La inseguridad ciudadana y una inflación elevada son dos problemas que deben enfrentar los gobiernos progresistas de América Latina. Y los que no lo son, también.
El presidente más joven del continente, Gabriel Boric, debe lidiar con ambos y peligra su agenda transformadora, presentada durante su campaña electoral y por la cual llegó a la presidencia de Chile. La inflación en el país trasandino ha golpeado a las economías hogareñas más vulnerables en los alimentos, combustible y transporte, arrendamientos o créditos hipotecarios.
En Argentina, a este combo explosivo debe sumarse el desempleo y la imposibilidad de revertir su déficit. El principal problema macroeconómico arrastró a la tercera economía latinoamericana a varias cesaciones de pago y mantiene uno de los índices de desconfianza más altos, después de Venezuela y El Salvador. El gobierno de Alberto Fernández atraviesa una de las peores inflaciones del mundo, si se considera que en julio pasado el alza de los precios llegó al 71 por ciento interanual.
Según cifras oficiales, la pobreza afecta a más del 40 por ciento de los argentinos y los programas sociales alcanzaron al 45 por ciento de la población, con claras limitantes en tanto no resolverán una problemática estructural.
El flamante presidente colombiano, Gustavo Petro, ha moderado bastante su discurso en relación al aumento tributario a las clases más pudientes, en contraposición a sus anuncios de reforma expuesto en campaña. Sin embargo, la corrupción, pobreza, inseguridad y desempleo –en ese orden– encabezan las preocupaciones de los colombianos. Y en el primer caso, la compra de votos es una práctica frecuente. Antes de asumir, el país tenía 11 por ciento de desempleo, después de bajar dos puntos porcentuales.
Venezuela padeció una hiperinflación por ocho años y el bolívar fue rebautizado varias veces entre Chávez y Maduro para dejar al menos catorce ceros por el camino. Ese camino de hiperinflación comenzó a detenerse en diciembre del año pasado y ahora pone todas sus perspectivas econonómicas en el petróleo para crecer este año. Sin embargo, en los últimos días de agosto, la moneda sufrió una repentina devaluación del 25 por ciento y generó alarma. La extrema pobreza dificulta el desarrollo humano y económico en un país donde más del 80 por ciento de los adultos venezolanos vive en situación de pobreza. El salario público, fijado en marzo pasado en 30 dólares, lo ubica como uno de los más bajos de América Latina y el sistema de seguridad social presenta fragilidades.
Honduras dio marcha atrás en sus acuerdos con China y prefirió Taiwán, con una percepción dividida a la mitad sobre quién toma las decisiones en un país gobernado por primera vez en la historia por una mujer. Casi la mitad cree que Xiomara Castro no resuelve, sino que lo hace su esposo, Manuel Zelaya. Perú no avanza, ha cambiado continuamente el gabinete de Pedro Castillo y hasta ahora han fracasado las políticas sociales de vivienda y empleo. Después, los casos de Nicaragua y Cuba interpelan el significado del progresismo y se perpetúan en el poder bajo otros ribetes.
Pero aquellos que fueron elegidos en las urnas, llegaron sin mayorías parlamentarias y con discursos moderados sobre los finales de campañas en sociedades profundamente polarizadas. Como ejemplo, alcanzará con citar el ejemplo argentino y las últimas crisis internas que no logran reconciliar al país. Son gobiernos que deberán confrontar con nuevos escenarios, como el poderío ruso sobre suelo ucraniano, y sus consecuencias sobre los alimentos y la energía. Un panorama complejo y sobre el cual ni neoliberales ni progresistas se sienten cómodos.
Hasta ahora, todos caminan con pie de plomo para evitar roces con el gigante estadounidense. Incluso en el lado norte de América, Manuel López Obrador no ha podido cumplir con sus promesas en México. También allí, la inseguridad preocupa a la mitad de la población, donde la violencia narco está enquistada en poblaciones enteras.
Las nueva guerra entre carteles es moneda corriente y, salvo algunos arrestos, existe una porción de la población que no se ve identificada con el mensaje de confrontación al narcotráfico que escucha de sus gobernantes.
Los países, progresistas o no, han aprendido que los bloqueos de Estados Unidos generan grandes crisis sociales, políticas y económicas, con las cuales no se encuentran preparados para convivir. Son naciones que, además, han sumado efectivos a sus fuerzas policiales y militares sin mayores resultados sobre la inseguridad. Y esto le ha ocurrido a los actuales y anteriores progresismos, como el caso uruguayo, cuando el Frente Amplio perdió la última elección –entre otras– por esta causa. O en Chile, donde Boric asumió con la promesa de desmilitarizar la zona mapuche y poco después, reinstaló el estado de excepción que regía desde el anterior gobierno.
En Brasil se desarrolla una campaña electoral con encuestas favorables al histórico líder Lula da Silva, que llegaría acompañado por un acuerdo con un viejo opositor como Geraldo Alckmin. Algo ya visto cuando Dilma Rousseff conformó una alianza electoral con Michel Temer.
Resta conocer si el expresidente y firme candidato desempolvará las viejas agendas para orientar el barco con rumbo a la Unasur, a fin de crear nuevos aliados en el sur. O si se fortalece el bolsonarismo y el panorama permanecerá incambiado.
Pero nada es tan simple y tanto en Brasil como en los demás países, los aparatos políticos –como las organizaciones de la sociedad civil– y en buena medida los medios de comunicación tendrán una parte importante en el debate de las denominadas “nuevas agendas” en el progresismo latinoamericano.
