Año: 2022

Las organizaciones de la sociedad civil aguardan que ambas cámaras “confirmen a la brevedad el rumbo trazado”, con el fin de “contar con una nueva ley adaptada a las exigencias y riesgos propios de la actividad forestal, que se suministren los recursos y se pongan en práctica a la brevedad las medidas correspondientes para llevar la necesaria tranquilidad a los productores rurales y pobladores vecinos de las plantaciones”.

Largo proceso

Los productores Javier Dalmás y Santiago Schneider, integrantes de la mesa y convocantes a este espacio inmediatamente después de ocurridos los incendios, manifestaron su “satisfacción después de un largo proceso”. Una vez movilizados, “vimos que era necesario constituir una mesa de diálogo integrada por todo el sector forestal, la institucionalidad, los vecinos afectados y la Universidad, que se prestó a conducir esa mesa de diálogo. Funcionó durante todo el año y uno de los productos finales es este proyecto de ley elaborado en base a todo el conocimiento acumulado durante este año, y es un logro colectivo de las organizaciones sociales en el territorio”, dijo Dalmás a EL TELEGRAFO.
“Quienes convivimos con la forestación, y resalto la palabra convivencia porque desde hace décadas establecemos negocios y relaciones de convivencia con la forestación, vimos que faltaba una regulación más estricta y más ambiciosa que nos protegiera de otra manera contra los incendios. En definitiva, sabemos que los incendios son parte del modelo productivo forestal. Siempre estamos expuestos a los incendios en la pradera de los productores agrícolas, que es más fácil de controlar, pero existen”. Explicó que “la forestación es parte del asunto, así que este logro es colectivo porque da una amplitud desde las bases sociales, comunidades y organizaciones que, en definitiva, sacamos adelante este proyecto”.

Igual que antes

Schneider resaltó varios aspectos de la iniciativa, “pero uno de los principales es establecer un área importante, limpia, libre de árboles en la cercanía de los poblados. Hablamos de unos 500 metros y de los establecimientos rurales serían unos 150. Es importante tenerlo en cuenta porque en la situación en que se dio, tuvimos total desamparo”. Explicó que “en el caso de los cortafuegos, llegarían a casi el doble de lo que estaba establecido y eso es fundamental. Nos permite disponer de un área mayor para poder enfrentar un ocasional incendio y mantener las áreas en condiciones”.

Reconoció que en los últimos meses, “hubo mejoras” a raíz del trabajo efectuado por las juntas locales, autoridades y empresas. “Pero estamos muy lejos de estar tranquilos. El proyecto de ley recién está en camino y la limpieza actualmente es lejana a lo ideal. Si tenemos en cuenta a las banquinas, que le corresponde al Estado, están como siempre y no hubo un gran trabajo. En los demás aspectos, no hubo adecuado manejo de la situación. Es un proceso y uno pretende que vaya cambiando, pero nuestra zona es de riesgo. Sobre todo cuando las condiciones del clima son parecidas al año pasado, con un déficit hídrico importante”.

Replantadas

Dalmás evaluó que “como vecinos vemos que las decenas de miles de hectáreas que se quemaron fueron rápidamente replantadas. Se cortaron todos los árboles que se quemaron y se planta de nuevo sobre la misma matriz y de la misma forma sobre la que estaban los cultivos antes del incendio. O sea, evidentemente las empresas no están aplicando algún aprendizaje que pudieron tener”.

El productor consignó que las empresas “se remiten a la ley tal cual está hoy por hoy. Por eso, la necesidad de una nueva que sea más ambiciosa. El proyecto de ley tiene media sanción, y se supone que tiene las mayorías para ser aprobadas en el Senado. Después se disponen 90 días, como lo establece la Constitución, y a partir de allí deberían empezar a plantar de acuerdo a la nueva normativa”.

Abogó por finalizar “cuanto antes el proceso en el Senado” que comenzó “el primer día después de los incendios, cuando generamos un espacio de diálogo social importante para cambiar esto”.

Su segundo artículo establece que el combate de los incendios forestales “es atribución y responsabilidad exclusiva del Director Nacional de Bomberos o quien lo represente”. Establece la obligación por parte de los organismos públicos de cualquier naturaleza de colaborar con la citada dirección. Asimismo, obliga a organismos públicos o privados vinculados al sector forestal, a asistir personal o materialmente a los servicios de bomberos y la posibilidad de disponer de materiales o equipos.

La iniciativa determina la separación de los macizos forestales de caminos públicos y medidas de cortafuego, así como la obligación de su mantenimiento. Las excepciones consideran la proximidad con los bosques nativos, líneas de tensión de UTE y determinados sistemas de producción ganadera.
El proyecto con media sanción prohíbe la plantación comercial a menos de 150 metros de las edificaciones de zonas rurales. Define, además, las obligaciones que deben observar los propietarios, arrendatarios o tenedores a cualquier título de bosques, en cuanto a la presentación de planes de prevención de incendios forestales, en áreas mayores a 40 hectáreas y permitir la inspección de funcionarios de la Dirección Forestal y de Bomberos.

Agregó que “como consecuencia de ello, se aprobó un proyecto con irracionalidad técnica, que tendrá efectos negativos sobre la inversión forestal, y que termina siendo inaplicable en muchas zonas como el sur del país”.
“Las actividades productivas no pueden estar permanentemente en vilo a lo que el Parlamento decida cada año para satisfacer su juego político. El tema de la prevención de incendios es algo muy importante que los productores forestales hemos encarado con profesionalismo”, señalaron.

YA SE HABÍAN TOMADO MEDIDAS

El proyecto de ley aprobado por Diputados parte como consecuencia de los incendios que afectaron al país a fines de 2021 y comienzo de 2022, por lo que la SPF enfatiza que “luego de los incendios del verano pasado, los productores forestales tomamos muchas medidas adicionales a las que ya se tomaban, que incluyeron retirar las plantaciones de los centros poblados, aumentar los recursos de detección, mejorar los recursos de combate y la capacitación adicional de las personas”.