Espacio contratado
Somos propietarios de un campo que es Monumento Histórico Nacional. Se trata de la estancia del primer presidente de la República, la cual en el siglo XVII también fue parte de una de las más importantes estancias jesuíticas misioneras de la región y lugar de amansamiento de ganado en sus enormes corrales de piedra aún conservados. También somos custodios de un bien patrimonial que pertenece a toda la sociedad. Esto es así ya que nuestra Constitución dispone que: “Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa”.
El Estado no solo no está salvaguardando su patrimonio, sino que por inacción del Ministerio de Ambiente (MA), negligencia del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y con la indiferencia del BID-Invest, hoy lo está poniendo en grave peligro. Cuando el actual ministro de Educación y Cultura declaró a todo el predio de la Estancia Buen Retiro-Castillo Morató como Monumento Histórico Nacional, el Estado uruguayo quedó automáticamente obligado a proteger el Tesoro Cultural de la Nación, conforme a lo dispuesto por la Constitución, en la Ley 14.040, el Decreto 536/72 y otras tantas normas protectoras.
A pesar de todo esto, el Estado a través de UTE decidió atravesar el campo en toda su extensión con más de veinte torres de alta tensión de 48 metros de altura y 20 de ancho cada una, lo cual equivale a edificios de 20 pisos de altura. Esto no solo destruye completamente el entorno, paisaje y valores preservados hasta el día de hoy sino que, además, para construirlas es necesario hacer enormes excavaciones durante las cuales se destruye de forma irreversible el patrimonio histórico y cultural de la nación, en un sitio de enorme valor arqueológico. Nunca en nuestro país el Estado había destruido el patrimonio histórico y arqueológico de forma tan consciente y deliberada.
En primer lugar, con respecto a las opciones del trazado de la línea de alta tensión. ¿Cómo llega a ser prioritario para el Estado proteger una parte de una plantación forestal de una multinacional (de las cuales hay un millón de hectáreas) frente a preservar un bien que es Patrimonio Histórico Nacional? En segundo lugar. ¿Por qué tanto el MEC como el MA no siguen sus propios protocolos de actuación arqueológicos y el BID no sigue las recomendaciones hechas por la propia arqueóloga contratada para evaluar el impacto? En su informe la experta señala que “cualquier interferencia física en la tierra puede causar movilización y/o destrucción de posibles restos y estructuras arqueológicas existentes en la superficie, en el interior de suelos o sedimentos y paredes rocosas” y recomienda que las torres se instalen al menos a 500 metros de los corrales de piedra. Las torres están siendo instaladas a menos de 200 metros.
Siguiendo con los aspectos arqueológicos y el no seguimiento de los protocolos, hemos solicitado a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación que designe conforme dispone el decreto 536/72, un delegado en la obra que diariamente controle que no se causen daños al patrimonio arqueológico de la nación. Al mismo tiempo le hemos solicitado al ministro de Ambiente, que revoque la Autorización Ambiental Previa para la ejecución de las obras, ya que la misma fue otorgada en base a una solicitud de UTE, donde esta aseguró que la líneas de alta tensión en ningún caso habrían de “atravesar zonas protegidas por ley o declaradas de valor patrimonial histórico, artístico, cultural, etc”. Nadie nos ha respondido.
¿Cuál es el motivo por el cual el Ministerio de Ambiente no le exige a la UTE que cumpla con los presupuestos que ella misma expuso al solicitar la autorización ambiental, afirmando que las líneas de alta tensión en ningún caso habrían de “atravesar zonas protegidas por ley o declaradas de valor patrimonial histórico, artístico, cultural, etc ?” ¿Por qué el Ministerio de Ambiente no hace cumplir sus propios lineamientos de control arquelógico en sitios de interés histórico-arqueológico? ¿Cuál es la razón por la cual la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación sigue sin designar un delegado –como dispone el decreto 536/72– que esté presente en la obra para controlar diariamente que no se causen daños al patrimonio arqueológico? ¿Por qué el ministro del MEC y el director general de la Comisión de Patrimonio utilizan su tiempo y energía en justificar un proceder que destruye el patrimonio, con creativos argumentos, en lugar de poner la energía en cumplir con su deber de proteger nuestro patrimonio?
Ante este proceder del Estado nos hemos dirigido al Mecanismo Interno de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual ha evaluado nuestro reclamo y ha decidido que hay elementos para intervenir. El art. 34 de la Constitución, cuando dispone que “el tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa”, lo hace en forma claramente imperativa. Por lo tanto, obliga a los ministros competentes a actuar con la máxima celeridad para hacer cumplir la Constitución y la Ley. Solo estamos reclamando que se cumpla con las normas y se proteja un patrimonio que no es nuestro, sino de todos. La sociedad toda merece una respuesta. Cada día que pasa, las máquinas retroexcavadoras manejadas por operarios extranjeros destruyen el patrimonio histórico y arqueológico de la nación cavando enormes pozos que inmediatamente son sellados con hormigón, sepultando definitivamente el patrimonio nacional y cualquier evidencia del daño que están generando. Aquí se puede contemplar el paisaje de la Estancia Buen Retiro-Castillo Morató y la forma en que se está excavando en un predio con valor arqueológico: QR: http://bit.ly/3ZzSAXs 
Antonio Morató CI 1.164.914-0
Alfredo Morató CI 1.520.491-2