En las últimas horas la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) entregó en la Torre Ejecutiva dos cajas conteniendo 14.000 firmas de empleados públicos con el fin de recurrir el decreto que modifica el régimen de licencias médicas en el sector, y por lo tanto para tratar de evitar que se comience a instrumentar el decreto aprobado recientemente por el Poder Ejecutivo.
Argumentan los dirigentes de la confederación de trabajadores del Estado que esta decisión del gobierno ha sido adoptada fuera del ámbito de la negociación colectiva, y según el presidente de COFE, José López, “seguiremos hasta las últimas consecuencias”, en tanto al respecto el presidente Luis Lacalle Pou señaló que “no sé dónde dice que hay que discutirlo. Se podría haber hecho de un día para el otro. Se ha hablado hasta el cansancio, porque no es un tema nuevo, sino que tiene por lo menos un año y medio”.
Hasta ahora a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones. Con esta modificación, tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente. Se los podrá pedir de manera alternativa o consecutiva por el período de un año. A partir del décimo día tendrán derecho al subsidio, que será un monto equivalente al 75 o 100 por ciento del salario, dependiendo de diversos factores. Cada 1º de enero se renovará los días disponibles, los que no serán acumulables de un año para otro”.
Lacalle consideró que los trabajadores privados “tienen sus licencias, sus mecanismos. No parece muy lógico que otros ciudadanos (del mismo país) tengan un estatus distinto”, en tanto trajo a colación que “a los funcionarios públicos les paga el sueldo cualquiera que se levanta a laburar. Tenemos que ser cuidadosos de los recursos de la gente y cuando vemos que se va muchísimo dinero en licencias, nos parece que hay que emprolijar, no hay que tomárselo como un ataque ni nada por el estilo”.
Por supuesto, acá hay que partir del precepto de que los gremios nucleados en COFE tienen todo el derecho de recurrir una norma que entienden les afecta directamente, pero naturalmente, una cosa es que entiendan que se sienten perjudicados y otra muy distinta es que tengan razón y tratar de aparecer ante la opinión pública como víctimas, cuando en realidad han hecho uso y sobre todo abuso de sus privilegios respecto a los trabajadores de la actividad privada, los que precisamente les pagan sus salarios a través de impuestos y tienen un régimen de licencias por enfermedad mucho más restrictivo.
Hay mucho además, de pretender tomar a los uruguayos por tontos, como si el ciudadano común desconociera la problemática del funcionamiento del Estado, del escenario laboral en el sector, desconociera los abusos flagrantes que se comenten en este ámbito con certificaciones al barrer, tan abusivas como insólitas, y que además se potencian los días lunes, para extender con “ventajita” el asueto del fin de semana.
Con relación a este aspecto, un artículo del semanario Búsqueda da cuenta de que los lunes son los días de la semana en que los funcionarios públicos solicitan más certificaciones médicas, precisamente. Otro dato indica que el Ministerio de Salud Pública sobresale por la proporción de personal que falta por razones médicas (83 por ciento).
A su vez el porcentaje global de funcionarios que estuvo certificado al menos una vez se incrementó de 45,8 por ciento en 2021 a 55,9 en 2022, en tanto las mujeres utilizaron más que los hombres las licencias por enfermedad y lo hicieron por más días en promedio, superando a los hombres en casi 19 jornadas.
El antecedente inmediato, irrefutable y de contundencia incuestionable en esta problemática es el hecho de que a partir de la aplicación por la actual administración de la Intendencia Departamental de Rocha del régimen que rige en el sector privado para licencias médicas, la cantidad de funcionarios que faltaron al trabajo aduciendo enfermedad bajó un 50 por ciento, por lo que “se acabaron los enfermos de viernes a lunes y el abuso de los mecanismos”, según afirmó el intendente de ese departamento, Alejo Umpiérrez.
Después del cambio de régimen, las licencias por enfermedad bajaron a la mitad en esa Intendencia, de la misma forma en que lo hicieron los “enfermos permanentes”, que pasaron de 400 a 100, con un seguimiento del equipo de Salud Ocupacional, porque “antes no se visitaba a nadie. Con el ahorro generamos un fondo para implementos médicos para atender enfermedades reales: camas articuladas, bastones canadienses, muletas, sillas de ruedas, etcétera. Cuidando el dinero de los contribuyentes”, sostuvo el jerarca.
El régimen aplicado actualmente por la Intendencia rochense implica que no se paguen por parte del empleador los primeros tres días en caso de enfermedad y los restantes se abone el 75% del jornal, mientras que en caso de hospitalización, se cubre el 100%.
Estos elementos refieren a una problemática que lamentablemente se da en todas las dependencias del Estado, donde se aplican normas que han sido creadas con la finalidad de atender la salud de los funcionarios mediante un régimen muy contemplativo y avanzado en su momento, pero la flexibilidad y la ausencia de controles ha desvirtuado su esencia, al punto que el común denominador son los abusos, con funcionarios que “casualmente” se enferman los lunes para estirar el asueto del fin de semana, que presentan enfermedades muy difíciles de identificar y diagnosticar, pero que les permiten someterse a tratamientos ambiguos e interminables y/o faltas asiduas. Es que dentro de las dependencias del Estado, siempre hay quienes van a cubrir sus funciones en la dependencia en la que trabajan y quienes se certifican por presunta enfermedad, van igualmente a recibir el pago a fin de mes como si cumplieran al pie de la letra con sus obligaciones laborales.
Por supuesto, para que se de esta situación tiene que haber también complicidad y/o omisión por quienes deberían ejercer los controles correspondientes, tanto por el profesional médico como por los respectivos jerarcas y funcionarios encargados de que se cumplan los requisitos establecidos para poder acogerse a este sistema de beneficios. Es bien conocido que muchos médicos hasta le preguntan al paciente cuántos días de licencia quiere ante afecciones menores, porque a él le resulta gratis y al fin y al cabo el Estado son los bienes del difunto, como reza el dicho popular.
Y los gremios que ahora desgarran sus vestiduras y tratan de evitar que se les aplique una norma que desde siempre ha regido para el sector privado y recogen firmas para frenar las modificaciones, deberían más bien hacer su mea culpa por ignorar y amparar a los abusadores de siempre, los que han llevado a que se haya decidido poner fin a este régimen excesivamente benigno para situarlo en la realidad, aunque rozando apenas uno de los privilegios de que siguen gozando los empleados estatales respecto a sus pares –es un decir– de la actividad privada.