Está fuera de toda discusión que objetivamente hablando, nuestro país ha tenido un saludable vuelco fundamental hacia la reconversión energética en base a las fuentes renovables, habida cuenta de las sensibles ventajas comparativas. Para ello se han llevado adelante acciones que no han comenzado con este gobierno ni mucho menos, sino que han sido promovidas desde administraciones anteriores, pero con una continuidad muy saludable, por encima de partidos.
Es decir, cada administración le ha dado su impronta al tema, pero manteniendo las grandes líneas de acción y objetivos, aunque no con un proceso lineal sino que ha tenido aspectos erráticos y errores significativos, donde además influyen escenarios globales que plantean incertidumbres ante la heterogeneidad de situaciones en países y regiones en esta materia.
La idea central es la reconversión de la matriz energética a partir de la gradual sustitución de los combustibles fósiles y contaminantes del medio ambiente, como es el caso del petróleo, por generadores amigables con el medio ambiente, aunque nunca debe perderse de vista la incidencia de intereses económicos y visiones políticas que implican distorsiones hacia un lado o el otro cuando se trata de acelerar los procesos para la preservación del medio ambiente, que es afectado en forma creciente por el uso y abuso de combustibles que tienen un impacto altamente negativo para el ecosistema.
A nivel internacional, en este contexto, ganan terreno en forma sostenida los nichos de mercado en los que se otorgan preferencias y se pagan mejores precios por los productos que se comercializan con la debida certificación de inocuidad y respeto hacia el medio ambiente, lo que equivale en los hechos a dotar de un valor agregado adicional a todo lo que se venda a países o bloques donde exista una valorización significativa por este tipo de bienes, ya sean de naturaleza primaria como procesados o semiprocesados.
Ubicándonos en nuestro país, y en el marco de los pasos trascendentes que se han dado para la reconversión energética, al punto de que el año pasado prácticamente el 90 por ciento de la electricidad provino de fuentes renovables, la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) planteó oficialmente que a través de una ley, un decreto o un acuerdo multipartidario, nuestro país se encamine decididamente y sin obstáculos, en base a una política de Estado, para impulsar el desarrollo del denominado hidrógeno verde, para lo que nuestro país tiene ventajas comparativas muy significativas.
El presidente del grupo, Marcelo Mula, consideró que ya sea a través de una ley, de un decreto o de un acuerdo multipartidario, quede establecido que el impulso a la economía del hidrógeno verde sea una política de continuidad y no solo una decisión de un partido o en un período de gobierno.
La Auder, que nuclea a las empresas privadas de energías renovables en el Uruguay, considera que el acuerdo le permitiría al sector privado acceder a mejores condiciones de financiamiento de proyectos de grandes escalas y a largo plazo, así como también diferenciarse del resto de los países de la región con los que Uruguay compite en la economía del hidrógeno.
Este planteo de Auder ha sido transmitido al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) desde que esta secretaría de Estado presentó en su momento la denominada Hoja de Ruta de Hidrógeno Verde en Uruguay, con metas para el año 2050.
Esa hoja de ruta se presentó ante las bancadas de todos los partidos políticos, recibió algunos matices en algún caso, pero todos están de acuerdo en avanzar. El punto es que a esta altura ya se está en período preelectoral y por regla general las diferencias exacerbadas de cara a la consulta popular tienden a distorsionar todo lo que se haga o pretenda hacer, porque limita o directamente tranca su posibilidad de dilucidación en el corto plazo, aunque no es de descartar, por lo menos desde el punto de vista simbólico y algo de compromiso, que se pueda contar con un compromiso público de todos los actores del sistema político y eventualmente la firma de un documento previo a la asunción de las nuevas autoridades.
Hay antecedentes de este tipo, por ejemplo en 2010, cuando hubo un acuerdo multipartidario de cara a la primera transición energética, instancia en la que el documento se terminó de ajustar después de las elecciones y antes de la asunción del expresidente José Mujica, a la vez que debe tenerse presente que con matices, representantes de todos los partidos han manifestado estar de acuerdo respecto a impulsar la economía del hidrógeno verde.
La Asociación Uruguaya de Hidrógeno (AUH), de reciente formación, apoya el planteo de Auder en esta misma dirección, sobre todo teniendo en cuenta que un acuerdo multipartidario resultará clave para que las empresas que se dedican a negocios vinculados con la economía del hidrógeno, puedan recibir fondos y subsidios internacionales.
A la vez, a efectos de facilitar el proceso, sería fundamental tener instrumentos legales delineados para estar en primera fila a efectos de recibir fondos internacionales que están ayudando, con subsidios, al empuje de los proyectos en esta área.
Es plausible que en el marco de la promoción del hidrógeno en el país, se están analizando y desarrollando nuevos instrumentos, y en este sentido con el apoyo del MIEM, ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) y LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), se lanzó el Fondo Sectorial de Hidrógeno con el objetivo de financiar proyectos de investigación, innovación y formación. En este marco, el Gobierno de Uruguay a través de ANII, realizó un llamado abierto para desarrollar los primeros proyectos piloto de hidrógeno verde y derivados. La empresa o grupo de empresas que se presente al proceso competitivo deberá realizar el diseño, construcción, financiamiento, poseer la propiedad, operación y mantenimiento para la producción, uso y comercialización del hidrógeno verde o derivados. Este proceso incluye un apoyo monetario de 10 millones de dólares no reembolsables de parte del Gobierno, que serán adjudicados y distribuidos en un plazo no superior a 10 años desde el inicio de las operaciones.
Paralelamente, desde el Estado está en proceso el proyecto de incorporar la producción de hidrógeno verde desde la planta de ALUR de Nuevo Paysandú, en el marco de una importante inversión, por lo que bien puede decirse que la apuesta al hidrógeno verde es uno de los ejes de la segunda transición energética que comienza a transitar nuestro país, habida cuenta de que el hidrógeno verde es aquel que se produce sin la participación de combustibles fósiles, utilizando solo energías renovables.
Uruguay está muy bien posicionado para tener una participación activa en esta producción, con impulso de la inversión privada con estímulos y condiciones promovidas desde el propio Estado, como agente catalizador de inversiones y del crecimiento con desarrollo, en el marco de las inversiones de riesgo que tanto necesita. → Leer más