Mes: mayo 2022

El Partido Comunista discutió un documento base durante el pasado fin de semana, donde responsabilizó al astorismo del déficit de 600 millones de dólares en Ancap. Y aunque no refiere específicamente a la figura del senador Danilo Astori, habla del “Ministerio de Economía”, desde donde se instaló “una estrategia impuesta al ente por la visión económica predominante (expresada principalmente en el MEF), donde se limitó las posibilidades de inversiones genuinas en función de mantener los aportes a Rentas Generales, promoviendo el tomar deuda para cumplir con los planes de desarrollo a nivel país y en varias áreas de actividad, con amplias repercusiones sociales asociadas”.

Según la visión comunista, “ante la embestida de la derecha”, el MEF optó por establecer “políticas de ajuste que cumplieron su objetivo, pero a costa de reducir sustancialmente las inversiones”. El documento ejemplifica la no instalación del tercer horno en Paysandú por razones de costo. De acuerdo a la visión del documento base, tales decisiones sirvieron al “planteo privatizador del actual gobierno” y criticó el manejo de las empresas públicas, en tanto no estuvieron a disposición del desarrollo nacional.

Ese documento base que descolla en autocrítica, corresponde a la misma fuerza política que impulsó a fines del año pasado, la conformación de un grupo de trabajo para enfrentar el “relato falso” sobre la gestión de las empresas públicas de los últimos tres gobiernos frenteamplistas. Promovían, además, una “Iniciativa por la verdad” y reuniones entre legisladores y directores de las empresas públicas en representación de la oposición, para responderle al gobierno.
Entre otros aspectos, rechazan “supuestas auditorías” como las efectuadas sobre el Antel Arena por corresponder a “instrumentos políticos” y no como herramientas para mejorar la gestión.

Es también la misma que a mediados del año 2016, emitió un comunicado donde acusó a los medios de comunicación y a la oposición de “desestabilizar” la democracia, en momentos en que se cuestionaba la licenciatura del entonces vicepresidente de la República, Raúl Sendic. La fuerza política resolvió apoyar la figura del exjerarca y rechazar una campaña para “menoscabar la imagen y credibilidad del gobierno”.
En un documento divulgado aquellos días, aseguraba que la supuesta campaña apuntaba a “debilitar la institucionalidad democrática del país”.
Las manifestaciones de solidaridad se sucedieron en los siguientes meses, hasta que no pudieron sostenerlo más. Pero antes hubo que escuchar que Sendic hablara de los medios “chatarra” o que el expresidente Tabaré Vázquez afirmara que se hizo “el bullying más fantástico que he visto en mi vida” contra Sendic, justamente en momentos de su renuncia al cargo. Una decisión enmarcada en la polémica ocurrida en torno al uso de tarjetas corporativas, cuando estaba al frente del directorio de Ancap. Y que, en ese entonces, no tenía respaldo en reglamentación alguna que presentara una mayor transparencia a la ciudadanía.
Ya fuera del cargo, el exvicepresidente aseguró que “el chatarrerío ese” –la prensa– estaba “combinado” para llevar adelante una operación permanente de la oposición contra la fuerza política en el gobierno.

Sin embargo, el resumen del comienzo y el discurso del exlíder de izquierda –renunció a la política partidaria y a su sector el pasado 29 de abril– olvida a Gas Sayago, que desde 2020 está en liquidación, con pérdidas millonarias y varios juicios en carpeta. Uno de ellos el que inició la constructora OAS por 13 millones de dólares, el otro es lo que deberá pagarse a la exgerenta general, Marta Jara, y el retiro de 71 pilotes de una obra fallida. Este último caso no es urgente para el gobierno, y su extracción bajó el presupuesto de 8 a 5 millones de dólares ante la competencia de empresas interesadas en efectuar esa tarea.
Pero todo está detallado en el “Resumen Ejecutivo Procesos Judiciales y Arbitrales, Agosto de 2019”, con demandas, juicios laborales, procesos concursales y arbitrales. La empresa tuvo siete audiencias de conciliación, cuatro juicios laborales y cuatro civiles, cuyos montos alcanzaban 87 millones de dólares hace tres años. La discusión en torno a la frustrada construcción de una terminal de regasificación durante el gobierno de José Mujica, ha sido calificada por el veterano líder como “bulla” y que es utilizada para hacer “politiquería”.

Por último, la sentencia confirmada en primera instancia por el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, que condena a la inexistente Gas Sayago, a pagarle a la expresidenta de Ancap, Marta Jara, unos 7 millones de pesos o 170.000 dólares por derechos laborales y retribuciones personales impagas.
Jara pidió –y fue aceptada– una licencia sin goce de sueldo para ocupar la presidencia de Ancap. Cuando dejó ese lugar ante la llegada del actual gobierno, envió a UTE –uno de los entes propietarios junto a Ancap– un telegrama colacionado donde se manifiesta “activa a la orden como empleada” y reclama por “su situación laboral”.

Luego de presentar una demanda por despido indirecto contra la empresa, el fallo judicial le da la razón y dice algo muy básico que entiende cualquier estudiante de Derecho: “la actual postura de Gas Sayago contraría la actuación de buena fe, pues si entendía que al cese en el cargo en Ancap se plantearía la inhabilitación o incompatibilidad que ahora invoca, no debió otorgar la licencia solicitada, o debió advertir en su resolución que correría un período de inhabilitación posterior al cese en Ancap, debido a la vinculación entre la empresa y dicho ente”. Si bien la situación de la exjerarca ya estaba calculada en las pérdidas de la empresa inexistente, ahora se deberá enfrentar un panorama que permanece complejo.

Porque es una “empresa” que le cuesta al Estado aproximadamente 137.000 dólares mensuales, por concepto de Impuesto al Patrimonio por el gasoducto construido por OAS que no se usó jamás, además de gastos de seguridad, vigilancia, arrendamientos y asesoramiento legal.
Y se podría seguir. Porque no es solo el astorismo, o únicamente la falta de inversiones o exclusivamente el límite presupuestal, los factores que en forma aisladas impidieron que las empresas públicas “se transformaran en locomotoras del desarrollo”, sino una desidia conjunta y algún que otro delirio personal que se pagará con dineros públicos. → Leer más

En nuestra edición de ayer informamos: “La intervención en el cartel La Heroica, con letras corpóreas, realizada por el Batallón ‘General Leandro Gómez’ de Infantería Mecanizado Nº 8 ante el Mes del Soldado –que este año se conmemora en mayo– y el Día del Soldado caído en Servicio, conmemorado el pasado 24, fue vandalizado en las últimas horas. La intervención, con un motivo de camuflaje militar propio del uniforme de los soldados, fue vandalizado escribiendo nombres de personas desaparecidas durante la represión por las Fuerzas Armadas al movimiento Tupamaros. La conmemoración del Día del Soldado causó controversia por coincidir con el mes en que se recuerda a los desaparecidos. Se instauró el 24 de mayo, porque ese día de 1811 dejaba de existir el capitán Manuel Antonio Artigas, tras las heridas recibidas en el combate de San José, considerado el primer oficial muerto en la revolución”. Además, el pasado 2 de mayo el Ejercito realizó el lanzamiento del Mes del Soldado, un mes para reconocer y agradecer al personal de esa fuerza, instancia en la que el ministro de Defensa, Javier García, anunció la presentación de un proyecto de ley para formalizar el 24 de mayo como “Día del Soldado Oriental”.

Obviamente los soldados de nuestro país constituyen un importante contingente de personas que cumplen con una tarea esencial de cualquier Estado, como lo es la defensa nacional. Ningún país, aún aquellos que han abolido su ejército como Costa Rica, puede prescindir de la existencia de un cuerpo organizado al cual se le confía la defensa de la nación. Tal como ha señalado el especialista uruguayo Juvenal Javier, “la Defensa Nacional es un cometido esencial del Estado, pues es inherente a su calidad de tal, que sólo se concibe ejercido directamente por el mismo Estado, que se halla dotado de poderes jurídicos más intensos que cuando desempeña otros cometidos, pues puede imponer prestaciones personales, como el servicio militar obligatorio, o limitar la libertad personal, en tanto la violación de sus normas acarrea consecuencias más severas que cuando se trata de los demás cometidos, como la aplicación de multas pecuniarias. El cometido fundamental que la Constitución le asignaba al presidente de la República, en la Carta de 1830, era la conservación del orden y la tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo exterior, cometido que desde la reforma constitucional de 1934, en el hoy artículo 168 numeral 1º de la Constitución vigente, le corresponde ejercer actuando con el Ministro o Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros. Este mismo autor expresa que la Ley N°18.650 de Defensa Nacional define el concepto de Defensa Nacional como un bien público, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado, para cuya instrumentación deben confluir en forma coordinada las energías y los recursos del conjunto de la sociedad”.

Sin perjuicio de la importancia de los soldados y de la actividad militar como tal, creemos que la decisión de relanzar el 24 de Mayo como Día del Soldado y la decisión de instaurar el Mes del Soldado, constituyen medidas que consideramos inoportunas y desacertadas. Existen otros meses y fechas que pueden ser utilizados para ser designados como de homenaje a los soldados, pero en el caso del mes de mayo, existen razones y prácticas sociales que aconsejaban no utilizarlo, ya que el 20 de mayo se celebra, desde hace 26 años, la llamada “Marcha de Silencio” y el “Mes de la Memoria”, eventos que recuerdan a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar, así como diversas violaciones a los derechos humanos.

La elección del 20 de mayo como fecha histórica por la lucha de los detenidos-desaparecidos tiene un trágico origen que no es caprichoso ni antojadizo. En efecto, el 21 de mayo de 1976 fueron encontrados, en el interior de un automóvil en la esquina de las calles Avda. Richieri y Perito Moreno de la ciudad de Buenos Aires, los cadáveres de cuatro ciudadanos uruguayos: el senador Zelmar Michelini, el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz y los miembros del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) Rosario Barredo y William Whitelaw. Tal como lo menciona la Fundación Zelmar Michelini en su página web, “Los secuestros de Buenos Aires tenían como objetivo también a Wilson Ferreira, el candidato más votado de 1971. La dictadura cívico-militar intentó liquidar así a las principales figuras opositoras en el extranjero, que lo eran antes que nada y sobre todo, por su convicción republicana. Estos asesinatos no fueron sin sentido político: el blanco esencialmente herrerista que era el Toba y el batllista de vertiente radical que era Zelmar representaban las dos grandes corrientes de pensamiento y acción democráticas de la historia del país”. Con el correr de los años, la denominada “Marcha del Silencio” se ha extendido a diversas localidades del interior (incluyendo Paysandú), convocando en cada oportunidad más participantes, cuyas pertenencias político-partidarias no se identifican únicamente con las agrupaciones de izquierda sino también con el Partido Nacional o el Partido Colorado. Se trata de un reclamo tan silencioso como ensordecedor, que lejos de acallarse con el paso del tiempo va cobrando cada vez más fuerza y claridad.
Ante este panorama, que el Día del Soldado y el Mes del Soldado sean celebrados en mayo sirve únicamente para poner “sal en las heridas” y para colocar en una situación incómoda a los integrantes de los cuadros militares y a las propias instituciones, instaurando una lógica de “ellos” y “nosotros” que no aporta nada a la necesaria convivencia pacífica en nuestro país.

Una muestra de ello fueron las pintadas en el cartel La Heroica y no era necesario ser un especialista en temas políticos o militares para imaginar que algo así iba a suceder tarde o temprano. Sin perjuicio de ello, los actos de vandalismo al cartel La Heroica deben ser claramente repudiados porque constituyen una indudable muestra de intolerancia. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que elegir mayo como “Mes del Soldado” es una vandalización por sí misma contra los colectivos que organizan la Marcha del Silencio y contra la izquierda en general.
Ambas acciones fueron totalmente desacertadas y nada hacen por la concordia nacional y por “el estado del alma” al cual hacía referencia el Dr. Jorge Batlle, quien durante su mandato recibió a familiares de detenidos desaparecidos (Cuesta, Luz Ibarburu y Javier Miranda) y creó la “Comisión para la Paz”.
Así las cosas, el cartel La Heroica se ha transformado en un campo de enfrentamiento entre quienes piensan diferente y no son capaces de dirimir sus diferencias sin avasallar a quienes no comparten su opinión. La vieja historia de siempre: la política partidaria metiéndose en todos los ámbitos de la vida de las personas (trabajo, profesión, familia, amigos, etcétera) y dividiendo mientras se sigue ensanchando la grieta entre “ellos” y “nosotros”. El ministro Javier García se equivocó al tomar medidas que enfrentan cronológicamente al Mes de la Memoria y la Marcha del Silencio con el Día y el Mes del Soldado. Con su proceder, la ha hecho un flaco favor tanto a quienes integran las fuerzas armadas y son merecedores de ser homenajeados, como a los familiares de los detenidos-desaparecidos que desde hace décadas expresan sus ideas y convicciones en estas fechas. → Leer más