En los últimos días se dio a conocer el dictamen fiscal en el caso originado por la denuncia presentada por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) contra su expresidenta, Carolina Cosse, actual intendente departamental de Montevideo y precandidata presidencial por el Frente Amplio.
De acuerdo con el programa radial En Perspectiva, “en un dictamen de 88 páginas, el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, consideró que los elementos de la ‘profusa evidencia’ recolectada ‘no permiten sustentar’ que los funcionarios a cargo de la obra hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal”. Resulta oportuno recordar que los denunciantes de Cosse plantearon que la construcción del Antel Arena violó “el principio de especialidad” consagrado en el artículo 190 de la Constitución, que establece que “los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.
En ello coinciden con el Tribunal de Cuentas de la República. En contrapartida, el fiscal Machado destacó que el directorio que construyó el Antel Arena se basó en “prestigiosos constitucionalistas como así también renombrados estudios especializados en Derecho Administrativo”, por lo que “jurídicamente es una cuestión absolutamente opinable determinar si Antel se encontraba habilitada para abocarse a la construcción del citado complejo multifuncional en el marco de un proyecto de marketing y publicidad, pero es precisamente por ello que debe descartarse la arbitrariedad que reclama el artículo 162 del Código Penal”, el que tipifica abuso de funciones”. (…)
A su vez, el fiscal remarcó que “solicitó tanto a las autoridades anteriores de Antel –imputados– como a las actuales –denunciantes–, un informe oficial acerca del costo definitivo de la multicitada obra”, y se le respondió “que se carecía de dicha información”. Entonces, a pesar de “reconocer estas falencias”, el magistrado advirtió que “ello no implica que las autoridades de la época hayan incurrido en algún ilícito, sino más bien dan cuenta de la ausencia de los debidos controles, así como de desprolijidades administrativas respecto de la forma de planificar la obra”. En efecto, en su escrito Alejandro Machado descarta que las autoridades de la época “hayan actuado arbitrariamente” o “de forma ilícita” y sostiene que la cifra de 120 millones de dólares que se habrían gastado en la construcción del estadio “no tiene fundamento”.
El razonamiento del fiscal resulta novedoso, llamativo y profundamente peligroso ya que afirma en forma clara que la opinión de “prestigiosos constitucionalistas” está por encima de los textos legales vigentes, lo cual significa una clara violación de los más elementales principios de cualquier ordenamiento jurídico y de la seguridad jurídica, ya que un cambio de opinión de dichos constitucionalistas (por el motivo y en el sentido que fuese) deja a los ciudadanos a merced de una clara y flagrante arbitrariedad.
El hecho de que el fiscal actuante no haya encontrado elementos para calificar como delito la actuación de Carolina Cosse no quiere decir que la misma haya sido buena y mucho menos óptima. Es más: queda claro que Machado no pudo evitar poner de manifiesto las desprolijidades y la ausencia de controles antes mencionados, algo que se menciona a la pasada y casi como una anécdota menor, cuando se trata nada más y nada menos que de los dineros públicos que la hoy precandidata tenía la responsabilidad de controlar y aplicar en forma adecuada. Nada de eso sucedió y los resultados están a la vista. O mejor dicho: estaban a la vista desde el principio, porque a nadie escapa que Cosse ideó, proyectó e impulsó esta obra para su provecho político personal, como forma de “mostrar músculo” y dejar en la memoria de los montevideanos (sus principales votantes y primordial objetivo electoral) una mole de hormigón y metal que recuerde a quien hoy pretende ser presidenta de todos los uruguayos, como una gran gestora de la obra pública.
Para aquellos que piensan votarla la pregunta nace en forma casi inevitable: ¿qué pasará cuando esas desprolijidades y ausencia de controles que menciona Machado se refieran a todos los organismos del Estado? ¿Qué clase de colaboradores elegirá como ministros o como ejecutores de fondos públicos alguien que no supo (o no quiso) prestar atención a la obra que pretendió dejar como legado de su gestión?
La duda que tenemos todos los uruguayos (especialmente aquellos que nunca tendrán la posibilidad de asistir a un evento en el Antel Arena, los cuales por cierto no son nada baratos) es si realmente era necesario construir esta obra. ¿No hubiese sido mejor construir o refaccionar escuelas, hospitales o tobilleras para proteger a las víctimas de violencia doméstica? ¿Tan poderosa es la ambición de una gobernante como para dar rienda suelta a su ego y su inconfesado pero evidente deseo de lograr algo de posteridad? Además de la propia Cosse, sería bueno enfrentar al fiscal Machado con este tipo de preguntas ya que para el mismo no importa si alguien que maneja dineros públicos comete desprolijidades y ausencia de controles. De ahora en más los políticos que cualquier partido rezarán a San Machado, quien pasará a ser el santo al cual solicitarle protección divina para los malos manejos del dinero de todos. La iconografía política de nuestro país ha ganado una nueva imagen que sin duda contará con numerosos fieles entre quienes tienen puestos de responsabilidad pública.
En esta misma línea, en declaraciones realizadas al periódico La Diaria el senador nacionalista Jorge Gandini sostuvo que “el mensaje subliminal e indirecto” que se traslada es “podés hacer lo que quieras que no pasa nada”: “No puede ser que alguien pueda usar recursos públicos para construir no un estadio, sino una plataforma electoral. Obviamente que era la Intendencia de Montevideo la que tenía que recomponer el Cilindro; se le dio a Antel para que Cosse construyera su plataforma electoral”.
Lo que sí queda claro en todo este asunto es que el Antel Arena es a Carolina Cosse lo que las pirámides fueron para los faraones del Antiguo Egipto. Un monumento a su ego financiado con dineros públicos por personas a las cuales se les recarga el monto de los tributos que deben abonar ya sea en forma de impuestos, tasas o contribuciones especiales para que la hoy la precandidata tenga su propia pirámide, la cual, como no podía ser de otra manera dada su impronta, imagen y discurso totalmente capitalino, está situada en el corazón de Montevideo.
Por algo muchas personas utilizan el sobrenombre “faraona” para referirse a Cosse, tal como si tratara de la mismísima Cleopatra, aunque se desconoce si esta última manejaba los fondos públicos durante su reinado con tanta desidia y falta de apego. → Leer más