exonerada. Pero sigue como el real patrón. ¿Qué pasaría con el BPS y con la DGI? Muy probablemente habría una inspección y se liquidarían los tributos defraudados. Pero en el caso de la intendencia, pese a varias denuncias públicas, el BPS está mirando para otro lado. ¿Qué razones tendrán?”

Finalizó indicando que la Fundación A Ganar no cumple fines culturales, educativos o deportivos. Resulta claro eso porque la Intendencia determinó en la licitación que ‘quien resulte adjudicatario deberá contar con capacidad de respuesta dentro de las 48 horas ante solicitudes de la Intendencia de sustitución de personal o finalización de tareas, realizar un servicio de supervisión al personal contratado en los diferentes programas’. Claramente es meramente una empresa comercial que suministra mano de obra a solicitud de la Intendencia, por lo que caen las exoneraciones en las que se ampara. Otra vez, el BPS mira para otro lado. Quizás, algún día, se deje de hablar del déficit del BPS y se cobre a todos los que deben pagar. Sería bueno”.