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El gobierno y Pfizer podrían no responder a la intimación del juez; MSP y Presidencia se reunieron para definir estrategia
(El País)
Hoy se llevará a cabo una audiencia fijada por el juez Alejandro Recarey, quien intimó a las autoridades de Presidencia, el Ministerio de Salud Pública y el laboratorio Pfizer a brindar información acerca de las vacunas contra la COVID-19 administradas en Uruguay. Esto lo hizo luego de haber recibido un recurso de amparo en contra de la inoculación en edades pediátricas. A pesar de que el gobierno fue intimado a responder todas las consultas del juez, los expertos en jurídica aseguran que existe la posibilidad de que las autoridades decidan no brindar la información y logren una justificación adecuada para esto.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, se reunieron este lunes en la Torre Ejecutiva con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el subsecretario Rodrigo Ferrés. Según supo El País, en la reunión, que duró unas dos horas, se comenzó a estructurar la estrategia de respuesta a la intimación. Consultado al respecto, el ministro Salinas dijo que “aún no es momento” de hacer declaraciones al respecto y que esperará hasta que concluya la audiencia fijada para hoy.
Pero para los abogados consultados por El País, existe la posibilidad de que el gobierno decida no contestar a las consultas basándose en la “no legitimidad” del recurso de amparo al que se debe la intimación.
El recurso fue presentado el pasado viernes en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo por el abogado Maximiliano Dentone, quien representó al diputado César Vega cuando denunció a una serie de periodistas por difamación el año pasado.
Según el documento al que accedió El País, Dentone aseguró en la demanda: “Como habitante de este país, con familiares menores de edad y por estricta responsabilidad ciudadana, me asiste el derecho de accionar en nombre de ellos al amparo de lo dispuesto por el artículo 42 del Código General del Proceso”.
Los recursos de amparo deben cumplir con un grado de legitimidad a partir de causar un “daño explícito a los derechos de la persona que lo presenta”, según indicó el vocero de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Raúl Oxandabarat. En este caso, al hablar de la “responsabilidad ciudadana”, Dentone se refiere a lo que los expertos llaman “intereses difusos”, porque se hace el reclamo según algo que entiende compete a la sociedad en general. “Que esté legitimado o no se va a discutir mañana, pero por el hecho de que lo haya presentado no se entiende necesariamente que lo esté”, indicó Oxandabarat.
En este sentido, el constitucionalista Martín Risso explicó: “El gobierno podría perfectamente decir que no quiere entregar la información y en ese caso el juez tiene que resolver si habrá una sentencia determinando si lo tiene que presentar en el futuro o no”. En este caso en particular, Risso cree que existe un “problema de legitimación activa” en el que Dentone “tiene que probar que a él se le está lesionando un derecho” con la vacunación pediátrica contra la COVID-19, siendo que la campaña de inoculación en Uruguay no es obligatoria.
Algo que está incluido en la intimación ejecutada por el juez Recarey son los contratos que Uruguay firmó con el laboratorio Pfizer. Estos fueron calificados como “confidenciales” y por eso no se conocen públicamente. En este sentido, Risso cree que es “discutible” el “alcance” de esa confidencialidad, porque “hay que ver hasta qué punto se entiende que deja de serlo” y el juez además tiene “la posibilidad” de levantar la caracterización de los documentos como confidenciales.
A todo esto, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al ser consultado por la situación destacó que “el Gobierno, ante una intimación en el día de mañana –hoy–, obviamente se va a presentar. Se va a presentar siendo fiel con tres principios que rigieron toda la pandemia: transparencia, responsabilidad y aval científico”.
Agregó que no debe haber en la historia del país “una decisión de Gobierno” que tenga “tanta discusión y aval científico” como el hecho de vacunar contra la COVID-19.
“El Gobierno tomó decisiones que fueron propuestas y avaladas por los científicos en una vacunación que, además, es importante decirlo, no es obligatoria, es voluntaria”, finalizó.
Hoy se llevará a cabo una audiencia fijada por el juez Alejandro Recarey, quien intimó a las autoridades de Presidencia, el Ministerio de Salud Pública y el laboratorio Pfizer a brindar información acerca de las vacunas contra la COVID-19 administradas en Uruguay. Esto lo hizo luego de haber recibido un recurso de amparo en contra de la inoculación en edades pediátricas. A pesar de que el gobierno fue intimado a responder todas las consultas del juez, los expertos en jurídica aseguran que existe la posibilidad de que las autoridades decidan no brindar la información y logren una justificación adecuada para esto.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, se reunieron este lunes en la Torre Ejecutiva con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el subsecretario Rodrigo Ferrés. Según supo El País, en la reunión, que duró unas dos horas, se comenzó a estructurar la estrategia de respuesta a la intimación. Consultado al respecto, el ministro Salinas dijo que “aún no es momento” de hacer declaraciones al respecto y que esperará hasta que concluya la audiencia fijada para hoy.
Pero para los abogados consultados por El País, existe la posibilidad de que el gobierno decida no contestar a las consultas basándose en la “no legitimidad” del recurso de amparo al que se debe la intimación.
El recurso fue presentado el pasado viernes en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo por el abogado Maximiliano Dentone, quien representó al diputado César Vega cuando denunció a una serie de periodistas por difamación el año pasado.
Según el documento al que accedió El País, Dentone aseguró en la demanda: “Como habitante de este país, con familiares menores de edad y por estricta responsabilidad ciudadana, me asiste el derecho de accionar en nombre de ellos al amparo de lo dispuesto por el artículo 42 del Código General del Proceso”.
Los recursos de amparo deben cumplir con un grado de legitimidad a partir de causar un “daño explícito a los derechos de la persona que lo presenta”, según indicó el vocero de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Raúl Oxandabarat. En este caso, al hablar de la “responsabilidad ciudadana”, Dentone se refiere a lo que los expertos llaman “intereses difusos”, porque se hace el reclamo según algo que entiende compete a la sociedad en general. “Que esté legitimado o no se va a discutir mañana, pero por el hecho de que lo haya presentado no se entiende necesariamente que lo esté”, indicó Oxandabarat.
En este sentido, el constitucionalista Martín Risso explicó: “El gobierno podría perfectamente decir que no quiere entregar la información y en ese caso el juez tiene que resolver si habrá una sentencia determinando si lo tiene que presentar en el futuro o no”. En este caso en particular, Risso cree que existe un “problema de legitimación activa” en el que Dentone “tiene que probar que a él se le está lesionando un derecho” con la vacunación pediátrica contra la COVID-19, siendo que la campaña de inoculación en Uruguay no es obligatoria.
Algo que está incluido en la intimación ejecutada por el juez Recarey son los contratos que Uruguay firmó con el laboratorio Pfizer. Estos fueron calificados como “confidenciales” y por eso no se conocen públicamente. En este sentido, Risso cree que es “discutible” el “alcance” de esa confidencialidad, porque “hay que ver hasta qué punto se entiende que deja de serlo” y el juez además tiene “la posibilidad” de levantar la caracterización de los documentos como confidenciales.
A todo esto, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al ser consultado por la situación destacó que “el Gobierno, ante una intimación en el día de mañana –hoy–, obviamente se va a presentar. Se va a presentar siendo fiel con tres principios que rigieron toda la pandemia: transparencia, responsabilidad y aval científico”.
Agregó que no debe haber en la historia del país “una decisión de Gobierno” que tenga “tanta discusión y aval científico” como el hecho de vacunar contra la COVID-19.
“El Gobierno tomó decisiones que fueron propuestas y avaladas por los científicos en una vacunación que, además, es importante decirlo, no es obligatoria, es voluntaria”, finalizó.
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