La campaña respecto al referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), y cuya intensidad seguirá acrecentándose de aquí al 27 de marzo, tiene entre sus consecuencias un efecto de parálisis sobre el sistema político, no solo porque no se ponen otros temas sobre la mesa, sino que porque a esta altura todo lo que se diga o haga se hace en blanco y negro y en torno a la LUC, como fuente y razón de todos los males o de todo lo bueno, según del lado ideológico de donde provenga.
No es por lo tanto en la práctica el mejor momento para considerar temas serios y de largo aliento, como la reforma de la seguridad social, iniciativa tan demorada como controvertida desde el punto de vista conceptual e ideológico tanto en el sistema político como en las propias organizaciones que de una u otra forma son protagonistas directas en la problemática.
Tenemos que en el marco del intento de hacer sustentable el esquema de seguridad social para los desafíos que implica en los próximos años el financiar el sistema con los recursos siempre escasos que se generan en nuestra economía, culminó el trabajo del equipo de técnicos interdisciplinario y de distintas ideologías en procura de llegar a una propuesta de reforma que concite el mayor respaldo posible.
Esta tarea insumió inicialmente una fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita por lo menos superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años, y donde además del aspecto técnico –fundamental para hacer sustentable la reforma– se tienen que incluir elementos que deben ser objeto de decisiones políticas que difícilmente puedan dejar satisfechos a todos los actores en esta problemática, y mucho menos cuando se sigue en muchos casos priorizando la mirada ideológica por sobre el panorama general.
El punto es que no solo es un tema de difícil dilucidación, sino que conlleva un reto adicional para todo partido político que se tome las cosas seriamente y no piense en la inmediatez de una contienda electoral, y de ahí que se haya mencionado poco y nada en las plataformas electorales.
El año pasado, la delegación de nueve miembros designados por el oficialismo en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) presentó para discutir a los otros seis representantes un borrador de recomendaciones de reforma jubilatoria, y entre los cambios propuestos figuran la edad mínima para jubilarse, cómputos de años de aportes, forma de cálculo de los montos de las pasividades, régimen de AFAP, cajas paraestatales, entre otros aspectos.
La idea era que el CESS llegaría al documento final de recomendaciones, para luego el Poder Ejecutivo redactar un proyecto de ley con su propuesta de reforma jubilatoria, y someterla al tratamiento parlamentario, en la parte más álgida del proceso, en el que además es impensable que pueda llevarse adelante una reforma que deje satisfechas a todas las partes.
Como se preveía, además, pese a la ardua y prolongada tarea del comité de expertos, el llegar a un documento que reúna un apoyo altamente mayoritario era prácticamente imposible, porque precisamente entre los partidos hay visiones no coincidentes y a veces hasta antagónicas. Incluso hay determinados grupos con una visión preponderantemente ideológica, pese a que los números les digan lo contrario, y la idea que les guía es imponer su visión voluntarista que inevitablemente desemboca en un desfinanciamiento crónico, con el desenlace de que el tesoro nacional –que se nutre del aporte de todos los uruguayos– se haga cargo del déficit.
El que se haya soslayado el tema en la campaña electoral tiene su explicación por el lado de que lejos de ser un tema que arrime votos, tiene muchas espinas que indefectiblemente implican que deben establecerse correctivos que no van a resultar simpáticos, desde que de una u otra forma habrá que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro en el que siempre hay damnificados o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Además, no hay ningún partido en el mundo que tenga por sí solo la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que las respuestas deben responder a un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema, lo que tampoco parece haberse logrado en esta instancia.
Debe tenerse presente que los sistemas previsionales en todo el mundo se encuentran amenazados por una realidad demográfica que presenta una tendencia irreversible, con un constante incremento de la proporción de personas de mayor edad y una población que tiende a estabilizarse en los países desarrollados. En el otro extremo, las nuevas generaciones empiezan a aportar cada vez más tarde, debido a que muchos jóvenes “estiran” la entrada al sistema laboral formal por continuar estudios terciarios, trabajar en negro en forma virtual o porque cuentan con recursos como para “disfrutar de la vida” antes de sentar cabeza, un fenómeno está ocurriendo en todo el mundo y también en Uruguay. Por todo esto que la presión y el conflicto entre términos de la ecuación opuestos, seguirá in crescendo.
Y el Uruguay no es ajeno a esta problemática, solo que mientras por un lado no tiene espalda financiera para sostener el sistema de previsión social, por otro presenta un envejecimiento poblacional comparable al mundo desarrollado pero con una economía muy crítica, además de una relación activo-pasivo que no alcanza para sostener el sistema sin aportes del Estado, en las condiciones actuales.
El CESS recomienda mantener el régimen mixto como eje central del sistema, con algunos agregados de previsión complementaria, además de sugerir un ingreso mínimo garantizado a partir de los 71 años y elevar la edad de retiro a los 65 años, entre otras posibilidades, además de un modelo para combinar el trabajo y la jubilación.
Otro punto neurálgico tiene que ver con las cajas especiales, como las de policías, militares, escribanos, profesionales de otras carreras y bancarios, que se entiende no son sustentables en el mediano y largo plazo, pero que como contrapartida establecen regímenes de prestaciones muy importantes para sus beneficiarios.
Sobre todo la Caja de Profesionales Universitarios tiene una situación deficitaria “severa e inmediata” y “el diseño vigente de beneficios y financiamiento cumplió su ciclo”, según el texto del CESS, lo que da la pauta de la entidad del desafío y del hecho de que mientras más se demore en las respuestas, más difícil será una solución que contemple debidamente los intereses en juego, y algo similar ocurre con las cajas de militares y policías, con su régimen especial.
En todos los casos, las propuestas deberían ser aterrizadas para el tratamiento parlamentario –fueron entregadas el 24 de noviembre– y requieren una visión global y altura de miras, sin fundamentalismos, para compatibilizar que se contemple el esfuerzo de los que aportan al sistema y a la vez sostener un régimen solidario para quienes no llegan a determinados mínimos para hacer sustentable su prestación, por lo que de una forma o de otra hay subsidios en juego, que pagarán parcialmente los que más aportan y también todos los uruguayos desde Rentas Generales.
Moscas difíciles de atar por el rabo, por lo que es de esperar que el Parlamento pueda encontrar el punto de equilibrio para no seguir postergando el tema.
