Los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria acudirán este martes a una reunión multipartidaria, convocada por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, con el fin de frenar el deterioro de la “convivencia democrática”.
El dirigente considera que el país necesita una “pacificación” para frenar el deterioro de la convivencia democrática y “entender las reglas del juego”. De lo contrario, “se ataca, se ofende, se cuestiona. Se descalifica a hombres y mujeres que participamos de la política y muchas veces incluso metiéndose con sus familias”.
En la oportunidad, anunció que planteará la necesidad de legislar sobre el financiamiento externo de los partidos políticos para evitar el ingreso del narcotráfico. Este aspecto ha sido de largo debate en Uruguay, luego que en 2018 naufragara una iniciativa en ese sentido. El caso de Sebastián Marset activó las alarmas e interpeló a una clase política que apuró propuestas para evitar mayores vulneraciones, luego del episodio del pasaporte.
Por el momento, las declaraciones de algunos legisladores y legisladoras son intensas en las redes sociales. Se encuentran quienes mantienen un elevado perfil virtual pero bajan su intensidad en los medios tradicionales, así como aquellos que se manifiestan de igual forma en Twitter que en un canal de televisión.
Y en estas cuestiones, es muy difícil definir quién empezó primero. Pero el escenario puede ubicarse a partir de las acusaciones de “hambruna” en la población –que se observan en las plataformas reivindicativas y en las movilizaciones– hasta en quienes relativizan la existencia de una crisis económica de alcance global.
En cualquier caso, es una estrategia que desgasta. Pero no desgasta al contrincante político, que está preparado para responder, sino a la ciudadanía que transita por un sinnúmero de preocupaciones que debe resolver a diario.
Porque, ni de un lado ni de otro, son todos frenteamplistas o votantes de cualquier partido de la coalición gobernante tan militantes o tan contestatarios que resuelvan sus diferencias al mismo estilo que la clase dirigente. Cualquiera sabe que, si este estado continuo de confrontación no le hace bien al país, tampoco le hace bien al Frente Amplio, al Partido Colorado, al Partido Nacional, a Cabildo Abierto o al Partido Independiente.
De esta forma, sólo se radicaliza la realidad y el discurso exaspera los ánimos, en vez de aportar pensamiento crítico y debate ideológico. Últimamente, la confrontación constante muestra que los buenos referentes están en estas filas y los malos, se encuentran pasando al otro lado. Es a partir de esas cuestiones que la ciudadanía descree de la política y los políticos, elegidos para cambiar una realidad sobre la cual discuten de manera constante. Como si los problemas fueran de otros.
Se encuentran ubicados en situaciones de privilegio para llevar adelante las transformaciones presentadas en sendas campañas electorales, en vez de fogonear situaciones adversas o marcar las diferencias de manera constante, tal como si ninguno hubiera gobernado alguna vez.
No es posible reseñar un discurso desde le punto de vista de la adjetivación y presentar los hechos, como si hubiese una especie de mala intención al hablar de asuntos relevantes como la economía o el empleo. Porque, en ocasiones, hay referentes que se han transformado en verdaderas máquinas de tirar datos sobre las mesas de debates que algunas veces son exactos y, otras, inflados o fuera del contexto actual. Es muy claro que la postura del “blanco o negro” comienza a instalarse en tiempos electorales y sirve al discurso del dirigente que se encuentra en ventaja.
Las polarizaciones ya se notan desde el resultado del referéndum del pasado 27 de marzo. Porque esa consulta ciudadana no nació de la cúpula frenteamplista, incluso había dudas respecto al momento elegido para anular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Hoy, la mayoría opositora capitaliza esa mínima diferencia obtenida sobre la ley del gobierno. Sin embargo, antes de finalizar el año 2020, Pereira planteaba en la cúpula del Pit Cnt que no era la medida más adecuada y junto a otras organizaciones sociales se tomaron cinco meses de debates para el lanzamiento de la campaña.
En medio de la pandemia, convocaba a un diálogo nacional y votaba más de la mitad de la Ley de Presupuesto. Algunos movimientos, como sindicales o cooperativos, salían a las calles y presionaban a la oposición por la consulta ciudadana, a fin de canalizar las protestas provenientes de una intersocial. En el primer año, las pautas salariales acordadas fueron por debajo de la inflación a pesar de los conflictos que llevaban adelante los sindicatos más duros. En los últimos meses, fueron recompensados por buenos acuerdos salariales, incluso algunos reconocidos públicamente.
La clase política ha votado en forma unánime algunas iniciativas del gobierno, como la exoneración del IVA al asado, que después referentes de la oposición y otros movimientos afines se han encargado de criticar en sendas declaraciones públicas.
Es raro, pero pasa. Por el lado de Lacalle Pou, quien es muy presidencialista, convoca a los socios de la coalición cuando requiere construir un consenso, como el que necesita para el anteproyecto de reforma de la seguridad social. Si esto no fuera así, Cabildo Abierto y algunos sectores colorados no estarían reclamando un mecanismo que articule a la totalidad de los socios de la coalición gobernante. Hasta ahora, se lo vio solo en la conferencia de prensa que defendió la LUC y en la visita realizada al Frente Amplio para presentar su anteproyecto de reforma previsional. Es claro su mensaje, tanto hacia afuera como adentro de la coalición.
Este será, sin dudas, un punto de inflexión. Porque ni el Frente Amplio está dispuesto a dar una opinión adelantada que implique un golpe a su base electoral, conformada por los sindicatos o las organizaciones sociales, ni el gobierno dará marcha atrás en una de sus promesas de campaña.
Es que en la interna reconocen que la de la reforma previsional una ley antipática y puede explotar en sus propias manos con un costo político que será difícil remontar. Por eso, también ocurren las sucesivas reuniones con el presidente y el titular de la comisión de expertos que redactó la iniciativa. De allí surgen los insumos para defender la propuesta del gobierno, que la oposición observa con cautela.
Es decir, como nunca antes se mira la pizarra antes de actuar. Y de allí, también, surge la necesidad de un acuerdo que permita ver al futuro escenario preelectoral cada vez más cercano.