Ante lo que denuncian como graves irregularidades en la obra de UTE que lleva adelante la empresa china CMEC en su predio para la construcción de la línea 500 Kv Chamberlain-Salto Grande, los propietarios de la Estancia Buen Retiro-Castillo Morató preparan una demanda por daños contra la empresa estatal y contra el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Tras dos fallos judiciales, UTE entregó información a la familia propietaria sobre el contrato que firmó con CMEC, documentación que reveló “múltiples irregularidades y gravísimos incumplimientos” de acuerdo los abogados Gonzalo Ramírez y Daniel Ochs.
“La respuesta de UTE al pedido de información reveló gravísimas irregularidades que serán incluidas en la demanda que estamos preparando. Vamos a agotar todas las instancias para que las autoridades públicas vean el atropello que están cometiendo contra el patrimonio nacional”, declaró Daniel Ochs.
La estancia, ubicada en Paysandú y declarada Patrimonio Histórico Nacional, se ha visto afectada por tareas de la instalación de 23 torres de alta tensión por parte de UTE. La familia propietaria ha señalado en varias oportunidades que esos trabajos destruyeron parte del patrimonio arqueológico del lugar e incumplieron normativas nacionales e internacionales que lo protegen.
“Al responder al requerimiento del juez de proveer la información solicitada, UTE no respondió a algunos de los requerimientos y, en sus respuestas, dejó al descubierto numerosos y gravísimos incumplimientos y flagrantes contradicciones”, señaló Ochs.
Los abogados presentaron la solicitud de información pública en mayo, amparados en la ley 18.381 (Derecho de Acceso a la Información Pública), pero ante la negativa de la empresa recurrieron a la Justicia, que dictaminó la entrega de la misma.
“En la respuesta de UTE queda en evidencia que el arqueólogo contratado por la empresa china expidió dictámenes concluyentes que fueron abiertamente ignorados por UTE y por la Comisión del Patrimonio”, añadió Ochs, haciendo referencia a la supervisión patrimonial realizada, bajo contrato de CMEC, que advirtió sobre el impacto visual y en los cercos de piedra que rodean al castillo Morató, que han sufrido severos daños por la obra.
Adicionalmente, de los documentos se desprende que en una inspección laboral realizada en enero, a pedido de los abogados de la familia Morató, se detectaron graves incumplimientos como “el uso de escaleras artesanales, falta de cascos y de otros elementos de trabajo de seguridad básicos, manipulación irregular de sustancias químicas peligrosas en envases inadecuados”. Ante eso, “el propio gerente de UTE, ingeniero Andrés Garagorri, escribió un informe en el que solicitaba se detuviera la obra, pero la empresa encargada hizo caso omiso a la orden y continuó con las tareas sin ningún tipo de control”.
