El ministro de Ambiente, Adrián Peña Robaina, dijo a EL TELEGRAFO que la situación que generó los vertidos desde el vivero de la empresa Forestal Oriental, UPM, en cercanías de Guichón, fue la ampliación de un área del establecimiento que incluyó un incremento del riego, lo que superó la capacidad que tenían instalada. El secretario de Estado aseguró que “los antecedentes siempre pesan”, por más que la multa aplicada refiera al área productiva de la empresa y no a la industrial, aunque reconoció que también se han aplicado a la firma otras sanciones por temas administrativos. Además animó a la población a denunciar eventuales irregularidades, ya que “no es simple tener un control ambiental en cada emprendimiento de Uruguay”.
Luego de estudiar los alegatos por los cuales la empresa recurrió la multa que se había anunciado en octubre pasado, los servicios jurídicos del Ministerio de Ambiente recomendaron hacer efectiva la sanción por 700 UR (unidades reajustables, alrededor de 1.046.000 pesos) a la empresa UPM por el vertido de productos contaminantes no habilitados desde el vivero ubicado próximo al arroyo Santa Ana. En la resolución firmada por Peña, que publicara esta semana El Observador, se indica que en su recurso “la empresa reiteró los argumentos presentados en los descargos a una vista anterior, introdujo referencias históricas en relación a las actuaciones de la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente y, trató de ‘relativizar la significación de las concentraciones detectadas’, haciendo énfasis en que los principios activos de los plaguicidas utilizados son de uso en otras actividades productivas, que fueron evaluados y registrados en el MGAP”.
PROCEDIMIENTO
El ministro dijo que el de Santa Ana, en cercanías de Guichón “es un vivero que tiene bastante control del ministerio. Recurrentemente la gerencia de Control y Evaluación Ambiental visita el vertedero, toma muestras y hace un control periódico, digamos”. En este caso, recordó, se actuó ante una denuncia concreta. “Se realizaron nuevas inspecciones, de las ordinarias, digamos, y así se constató sustancias no permitidas en el curso de agua. Allí lo que hizo el Ministerio rápidamente fueron dos cosas. El Ministerio actuó rápido, primero intimó a la empresa a realizar una serie de obras y, segundo, al constatar que había vertidos que no correspondían en el curso de agua, también hace una propuesta de sanción”, resumió.
Peña indicó que las obras exigidas ya fueron realizadas por la empresa, más allá de que de todas formas “se continuó con el proceso de sanción”.
Respecto a la rápida habilitación que para su uso en viveros tuvieron los químicos detectados en la escorrentía desde el establecimiento, comentó que se trata de un trámite en el que su cartera no tiene incidencia. “Se nos explicó, pero eso no es competencia nuestra, digamos, no está en nuestra órbita, que la autorización de estos plaguicidas es un tema básicamente administrativo, burocrático, de procedimiento formal, en la medida que este tipo de plaguicidas ya estaban autorizados para otro tipo de cultivos”. Cultivos incluso “más sensibles como la producción de alimentos, como frutas y hortalizas. Pero la realidad es que para viveros no estaban autorizados”, dijo. Luego simplemente se notificó desde el Ministerio de Ganadería que la Dirección de Servicios Agrícolas otorgó la autorización “y ese tema para nosotros queda saldado con esa autorización”.
CONTROLES
El jerarca indicó que se trata de una situación que “puede repetirse en otros viveros, forma parte de la materia de control habitual del ministerio, hay que controlarlo”. Puntualizó que en el caso del vivero Santa Ana “lo que hubo fue una ampliación de un área que se denomina de ‘rustificación’. Al ampliar esa área aparentemente no se tuvo en cuenta la dimensión de los vertidos que iba a generar el riego de esa área, entonces se vio desbordado el pozo original”. Entiende que “con la nueva dimensión y con las nuevas medidas que le exigimos a la empresa, eso habría quedado solucionado”.
Consultado sobre en qué medida esta situación pesa administrativamente sobre la empresa que se apresta a poner en marcha el mayor emprendimiento industrial del país, Peña dijo que “los antecedentes siempre pesan. Esto es en la parte productiva de la empresa, pero también ha habido otros procedimientos en la empresa vinculados a otras áreas, con cuestiones que básicamente son administrativas las otras sanciones”. Aclaró, no obstante, que no han sido sanciones “que hayan tenido impacto sobre sobre el ambiente. Son algunos incumplimientos, pero más bien de tipo administrativo. Nada que haya generado perjuicio ambiental, digamos”.
CRECEN DENUNCIAS
El secretario de Estado dijo que, como ocurrió en este caso, muchas veces se conocen los problemas a partir de denuncias desde la sociedad civil, “a la que nosotros alentamos a que nos alerte sobre eventuales situaciones que puedan configurar irregularidades, de forma tal de poder proceder rápidamente”. Explicó que “obviamente no es simple tener un control ambiental en cada emprendimiento de Uruguay, entonces la alerta y el control social de esos emprendimientos es muy importante”. Debido a ello, dijo, es que “las vías para denunciar en el Ministerio son muy amplias. Puede ser telefónicamente, puede ser a través de la página web, también a través de celulares que aparecen en nuestra página” y en todos los casos “no hay necesidad de dejar el nombre, pueden ser denuncias anónimas, pero de ese modo nosotros tenemos información para poder actuar rápidamente cuando hay alguna situación de este tipo y poder constatarla y actuar”. Peña agregó que “desde que existe el Ministerio de Ambiente tenemos un aumento en las denuncias de más del 30% en temas ambientales, por tanto es una herramienta importante para nosotros la sensibilidad de la población con estos temas, de forma tal de estar alertados”.
