Una consecuencia directa de la guerra en Ucrania, como antes lo fue también de la pandemia, refiere a la distorsión generada en los valores de bienes, servicios y logística, a nivel mundial, agregado naturalmente a las consecuencias desde el punto de vista sanitario y socioeconómico, aunque con la salvedad de que el punto de partida para cada país o región es diferente.
Así, nuestro país, con una inflación actual comparable a la de Estados Unidos, cuando en la nación del norte siempre ha sido notoriamente inferior, presenta una repercusión mucho más negativa en el común de la población por su nivel de ingresos comparados con los precios de los artículos y servicios, a la vez que desde el punto de vista de los respectivos estados la espalda financiera, recursos y funcionamiento también dista un abismo, aplicándose lo mismo para las naciones europeas.
Ergo, no es lo mismo la disconformidad generada en los actores de la economía, sobre todo de los sectores asalariados y pasivos, pero también de los empresarios, cuando se parte de escenarios diferentes, y en este sentido las respuestas a tono con la situación se presentan complejas, cuando las urgencias trastocan las políticas de mediano y largo plazo ante componentes inesperados.
La invasión rusa y la pandemia son precisamente eventos imprevistos de gran magnitud y por lo tanto contribuyen a que los parámetros sobre los que se habían formulado planes y políticas queden de lado y se deba improvisar sobre la marcha ante nuevos escenarios, a la vez de dar lugar a intentos de respuestas ante urgencias que determinan que se quiebre el rumbo trazado ante una realidad que ya no existe.
En el caso de Uruguay, la inflación ha determinado que se haya acentuado la brecha entre ingresos promedio de la población y los bienes y servicios, por lo que se ha registrado una sensible caída en el salario real, al punto que el Poder Ejecutivo ha anunciado fuera de programa un incremento en salarios estatales y pasividades del 2 y 3 por ciento, respectivamente, a partir de julio, a la vez de exhortar a que los Consejos de Salarios modifiquen las pautas para el sector privado.
Pero nadie puede dudar que por este lado no pasan las respuestas reales al escenario de empuje inflacionario, y que precisamente se ha optado por un parche para de alguna forma aplacar el descontento social, sin que esta sea ni por asomo una solución para la escalada de precios que en este caso no tiene factores endógenos, sino fundamentalmente exógenos, en tanto tomadores de precios internacionales. Por el contrario, esta medida incrementará el déficit fiscal y presionará la inflación aún más al alza.
Al respecto, consultado por El País, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, se justificó en que el gobierno debió innovar en la toma de acciones para enfrentar la escalada de precios producto de una situación mundial donde no se ven cambios en el corto plazo.
Expuso que “la inflación internacional se aceleró bastante en los primeros meses de este año. Esto nos impacta en el corto plazo porque somos receptores de precios. Contra eso no tenemos en el corto plazo nada para hacer. Esto no es de un rato, claramente”, señaló el jerarca de gobierno.
“Desde el momento que no es un rato y que va a permanecer, que en el corto plazo ninguna economía pequeña como la uruguaya –y tampoco las grandes– va recibir un shock de baja de precios…
Bueno, entonces tenemos que responder de una manera distinta”, argumentó Alfie sobre la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar un aumento salarial a los trabajadores públicos de 2% y a las jubilaciones y pensiones de 3%.
Asimismo, el director de la OPP explicó que ante la suba de precios, el nivel de gasto que el gobierno tenía previsto está cayendo en términos reales. “Con el crecimiento que tenemos los ingresos no están cayendo (producto de la recaudación). Tendríamos un resultado mejor al que teníamos previsto. Por lo tanto, en esta situación de crecimiento, hacer un sobreajuste, que quizás en otras circunstancias se precisaba, no se precisaba”, agregó.
El hecho de tener una inflación basada en razones que resultan ajenas a las posibilidades de encontrar respuesta con medidas en el plano interno –por lo menos para introducir correctivos genuinos y no temporales– es precisamente el factor que hace recurrir a la improvisación para hacer que las cosas no empeoren temporalmente desde el punto de vista socioeconómico mientras se espera que el escenario internacional cambie y el país quede en mejor posición.
Respecto a esta problemática, el economista y doctor en Historia Económica Gabriel Oddone hizo una serie de consideraciones “en clave política” tras los anuncios de Lacalle. En primer lugar, dijo que el plan desinflacionario previsto está “postergado” y aseguró que es “muy probable” que haya “mayor estrés sobre el tipo de cambio”.
Calificó como un “paquete demasiado genérico” a las medidas promulgadas, algo que “compromete” la efectividad y lo vuelve “comparativamente caro. Un mayor foco podría hacerlo más efectivo y hacer rendir mejor los recursos afectados. Dada la decisión, es clave subrayar la transitoriedad de las medidas”, sostuvo en su cuenta de Twitter.
Medidas que pretenden trasmitir preocupación por precios (lo sustantivo) y atender demandas dentro de la coalición (lo político). Lógico y razonable. “Con su decisión el gobierno prioriza la protección del ‘modelo de convivencia’ por sobre las reformas pro-eficiencia. En esencia, esa es una política de Estado en Uruguay desde 1985”, expresó.
“Dos riesgos asociados: a) gobierno se aleja parcialmente del mandato recibido; b) la política macroeconómica podría volverse inconsistente. El contexto internacional (precios y desórdenes fiscales por doquier) habilita a explorar este camino, al menos a corto plazo”, añadió.
Por supuesto, si se atiende la realidad social con paliativos de ocasión y se dejan de lado las respuestas que aconseja la academia para seguir adelante con la política económica, nos encontramos con que a la hora de las prioridades se pone en primer lugar atender el problema puntual del desfasaje con el salario real, para postergar las medidas de fondo a la espera de resultados.
Sin embargo, un problema, como bien sostiene Oddone es que el mundo se “ordenará más rápido” que Uruguay, lo que aumenta la probabilidad de que la inercia y el ciclo político posterguen reformas importantes, lo que no sería de extrañar ya a esta altura del mandato, cuando el período de la luna de miel de todo nuevo gobierno ya se dejó atrás, y el precio de las reformas implica costos electorales ante la inmediatez de la consulta popular.
Todo indica que seguiremos dependiendo de cómo y cuándo se reacomoden los precios y el comercio a nivel internacional, pero es de esperar que esta improvisación obligada por las circunstancias no se prolongue al extremo de que primen los voluntarismos para no pagar los costos políticos, lo que implicaría volver a los inmovilismos y el statu quo que han dejado al país siempre en situación de alta vulnerabilidad y sin las soluciones que den sustentabilidad.
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