(El Observador-La Diaria)
El ministro de Defensa, Javier García, conversó este miércoles con el presidente Lacalle Pou sobre la posibilidad de hacer un cambio legal para que el gobierno pueda publicar a través de la web todos los archivos militares de la dictadura que están en poder del Estado, a los que ahora solo se accede parcialmente mediante pedidos de acceso a información.
“Hay archivos que hasta el día de hoy, salvo pocas personas, nadie ha tenido conocimiento”, señaló, y ejemplificó el caso de los denominados Archivos Berruti, que hoy están en el Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. La ley a la que aludió García es la 18.435, que creó el Archivo Nacional de la Memoria. “La pregunta que yo hago es: ¿no será mejor cambiar la ley? ¿No será mejor la transparencia? Que no esté reservado a profesionales”, señaló García ante la prensa este miércoles.
Según explicó el ministro, la idea es que la ciudadanía tenga acceso libre y gratuito al material, que lo encuentre sin ningún trámite previo, y sin ediciones. Se trata de otorgar “transparencia” y “publicidad” sobre los temas de Estado, añadió el ministro. El anuncio se da horas después de que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo compartiera una “evaluación independiente” que reclamó “mayor colaboración del Estado uruguayo en la búsqueda de detenidos desaparecidos” y señaló que Uruguay “carece de una política de Estado” en esa materia.
García criticó el informe, al que calificó de “insólito” y “carente de objetividad”. “Es un consultor extranjero que se contrató. Realmente me sorprendió porque lo vi muy carente de objetividad. Y me parece insólito que no se tenga en cuenta todo lo hecho, sobre todo en este gobierno. Ha sido el gobierno que más ha respondido, objetivamente, pedidos de acceso, tribunales de honor. No hay otro gobierno que en tan poco tiempo haya brindado tanta información y que haya tenido tanta transparencia en materia de archivos militares”, sostuvo el ministro.
Entre el 7 y el 14 de julio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó en Uruguay una visita oficial como parte del mandato que tiene el grupo de obtener información sobre desapariciones forzadas en el país y monitorear el cumplimiento por parte del Estado no sólo en la búsqueda de personas desaparecidas en la actualidad, sino en lo referido a garantizar el derecho a verdad, justicia, reparación y memoria respecto del período de actuación ilegítima del Estado y la dictadura cívico-militar (1968-1985).
El documento elaborado por el Grupo de Trabajo destaca que, “tras la recuperación del sistema democrático en 1985, Uruguay logró avanzar significativamente en la protección de los derechos humanos, habiendo ratificado, al día de hoy, todos y cada uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas”. Al mismo tiempo, reconoce “los avances logrados en materia de justicia y lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos durante el período de actuación ilegítima del Estado y dictadura”.
“El Grupo de Trabajo expresa su profunda admiración por la lucha incansable de las familias de personas desaparecidas y su solidaridad con ellas. Su constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito permanente y una continua violación de los derechos humanos hasta que la suerte y el paradero de la víctima se hayan esclarecido”, añade el texto, antes de pasar a señalar algunas preocupaciones referidas a que los logros se deben a la sociedad civil organizada, ya que no ha existido “una actitud proactiva por parte de las autoridades”.
Más adelante, expresa “preocupación por la información recibida acerca de los reiterados episodios tendientes al desprestigio y el cuestionamiento público de sus integrantes y de la propia institución”, en referencia a los ataques que han recibido integrantes del consejo directivo de la Inddhh, en especial aquellos abocados a la búsqueda de detenidos desaparecidos, por parte de “exponentes políticos” de la coalición de gobierno.
ARGIMÓN ANALIZA PEDIR INFORMACIÓN SOBRE PATRIMONIO
(MONTEVIDEO PORTAL)
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, analiza pedir información acerca de por qué algunos legisladores no presentaron la declaración patrimonial de sus cónyuges o concubinos. La presidenta del Senado dijo que en los próximos días tomará la determinación por sí o por no. La razón principal es tratar de conocer los motivos, si es que los hay, de por qué algunas declaraciones juradas carecen de esa información.
Argimón fue cauta al decir que primero evaluará la situación para luego saber precisamente qué preguntar. Esto se da en el marco de la polémica generada por el caso de Juan Sartori, quien se negó a detallar los bienes de su esposa y presentó dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Cristal.
Desde la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) explicaron que hasta ahora no han detectado ningún tipo de irregularidad en las declaraciones juradas que se han presentado, salvo en el caso de Sartori. Hasta ahora, 15 legisladores han hecho público el documento, y desde la Jutep esperan que en los próximos días el resto lo haga.
DEROGACIÓN DE LEY DE MEDIOS SIN VOTOS NECESARIOS
(CANAL 5)
La Cámara de Diputados votó la derogación completa de la ley de medios, sin alcanzarse la mayoría necesaria. Fue votada por 31 de 96 legisladores presentes, solo con el apoyo del Partido Nacional y Partido Independiente. La votación fue dentro del “inciso” Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el proyecto de rendición de cuentas que está a consideración del Parlamento.
Por otra parte, los legisladores de la coalición gobernante aprobaron modificar el artículo 56 de la ley de medios, lo que permite a los cableoperadores comercializar servicio de datos de Internet. El Frente Amplio considera que se viola un principio de igualdad ante la ley y por eso no dio su apoyo legislativo.
