Desde el regreso a la democracia en 1985 van pasando siete gobiernos de todos los partidos –el actual es el octavo pos dictadura–, y a pesar de que todos en mayor o menor medida se comprometieron a reformar el Estado, el tiempo continúa pasando sin avances en este sentido.
En este escenario encuadran reflexiones del Cr. Conrado Ramos, actual director de Servicio Civil, quien renunció en su momento al gobierno del Frente Amplio porque no veía voluntad política para avanzar en reformas profundas, y volvió cuando lo llamó el presidente Luis Lacalle Pou para hacerse cargo de esta dependencia.
Por supuesto, debe tenerse en cuenta que el “no me la llevan” del expresidente Mujica a los sindicatos y sectores radicales del Frente Amplio es la piedra angular que explica la situación de statu quo que inmoviliza cualquier intento de cambiar significativamente las cosas, con el agregado de que la problemática no solo involucra a la carrera funcional, sino a la vastedad de áreas y respectivas competencias, que constituye además parte de la maraña burocrática de ineficiencia que consume recursos de los ciudadanos.
Alguna perlas mencionadas por Conrado Ramos en entrevista en Punto de Encuentro, programa emitido por 970 Universal, que tienen que ver con su visión respecto a la situación de ausentismo que se genera en la órbita pública. “Hay gente que hace años no va a trabajar al Estado. Ayer informé los índices de ausentismo en el parlamento (de más de 180 días). Supuestamente ahora hemos ido perfeccionando, introduje modificaciones en la Rendición de Cuentas, como por ejemplo la junta médica, y perseguir a los jerarcas que no llaman a la junta médica”.
Consideró que “en promedio un funcionario público falta 32 días en el año, además de sus licencias. A nosotros nos dicen que siempre distorsionamos, por ejemplo, en el Ministerio del Interior la cifra sube a 42 días”, advirtió.
El jerarca dio un ejemplo sobre una situación en la oficina en la cual trabaja: “Vino un funcionario y me dijo que tenía que hacer un trámite la semana que viene, le respondí: ‘no, estamos tapados de trabajo’ y me responde ‘entonces me certifico’. Tengo cada anécdota, es maravilloso”.
Ramos también se refirió al presentismo que cobran los funcionarios públicos, un acuerdo firmado en la pasada administración: “Me reuní con COFE y me explicaron que el objetivo era para evitar el ausentismo. Los índices dicen que cada vez faltan más”, señaló. “Por lo menos cámbienle el nombre, te certifican 90 días de corrido, pero igual te pagan la mitad del presentismo. Al Estado le vale 500 millones de pesos, es mucha plata”, advirtió.
En realidad lo importante es el contexto en que esto se da, porque el ciudadano común, el trabajador privado, que no goza de estos beneficios, y que depende de empresas que son emprendimientos de riesgo, sin inamovilidad, el cuentapropista, el empresario, el pasivo, aportan de su bolsillo a través de impuestos, para sostener esta irritante situación y en el que el sector privado es el gran perjudicado.
Ramos indica que “la ciudadanía eso no lo sabe, descubrimos a un funcionario en un ministerio que cobra 180 mil pesos de compensación; ¿quién es, Messi?”, aludiendo a una situación particular pero que sirve para ilustrar el grado de irracionalidad e irritante iniquidad en la situación que se da entre los empleados del Estado y el resto de uruguayos, los que pagan para sostenerlo. Este ejemplo sería un caso extremo.
El jerarca va más allá en la problemática, y en este sentido amplía en una entrevista en El Observador que “el punto de partida es que tenemos que saber qué es lo que hacen las personas. Hoy pagamos un dinero que no sabemos en qué se gasta. Sabemos que se gasta mal. Y que hay lugares que reciben poco dinero y otros que reciben mucho. ¿El dinero que reciben justifica el valor público que agregan? Hoy en día nuestro sistema de hace 100 años y corporativo está perdido en clasificaciones que en algún momento se introdujeron sin que alguien las revisara”.
Paralelamente, indica que “hoy las personas no pueden moverse de un inciso a otro, y eso limita enormemente las capacidades”, y que “la gente joven que entra al Estado lo que aspira es a tener un trabajo interesante, no es solo tener una chacra de por vida y estabilidad. Entonces se van. Hoy se nos están yendo. El 90 por ciento de las personas que renuncian son menores de 35 años. Se nos van los jóvenes”.
Pero además “hay otro problema importante. Está estudiado que las personas al no poder moverse empiezan a presionar por conseguir beneficios en el lugar específico de trabajo, porque saben que su vida está atada a su lugar de trabajo. Entonces genera un incentivo perverso hacia la presión por conseguir esas bolsas de compensaciones para mi lugar de trabajo. Sin embargo, si yo sé que me puedo mover, mi incentivo va a estar en valorizar mi ocupación”.
Reconoció que la resistencia no solo se da a través de los funcionarios públicos: “no es solo COFE, los palos en la rueda están adentro también. No solo afuera. Y es importante resaltar que no es que la gente sea mala o perversa. Hay que cambiar el sistema de incentivos, porque la gente es mayormente racional”.
El área laboral es solo una de las patas en las que se sostiene el Estado, pero sin dudas es un enorme consumidor de los recursos que dejan los uruguayos en sus ventanillas, y lo menos que se puede reclamar es que no funcione como una fuente de empleo que financian con sangre, sudor y lágrimas todos los uruguayos, a la vez que sus sindicatos utilizan las empresas públicas en su beneficio, como si fueran sus auténticos dueños –por la fuerza de los hechos lo son– mientras el ciudadano recibe pobres servicios como regla general, y es atendido en ventanillas como si se le hiciera un favor y no esté ejerciendo un derecho. Por aquí hay mucha tela para empezar la reforma del Estado, para lo que es preciso un gran acuerdo por lo alto del sistema político.
