El embajador de Argentina en Israel, Sergio Urribarri, presentó su renuncia al cargo luego de que un Tribunal lo condenara en un caso por corrupción, una sentencia que el político oficialista anticipó que apelará.
“Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador”, dijo el exembajador, quien también estaba a cargo de la representación diplomática argentina ante Chipre.
Urribarri –quien ocupó el cargo de gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015– fue condenado el 7 de abril por un Tribunal de ese distrito a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos al cabo de un juicio oral por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.
A través de su cuenta en Twitter, afirmó que el fallo de primera instancia en su contra “es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho”.
El tribunal oral determinó que usó fondos públicos de la provincia de Entre Ríos para utilizarlos en una campaña cuyo objetivo era posicionar la imagen de Urribarri como candidato presidencial para las elecciones generales de 2015 en Argentina. En el juicio también resultó condenado Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, que fue sentenciado a la pena de 6 años y medio de prisión. Además, el tribunal condenó a una decena de otras personas, entre exfuncionarios y empresarios, por sus distintos grados de participación en las maniobras.
La historia
La audiencia comenzó el 27 de setiembre del año pasado y se extendió, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental expuesta durante el debate y por la cantidad de testigos. Los delitos acusados son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares y es la primera vez desde la restauración democrática que un tribunal entrerriano decide un fallo de este tipo.
La Fiscalía había solicitado 12 años de cárcel para Urribarri, 10 para el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Baéz y el funcionario del Senado, Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri); 8 años para la contadora Corina Cargnel y 5 para el exministro de Turismo Hugo Marsó, (también exintendente de Colón) que resultó absuelto. A todos, además, se pidió una multa de 90.000 pesos.
El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Urribarri.
Negocios
El Ministerio Público Fiscal había pedido que se lo sancione a 12 años de prisión y se lo inhabilite a ejercer cargos públicos. Su defensa técnica, por el contrario, había requerido al Tribunal que lo absuelva. La Justicia consideró probado que Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares.
Uno de ellos fue favorecer a su cuñado, Juan Pablo Aguilera quien operaba, según el fallo, con un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública. Aguilera recibió una pena de seis años y seis meses.
Los jueces también consideraron probado que utilizó el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015 y la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná durante diciembre de 2014, para promover sus intenciones de suceder a Cristina Fernández en la presidencia en 2015. Además, habían sido acusados sus exministros Pedro Báez (Comunicación) y Hugo Marsó (Turismo). Al primero se le impusieron seis años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación a perpetuidad y el segundo fue absuelto. Por último, se lo acusó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means sin haber cumplido con los requisitos formales para ello. Con Urribarri, ya son once los dirigentes kirchneristas condenados por corrupción
