Túnez, 30 (EFE)
El mandatario tunecino, Kais Said, disolvió este miércoles el Parlamento, suspendido “temporalmente” desde el pasado mes de julio, horas más tarde de que la cámara aprobase por unanimidad un proyecto de ley para anular todos sus decretos presidenciales adoptados durante el Estado de excepción.
La medida fue anunciada en el consejo de seguridad nacional “para preservar el Estado y sus instituciones” después de que la Asamblea desafiase al presidente con una sesión de voto a distancia, en la que participaron 116 de los 217 diputados, y que la ministra de Justicia, Leïla Jaffel, calificó de “conspiración” contra la seguridad del Estado, por lo que ordenó la apertura de una investigación contra los implicados.
Entre los decretos adoptados se encuentra el cese del primer ministro, Hichem Mechichi, y el nombramiento de su sucesora, Nedjla Bouden; la suspensión de la casi totalidad de la constitución de 2014 y la disolución del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) y su sustitución por un órgano “temporal”.
“Quienes traten de atentar contra el Estado o llevar a cabo combates internos deberán enfrentarse a las instituciones y poderes que les desviarán de sus objetivos”, advirtió este sábado el dirigente tras conocerse la iniciativa del Parlamento, que prevé una segunda sesión este 2 de abril para examinar la situación política, económica y social.
Por su parte, la poderosa central sindical UGTT –que apoya las medidas excepcionales del presidente– rechazó igualmente esta reunión y acusó a los parlamentarios de “llevar al país al conflicto y a la división política”.
En un comunicado conjunto publicado este sábado, un total de 27 diputados de diferentes grupos parlamentarios instaron a los miembros del hemiciclo a asumir sus responsabilidades y favorecer un diálogo nacional entre los diferentes actores nacionales que permita conducir al país a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
El pasado 25 de julio el dignatario decretó el Estado de excepción y se hizo con plenos poderes con el fin de “recuperar la paz social”. Una decisión que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como “golpe de Estado”, mientras otros consideran que se trata de una “rectificación” de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.
