Mes: febrero 2024

Días atrás dábamos cuenta en nota publicada en nuestras páginas que en Uruguay se están registrando más defunciones que nacimientos, en una relación que se viene dando a partir de 2022, y que se refleja en los datos del último censo, el que da cuenta que se acentúa la tendencia demográfica que entre otras cosas implica un envejecimiento poblacional, el crecimiento de la franja de personas de más de 65 años y el estrechamiento de las franjas correspondientes a los activos, es decir de personas que trabajan y que son las que aportan al sistema previsional, para sostener precisamente el sistema en condiciones de atender la creciente demanda en prestaciones y otras necesidades inherentes a la seguridad social.
Es decir, que las exigencias de aportes al sistema previsional se irán acentuando, más temprano que tarde, y ante esta tendencia y en atención a este escenario de envejecimiento poblacional se aprobó una reforma del sistema de seguridad social por la que se pretende si no solucionar definitivamente, por lo menos ir atendiendo esta realidad para evitar que se plantee en pocos años una crisis de enormes dimensiones que haga crujir el sistema.
Como era de esperarse, sin perder un instante el Pit Cnt ha puesto en marcha una campaña de recolección de firmas con el objetivo de plebiscitar esta reforma y sustituirla por una propuesta “a medida” de su archiconocido enfoque ideológico, mimetizado con la visión del Partido Comunista, con el fin de derogar algunos aspectos que cuestiona de la reforma previsional aprobada en la actual administración de gobierno y que en términos populares, mucho más que un tiro en el pie, es directamente un balazo en la cabeza por las graves consecuencias que conllevaría de ser aprobada.
Sobre esta iniciativa precisamente el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), indica que si se aprueba el plebiscito propuesto por el Pit Cnt para la reforma del sistema previsional, así como su posterior proceso de implementación, más allá de su altísimo costo, “no solo sería un frenazo para Uruguay, sino un drástico cambio de rumbo hacia un camino que recorrieron los países a los que les fue peor”.
A modo de ejemplo, menciona que entre otros aspectos, se incrementaría el gasto y se necesitarían más de mil millones de dólares extras por año (1,5 por ciento del PBI), para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, utilizando para ello recursos que el país no posee.
Considera además que el proyecto sobre el gasto de la baja de edad de retiro, implicaría un aumento del gasto del entorno de los 3.000 millones de dólares (4% del PBI), incluyendo al BPS y a las cajas Militar, Policial y Paraestatales, en tanto otra consecuencia lateral sería el hecho de que abriría las puertas a potenciales juicios al Estado, habida cuenta de que es factible que afiliados que sientan sus derechos lesionados entablen demandas por la confiscación del ahorro administrados por las AFAP (unos 22.000 millones de dólares).
Este incremento del gasto debería financiarse por un incremento en la carga tributaria, como es el caso de los impuestos IRAE, Impuesto al Patrimonio y franjas más altas del IRPF, lo que determinaría serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro, en tanto que lejos de contribuir a la igualdad, se dejan rígidas las iniquidades del sistema, dándose marcha atrás en la unificación de cajas con prestaciones diferentes para similares aportes, aspecto este que fue un avance de la última reforma jubilatoria, analiza Ceres.
Paralelamente la iniciativa conlleva “efectos regresivos en la distribución del ingreso, si se tiene en cuenta que los aportantes de mayores ingresos tendrán incentivos para reducir sus aportes y beneficiarse de las prestaciones mínimas del nuevo sistema de manera desproporcionada”, considera.
Pero estos cuestionamientos no provienen solo del organismo que monitorea la realidad económica y social del país, sino que por ejemplo, el economista Gabriel Oddone, a quien se menciona como el posible ministro de Economía y Finanzas en caso de que el Frente amplio resulte triunfador en los próximos comicios nacionales, también cuestiona seriamente, con sólidos argumentos, el tenor de la reforma que promueve la central sindical.
Considera al respecto que “a partir del intercambio con otros colegas, me he convencido de que la iniciativa no solo no enfrenta ninguno de los desafíos que nuestro sistema previsional sigue teniendo, sino que es probable que agrave algunos problemas que la reforma reciente no resolvió y que termine generando resultados opuestos a los buscados por los impulsores de la reforma”, aludiendo al hecho de que se pretende restablecer un régimen previsional puro de reparto, fijar la edad de retiro y los años de servicio mínimos requeridos y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional (SMN).
Apunta asimismo que “considero que la reforma constitucional planteada es inadecuada, inconveniente e imprudente”, y explica que “la reforma impulsada restablece un régimen de reparto puro como el que existía en Uruguay antes de 1961. Si la iniciativa prosperara, las contribuciones de los activos del futuro deberán ser crecientes porque la proporción de adultos mayores en la población total seguirá aumentando. Por eso, un régimen de reparto puro es desaconsejable en un contexto de envejecimiento poblacional”.
Evalúa además el economista de izquierdas que los resultados de la reforma promovida por el Pit Cnt “serán negativos. En primer lugar, porque no ataca los desafíos para el componente contributivo derivados de las transformaciones de los contratos laborales que están asociados a los cambios tecnológicos que están teniendo lugar. En segundo lugar, porque arriesga agravar los problemas de sostenibilidad del régimen al convertirlo en uno de reparto puro. En tercer lugar, y como si fuera poco, es muy probable que, a pesar de lo que creen sus impulsores, el sistema previsional termine siendo menos equitativo. Por eso, como señalé, entiendo que la reforma constitucional promovida es inadecuada, inconveniente e imprudente”, aunque destaca que puede ser mejorada la reforma jubilatoria recientemente aprobada por ley.
Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Es claro que aún ante tanta evidencia dentro de la coalición de izquierdas, no surge una oposición contundente al intento de reforma constitucional impulsada por la dirigencia radical de la central sindical para no abrir un frente interno de controversia, por lo que irresponsablemente se antepone como prioridad la preservación de cierta armonía interna dentro de la fuerza política, antes que actuar en aras de los intereses del país, de su población, de su calidad de vida.
Y este es realmente un aspecto también negativo de la iniciativa: importa más el interés ideológico que el bienestar de los uruguayos. Una fórmula cuyos resultados en el largo plazo se pueden verificar en países como Cuba y Venezuela en las Américas, a donde casualmente van a rendir homenaje a sus líderes los dirigentes del Pit Cnt cada vez que tienen oportunidad.