Las estadísticas oficiales sobre criminalidad y violencia presentadas al cierre de la semana pasada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, generaron repercusiones en el arco opositor. El Frente Amplio plantea un llamado al Parlamento y considera que los resultados divulgados en una conferencia de prensa por el secretario de Estado son el reflejo del fracaso de su gestión.
Heber expuso un aumento del 33,3% de los homicidios en los primeros tres meses del año –que pasaron de 72 a 96–, un descenso de las rapiñas de 6,3% y un aumento de los hurtos de 3,2%. También se incrementaron las denuncias por violencia doméstica un 11,2%, que pasaron de 9.119 en el primer trimestre del año pasado a 10.141 en el mismo período correspondiente a 2022.
La mayor suba de asesinatos se concentró en Montevideo, Canelones y Rivera. En este último caso, lo explicó por enfrentamientos entre bandas, si bien reconoció que falta analizar el fenómeno con la Policía. Enmarcado en esta situación, Heber anunció una mayor presencia policial en las calles con las tareas de disuasión y prevención del delito.
Porque, a pesar de los cuestionamientos, es clave puntualizar que bajaron los asesinatos como consecuencia de las rapiñas. Y si la discusión se centra en que los denominados “ajustes de cuentas” son homicidios igual que los demás, es necesario separar los contextos. De lo contrario, la discusión siempre estará viciada y la inseguridad ciudadana nunca será puesta en debate con honestidad.
El estudio de un fenómeno social tan complejo debe realizarse sin mezquindad política. De lo contrario, continuará reflejado en las estadísticas y pasará de una administración a otra, para transformarse en un problema sin resolverse que se tira sobre una mesa para recoger el titular deseado.
Y si esto no es así, entonces analicemos algunas estadísticas, porque las comparaciones deben demostrar a la ciudadanía que las políticas públicas –como la seguridad ciudadana– son del Estado y no le pertenecen a un gobierno en particular.
Entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2018, es decir a tres años de asumir su segundo mandato el expresidente Tabaré Vázquez, los homicidios habían aumentado 66,4% con respecto al 2017, las rapiñas mostraban un crecimiento del 55,8% y los hurtos 26,9%, de acuerdo a los datos presentados formalmente aquel año por la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.
Durante su campaña electoral, Vázquez había prometido en 2014 un descenso de las rapiñas del 30%. “Y ustedes me conocen, cuando me comprometo es que las vamos a cumplir”, recalcaba.
Las autoridades ministeriales de entonces, encabezadas por el ministro Eduardo Bonomi, aseguraban que la responsabilidad de ese incremento era del nuevo Código Penal, vigente en Uruguay desde el 1º de noviembre de 2017. Incluso remarcaban que con el descenso de los presos en las cárceles a raíz de la prisión preventiva como una excepción, demostraba que había una mayor cantidad de delincuentes en las calles.
El ministerio bajo el gobierno del Frente Amplio había presentado un proyecto para obligar a los fiscales a pedir la prisión preventiva en aquellos casos reiterados por delitos violentos. Además, aclaraba el rol de policías y fiscales, para que los efectivos puedan dar pasos en el seguimiento del delito, sin pedir autorización fiscal. Esas acciones provocaron desencuentros entre ambas autoridades.
Alcanza con observar en los archivos de la web ministerial para recordar que entre el primer semestre de 2017 y el mismo período del año siguiente, hubo 87 asesinatos más. Montevideo registraba un aumento del 41%, en igual período analizado y en el Interior los asesinatos se incrementaban mucho más.
En cuanto a las características, más del 40% de los asesinados tenían antecedentes y el mismo porcentaje correspondía a los homicidios como resultado del enfrentamiento de las bandas criminales. Asimismo, aumentaban las rapiñas. En Montevideo se incrementaron por encima del 50% y el caso curioso fue Canelones, que entre enero y junio de 2018 registró un 100% más.
Por entonces había tal preocupación que Vázquez se comprometía en el balneario San Luis, donde fue convocado por una carta de los vecinos, a “enfrentar con la mayor dureza a la delincuencia, en todo el territorio nacional, sin concesiones de ningún tipo, pero también a las causas que llevan al delito”.
Porque tampoco hay que olvidarse de las declaraciones del entonces director nacional de Policía, Mario Layera, quien en mayo de 2018 aseguraba en una entrevista con el diario El Observador que si no se detenía el accionar de la delincuencia, en Uruguay debía esperarse “un escenario como El Salvador o Guatemala” .
El anterior jerarca se refería así al protagonismo de las peligrosas “maras” que superan a la actuación de los gobiernos. Y lo interesante de sus reflexiones puede concentrarse en esta pregunta: “Un día los marginados van a ser mayoría. ¿Cómo vamos a contenerlos?”, decía Layera hace cuatro años.
Tenía una idea clara sobre el problema, a pesar de su último protagonismo en la campaña por el “Sí” a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración hace unas semanas. Porque cuando le tocó ser parte del gobierno decía que “el problema es el temor del Estado de tomar decisiones difíciles para contener esto que hoy lo podemos parar, pero con medidas no simpáticas.
Por ejemplo, un control estricto de la concurrencia a los centros de estudio y que se llegue al retiro de la patria potestad. Eso es ley, solo que no se cumple. Hemos caído en una anomia social en la que no se cumplen las leyes y nadie quiere hacerlas cumplir estrictamente”.
Más claro, imposible. La impotencia y resignación que reflejaba en sus palabras también lo llevaron al Parlamento, junto al ministro que respaldó sus declaraciones. Hoy no es posible mirar para el costado y hacer como que la oposición nunca fue gobierno.
Si hasta Mujica reconocía que “esto no se arregla solo a palos, hay una pérdida de valores muy grande”. Por eso, es necesario observar a aquel pasado que fue presentado como el de mayor expansión económica, con gran desarrollo humano y social, para entender que los problemas no tienen color político.
