(ANEP-subrayado)
El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen – ANEP) aprobó por mayoría –con la abstención de los consejeros docentes– el Plan de Educación Básica Integrada (EBI). El principal cambio será que los alumnos que este año cursan 6° año de Primaria, no pasarán a liceo o UTU, sino a 7° grado de Educación Básica Integrada. Así, hasta llegar a 9°, que coincide con el actual tercer curso de educación media. El plan señala que con este nuevo sistema “se deje atrás la fragmentación y que se apueste a una educación continua y centrada en el estudiante y su aprendizaje”. El Plan se divide en tres ciclos y cada uno de ellos, se subdivide en dos tramos. Así, esta integración comienza en enseñanza preescolar hasta noveno grado. Con estas divisiones, los docentes trabajarán coordinados y solo se podrá repetir en los cursos de final de tramo.
En 7° año habrá un “Espacio científico-matemático”, que agrupará a matemática, ciencias del ambiente (biología) y geografía, con una carga de 12 horas. También contará con el “Espacio de la comunicación”, que incluye idioma español e inglés, con 9 horas de clase. Se agrega en el plan el “Espacio de desarrollo personal” con dos talleres optativos. Con la hoja de ruta sobre la mesa, los equipos técnicos deberán crear los planes de estudio que serán discutidos por las Asambleas Técnico Docentes (ATD) en noviembre.
El presidente de ANEP-Codicen, Robert Silva, dijo en conferencia de prensa que “se mantienen los años, cambia la forma de abordaje” y enfatizó que tiene que tener “efectiva centralidad en el estudiante”.
Silva describió el plan como “un proceso continuo” y aclaró que se trató de “la aprobación preliminar” del plan. “Por primera vez el país va a tener un plan de educación básica integrada, que justamente, como el nombre lo indica, integra desde una perspectiva didáctica pedagógica, todo lo que tiene que ver con la educación inicial hasta los 15 años”, detalló.
Por su lado, la consejera en representación de los docentes, Daisy Iglesias señaló que la transformación, por ahora, “es un cambio de nominación, porque para hacer los sistemas que han hecho otros países de primarizar secundaria, el modelo que usted tiene que cambiar, es el modelo docente, y la lógica docente sigue siendo la misma. Usted en secundaria no va a tener un educador único, va a tener diez profesores”, explicó en Canal 10. Se abstuvo de votar “porque aún no vi los programas. Consideré que estos cambios, esta presentación, para mí son cambios, otros dirán que no, son un paso positivo parcial, pero creo que a veces hablar, hacerse oír, decir una opinión aunque suene disonante y no se capte su sentido, ayuda a que las cosas se equilibren”, agregó. Iglesias se refirió a la eliminación de la repetición, que es uno de los puntos más cuestionados por los docentes: “La gran pregunta mía era si yo en tercer año de escuela tengo un chico que no lee, qué hago con él: un programa especial, lo vuelvo a primero, un tercero especial. Empezó a aparecer ayer la respuesta diciendo que hablar de apoyos alternativos no supone eliminar la repetición”.
COMISIÓN TRATÓ TENENCIA COMPARTIDA
(TELENOCHE)
La Comisión de Constitución, códigos, legislación general y administración de la Cámara de Diputados trató en su última sesión el proyecto de Corresponsalía en la Crianza, también conocido como Tenencia Compartida, que fue aprobado en el Senado y es tratado ahora por la Cámara baja.
El Frente Amplio indicó que las delegaciones que ha recibido hasta el momento la comisión parlamentaria plantean matices jurídicos y de aplicación. La diputada del Frente Amplio, Cecilia Bottino, señaló que “se vuelve a imponer que aún siendo víctimas de violencia, de agresiones, de violencia sexual, se le puede exigir visitas con el progenitor que violenta a los niños y eso es lo que nos preocupa. El centro tiene que ser la protección de los niños, niñas y adolescentes, y en realidad terminan protegiendo los derechos de los progenitores”, agregó.
Por su parte, el diputado nacionalista, Diego Echeverría, indicó que con el proyecto de tenencia compartida se genera un mecanismo de equilibrio entre los dos progenitores. Según el legislador, con esto se “apunta a proteger al menor y que, producto de los conflictos que eventualmente puedan tener sus progenitores, el niño, niña o adolescente no quede de rehén. Es un sistema que trae equilibrios”.
CONDENAN A EXMILITARES
(EFE)
La Justicia procesó con 25 años de prisión a los exmilitares Jorge Silveira Quesada y Ernesto Avelino Ramas, acusados de cometer 17 delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Específicamente, los exmilitares fueron condenados por siete delitos de privación de libertad, cinco de abuso de autoridad contra detenidos, cuatro de lesiones graves y uno de desaparición forzada. Silveira y Ramas, quienes integran la nómina de exmilitares condenados por Italia en el juicio por el Plan Cóndor, entre otras sentencias por crímenes de lesa humanidad, ya se encuentran privados de libertad en una cárcel especial para alojar a militares y policías represores y en prisión domiciliaria, respectivamente. El delito de desaparición forzada por el que los represores fueron condenados es la del integrante del partido comunista y militante sindical Óscar Tassino, de quien se desconoce su paradero desde el 19 de julio de 1977.
En el documento judicial se detallan las torturas, golpizas y abusos a los que fueron sometidas las víctimas y se transcriben los testimonios de las personas que todavía están vivas.
Según detalla la sentencia, Graciela Salomón, también detenida durante la dictadura, relató que durante su período retenida escuchó y reconoció la voz de Óscar Tassino al decir “quiero liquidarlos a todos”. Salomón afirmó que tras oír esa oración escuchó “muchos golpes y después un golpe seco, duro como de una cabeza contra una pileta” ante lo que consultó qué había pasado. La respuesta que obtuvo, según la declaración, fue: “Si vos no decís nada no te va a pasar lo que le pasó a ese, que aunque quiera ya no puede hablar más”.
Esta sentencia alude también a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en 2021, dictaminó que el Estado uruguayo fue responsable de la desaparición de Óscar Tassino al haber estado “omiso en las investigaciones” sobre el caso.