Hace menos de dos semanas que la Asamblea General de las Naciones Unidas dio un paso histórico al declarar que todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable.
La resolución, aprobada en la sede de la ONU en Nueva York, se basó en la afirmación de que el cambio climático y la degradación ambiental forman parte de las amenazas más urgentes para el futuro de la humanidad.
La organización, en el mismo acto, solicitó a los Estados Miembros redoblar esfuerzos para garantizar que todas las personas del planeta cuenten con acceso a un “medio ambiente limpio, saludable y sostenible”, por lo que se considera un paso importante “para contrarrestar el alarmante declive mundial de la naturaleza”.
Aunque esta resolución no es jurídicamente vinculante para los estados miembros, quienes la defienden tienen la esperanza de que impulsará a los países a consagrar el derecho a un medio ambiente saludable en las constituciones nacionales y los tratados regionales, y alentará a los estados a hacer cumplir dichas leyes. A la vez aseguran que dará a los defensores del medio ambiente más herramientas para hacer frente a las políticas y proyectos perjudiciales.
Para Inger Andersen, directora ejecutiva del Pnuma (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), la resolución “transmite el mensaje de que nadie puede quitarnos la naturaleza, ni el aire limpio ni el agua limpia, ni privarnos de un clima estable. Al menos no sin luchar por ello”. Además afirmó que llega en un momento de triple crisis planetaria, ya que al cambio climático sumó la pérdida de biodiversidad, y la contaminación y los residuos que, si no se controlan, pueden traer consecuencias desastrosas, “especialmente para las mujeres, las niñas y las personas de bajos ingresos”.
En abril de este año un pronunciamiento similar se había logrado en el Consejo de Derechos Humanos de ONU, mientras que en la región (Latinoamérica y el Caribe) se votó el compromiso de “más protecciones en favor de las personas defensoras ambientales, incluidos los pueblos indígenas que hacen campaña contra la tala, la minería y la exploración petrolera en zonas protegidas”, habida cuenta de los asesinatos de casi 230 defensores ambientales durante el año pasado.
Fundamenta la Organización que, si bien en todos los países existen leyes nacionales diseñadas “para limitar la contaminación, proteger las plantas y los animales, y contrarrestar el cambio climático, estas reglas no siempre se hacen cumplir al cien por cien y, cuando no se respetan dichas normas, los ciudadanos a menudo pasan por serias dificultades para hacer que los gobiernos y las empresas rindan cuentas al respecto”.
Andersen sostiene que la resolución “promoverá la acción ambiental y proporcionará las garantías necesarias a las personas de todo el mundo. Esta decisión ayudará a las personas a defender su derecho a respirar aire limpio y sus derechos a acceder a agua potable y suficiente, alimentos y ecosistemas sanos, y entornos no tóxicos donde puedan vivir, trabajar, estudiar y jugar”.
Como en la mayoría de los países de Latinoamérica, en Uruguay la protección del Ambiente está declarada “de interés general” en el artículo N° 47 de la Constitución Nacional.
El entonces Relator Especial de Naciones Unidas sobre las obligaciones de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox, visitó Uruguay entre el 24 y el 28 de abril de 2017, para identificar buenas prácticas y examinar los desafíos que enfrenta el país en la promoción y protección de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Comentó su informe –disponible en la página de la Institución Nacional de Derechos Humanos– durante las XV Jornadas Ambientales de la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República. En su presentación Knox señaló que sus informes, elaborados en diferentes partes del mundo, plantean a los Estados “la necesidad de garantizar el acceso a la información ambiental, promover la participación pública y proveer el acceso efectivo a la reparación del daño ambiental”.
Si bien catalogó entonces a Uruguay como “un ejemplo de buenas prácticas”, comparando con otros países que visitó, de todos modos dejó algunas recomendaciones. “Por ejemplo, uno de los puntos hacia el gobierno es respecto a que no es fácil el acceso a la información ambiental en las páginas web oficiales. Un segundo punto tiene que ver con el acceso a la justicia, en el sentido de que estaría garantizada a nivel legal la posibilidad de un reclamo ambiental, sin embargo, no encontramos demasiados casos efectivos” y celebró entonces la anunciada creación “de una unidad especial dentro del Poder Judicial para recibir reclamos de temas ambientales” –todavía pendiente–.
También recogió entonces el relator “el reclamo de algunas personas y agrupaciones de recibir más y mejores respuestas por parte de las agencias ambientales del gobierno, una respuesta más concreta, más rápida. Por eso, una de las sugerencias que he realizado es la creación de un ombudsman, un defensor para temas ambientales, que pueda agilizar la recepción y la respuesta sobre los reclamos”, un rol que está ejerciendo la Institución Nacional de Derechos Humanos, “pero obviamente no puede atenderlos todos, por eso es necesario la creación de un mecanismo independiente”.
La creación del Ministerio de Ambiente en este período de gobierno ha sido una muestra más de la vocación del país en la materia, y esta nueva cartera ha promovido visiones interesantes, como la incorporación de la idea de la economía circular o acciones de fomento a la movilidad eléctrica o al turismo sostenible, por mencionar algunas.
Ciertamente que muchas veces las acciones de grupos ambientalistas suponen retrasos o contratiempos para empresas que han venido a instalarse al país –como ha pasado en recientes episodios–. La legislación ambiental determina parámetros de qué se puede hacer y qué no, y en este esquema, donde es imposibles que el Estado pueda estar en todos los lugares al mismo tiempo, la existencia en la comunidad de personas preocupadas por estos temas no deja de ser, a la postre, una garantía de que las cosas se hagan como deben hacerse.
