América Latina comenzará un 2023 con guarismos económicos y sociales negativos. Altos niveles de inflación, incremento de casos de COVID-19, aumento de la violencia, crisis migratoria en algunas fronteras y 200 millones de personas en la pobreza que profundizan la brecha.
El continente fue atravesado por gobiernos de todas las ideologías políticas, con sistemas democráticos de variada calidad y transparencia. La constante es no haber podido salir de la desigualdad y desintegración de sus sociedades. Incluso el crecimiento será menor y estará en torno al 1,3%.
En este contexto, enfrenta todos los impactos externos posibles con una baja capacidad de mitigar los problemas ya existentes. Esas limitaciones impactan aún más en las poblaciones vulnerables y apuntalan las inestabilidades políticas de sus gobiernos. Porque no pueden contra el crimen organizado y han demostrado la imposibilidad de instrumentar políticas de Estado en diversos temas, a pesar de redactar sus discursos electorales sobre la base de planes a futuro.
Es que, una vez en el sillón presidencial, los mandatarios han encontrado mayores retos porque los sistemas políticos no estaban preparados para grandes transformaciones. Fundamentalmente aquellas que resultan antipáticas para un electorado que vota cada cinco años y manifiesta su inconformidad cuando no tiene mayor información sobre su mesa sino arengas de aquellos referentes que encontraron nuevas formas de comunicar.
Probablemente sea el caso de Uruguay –entre otros– cuando su población atravesó por una consulta popular que exponía 136 artículos de la Ley de Urgente Consideración, o la Transformación Educativa, o la reforma jubilatoria, o lo que vendrá en estos últimos dos años.
Son varios países que atraviesan por procesos electorales entre 2023 y 2024. Algunos integran el Mercosur y otros se encuentran cercanos en una región que palpita cuando los vientos cambian de rumbo.
En algunos, la democracia está en jaque y las protestas callejeras impactan en las figuras de los gobiernos, quienes se observan bastante más desconectados de las demandas ciudadanas.
En cualquier caso, es el anuncio –ya conocido– del voto castigo que impactan en los oficialismos de cualquier orientación. Por lo tanto, las presiones y tensiones continuarán en el 2023 y se perpetuarán en el próximo año. Porque los escenarios de entredichos y movidas políticas no han variado sustancialmente.
En este sentido, Uruguay ha quedado bastante despegado de otros escándalos de corrupción, golpes de Estado o vínculos con el narcotráfico, pero debe aclarar situaciones aún confusas que rozan a figuras de primera línea gubernamental.
Porque la esencia de la democracia es un buen funcionamiento de los partidos políticos, pero deben cambiar los liderazgos. Y hacerlo urgentemente.
Mirar a Argentina, Perú o Venezuela es tomar un aprendizaje sobre la necesidad de esos cambios en favor de una población que reclama por mayor credibilidad y condiciones de vida. En forma paralela, es posible que haya llegado el momento de cuestionar la representatividad que tienen algunas instituciones en sus comunidades y poner en valor si su labor es confiable o suma a la crisis preexistente.
Hoy hay que enfrentar a un público mucho más cuestionador, que conforma sociedades que evolucionan desde la protesta. Mientras los políticos se acusan entre sí de corruptos o ladrones, ese público ya tiene una opinión formada y dicho criterio se manifiesta en la forma de un voto.
Por eso descree de los partidos, de los políticos, de la justicia, de sindicatos y de otras organizaciones sociales. La falta de liderazgos es visible y los discursos siguen anquilosados en el tiempo.
Es aquí donde es necesario permanecer alertas para impedir el surgimiento de populismos que han resultado peligrosos en otras partes del mundo, por su autoritarismo. Sin embargo, han sabido capitalizar el enojo de aquellos que no resultaron con sus demandas satisfechas.
Porque las transformaciones y reformas deberán ser estructurales o no serán. Y América Latina no está aún preparada por el cortoplacismo enquistado de sus sistemas y las acciones de sus gobiernos, que generalmente resuelven para cinco años.
Entonces, el período siguiente enfrentará los mismos problemas con criterios similares a los anteriores. Es así que se vuelve necesario mirar el entorno más cercano. Y en el caso de Uruguay, deberá estar pendiente de lo que ocurra en Brasil, con la asunción de su flamante presidente Luis Inácio “Lula” da Silva, un veterano referente de la izquierda latinoamericana, que llega con otras alianzas y bajo un contexto diferente. Este Lula no es aquel, que arribó al poder prácticamente solo y con la fusta debajo del brazo. Este viejo presidente llega de la mano de un conglomerado político tan variopinto como diverso en orientaciones y reclamos al país más grande de una región endeble.
La necesidad de abrirse aún más a un mundo competitivo que produce con altas tecnologías, así como lo hace en forma virtual, será la diferencia entre continuar como está –más atados a ideologías que a otras cosas– o verdaderamente encauzar las transformaciones que se reclaman.
Al menos por ahora, en el horizonte se avizoran posibilidades de caer en recesión por las desestabilidades aún no resueltas al otro extremo del planeta. El conflicto de Rusia con Ucrania presionó al alza a la inflación en el mundo entero y sumió –a algunos más que a otros– en crisis energéticas.
Porque si las economías más avanzadas son pesimistas y se protegen, ni que hablar de que los países con menores ingresos y mayores vulnerabilidades deberían estar alertas.
