Este jueves, el juez Alejandro Recarey suspendió en forma inmediata la vacunación contra COVID de niños menores de 13 años, en un fallo que da lugar así al recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone. En respuesta a este dictamen, el gobierno anunció que se apelará, en tanto desde la comunidad médica y científica manifestaron su preocupación por este fallo y transmitieron tranquilidad a la población acerca de la seguridad y efectividad de esta vacuna.
El Ministerio de Salud Pública informó que “resuelve acatar el dictamen del juez a la vez que apelarlo”. Por su parte, el secretario de Presidencia, Alvaro Delgado, indicó que “los fallos se acatan pero se pueden criticar y este fallo es un disparate”.
En conferencia de prensa el jerarca anunció que el gobierno prepara la “apelación inmediata de este fallo judicial”. En su alocución, Delgado consideró que “la decisión de este juez pone en la Justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar”.
En el comunicado difundido por el MSP, mientras, se establece que “a partir de hoy las vacunas para esta población dejarán de estar disponibles hasta nueva disposición. El Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 continúa en marcha y podrán recibir la vacuna las personas mayores de trece años”.
Asimismo, “reitera que cada una de las decisiones tomadas respecto a la vacunación del Plan Nacional de Coronavirus fueron basadas en la evidencia científica disponible, amparados en la idoneidad, experiencia y trayectoria de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, el grupo ad-hoc, el grupo Gach y la comunidad científica, quienes determinaron con base en múltiples estudios que las vacunas administradas son seguras y efectivas”.
Establece que “dado el escenario epidemiológico actual, el ministerio hace énfasis en la importancia de mantener los cuidados no farmacológicos, especialmente en la población que no haya recibido vacunas o que no haya completado su estatus vacunal”.
Según publicó El País, el magistrado aplicó esta resolución hasta tanto “se publiquen íntegros (…) todos los contratos de compra de estas vacunas”; se comunique “la composición de las sustancias a inocular” y “se elabore un texto –a suministrar a los responsables de los menores de edad– que informe completamente y con claridad varios puntos”. El juez entiende que la campaña de vacunación “es francamente ilegal e inconstitucional”, considerando que “viola los derechos humanos a la salud y a la información”.
En respuesta a ello, Delgado consideró que “para el Uruguay entero esto es inadmisible”.
CARTA DE SALINAS
“Reafirmamos, enfáticamente, nuestra convicción de que el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 fue necesario y efectivo para mitigar la Pandemia. La vacunación fue un instrumento que permitió mejorar notoriamente el estatus sanitario del país: redujo los contagios, redujo las internaciones y los fallecimientos por COVID-19”, dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas en una carta abierta a la ciudadanía publicada en Twiter.
“Mientras el mundo entero sufrió graves daños por la sucesión de olas de COVID-19, en Uruguay el ingreso de la variante Delta no tuvo impacto negativo, en virtud de que un porcentaje importante de la población ya contaba con dosis de refuerzo. Más adelante, el ingreso de la variante Omicron no trajo un incremento proporcional, en relación con la ola producida por la variante P1 o Gamma, en cuanto a casos graves y a fallecidos”, agregó.
A la vez, indicó que “la vacuna permitió mantener íntegro y activo el sistema sanitario que en ningún momento colapsó, a diferencia de lo que pasó en otros países”.
“La vacunación permitió además, que la sociedad recupere en forma plena y anticipada, la actividad educativa, social, cultural y deportiva”, aseguró.
“La vacuna protegió y protege a la sociedad en su conjunto; muy especialmente a los más vulnerables”, estableció Salinas y consideró que “poner en duda la seguridad y eficacia de las vacunas implica un grave perjuicio al estatus vacunal y sanitario logrado en nuestro país”.
Entendió que “implica también afectar la credibilidad de nuestros científicos y académicos que han apoyado esta campaña de vacunación. Reiteramos nuestro convencimiento de haber hecho lo correcto en todo momento”.
VACUNAS HAN DEMOSTRADO SU SEGURIDAD
En conferencia de prensa ofrecida por el Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Sociedad de Infectología, se expresó la preocupación de la comunidad científica por este fallo, así como se enfatizó en la efectividad de esta vacuna. La presidenta de la SMU, Zaida Arteta, indicó que “el sentimiento de la colectividad médica y científica” es “de gran preocupación frente a esta decisión del Poder Judicial”, a la vez que “queremos transmitirle seguridad a la población” frente a “nuestras recomendaciones” y en lo que es “el proceso de acreditación y de evaluación y recomendación de las vacunas en todas las edades” que “ha sido de los más serios que hemos tenido, como es habitual en nuestro país, en el MSP, en la Comisión de Vacunas, en la Comisión que se formó específicamente para el tema del COVID”.
“Estamos convencidos que las personas que están ahí son las más idóneas del país y que han hecho un trabajo profundo para estas recomendaciones y que la evidencia científica avala” las mismas, destacó.
La titular de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, Mónica Pujadas, advirtió que “COVID en los niños no es una enfermedad inocua” sino que “tiene un porcentaje de consecuencia, de secuelas, de complicaciones”, como “el temido Síndrome Inflamatorio Multisistémico que se da más o menos en uno cada 3.000 niños infectados”. En ese sentido, citó que “si nosotros estimamos que Uruguay ya lleva registrados aproximadamente 140.000 niños menores de 15 años que han tenido o están cursando esta enfermedad, realmente no es como para considerarla una enfermedad banal y las vacunas, en especial en especial en estos grupos, han demostrado en el mundo su seguridad, su efectividad y también en nuestro país”.
Al respecto, destacó que “ya hay análisis bien realizados que muestran cómo los efectos adversos han sido ínfimos”, e incluso “no hubo fallecimientos por vacuna en los niños, en adolescentes y eso hay que decirlo claramente”.
“Por lo tanto, queremos reiterar la tranquilidad que tiene que tener la población más allá de este fallo porque realmente la vacuna sigue siendo efectiva, sigue siendo segura”, reafirmó, insistiendo en que “cada vez hay más evidencia en el mundo a favor de esto”.
En base a ello, “una vez que se pueda volver a la vacunación, como esperamos que sea, llamamos a que la población lo haga con la misma tranquilidad y con la misma certeza que hemos venido brindando, desde la comunidad científica, sobre estas vacunas”.
COMUNICADO DE EL SMU
“Es poco razonable que, en un plazo de pocas horas, se tome una decisión tan sensible como prohibir un plan de vacunación en un grupo etario específico, contradiciendo la opinión ampliamente mayoritaria de la comunidad científica nacional e internacional; más aún cuando se trata de una inmunización no obligatoria”, estimó el SMU en un comunicado.
“Esta resolución, además, impide a madres y padres tomar una decisión libre e informada sobre la salud de sus hijas e hijos”, agregó, a la vez de expresar su “esperanza y confianza en que la Justicia de nuestro país revierta esta decisión que entendemos equivocada”.
En su visión, “fallos como éste, cuyas consecuencias desbordan cualquier procedimiento, minan la imprescindible confianza de la sociedad en el sistema de salud y en la propia justicia, por lo tanto, generan un daño desproporcionado que excede cualquier otra consideración”.
desproporcionado que excede cualquier otra consideración”.
