Uruguay ya venía complicado en el escenario del mundo del trabajo. Y es bueno recordarlo ante las diversas propuestas nacionales y departamentales para debatir en torno a la crisis que desató la pandemia en este sentido. Porque entre 2015 y 2019, el país perdía unos 53.000 empleos que acentuaron su caída en 2020 de 3,5 por ciento y en comparación, es la mayor desde la crisis de 2002.
El año pasado, esos niveles retrocedieron a 2009 y –en promedio anual– la destrucción significó unos 60.000 empleos menos. Sin embargo, hay que reconocer que en Uruguay las cifras de desempleo siempre están atenuadas por el abandono de la búsqueda activa de trabajo. Igualmente, eso tampoco significa que permanezcan desempleados sino que, ante la necesidad de generar ingresos, una persona cumplirá actividades en la informalidad y dentro de su propia casa o entorno. Y eso también se observa particularmente en el Interior del país.
Las señales amarillas se presentaban desde hacía años y la problemática estructural del empleo, tampoco fue atendida conforme pasaron las diversas administraciones pre pandemia.
La mala inserción laboral de los jóvenes uruguayos está enquistada en las clases sociales media y baja desde hace bastante tiempo. Por eso no es una sorpresa que en esa franja etaria –al igual que en la población femenina– se registren los porcentajes más altos. Ni las legislaciones sancionadas en favor de los jóvenes sirvieron para alentar a su inclusión laboral. Por lo tanto, ya era una problema que tampoco formaba parte de las propuestas de discusión sobre el empleo ni adquiría mayor visibilidad.
En cualquier caso –claramente– no hay empleo sin la recuperación de las actividades económicas. No obstante, de acuerdo a algunas mediciones sólo el 26 por ciento de las empresas tiene previsto la contratación de nuevos trabajadores en 2022.
También conviene analizar este escenario, pero deberá hacerse despojado de cualquier ideología. Porque en Uruguay desde hace varios años que existe desconfianza de resolver sobre la incorporación de nuevos trabajadores. Es decir, la problemática de la calidad, generación y reinserción laboral en determinadas franjas, lleva años de discusión en el país.
Este universo complejo también deberá abarcar a más de 400.000 trabajadores informales y cuentapropistas que recibieron otras ayudas estatales, ante la ausencia de aportes a la seguridad social. Se dedican, mayoritariamente, a sectores de la economía afectados por las medidas adoptadas para bajar la movilidad.
En cuanto a la población de menor edad, la capacitación continua en las áreas de la economía que así lo requieren no ha sido un factor preponderante. Porque los empleos correspondientes a las actividades manufactureras u otras tradicionales, pierden terreno conforme pasan las décadas. Oficios que en generaciones pasadas le permitían a un trabajador comenzar y finalizar su vida laboral hoy simplemente no existen o no perciben remuneraciones acordes al costo de la vida actual. Sin embargo, aún se encuentran niveles de población aferradas a aquella realidad que hoy no resiste un análisis de rigor.
A primera vista, parece complejo recuperar los niveles salariales anteriores a marzo de 2020 pero sin una formación de los recursos humanos acorde a los nuevos escenarios, seguiremos hablando de lo mismo. No hace falta repetir que la pandemia simplemente aceleró la automatización en cualquier actividad económica y, aunque algunos sostengan que las trayectorias educativas no inciden en mayor medida, es bastante obvio que resulta así desde hace décadas.
Aparecen ocupaciones nuevas y otras que se reconvierten ante los ojos de una masa trabajadora aferrada al relato de otros tiempos. Sin avances en este sentido, se compromete seriamente el perfil de los nuevos empleados, quienes no serán otros que las poblaciones que continuarán en la pobreza y la desigualdad tantas veces planteadas en las plataformas reivindicativas.
De lo contrario –y ante la eventualidad de nuevas crisis– la salida que aparece será siempre la misma: una dependencia del Estado para la ayuda económica o para el empleo. Y las presiones en este sentido, al menos en Uruguay, ya están a la vista.
Por eso, la recuperación de la pandemia será “lenta, desigual e incierta”, según lo definió la Organización Internacional del Trabajo, particularmente en América Latina.
Este escenario, sin precedentes para las nuevas generaciones, reitera polémicas y estadísticas. Y cuando esto ocurre es porque las diversas gestiones no atacaron un problema de honda raíz ni tampoco vieron su costo social.
Políticas laborales débiles, recostadas en una mayor presencia del Estado, crean indefectiblemente una brecha muy difícil de salvar y comprometen a las clases más vulnerables. Y eso ocurrirá siempre. Quizás, por eso, el desempleo anterior a la COVID-19 era más evitable que ahora, donde el planeta está involucrado en el mismo problema.
En este marco, el mensaje para empleadores, trabajadores, organizaciones sociales y legisladores es una exhortación a prepararse para el día después. La salida no estará en la crítica ni en el debate, porque todos –antes o después– conformaron los equipos que tomaron las decisiones.
Por ahora, la fragilidad de la recuperación es notoria. El bajo crecimiento de la economía dificulta la recuperación del empleo. En el mismo escenario uruguayo se encuentran los países de la región, que obtendrán salidas diversas en función del impulso y el apoyo que le otorguen a las inversiones públicas y privadas.
Y eso tampoco es una novedad para quienes se proponen discutir salidas al problema del desempleo.
