El reciente decreto del Poder Ejecutivo que determina una modificación de la norma antitabaco al flexibilizar las exigencias para la presentación del paquete de cigarrillos ha dado lugar a una serie de reacciones centradas fundamentalmente en cuestionamientos desde la oposición, organizaciones de la sociedad civil y la academia, al valorar que esta resolución va en dirección contraria a las políticas que se han venido instrumentando desde la ley aprobada durante la administración del expresidente Tabaré Vázquez y que marcó un antes y un después en la lucha contra el tabaquismo, con el apoyo de la enorme mayoría de la población.
Ante estas críticas el presidente Luis Lacalle Pou salió el martes al cruce de los planteos, los que calificó de “básicos y panfletarios”, al tiempo que despejó cualquier duda que quedara al afirmar que es “obvio” que el nuevo decreto responde a un pedido de la compañía tabacalera Montepaz.
Asimismo, los técnicos reunidos en la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco, que funciona en el seno del Ministerio de Salud Pública (MSP) bajo el liderazgo del Programa Nacional para Control de Tabaco, redactaron un informe en el que cuestionan el decreto de marras y entre otros aspectos señalan “contradicciones” en los argumentos que justifican el cambio normativo, con un rechazo contundente a las modificaciones.
La médica internista Laura Llambí, quien es docente, investigadora y hace años coordina la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas, además de participar como delegada de la Facultad de Medicina en la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco, donde se elaboró el informe, y también redactó junto con el decano de Medicina, Miguel Martínez, la carta que juntos dirigen al presidente Lacalle y en la que se pide la revocación del decreto, en entrevista con Montevideo Portal, explica que a su juicio la nueva disposición “va a impactar en el consumo de cigarrillos” y que entiende que el argumento de combatir el contrabando es “débil”.
Aclara paralelamente que los técnicos no tienen fines partidarios en su postura, en tanto considera sí que existe desconocimiento desde el Poder Ejecutivo de las leyes que rigen en la materia, expresando que “no nos parece nada menor que se diga abiertamente que se reúnen con la tabacalera, o que la tabacalera hace sus pedidos de modificación, porque eso no es lo que el país tiene aprobado”.
Asegura que “es la segunda vez que se realiza alguna modificación en el sentido de debilitamiento, a nuestro entender, de la política de control de tabaco, sin consultar nada ni pedir ningún asesoramiento técnico a la Comisión Interinstitucional Asesora de Control del Tabaco”, que funciona en el ámbito del MSP. Destacó que la primera fue el decreto 87 de 2021, que habilita la importación, registro y venta de dispositivos electrónicos para fumar que “usan tabaco calentado (no los de vapeo)”, en lo que se perfora la rigidez de las disposiciones vigentes contra el tabaquismo en el Uruguay.
La citada comisión se reúne quincenalmente, y de acuerdo a la especialista “ninguna de estas dos normativas nos fue consultada. La integran también la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, el Fondo Nacional de Recursos, la Sociedad Uruguaya de Tabacología, el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET), la Dirección General Impositiva y representantes de FEMI y el SMU. El Programa Nacional para Control de Tabaco integra la comisión; la lidera, cita, y marca orden del día. El programa es a quien el MSP tiene trabajando en esto”.
Agrega que “cuando nos enteramos –por los medios, porque no nos llegó ningún pedido de asesoramiento a la comisión, y me consta que al Programa Nacional para Control de Tabaco tampoco– nos citaron a una reunión urgente, que fue el jueves pasado, donde las distintas instituciones dimos la visión que teníamos del tema, y resolvimos hacer un informe técnico, dirigido al ministro, porque esa es nuestra competencia: asesorar técnicamente al ministro. Ese informe es el que trascendió. Allí, de cada uno de los ‘vistos’ y ‘considerandos’ del decreto, hacemos un análisis rebatiendo por qué son inexactos esos fundamentos, qué normativa que tenemos aprobada en leyes en nuestro país se está contraviniendo, por qué la normativa anterior tenía un fundamento. Realmente, desde el punto de vista técnico y científico, informamos el parecer de la comisión asesora. Es lo que nos hubiera gustado hacer antes de que esto saliera y ser escuchados, porque para eso estamos. Pero como no se nos consulta, igual cumplimos con nuestro rol y, por defecto, nos ponemos a estudiarlo y decirle al ministro nuestra posición”.
El tema tiene muchas puntas y naturalmente debe tenerse en cuenta el celo de quienes integran la comisión, cuáles son las competencias del Poder Ejecutivo, por dónde pasa el interés general y los antecedentes en la problemática.
Lo cierto es que contrariamente a lo que podía esperase, dada la idiosincrasia de los uruguayos, el decreto y luego la Ley Antitabaco aprobada durante el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez ha sido respaldada ampliamente y cumplida por los ciudadanos de nuestro país, incluso por gran parte de los fumadores, porque puso las cosas en su lugar en lo que tiene que ver con priorizar la salud de la población, tanto de fumadores como de no fumadores, y se centra especialmente en la prohibición de fumar en lugares cerrados, so pena de la aplicación de multas a los responsables del local en que se cometa la infracción, a lo que cabe agregar otra serie de elementos que incluyeron estrictas normas de prohibición de publicidad y determinadas condiciones a que debe ajustarse el envasado en cajilla de los cigarrillos. Las medidas dieron resultado y se redujo el tabaquismo en Uruguay, donde fumar ya “dejó de estar de moda”, algo muy difícil de lograr por las vías históricas de desestímulo.
La cruzada antitabaco ha resultado exitosa todos estos años y uno de los elementos que se ha creído conveniente utilizar además es el agregado de ilustraciones en las cajillas dirigidas específicamente a alertar a los consumidores sobre los peligros de fumar.
Precisamente la decisión reciente del Ejecutivo, que modifica las condiciones para el envasado y la presentación, tiende a debilitar el mensaje, más allá de consideraciones respecto a si en sí las normas de envasado en los hechos han tenido alguna influencia en el consumidor medio.
Y así entramos en el eje del problema, porque claramente hay un “afloje” en las políticas antitabaco que quiéramos o no es percibido como un mensaje que relativiza la importancia de las políticas, las normas y del propio tema, por más que desde el gobierno se diga que la normativa modificada no tiene nada que ver con el tema de la salud.
La realidad es que todo tiene que ver con todo, y sobre todo, cuesta comprender que razones han llevado a que el propio gobierno se pegue un tiro en el pie, comprándose gratuitamente un problema –valga la contradicción entre ambas palabras– donde no lo había, abriendo un flanco innecesario y sin contemplar el interés general, que es hacia donde deben estar orientadas sus políticas.
