En la noche del domingo 27 de marzo en que se confirmara el triunfo de la opción NO en el referéndum sobre la derogación de 13 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el presidente Luis Lacalle Pou anunció que es decisión de su gobierno seguir adelante con el programa respaldado por la ciudadanía en las elecciones de noviembre de 2019, que lo ungieron como mandatario, y reafirmó que entre los temas que aparecen como prioritarios figura el de la reforma de la seguridad social.
Sobre este punto, como hemos informado, ya existe un borrador elaborado por la comisión de expertos que analizara el tema, con participación de todos los partidos, pero el punto es que el Frente Amplio, los técnicos que lo representaron, no coinciden con los términos de este anteproyecto –que naturalmente deberá dar origen a una iniciativa del Poder Ejecutivo a tratarse en el Parlamento–. Pero más allá de discrepar, ni siquiera ha esbozado cual es realmente su propuesta, si es que la tiene.
Ya el exministro de Economía y Finanzas, Ec. Danilo Astori, había indicado que es imperioso abordar en el corto plazo una reforma de la seguridad social, teniendo en cuenta las proyecciones de desfinanciación cada vez más agudas del sistema, pero existe una trabazón a nivel político, en parte debido a temas ideológicos pero también por medir los posibles costos políticos de llevar adelante una iniciativa que siempre será impopular, porque no hay recursos para todos y ni siquiera para mantener las cosas tal como están, que ya tampoco conforman.
Por lo tanto hay una serie de factores relacionados a tener en cuenta y uno de los principales pasa por quién se hará responsable de una reforma que todo indica que no contará con el respaldo de la ciudadanía, porque siempre habrá muchos perjudicados. En verdad, y sobre todo si el Frente Amplio se automargina, como todo parece indicar, la interrogante es si el gobierno seguirá adelante contra viento y marea para hacerse cargo de una reforma en solitario, por la que sin dudas pagaría un alto precio en las próximas elecciones, cuando justamente los beneficios de los cambios no se verán en cinco o siquiera en diez años, si no en un futuro más lejano.
Es decir, en los hechos, se pagaría un costo político en votos por nada que se vaya a aplicar en este período de gobierno, en el marco de una patinada electoral mayúscula, sin beneficio tangible para quien la lleve adelante, aunque con la satisfacción sí de hacer lo que se debe hacer, mientras otros sacan provecho de haber “embarrado” la cancha.
Al respecto, el diputado nacionalista Jorge Gandini es uno de los parlamentarios que ha sido más claro en cuanto al planteo político de la situación al ser entrevistado en Teledoce sobre este y otros temas, y subrayó que desde su punto de vista personal “no estoy dispuesto a avanzar en una reforma de la seguridad social sin acuerdo político”, es decir sin compartir el costo político de encarar una reforma que todos saben que es necesaria para el país.
Expuso que “creo que el gobierno ha sido confirmado en el rumbo que ha tomado. Hoy hay que avanzar en algunas de esas reformas que no requieren ley, que son resorte de las autoridades ejecutivas, por ejemplo, la reforma educativa, que hay que ponerle mucho contenido. Es un sector que ofrece muchas resistencias a los cambios. Debe ser el más reaccionario que existe en el país. Tiene un marco formal y legal aprobado y es resorte de las autoridades educativas para ponerlo en marcha, más allá de las resistencias de los sindicatos”.
Pero sobre todo “tenemos un pendiente muy importante que es la reforma de la seguridad social. Hablamos de darle sustento en el tiempo a la ecuación económica financiera, la sustentabilidad. Que los que están aportando hoy siendo jóvenes estén seguros que se pueden jubilar dentro de 20-30-40 años. Eso requiere medidas que lo hagan sustentable en el tiempo. Hoy la seguridad social está fuertemente financiada por los recursos que se transfieren del Estado, que se recauda por ejemplo por IVA. Cuando pagamos IVA, 7 puntos van al BPS. Pero además, aportamos otros 500 millones de dólares al sistema. Tenemos las cajas paraestatales, que son distintas y solidarias entre ellas, pero tienen un tema de sustentabilidad en el tiempo”.
Aclaró que “obvio que es un tema que no es simpático, porque la única manera de financiar el sistema es tocando todas o algunas de las variables que le dan viabilidad. O se trabaja más años, o se paga más cuando trabajás o cobrás menos cuando te jubilás. No hay mucho misterio”.
Pero además “cualquier reforma en la seguridad social tiene resultado mucho después. Supongamos que aprobamos una en el 2022. Lo vamos a ver en el gobierno que viene. Por lo tanto, tiene que haber un acuerdo con los que gobiernan y los que aspiran a gobernar. Los que gobiernan hoy tal vez van a tener un costo político importante en el debate público, pero estamos asegurando una continuidad en el tiempo. O hay madurez en el sistema político y nos entendemos que tenemos que hacer algunas reformas o la reforma, a mi juicio, no sale. Yo no estoy dispuesto a avanzar en una reforma con voto puro y duro, sin acuerdo político. Si nos basamos en resultados electorales puramente es muy difícil llegar a un acuerdo. Escuché al presidente del sindicato de Ancap diciendo que la lucha continúa y ahora comienza la lucha para resistir la reforma de la seguridad social. Todavía no sabe cuál es y ya está en contra. Tocar variables genera incertidumbre. Nadie le va a tocar la jubilación a los que están jubilados, o los que se están por jubilar, pero hay que generar sustentabilidad al sistema. Hay que ponerle todos los condimentos. Uno de los temas es que la gente vive más años. ¿Hay que trabajar más años? En el mundo se ha estado poniendo la edad jubilatoria más arriba. En Uruguay el promedio es 63, el real es a los 60. Pero lo subís y ruido va a haber”.
Pero ¡Claro que va a haber ruido! Sobre todo desde el Pint Cnt, brazo sindical del Frente Amplio cuyos dirigentes que alternan posiciones en política, sindicatos y “grupos sociales” y “culturales” aspiran a promover una reforma de la seguridad social sostenida en eslóganes que suenan dulces al oído pero que no son otra cosa que seguir pateando la pelota hacia adelante, buscando que otros hagan lo que se tiene que hacer y paguen el costo a través del voto ciudadano adverso.
La alternativa, la única, si es que realmente se quiere trabajar en soluciones para el bien del país, es asumir las responsabilidades por parte de todo el sistema político para compartir verdes y maduras en procura de generar un proyecto de reforma que resulte el mejor posible en el común denominador de las posiciones.
Como bien lo señala Gandini, el oportunismo tiene que quedar de lado con las políticas de Estado, y se necesita una gran base de apoyo multipartidaria. “Si el corazón del debate (en el caso de la reforma de la seguridad social) es el oportunismo, estamos liquidados”, sostuvo.
Es que de lo que se trata es de tomar decisiones que lamentablemente en el corto plazo no son buenas, pero cuyos beneficios se recogen en el futuro. Y de eso se trata el arte y el desafío de gobernar, por encima de los populismos que se juegan el todo por el todo al hoy, sabiendo que se rifan el futuro.
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Ya ha comenzado a repercutir negativamente en el comercio de Paysandú –el más grave en el sector de las estaciones de servicio– la reapertura del puente General Artigas, desde que al levantarse las medidas restrictivas por la pandemia, centenares y miles de sanduceros están cruzando hacia la vecina orilla para adquirir bienes y servicios, en el marco de una enorme brecha de precios y cambiaria que solo es comparable a la que tuvo lugar hace cuarenta años, destacó a EL TELEGRAFO el dirigente del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Juan Martín Della Valle.
