Escribe: Ernesto Kreimerman
Una encuesta reciente presentada por la consultora Exante acerca de las expectativas empresariales ratifica lo que ya está en la agenda: una expectativa positiva respecto a que, en lo que queda del período de gobierno se apruebe en el parlamento la reforma de la seguridad social y también la del sistema educativo. Pero las expectativas no son las mismas: un 76% visualiza la aprobación de la reforma de la seguridad social mientras que baja al 66% quienes ven muy probable que se apruebe la reforma del sistema educativo.
En la misma investigación, se rescatan unas ideas más pesimistas del empresariado acerca de la posibilidad de reformas en otras áreas: un 36% tiene expectativas de que se logre el ingreso al acuerdo Transpacífico; sólo el 30% ve probable la culminación de las negociaciones de un TLC con China; apenas un 20% espera que el gobierno logre reformar el mercado de combustibles; y tan solo un 12% que el gobierno avance en una “modernización del marco de las relaciones laborales”.
La encuesta de Exante es más completa y explora en las expectativas económicas. La muestra fue de 304 gerentes y altos ejecutivos de empresas grandes y medianas que actúan en nuestro país. El trabajo de campo se desarrolló durante octubre.
Dos reformas trascendentes
Hay dos reformas en proceso que son importantes para el presidente Lacalle Pou, que de completarse su aprobación, significaría dar satisfacción a compromisos centrales asumidos en la campaña electoral.
La primera, la reforma de la seguridad social. Más allá de las valoraciones que a cada uno de nosotros nos merezca, hay una primera consideración: se trata de un proyecto elaborado por expertos en el tema, que razonablemente fueron cumpliendo con un proceso de elaboración del proyecto conforme a unos plazos establecidos, y acabó con una propuesta compacta. Otra cosa es que se comparta como se solventan los costos, pues vuelven a caer en los trabajadores por las dos vías más gravosas para una persona: más años de trabajo y menos beneficios jubilatorios.
Más allá de lo declarativo, el proyecto no toma en cuenta las desigualdades hacia el interior del sistema de seguridad social ni tampoco explora otras fuentes de financiamiento. En el campo de las asimetrías, por ejemplo, la caja militar paga aguinaldo, un beneficio que no tiene ningún otro jubilado en el país, y que además se prolonga, en tanto las viudas de quienes hoy tienen el beneficio del aguinaldo, en condición de pensionistas, mantendrán el derecho a seguir cobrando ese adicional. En este campo de la caja militar, se mantienen beneficios que deberían ser universales o no ser, pues no es de recibo que un médico, por ejemplo, por haber desarrollado su labor en la sanidad militar tenga otras condiciones jubilatorias que el médico (vale lo mismo para una enfermera o nurse) que ha trabajado en la salud pública.
Estas asimetrías introducen cierta inconsistencia y debilidad a esta reforma, pero ello no es por un error o descuido, sino por una decisión de los proponentes. Porque el propósito no apunta a reorganizar el sistema, a solventar los costos de manera socialmente equilibrada y solidaria, para una masa de beneficiarios que deben acceder a una misma base de prestaciones de igual calidad y alcance. El resultado no ha sido ese, pero no por desorden metodológico o incompetencia, sino por vocación filosófica. Las asimetrías persisten y los privilegios de la caja militar también.
Son precisamente esas cualidades exhibidas en el proceso de elaboración del proyecto las que hacen percibir a los empresarios como altamente probable una próxima aprobación. Pero no es el contenido, siempre compartible o polémico como todo cambio que se impulsa, lo que da a la iniciativa ese respaldo, sino la metodología de trabajo y el expertise.
Lo contrario
En efecto, aquí no hay un documento de referencia ni buen diálogo. Por el contrario, han tenido más minutos de televisión los enredos que la explicación de algunos enunciados: que la escuela será de primero a noveno, que no habrá repetición, que sí la habrá pero a veces, que los exámenes y no por aquello “del mal día”…¿y del acto educativo? ¿Del hábitat de la educación? ¿Del sistema de alimentación escolar? ¿Del régimen o modelo de calificación? ¿De las competencias?
La estabilidad del contexto educativo está dada por un ecosistema de la educación cuyo propósito es crear un marco de estabilidad y contención. La escuela construye ese espacio de estabilidad emocional: recibe a los alumnos con empatía, con alegría, y en la escuela se educan y se alimentan. Algo que sucede desde “siempre” en casi todas las escuelas privadas y que la propia FAO insiste porque alimentación,educación y salud conforman una trilogía virtuosa.
Por declaraciones y no por documentos, se habla de posibles nuevos sistemas de calificación, de otros criterios de aprobación y repetición. Luego, se relativizan o desmienten. Más que ideas, parecen ocurrencias. Para completar, los pedidos de postergación por un año provienen de actores del sistema que apoyan el impulso y no de quienes lo cuestionan.
Sumando confusión, se utiliza como sinónimos calificar y evaluar. Calificar es una cosa y evaluar es otra. Calificar es reflejar dentro de una escala el conocimiento alcanzado por el alumno en un caso concreto, en una escala conocida, comprendida y compartida. Pero evaluar es expresar si el conocimiento adquirido es insuficiente, suficiente, bueno o muy bueno. Calificar y evaluar van de la mano, pero no son la misma cosa. Esas declaraciones confunden.
Ahora, a nada de terminar los cursos, Secundaria anunció las reglas 2022 de cierre y aprobación, ¡vaya a saber con qué fines! Así, la exoneración de materias de bachillerato se logrará con menos nota y sin considerar las faltas. Esta improvisación solo vale para la educación pública. Esto se decidió cuando ya los parciales de cierre de curso están casi todos hechos y durante un año se controló asistencias.
Una más: al cierre de octubre comenzó el curso “ANEP: hacia una transformación curricular integral”, en el marco de la “transformación educativa”, que se realizó sobre la plataforma Ceibal. Un curso para docentes, obligatorio, que impulsó ANEP, con una carga de 30 horas, a realizarse en cinco semanas hasta fin de febrero de 2023. Éste era el anuncio. Pero ningún contacto con la realidad: concluido el primer módulo de cinco, que no llegó a tres horas, los docentes esperaban el segundo. No hubo más nada; se terminó. Cada participante de ese único día recibió un certificado que indica lo que no sucedió: que se tomó un curso de treinta horas, (y no apenas 3), y por tanto, de la reforma poco o nada.
En suma, más allá de coincidencias o discrepancias, estamos frente a dos proyectos de reformas, uno ordenado y otro improvisado.
